nombre reservado CONTRA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO MÉDICO LAS ROSAS

Foja: 198 nombre reservado y Ocho Edp C. A. de Valparaíso Valparaíso, siete de abril de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 1, comparece don Gabriel Alonso Muñoz Muñoz, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Viña del mar, a nombre y en representación de don nombre reservado, médico psiquiatra, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la administradora del Edificio Las Rosas doña nombre reservado y de la Junta de Vigilancia del mismo edificio, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón del acto arbitrario e ilegal consistente en la adopción de medidas que vulnerarían derechos garantizados por la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente junto con doña nombre reservado desde el 15 de abril de 2012 celebraron un contrato de arriendo de la oficina N°404, ubicada en el Edificio Médico Las Rosas, que por tratarse de un lugar dedicado en forma exclusiva a la atención de pacientes y profesionales de la salud todo lo que dice relación con la venta de bonos, horas de atención, reserva y confirmación de horas de atención, se centraliza en una sola plataforma de atención de secretaría bajo el sistema de turnos. En este sentido, refiere que en una fecha reciente e indeterminada, ocho secretarias enviaron una carta a la junta de vigilancia y administración del edificio, dando cuenta de hechos que aquejaban al personal de secretaría solicitando se hablara con el médico recurrente por malos tratos, no adjuntándose ningún documento que pudiera avalar dichas aseveraciones. Sin embargo, la administración con fecha 26 de noviembre de 2013 remitió dos cartas firmadas por la recurrida nombre reservado, una dirigida a doña nombre reservado y otra al recurrente, indicando la aplicación de una multa de 2 Unidades de Fomento conforme al artículo 8° del Reglamento de Copropiedad del edificio, por la infracción al artículo 7° letras c) y d), señalando de forma expresa que el recurrente deje de prestar servicios en médico psiquiatra y arrendador de la consulta 404, y la dirigida a la Sra. nombre reservado, se le solicita que ponga término al contrato de arrendo que la liga con el recurrente, por lo que de manera unilateral, arbitraria e ilegal pretende compeler a éste, para que deje de prestar servicios y se ponga término a un contrato de arriendo, lo que se agrava con el hecho de que ya no se agendan horas para la consulta del médico recurrente.

Por todo lo anteriormente expuesto, el recurrente considera que el actuar de los recurridos afecta las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2, N°21 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto de forma inmediata los actos arbitrarios e ilegales cometidos en contra del recurrente, contenidas en la comunicación remitida con fecha 26 de noviembre de 2013.

A fojas 34, se hace lugar a la orden de no innovar solicitada en el segundo otrosí de la presentación de fojas 1.

A fojas 44, evacua informe la recurrida nombre reservado solicitando el rechazo del presente recurso con costas. Expone que efectivamente el recurrente es arrendatario de una unidad de propiedad de doña nombre reservado y que desde su llegada al edificio ha incurrido en actos de acoso -que califica de sexual y laboral- que afectaron tanto a las secretarias como a la recurrida, refiriendo malos tratos e insultos, lo que terminó en una denuncia por acoso laboral por parte de un grupo de secretarias en contra del recurrente y de la Sra. nombre reservado, encontrándose citados a mediación en la Inspección Provincial del trabajo de los Andes para el 23 de enero de 2014 y en el caso de la recurrida en el diagnóstico de dos úlceras gástricas y estrés laboral. En relación al contenido de las cartas enviadas a los recurrentes y objeto del presente de recurso, refiere que estas tienen como fundamento los hechos antes relatados, como también la conducta desarrollada por el médico, quien atendía con bono de FONASA la primera consulta y las restantes debían ser canceladas en forma particular, lo que fue denunciado por los pacientes afectados y corroborado por información obtenida de la página web de FONASA, frente a lo cual con fecha 26 de noviembre de 2013 se envió carta tanto a la Sra. nombre reservado como al Sr. nombre reservado informándoles de la aplicación de una multa de 2 UF, solicitando además que se pusiera término al contrato de arriendo que los ligaba, y al segundo se le pidió que dejara de prestar servicios en el edificio, actuar que se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento de Copropiedad del edificio, en especial su artículo 7° letras c) y d), artículo 8° y artículo 10°, por lo que en la especie no existe vulneración alguna a los derechos y garantías constitucionales denunciadas por el actor, máxime cuando ninguna de las medidas adoptadas y comunicadas han sido acatadas por el recurrente.

