nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, periodista, quien deduce acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por la conducta ilegal y arbitraria desplegada por la recurrida con la comunicación de fecha 29 de noviembre de 2024, en virtud de la cual se le informa el término de su nombramiento en calidad de contrata para el año 2025, vulnerándose con ello las garantías establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que desde el año 2022 ha prestado servicios de manera ininterrumpida a la recurrida, primero a honorarios y luego, a partir abril de 2024, a contrata en el Grado 8 E.M, desempeñándose en el Departamento de Imagen Corporativa, dependiente del Gabinete del Alcalde, habiéndose dispuesto la renovación de su contrata para todo el año 2025, mediante el Decreto alcaldicio N° 2210 de 13 de noviembre de 2024.

Si embargo, encontrándose con la legítima seguridad que su contrata ya había sido renovada para todo el año 2025, el día 29 de noviembre de 2024, mediante un correo electrónico de nombre reservado encargada de Departamento de Gestión de Personal, se le informó el cese de sus funciones a partir del 31 de diciembre de 2024, adjuntando una carta de no renovación de personal transitorio.

Así de manera ilegal, la I. Municipalidad de Valparaíso le comunicó que su nombramiento a contrata no sería prorrogado para el año 2025, conforme lo autoriza el artículo 2° de la Ley N° 18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Sostiene que su actuación es ilegal y arbitraria, que infringió lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 2 de la Ley 18.883, desconociéndose la existencia del Decreto Alcaldicio N° 2210 de fecha 13 de noviembre de 2024 y, revocando un derecho adquirido legítimamente por el actor, el que no puede ser revocado mediante una comunicación de no prórroga efectuada por la encargada del Departamento de Gestión de Personal, por no ser la autoridad competente para invalidar un acto administrativo.

Señala que la comunicación no cumple con el artículo 12 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por cuanto no tiene la naturaleza jurídica de ninguno de los actos administrativos señalados en dicha disposición.

Añade que la comunicación enviada carece de motivación, pues no se le indica si la no prorroga se debe a motivos técnicos, presupuestarios, financieros, contables o, derechamente, políticos, como pareciera ser, en particular si se debe a una deficiente evaluación, modificación de las funciones del órgano y/o reestructuración del mismo que hagan innecesarios sus servicios; la supresión o modificación de planes.

En cuanto a la notificación, refiere que tampoco fue practicada correctamente conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 19.880, y arguye que se vulneró el principio de coherencia administrativa y la doctrina de los actos propios, al contradecir una decisión previamente adoptada, generando inseguridad jurídica y afectando la confianza legítima del funcionario.

Asimismo, acusa que recurrida incurrió en contradicciones y arbitrariedades al prorrogar formalmente la contrata mediante el Decreto Alcaldicio N° 2210 de 2024, pero luego desconocerlo sin un acto administrativo válido. Expone que, incluso si argumentara que el decreto no tuvo efectos por falta de notificación formal, esto llevaría a un absurdo jurídico, ya que implicaría que ninguna de las contratas prorrogadas tendría validez, dejando al municipio sin personal a contrata. Además, afirma que la notificación tácita operó en este caso, pues el afectado tuvo conocimiento del decreto y continuó desempeñando funciones y que la falta de notificación formal y el ocultamiento del decreto para justificar posteriormente la no renovación podrían constituir una falta al Principio de Probidad Administrativa, afectando la seguridad jurídica y la confianza legítima de los funcionarios.

Solicita que se deje sin efecto la comunicación de no prórroga de la contrata, declarando ilegal la misma, rigiendo plenamente, en consecuencia, el Decreto Alcaldicio N°2210, de 2024, ordenando su reincorporación a sus funciones y pagó de sus remuneraciones.

Acompaña documentos a su recurso. 1. Decreto Alcaldicio N° 2210, de fecha 13 de noviembre de 2024, que ordenó contratarme con carácter de funcionario transitorio de la I. Municipalidad de Valparaíso, en el cargo que se señala, entre el 01 de enero de 2025 y 31 de diciembre de 2025. 2. Correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2024, suscrito por nombre reservado, en calidad de Encargada del Departamento de Gestión de Personal de la I. Municipalidad de Valparaíso, al cual se adjunta documento denominado “carta de no renovación personal transitorio”. 3. Carta de no renovación personal transitorio, de fecha 29 de noviembre de 2024, firmada por nombre reservado en calidad de encargada del departamento de Gestión de Personal de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 4. Decreto Alcaldicio N° 631, de fecha 28 de marzo de 2024, por medio del cual se le contrató en el carácter de funcionario transitorio de la I. Municipalidad de Valparaíso, en el cargo Profesional, Grado 8 E.M., desde el 01 de abril de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024. 5. Licencia Médica por 30 días, de fecha 02 de diciembre de 2024, emitida por una profesional de especialidad psiquiatra.

