BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A con INSPECCION PROVINCIAL TRABAJO CASABLANCA

Foja: 65 Sesenta y Cinco.

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, nueve de marzo de dos mil diecisiete.

VISTO:

A fojas 6, comparece Jean Paul Couchot Bañados, abogado, en representación, de la sociedad British American Tobacco Chile Operaciones S.A., Rut NS 90.286.000-2, representada legalmente por don nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, e interpone acción de protección en favor de su representada, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Casablanca, representada legalmente por el inspector comunal don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que con fecha 13 de enero de 2017, la recurrente fue notificada del Ordinario número 7 que se pronuncia de la solicitud de reconsideración de multa laboral presentada con fecha 6 de enero de 2017 en contra de la resolución de multa número 1184/2016/037, el cual dispone: "NO SE PRESENTO nombre reservado LEGAL DE 30 DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE SU NOTIFICACIÓN".

Indica que el acto que sirve de fundamento para la presente acción de protección se refiere a la aplicación e interpretación arbitraria e ilegal que realiza la recurrida sobre el artículo 512 del Código del Trabajo el cual establece que: "El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse nombre reservado de treinta dias de notificada la resolución que aplicó ia multa administrativa/' Estima que la recurrida yerra, en la interpretación que realiza del mencionado artículo, constituyendo un acto arbitrario e ilegalidad, toda vez, que la norma no señala la forma en que se debe computar el plazo, sólo se limita a establecer que debe ser dentro de 30 días, por lo cual la interpretación que realiza la recurrida constituye un acto ilegal, toda vez que, no consta ni puede colegirse que el plazo deba ser considerado como de días corridos como pretende aplicarlo la recurrida, lo que constituye una ilegalidad. Agrega que existe jurisprudencia de los tribunales de alzada que confirman que dicho plazo corresponde al contenido en el artículo 25 de la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, es decir, de días hábiles, considerando inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Señala que el acto administrativo contenido en el Ordinario N° 7 de fecha 13 de enero de 2017, conculca y vulnera los derechos fundamentales de la recurrente; en primer lugar, el numeral 2 del artículo 19 que consagra la igualdad ante la ley, por cuanto, no se le está dando un mismo trato o aplicación a la norma legal, ya que la legislación busca que se pueda reclamar ante cualquier órgano del Estado, sin establecer diferencias entre personas y respecto de situaciones o finalidades que afecten la vida cotidiana de los ciudadanos; en segundo lugar, se ve afectado el derecho consagrado en el número 3 del artículo 19, que establece la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que, su representada, se ha visto privada de su derecho a impugnar un acto administrativo por la vía de la presentación de un recurso de reconsideración "administrativo". De esta forma, no se ha permitido ejercer a su representada el derecho a ejercer un debido proceso administrativo, ni que el acto emitido sea susceptible de revisión por parte del superior jerárquico del funcionario que lo emitió. Dado lo expuesto, la recurrente se ve obligada al pago de una multa administrativa que perjudica su patrimonio, vulnerando su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24, afectándose su patrimonio al negársele la posibilidad de impugnar la multa administrativa.

En cuanto a la normativa aplicable, indica que conforme lo ha reiterado la Excelentísima Corte Suprema, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo "especial" como es el contenido en la Ley N°19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil (Corte Suprema Rol N° 17.522-2016.) Hace presente, además que el Código Civil, respecto de la aplicación de leyes contradictorias, recurre principalmente al “principio de especialidad" en que debe preferirse la interpretación de una norma que rija particularmente a ese caso y no habiendo norma legal, debe recurrirse a la norma general aplicable al caso. Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, que ha resuelto en este sentido.

Solicita, en definitiva, se acoja el presente recurso y se declare que debe restablecerse el imperio del derecho ordenando acoger a tramitación la reconsideración de multa interpuesta por su parte ante la Inspección Comunal del Trabajo de Casablanca con fecha 6 de enero de 2017, con expresa condena en costas.