A fojas 56, se ordena oficiar a la inspección del Trabajo de Los Andes y se ordena acumular el presente recurso a la causa Rol N°7214-2013, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

A fojas 57, comparece don Gabriel Alonso Muñoz Muñoz, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Viña del mar, a nombre y en representación de doña nombre reservado, psicóloga, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la administradora del Edificio Las Rosas doña nombre reservado y del Comité de Administración del mismo edificio, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón del acto arbitrario e ilegal consistente en la adopción de medidas que vulnerarían derechos garantizados por la Constitución Política de la República, exponiendo los mismos fundamentos de hecho y de derecho contenidos en el recurso presentado a nombre y en representación de don nombre reservado en la causa Rol N°7178-2013, agregando que compró la oficina N°404 del edificio Médico Las Rosas a principios del año 2012.

Señala que asimismo es ilegal la supuesta expulsión o remoción como miembro del Comité de Administración de que fue objeto, pues de la lectura del Reglamento, no se deduce que se haya cumplido con los requisitos para citar, reunirse, ni menos remover a un miembro de su cargo, no habiendo tenido la recurrente ni siquiera la oportunidad de hacer sus descargos ante las falsas imputaciones y el verdadero linchamiento de que fue objeto en la espuria Asamblea extraordinaria del día 06 de diciembre pasado.

Solicitan se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto de forma inmediata los actos arbitrarios e ilegales cometidos en contra de la recurrente, contenidas en la comunicación remitida con fecha 26 de noviembre de 2013, como en la Asamblea extraordinaria del 06 de diciembre de ese año.

A fojas 76, se hace lugar a la orden de no innovar solicitada en el segundo otrosí de la presentación de fojas 57.

A fojas 81, evacuan informe doña nombre reservado y don nombre reservado, quienes refieren como antecedente previo, que la recurrente adquirió una unidad del edificio a principios de 2012 y que posteriormente fue incorporada como miembro del Comité de Administración, a pesar de no tener los requisitos necesarios según el reglamento, a fin de conservar un buen ambiente entre los copropietarios, lo que no fue posible debido a las conductas desarrolladas por la recurrente, quien comenzó a acosar a la administradora y secretarias del edificio, consistente en reiteradas llamadas y envíos de correos con instrucciones o solicitando cualquier tipo de información, junto con no guardar la reserva necesaria de los temas tratados en el Comité. Por otra parte, refieren que a lo anterior se debe sumar la conducta de su arrendatario Sr. nombre reservado, reiterando los fundamentos de hecho y de derecho ya esgrimidos al evacuar informe en la causa Rol N°7178-2013. Reiteran lo informado respecto del señor nombre reservado, estimando que no existe acto ilegal o arbitrario en su actuar y por ende vulneración alguna de derechos fundamentales de la recurrente. Y respecto de la expulsión como miembro del Comité de Administración del edificio denunciada por ésta, exponen que consta del acta que se acompaña, reducida a escritura pública, que la señora nombre reservado contó con 15 minutos en la asamblea del 06 de diciembre de 2014 para exponer su posición, lo que ella misma reconoce, destacando el alto quórum con que fue removida, A fojas 106 evacua informe la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes, refiriendo que se encuentra finalizada la investigación de la denuncia por vulneración de derechos a la integridad psíquica de la trabajadora nombre reservado, constando como hecho que don nombre reservado ejerce malos tratos, a través de actitudes prepotentes y gritos hacia las trabajadoras que prestan servicios como recepcionistas, entre las que se encuentra la denunciante y otras cuatro afectadas, quienes presentaron carta a la administración dando cuenta de lo anterior, siendo una de ellas duramente increpada por el Sr. nombre reservado con fecha 07 de noviembre de 2013 frente a pacientes y otro médico que se encontraba en la recepción. Por otra parte, indica que se verificó que doña nombre reservado, psicóloga, hostigaba a las trabajadoras de la recepción con la insistencia de cumplir ciertas labores especiales, aparada en su calidad de propietaria. Además, refiere que la empresa a través de su administradora doña nombre reservado se encuentra al tanto de la situación y ha tomado como medida no seguir permitiendo que se le arriende la consulta a don nombre reservado, y que doña nombre reservado fue expulsada del Consejo de Administración. Finalmente el informe concluye que en base a los antecedentes recopilados por la fiscalizadora existen indicios suficientes de vulneración de la garantía consagrada en el artículo 485 del Código del Trabajo en relación al artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, por lo que se efectuará el correspondiente llamado a mediación.