A folio 11, evacua informe la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, solicitando el rechazo de la acción.

Indica que, en el ordenamiento jurídico nacional, existe un procedimiento de reclamo especial ante la Contraloría General de la República, para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos de los servidores públicos que se rigen por estatutos administrativos de sujeción especial, que, en la especie, se encuentra contenido en el artículo 156 de la ley Nº18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Por otro lado, arguye que el artículo 151 la Ley N° 18.695 contempla un recurso especial para reclamar en contra de actos u omisiones del alcalde o de otros funcionarios municipales que se estimen ilegales, que es el denominado Reclamo de Ilegalidad Municipal. Este recurso debe interponerse ante el alcalde dentro de un plazo de 30 días desde la notificación o publicación del acto cuestionado. Si el reclamo es rechazado o la municipalidad no se pronuncia, el afectado puede recurrir a la Corte de Apelaciones en un plazo adicional de 15 días. En este contexto, se argumenta que el recurrente debió utilizar este procedimiento en lugar del recurso de protección, ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia lo consideran el medio idóneo para impugnar actos municipales, determinando así la improcedencia del recurso de protección en este caso.

Sostiene que no ha existido actuación ilegal o arbitraria de su parte, los cargos transitorios tienen el carácter de transitorios y duraran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. Explica que si bien mediante Decreto Alcaldicio N° 2210 se dispuso la renovación de la designación del recurrente, dicho acto fue dejado sin efecto mediante la dictación de un acto posterior, según consta en el Decreto Alcaldicio N° 574, de 27 de noviembre de 2024, que dispuso la revocación, dentro de otros, del decreto alcaldicio N° 2210, de 2024, teniendo como fundamento que las contrataciones dispuestas en éstos no sobrepasarían el límite máximo establecido en el artículo 2° de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, que dispone, en lo pertinente, que los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal.

Añade que, a la fecha de dictación del acto revocado, el presupuesto de la Municipalidad de Valparaíso aún no se encontraba aprobado por el Concejo Municipal, según consta en la tabla de Sesión Ordinaria de la Trigésima Tercera de 28 de noviembre de 2024, lo que entonces impediría poder dejar, a esa fecha, constancia del cumplimiento del señalado límite legal.

Menciona que dentro de los procesos ordinarios y habituales de renovación o prórroga de las designaciones en calidad de contrata, la municipalidad de manera reiterada ha realizado esta determinación luego de aprobado el presupuesto municipal del año respectivo, constituyéndose en una práctica atípica la dictación de estos decretos de manera previa a la aprobación del presupuesto municipal, como acontece en la especie, lo que evidencia un cambio en el curso ordinario de estos procedimientos administrativos.

Sobre la materia, expone que la Contraloría General de la República ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia administrativa que la revocación es una potestad privativa de las autoridades edilicias, la que se podrá ejercer por razones de mérito, conveniencia u oportunidad conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la ley N°19.880.

Afirma que las alegaciones de falta de motivación, comunicación por funcionario incompetente e incumplimiento de normas de notificación por parte del recurrente carecen de fundamento, destacando que la municipalidad actuó conforme a la normativa vigente, sin incurrir en ilegalidades ni vulneraciones de derechos.

Señala que, de la misma manera la Excma. Corte Suprema ha confirmado el criterio de la naturaleza transitoria y temporal de las designaciones en calidad de contrata, determinación del límite temporal para entender que existe o no confianza legítima (vinculación por más de 5 años), y las exigencias que se imponen para disponer la no renovación en caso de contar o no con dicha institución.

Por último, sostiene que la Administración del Estado no se encuentra obligada, en los casos en que no se aplica el principio de confianza legítima, a dictar un acto fundado ni a comunicar tal decisión, siendo una acción que por órganos optativamente pueden ejercer con la finalidad de otorgar certeza jurídica y en el marco de la deferencia con los funcionarios, situación que aconteció en la especie.

Acompaña documentos a su informe. 1.- Decreto Alcaldicio N° 631, de fecha 28 de marzo del año 2024; 2.-Decreto Alcaldicio N° 2210 de 2024; 3.- Decreto Alcaldicio N° 574, de fecha 27 de noviembre del año 2024; 4.- Comunicación de fecha 29 de noviembre del año 2024; 5.- Dictamen N° 047372N13 de fecha 26 de julio del año 2013 de la Contraloría General de la República.; 6.- Dictamen N° 018086N11 de fecha 23 de marzo del año 2011 de la Contraloría General de la República.; 7.- Dictamen N° 058502N14 de fecha 31 de julio del año 2014; 8.- Dictamen N° 061007N14 de fecha 8 de agosto del año 2014; 9.- Dictamen N° 056728N11 de fecha 7 de septiembre del año 2011; 10.-Sentencia Excma. Corte Suprema rol N° 20.476-2024 de fecha 2 de enero del año 2025 11.- Fichas funcionario del recurrente.