A fojas 133, la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes remite copia del expediente completo de fiscalización 0505/2013/725, relacionado con el presente recurso.

A fojas 144, se ordenó acumular al presente recurso, la causa la Rol IC N° 327-2014.

A fojas 155, comparece don Gabriel Alonso Muñoz Muñoz, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Viña del mar, a nombre y en representación de doña nombre reservado, psicóloga, domiciliada en domicilio reservado, San Esteban y de don nombre reservado, médico psiquiatra, domiciliado en domicilio reservado, quienes interponen acción constitucional de protección en contra de la administradora del Edificio Las Rosas, doña nombre reservado y del Comité de Administración del mismo edificio, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Expone su recurso en los mismos términos que las causas acumuladas Rol N° 7178-2013 y Rol N°7214-2013, agregando que con fecha 15 de noviembre de 2013 doña nombre reservado, secretaria, ingresó denuncia por acoso laboral en contra de don nombre reservado, constituyéndose la fiscalizadora en el edificio en diciembre de 2013. Dicha investigación finalizó el 06 de enero de 2014, lo que fue informado en las causas acumuladas, calificándola de parcial e injusta, toda vez que sólo hace referencia a los recurrentes, quienes no tienen la calidad de empleadores de la denunciante, indicando que lo anterior constituye un vicio que invalida dicho informe. Por otra parte, refiere que la vulneración de las garantías constitucionales de sus representados es consecuencia de la audiencia de mediación efectuada ante la Inspección del Trabajo, en la cual el empleador llegó a un acuerdo con la denunciante, comprometiéndose a publicar en lugar visible del edificio la siguiente declaración “El comité de administración del Edificio Médico Las Rosas declara públicamente que no es política de ésta ni de la comunidad de co-propietarios y no comparte ni menos ampara, cualquier hecho que vulnere los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral”, publicándose lo anterior en siete lugares a plena vista del público, junto con el acta respectiva, en la cual se pueden leer las denuncias hechas por la trabajadora en contra de los recurrentes, y a reglón seguido se lee que “el doctor nombre reservado ejerce malos tratos, a través de gritos y recriminaciones”, y que “la señora nombre reservado hostiga a las trabajadoras que se desempeñan como recepcionistas”, de lo que se desprende que sin ordenarlo la Inspección del Trabajo, se publica y se denosta gratuitamente tanto a los recurrentes, con lo cual se ven conculcados los derechos constitucionales establecidos en los artículo 19 N°1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita el cese de todo acto o actividad que implique perturbación a los derechos constitucionales de su representados, ordenando se retire de forma inmediata y /o se corrijan los carteles injuriosos, con expresa condena en costas.

A fojas 177, informan los recurridos representados por la abogada doña Ana María Facuse Apara, solicitando el rechazo del presente recurso con costas. Señala que en cuanto al cumplimiento del acuerdo arribado con la trabajadora en la Inspección del Trabajo, se colocaron tres carteles -recepción y diario mural de la oficina de administración- no siendo efectivo que se hayan publicado siete, como indica el recurrente. Por otra parte, se entendió por parte de la recurrida la necesidad de acompañar a la publicación copia del acta, toda vez que se concluyó que existía una vulneración de derechos respecto de la trabadora denunciante por las conductas desplegadas por los recurrentes, respecto de quienes no se ha indicado que sean empleadores como tampoco se les ha imputado algún delito, por lo que no se vislumbra vulneración alguna a los derechos referidos en el recurso.

A fojas 194, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, en el evento de existir privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de éstas.

SEGUNDO: Que en los dos primeros recursos de protección, deducidos por don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de la administradora del Edificio médico Las Rosas y de la Junta de Vigilancia (el primero) y de la administradora y del Comité de Administración (el segundo), se señala como acto ilegal y arbitrario contra el cual se recurre, el envío de dos cartas fechadas el 26 de noviembre de 2013, emitidas y firmadas por la administradora del Edificio Las Rosas, señora nombre reservado, una a la señora nombre reservado en su calidad de arrendadora de la consulta que ocupa el doctor nombre reservado, y la otra a éste en su calidad de médico y arrendatario de una consulta en dicho centro médico, en que se indica que se aplicará una multa al doctor nombre reservado, de dos UF conforme al artículo 8° del Reglamento de Copropiedad del edificio, por una supuesta infracción al artículo 7° letras c) y d) del mismo cuerpo legal. Luego, en el segundo párrafo, se compele al doctor nombre reservado a “dejar de prestar servicios como médico psiquiatra y como arrendador de la consulta 404 de propiedad de la Sra. nombre reservado, con fecha 30 de noviembre de 2013”. A su vez, la comunicación dirigida a esta última, en su calidad de dueña del inmueble arrendado al doctor nombre reservado, agrega un tercer acto que los recurrentes califican de arbitrario, al señalar “solicitamos a Ud. poner término al contrato de arrendamiento con fecha 30 de noviembre de 2013”.

Además, la recurrente nombre reservado califica de acción ilegal, la expulsión o remoción como miembro del Comité de Administración de dicho edificio, de que fue objeto en la Asamblea extraordinaria celebrada el 06 de diciembre de 2013, la que a su juicio es ilegal y arbitraria en cuanto a su origen (exceso de facultades del presidente), como en su realización, por no tener quórum necesario al tratarse de una materia excepcional, y por no cumplir las formalidades que establece el propio Reglamento ya que debió hacerse en segunda citación, asamblea de la cual a la fecha de interposición de este recurso no había acta, lo que constituye una acción matonesca y de linchamiento hacia su persona de parte del presidente y del Comité de Administración, quienes la acusaron de haberse excedido en sus funciones como miembro del comité y no guardar reserva de lo tratado en las reuniones, expulsión que es el corolario de la persecución de que ha sido objeto desde que fue elegida en ese cargo.

TERCERO: Que a juicio de los recurrentes, con su actuar, la señora nombre reservado, administradora del edificio Las Rozas, de manera unilateral, arbitraria e ilegal, ha compelido a los recurrentes, al poner término a los servicios como médico psiquiatra que el doctor nombre reservado prestaba en dicho centro, no agendándole más citas con sus pacientes, exigiendo a ambos que pusieran término al contrato de arriendo suscrito entre ambos respecto de la oficina 404 de propiedad de la señora nombre reservado a partir del 30 de noviembre de 2013. En tanto el Comité de Administración ha procedido de manera ilegal a remover a la señora nombre reservado de su cargo de miembro de dicho Comité el día 06 de diciembre de 2013.

CUARTO: Que dichas actuaciones de los recurridos conculcan las garantías constitucionales previstas en los N.°s 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

El derecho a la igualdad, manifestado en el derecho a recibir de quien ejerce cierta autoridad (en este caso la administración del edificio), el mismo tratamiento que ha dado a otra u otras personas que se encuentren en situación de igualdad, sin discriminaciones, lo que no ha ocurrido en la especie, desde que la señora nombre reservado impone la multa señalada sólo respecto de los recurrentes por hechos de dudosa verosimilitud, pero va más allá, al obligarles a poner fin al contrato de arriendo suscrito entre ambos, y a reglón seguido no les otorga el servicio de secretaría a que tienen derecho, perdiendo el doctor nombre reservado una buena parte de sus pacientes, para finalmente citar a la señora nombre reservado a una asamblea extraordinaria celebrada el 06 de diciembre de ese año, con el único objetivo de removerla del cargo de miembro del Comité de Administración, (acto este último que imputa al Comité de Administración del edificio Las Rosas ), lo que constituye un trato desigual, en relación a otras personas sindicadas en la misiva de las secretarias, a quienes no les impone multa alguna, ni menos se les ha compelido a dejar su consulta o a dejar de formar parte del Comité de Administración.