A folio 12, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar se impugna la decisión de no renovar la contrata del recurrente para el año 2025, porque tal decisión habría sido tomada por persona no facultada al efecto y sin considerar que mediante decreto Alcaldicio N° 2210, de 13 de noviembre de 2024, ésta ya había sido prorrogada para el año 2025.

Tercero: Que, para los efectos de resolver el recurso cabe tener presente que:

a.- Mediante decreto N° 631, de 28 de marzo de 2024, se contrató a don nombre reservado, en el carácter de funcionario transitorio, de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, en el cargo Profesional Grado 8° E.M., desde el 1° de abril de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o mientras sus servicios sean necesarios, dependiente del Gabinete del Alcalde. Firma don nombre reservado. (Folio N°1, documento N°4).

b.- Mediante decreto Alcaldicio N°2210, de 13 de noviembre de 2024, se contrató en calidad de funcionario transitorio de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a don nombre reservado, como profesional, grado 8° EM, Dirección Administrativa y Finanzas, desde el 1° de enero del 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025. Se deja constancia que la contratación no sobrepasa el máximo establecido en el artículo 2° de la Ley N°18.883, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante oficio circular N° 3.991 de 1995, de la Contraloría Regional de Valparaíso. Firma don nombre reservado. No existe limitación a la necesidad de los servicios. (Folio N°1, documento N°1)

c.- Que, mediante decreto Exento N° 574, de 27 de noviembre de 2024, dictado por doña nombre reservado, Alcaldesa de Valparaíso, se revocó el decreto Alcaldicio N°2210, de 13 de noviembre de 2024. Al efecto tiene en consideración que el artículo 2° de la Ley N° 18.883 señala que, en su conjunto, las contratas no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal, el que debe calcularse, de acuerdo a lo dispuesto por la Contraloría general de la República, debe calcularse sobre el presupuesto asignado a la planta municipal para cada año por concepto de remuneraciones; y que a la fecha de dictación del decreto N° 2210, este no se había aprobado por el Concejo Municipal. (folio N° 11, documento N° 3)

d.- Mediante carta de 29 de noviembre de 2024, firmada por doña nombre reservado, encargada del Departamento de Gestión de Personal, se le informa al recurrente que, conforme a lo autoriza el artículo 2° de la Ley N° 18.883, su nombramiento a contrata no será prorrogado para el año 2025. (Folio N°1, documentos N°s 2 y 3).

Cuarto: Que, en primer lugar, resulta necesario explicitar que, de acuerdo con lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, en los antecedentes 20.476-2024, de conformidad a la fecha de ingreso del recurrente a prestar servicios, en calidad de contrata, a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, a su respecto no concurre la institución de la confianza debida. Lo que determina que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 18.883, la contrata que el recurrente sirvió durante el año 2024, salvo renovación expresa, se extinguió, por el solo ministerio de la ley.

Quinto: Que, por otro lado, la renovación de la contrata mediante el decreto N°2210, de 13 de noviembre de 2024, fundamento del recurso, no es tal porque fue dejada sin efecto, por el decreto Alcaldicio N° 574, de 27 de noviembre de 2024, de cuyos efectos se puso conocimiento al recurrente mediante correo electrónico y antes de que el decreto revocado surtiere efectos. Esta actuación está prevista por la legislación en el artículo 61 de la Ley N° 19.880, fue debidamente fundada y no incurre en las prohibiciones previstas en la norma citada. En efecto, los funcionarios públicos carecen de propiedad sobre los cargos que sirven, máxime si el cometido es dejado sin efecto antes de que se materialice.

Sexto: Que, por último, ante la oposición de la Municipalidad de reintegrar al recurrente y la falta de claridad respecto de los derechos que invoca, cobran relevancia los procedimientos establecidos en el artículo 156 de la Ley N° 18.883; 151 del D.F.L. N°1, publicado en el Diario Oficial el 26 de julio de 2006, del Ministerio del Interior que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695; y de tutela laboral, previsto en el Código del Trabajo, en resguardo de sus derechos. En efecto, la naturaleza cautelar del recurso de protección y las medidas de urgencia, en esencia revocables, que esta Corte está facultada a adoptar, determinan que, ante la inexistencia de un derecho indubitado, este se discuta en sede ordinaria.

Séptimo: Que, de conformidad a lo expuesto, se concluye que la decisión recurrida se encuentra suficientemente fundada y ha sido tomada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones legales, no siendo arbitraria, esto es, carente de razón o por el mero capricho de la jefatura correspondiente, motivos suficientes para desestimar el presente arbitrio, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese y comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Droppelmann.

No sujeta a anonimización.

N°Protección-7175-2024.