Asimismo se conculca el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica garantizado en el artículo 19 N.° 21 de la Carta fundamental, cuya única limitación es respetar las normas que regulan la actividad que se pretende desarrollar, puesto que el recurrente señor nombre reservado ya no ejerce como médico en la consulta arrendada, habiendo sido obligado a terminar en sólo 04 días su contrato de arriendo válidamente celebrado con la señora nombre reservado, impidiéndole su ejercicio profesional en la ciudad de Los Andes, y lo que es peor, al haber dejado el centro de prestarle servicios de secretaría, impidiendo la comunicarse con sus pacientes, quienes no han podido continuar con sus tratamientos, privándolo de su única fuente laboral de ingresos permanentes, ya que por su avanzada edad, sólo ejercía funciones en dicho centro. Y por cuanto la recurrida pretende que la señora nombre reservado obligue al doctor nombre reservado a que no ejerza como médico en la consulta arrendada, exigiéndole poner término a dicho contrato en sólo 04 días, siendo el corolario de esto su expulsión como miembro del Comité de Administración, sin causa legal, resultando por ende arbitrario e ilegal, dejando de desarrollar su actividad de psicóloga y de percibir las rentas de arrendamiento que le corresponde, sufriendo una merma importante en sus ingresos.

Por último, se vulnera el derecho de propiedad que la Constitución Política de la República asegura a todos los habitantes, al pretender la recurrida que el doctor nombre reservado no ejerza como médico psiquiatra en la consulta que arrienda, sin ser parte en dicho acuerdo, afectando su derecho a percibir ingresos por su trabajo y amenazando la relación con sus pacientes, como asimismo al impedirle gozar y usar los derechos y beneficios que emanan del arriendo, sufriendo un menoscabo pecuniario en su patrimonio, derecho de propiedad que tenía sobre el convenio firmado y los beneficios emanados de éste y de su respectiva remuneración. Y en el caso de la señora nombre reservado, al pretender expulsarla del Comité de Administración del edificio, compelerla a poner término al contrato de arriendo de la oficina de su propiedad, con el prejuicio patrimonial que ello irroga y perturbando su derecho de propiedad sobre el inmueble ya citado.

QUINTO: Que el primer acto contra el cual se recurre, consistente en dos cartas de fecha 26 de noviembre de 2013 emitidas por nombre reservado, en su calidad de administradora del edificio Las Rosas, y dirigidas a los recurrentes, es del siguiente tenor: “La Administración del edificio Las Rosas, basándose en los hechos acontecidos el día 07 de noviembre en la recepción de nuestro edificio y que involucra al Dr. nombre reservado y nuestro personal de secretaría, que infringe el artículo 7° letras c) y d) del Reglamento de Copropiedad, comunica a Ud. que se le aplicará una multa según artículo 8° del reglamento de copropiedad que asciende a la suma de 2 UF, al Dr. nombre reservado, de la cual Ud. es solidariamente responsable, según el artículo 7° del Reglamento N.° 46 de 1988 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.

Teniendo en cuenta la delicada situación acaecida se le ha solicitado, además al Dr. nombre reservado, deje de prestar servicios como médico psiquiatra y como arrendador de la consulta 404 de la cual Ud. es propietaria.

Solicitamos a Ud. poner término al contrato de arrendamiento con fecha 30 de noviembre de 2013”.

SEXTO: Que el artículo 7° del Reglamento de Copropiedad del edificio médico Las Rosas, dispone “queda prohibido a los copropietarios: letra c) Causar ruidos o algazaras, o ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los demás copropietarios u ocupantes del edificio… y d) Ejecutar actos que puedan comprometer la seguridad, solidez, salubridad o prestigio del edificio”.

En tanto el artículo 8° del mismo cuerpo reglamentario, establece “La infracción de cualquier disposición de este Reglamento, especialmente del artículo anterior, será sancionada con multa a beneficio de la comunidad del edificio de dos a diez Unidades de Fomento. El producto de estas multas será percibido por el Administrador, quien lo agregará al fondo para gastos o expensas del Edificio. Para el cobro o aplicación de la multa, será necesario que el administrador haya dado aviso de la infracción al Comité de Administración la que decidirá sobre la procedencia y monto de la misma. En caso necesario, el administrador usará, para el cobro judicial de la multa, el procedimiento sumario señalado en el artículo 51 del Decreto Supremo N.° 880”.

Por su parte el artículo 32 de la Ley 19.532 sobre copropiedad Inmobiliaria, establece el procedimiento sancionatorio por infracciones cometidas por copropietarios en el ejercicio de sus derechos, señalando el inciso 3° que la infracción a lo prevenido en este artículo será sancionadas con multa de una a tres unidades tributarias mensuales, pudiendo el tribunal elevar al doble su monto en caso de reincidencia. Para luego, señalar en la frase final del inciso antepenúltimo, “Podrán denunciar estas infracciones, el Comité de Administración, el administrador o cualquiera persona afectada, dentro de los tres meses siguientes a su ocurrencia”. Y en el inciso final “Serán responsables, solidariamente, del pago de las multas e indemnizaciones por infracción a las obligaciones de este artículo, el infractor y el propietario de la respectiva unidad, sin perjuicio del derecho de este último de repetir contra el infractor”

Por último, el artículo 33 de esta ley, entrega a la competencia de los juzgados de Policía Local, a través del procedimiento establecido en la Ley 18.287, las contiendas que se promuevan entre los copropietarios o entre éstos y el administrador, relativas a la administración del respectivo condominio, para lo cual estos tribunales estarán investidos de todas las facultades que sean necesarias a fin de resolver esas controversias”.

SÉPTIMO: Que conforme a la normativa citada, la facultad de decidir la procedencia y monto de multas por las infracciones de los copropietarios a las normas del Reglamento de copropiedad, en los casos previstos en éste, compete al Comité de Administración del edificio Las Rosas, el que actúa previo aviso de la infracción por parte del Administrador, tal como también lo permite el artículo 24, del Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria, del Decreto 46.

Sin embargo, en la especie, se incurrió por parte de la señora nombre reservado en dos situaciones irregulares, toda vez que por una parte no se ciñó al procedimiento establecido en el Reglamento de copropiedad para la aplicación de multas, que exige en su artículo 8°, que ésta ponga en conocimiento del Comité de Administración las infracciones al Reglamento que advierta, para que éste decida la procedencia y monto de la multa correspondiente, desde que las cartas remitidas a los recurrentes, que dan cuenta de la multa impuesta, aparecen suscritas en forma personal por ésta, sin que conste en documento alguno de los acompañados al presente recurso, que haya actuado en nombre del Comité de Administración, como señala la recurrida al informar el recurso, lo que aparece avalado en la misma carta al señalar “la Administración del Edificio Las Rosas”, ha decidido imponer la señalada multa al doctor nombre reservado, de la que hace responsable en forma solidaria a la señora nombre reservado, en su calidad de dueña de la consulta arrendada a éste.

Y por otra, el conflicto suscitado entre las secretarias de dicho centro médico y los recurrentes, que dio origen a una denuncia por acoso laboral de éstas a la Inspección del Trabajo y que a la fecha de emisión de dichas cartas se encontraba en tramitación, según informe de dicho Organismo agregado a estos autos, no es de aquéllas infracciones establecidas en el Reglamento de copropiedad que la recurrida entiende infringido, en especial, el artículo 7° letras c) y d), que puedan ser conocidas por el Comité de Administración, lo que importa una actuación ilegal de su parte, toda vez que ese tipo de conflictos, por exceder del ámbito del reglamento, deben ser conocidos por los Juzgados de Policía Local, según prevén los artículos 32 y 33 de la Ley 19.537, actuación que deviene en arbitraria, al decidir la administradora por su propia cuenta que los hechos acontecidos el día 07 de noviembre de 2013 en la recepción del edificio y que involucra al doctor nombre reservado y al personal de secretaría, constituyen una infracción al artículo 7° letras c) y d) del Reglamento de copropiedad y ameritan la imposición de una multa al médico, de la que es solidariamente responsable su arrendadora, actuando como verdadero tribunal, según se refleja en su informe, en que analiza cada supuesta infracción cometida por los recurrentes, sacando sus propias conclusiones al señalar “Resulta obvio que una denuncia de acoso laboral, las irregularidades con Fonasa y el maltrato a gritos del doctor nombre reservado increpando a las secretarias en público, en nada contribuyen al prestigio del edificio”, lo que a su juicio amerita la sanción impuesta, actuación que transgrede íntegramente la normativa vigente sobre la imposición y cobro de multas.

OCTAVO: Que en la misma ilegalidad incurre la recurrida al exigir en dicha misiva del 26 de noviembre de 2013, que la señora nombre reservado ponga término al contrato de arriendo suscrito con el doctor nombre reservado, 04 días después del envío de esta carta, actuación totalmente al margen de la ley, puesto que el artículo 10 del Reglamento de Copropiedad del edificio Las Rosas dispone “La infracción por un arrendatario de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley 19.537 y su reglamento, será causal suficiente de terminación inmediata del arrendamiento, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 51 del D.S. 880. El administrador demandará la terminación del arrendamiento respectivo”. Es decir, sin que estuviera establecida la infracción por el respectivo Juzgado de Policía Local, único competente al efecto según establece la señalada ley, para lo cual la recurrida debía demandar la terminación de dicho arriendo, se limitó a comunicar tal decisión, sin mencionar disposición legal o reglamentaria alguna en la que se asilaba, procediendo a desconocer a partir de la fecha señalada en la carta, la existencia de tal contrato, desde que dejó de agendar consultas de pacientes al médico psiquiatra señor nombre reservado, procediendo el presidente del Comité de Administración, también recurrido, a citar a la señora nombre reservado a una Asamblea extraordinaria de copropietarios para tratar la remoción de ésta como miembro de dicho Comité, basada en los mismos hechos.

En consecuencia, los actos denunciados son ilegales porque contravienen el procedimiento sancionatorio establecido en el Reglamento de Copropiedad del edificio Las Rosas y en la Ley 19.537, y son arbitrarios, porque obedecen a su mero capricho, al margen de las facultades que el reglamento le otorga en el artículo duodécimo del Reglamento de copropiedad del Edificio Las Rosas y del artículo 23 de la Ley 19.537.

DÉCIMO: Que el acto ilegal y arbitrario cometido por la recurrida vulnera las garantías constitucionales de los recurrentes, previstas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En el caso de don nombre reservado, porque al ser compelido por la recurrida a dejar de prestar sus servicios médicos, así como la consulta que arrendaba en dicho Centro médico en sólo cuatro días a contar de la referida carta, se vio impedido de desarrollar libremente su actividad profesional y económica, derecho garantizado en el N.° 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, negándosele por parte de la secretaría de dicho centro médico, la posibilidad de continuar atendiendo a sus pacientes en el mismo, y por ende cumplir el convenio que mantiene con el Servicio de Salud.

Asimismo vulnera el derecho de propiedad que el N.° 24 de la norma constitucional referida garantiza a ambos recurrentes, al exigírseles que pusieran término al contrato de arriendo suscrito entre ambos, viéndose impedidos de gozar y usar los derechos y beneficios que emanan del contrato en sus distintas manifestaciones, con el subsecuente menoscabo patrimonial, como asimismo el derecho de propiedad que ambos tenían sobre el convenio firmado y los beneficios emanados de éste y de su respectiva remuneración.

UNDÉCIMO: Que en cuanto al segundo acto recurrido por la señora nombre reservado, esto es, su remoción como miembro del Comité de Administración del edificio Las Rosas, de que fue objeto por parte de la Asamblea de copropietarios el día 06 de diciembre de 2013, esta materia excede por completo el ámbito del recurso de protección, que sólo tiene por objeto la adopción de medidas necesarias y urgentes para el restablecimiento de las garantías constitucionales de quienes recurren, toda vez que en este punto se está solicitando la revisión de una Asamblea de copropietarios que se estima viciada en cuanto a su citación, quórum y contenido, asunto de lato conocimiento que no puede ser conocida por esta vía. Cabe señalar que la recurrente señora nombre reservado reconoce haber recibido citación a dicha Asamblea con fecha 26 de noviembre de 2013 y haber comparecido a la misma el día señalado. Así consta del acta suscrita ante notario público doña nombre reservado de fecha 30 de diciembre de 2013, que da cuenta que el día 06 de diciembre de 2013, se llevó a efecto una Asamblea extraordinaria de propietarios del Edificio Las Rosas, con una asistencia del 96,8222% de los copropietarios. Se consigan el tema tratado, sobre la conducta de la señora nombre reservado durante el tiempo en que se ha desempeñado como miembro del Comité de Administración del edificio. Se deja constancia que ésta interviene planteando sus puntos de vista y al término expresa que no tiene ningún inconveniente en dejar su cargo en la Directiva. Se solicita votación del punto y se decide la remoción de la recurrente, quedando el Comité con cuatro miembros. Se consigna en el acta que el doctor nombre reservado no debe permanecer más prestando sus servicios en el Edificio Médico Las Rosas DUODÉCIMO: Que respecto del tercer recurso, interpuesto por ambos recurrentes en contra de la señora nombre reservado, administradora y de don nombre reservado, presidente del Comité de Administración, en que se señala como acto arbitrario e ilegal que conculca las garantías individuales de los mismos, la publicación efectuada por la recurrida en lugares visibles del Centro Médico, en que se menciona expresamente a los recurrente imputándoles malos tratos a las secretarias, acto que conculca el derecho a la integridad psíquica de los recurrentes, su derecho de propiedad sobre su honra, prestigio y dignidad profesional, excediéndose de lo acordado en la mediación celebrada con la Inspección del Trabajo de Los Andes.

DUODÉCIMO: Que según se lee en el punto 5 del Acta de Mediación acompañada por la Inspección del Trabajo, N.° 0505/2014/3 de fecha 23 de enero de 2014, la reclamada Junta de Vigilancia Edificio Médico Las Rosas, se compromete a “emitir una declaración pública que dé cuenta de la política de la empresa de respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, que no comparte el actuar de las personas que vulneran los derechos en el ámbito laboral, informando el resultado mediación que dio origen a la denuncia de la señora nombre reservado. Dicha declaración será leída y publicada en lugares visibles de la empresa (recepción, comedor, diario mural si lo hay) por un lapso a lo menos de una semana. Copia de la declaración y fotografías del lugar de publicación, serán remitidas a la Inspección del Trabajo de Los Andes, a más tardar el 15 de febrero de 2013 (SIC)”.

DECIMOTERCERO: Que según se lee de la Declaración Pública remitida por la recurrida a la Inspección del Trabajo de Los Andes, certificada ante Notario Público, en cumplimiento de lo acordado con dicho organismo, fuera del compromiso de no amparar la vulneración de derechos de los trabajadores, se publicó la conclusión del informe de investigación llevado a cabo por la Inspección Provincial con motivo de la denuncia por acoso laboral de la trabajadora nombre reservado, esto es, que existen indicios suficientes de vulneración de la garantía consagrada en el inciso 1° del artículo 485 del Código del Trabajo, en relación al artículo 19 N.° 1 de la Constitución política de la República, en que se consigna expresamente que el doctor nombre reservado ejerce malos tratos respecto de las trabajadoras y que la psicóloga nombre reservado hostiga a las mismas.

DECIMOCUARTO: Que la actuación de la recurrida en tal sentido es ilegal porque la recurrida pretende hacer justicia por propia mano, vulnerando el artículo 73 de la Constitución Política de la República. Y es arbitrario, desde que extralimitando los términos del acuerdo señalado, aprovecha dicha publicación para emitir calificativos que atentan contra la honra y prestigio de los recurrentes, conculcando las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N.°s 1 y 4 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones, lo establecido en el art. 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se ACOGEN los recursos de protección deducidos a fs. 1, 57 y 155 por don Gabriel Alonso Muñoz Muñoz, en representación de don nombre reservado y doña nombre reservado, contra la administradora del edificio Las Rosas, doña nombre reservado y, del presidente del Comité de Administración don nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la multa de dos UF impuesta a don nombre reservado; y se ordena el cese por parte de la recurrida, de todo acto o actividad que implique la perturbación o amenaza de derechos adquiridos por el recurrente señor nombre reservado sobre el uso y goce de la oficina 404 que arrienda para consulta médica a la señora nombre reservado; como asimismo el cese de todo acto en que se le pretenda expulsar o impedir su ejercicio profesional en dicho centro médico.

Y, respecto de la recurrente nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto cualquier responsabilidad que tenga respecto del pago de la multa de dos UF impuesta al señor nombre reservado; debiendo cesar en todo acto o actividad que implique perturbación de sus derechos adquiridos para usar y gozar de su calidad de dueña de la citada oficina; debiendo asimismo abstenerse de imponer a ésta la obligación de poner término al contrato de arriendo que mantiene con el señor nombre reservado y de poner trabas a su libertad de trabajo. Por último, se ordena se enmienden los carteles que se encuentren publicados en el edificio, sacando toda alusión a los recurrentes, cuyo tenor deberá limitarse a las menciones acordadas ante la Inspección del Trabajo y que consta en el punto 5 del acta respectiva.

Redacción de la Ministro Sra. María del Rosario Lavín Valdés.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-7178-2013 (acumulados Rol IC 7214-2013 y Rol IC 327-2014)

Pronunciada por los Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Sra. María del Rosario Lavín Valdés, Sr. nombre reservado y el Ministro Suplente Sr. Juan Ángel Muñoz López.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.