Acompaña Ordinario N° 7 de fecha 13 de enero de 2017 de la Inspección Comunal del Trabajo de Casablanca; acta de notificación del referido Ordinario de fecha 13 de enero de 2017 de la Inspección Comunal del Trabajo de Casablanca.

A fojas 43, nombre reservado, Inspector Comunal del Trabajo de Casablanca, informa el recurso de autos, solicitando su rechazo.

En cuanto a los hechos, señala que con fecha 14 de marzo 2016, se genera la fiscalización N° 0510/2016/42, respecto a materias relacionadas con higiene y seguridad, en la que se pudo verificar que la empresa no cuenta con casilleros guardarropas en número igual a la totalidad de trabajadores de la empresa Guard Service que presta servicios en la instalación de la recurrente. Además se constata que no cuenta con servicios higiénicos en caseta de control de acceso en buenas condiciones de funcionamiento. Se cursaron dos multas signada con el número 1184/16/37-1 y 2, de fecha 31 de marzo de 2016, resultando como contrapartida que, la recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa en contra de la resolución de multa ya referida, sin embargo tal presentación la efectúa fuera del plazo establecido, toda vez que habiéndose notificado la multa con fecha 23 de noviembre de 2016 se recurre administrativamente el día 06 de enero 2017, es decir excedidos con creces de los 30 días corridos exigidos por el legislador. Atendido lo anteriormente expuesto, la Inspección Provincial del Trabajo de Casablanca dictó el ordinario N° 07 de 13 de enero 2017, el que informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de término.

En primer término, alega la improcedencia del recurso de protección, atendida la naturaleza del acto recurrido, ello por cuanto en la especie se reclama en contra de una resolución que declara inadmisible por extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa de multa; decisión en contra de la cual el ordenamiento jurídico laboral contempla diversas instancias y recursos específicos para impugnarla, no siendo el presente arbitrio la vía idónea para reclamar de ésta.

En efecto, señala que tratándose de una resolución de multa administrativa, el ordenamiento jurídico otorga para su impugnación, tanto un procedimiento de reclamación judicial como administrativo; el primero de ellos, ante el Juez de Letras del Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo; y el segundo de éstos, ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la multa, según lo previsto en el artículo 511 del mismo cuerpo legal, pudiendo reclamarse judicialmente del resultado de dicha reconsideración ante el Juez de Letras del Trabajo competente, según lo dispone el artículo 512 inciso 2º del citado Código; por lo que concluye que la vía jurisdiccional de protección no resulta procedente para impugnar la referida resolución y que, en consecuencia, se estaría utilizando ésta sólo como un mero sustituto de procedimientos específicos expresamente contemplados en la ley.

En cuanto al fondo del recurso, advierte la ausencia de un acto arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, toda vez que el ordinario N°7 se ha ajustado estrictamente con los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose a la legalidad vigente, y porque, por otro lado, dicha resolución ha sido dictada una vez comprobado que el término de días corridos se encontraba vencido.

En dicho orden de ideas, explica que el artículo 511 del Código del Trabajo, faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, cumpliéndose ciertas condiciones mínimas. De igual modo, agrega el artículo 512, que el Director del Trabajo hará uso de dicha facultad ante solicitud escrita del interesado, la cual deberá presentarse dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución de multa que se impugna.

Precisa que la resolución de multa administrativa número 1184/16/37/1-2, se notificó personalmente el día 23 de noviembre 2016. Que, consecuencialmente, y teniendo claro que la fecha de notificación de la multa impugnada corresponde al día 23 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto artículo 508 Código del Trabajo, el término fatal para la interposición de solicitud de reconsideración administrativa, según se establece en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, vencía el día 23 de diciembre de 2016. Indica que con fecha 06 de enero 2017, la recurrente ingresó solicitud de reconsideración administrativa de la multa 1184/16/37-1 y 2, cuyo término para su interposición había vencido con creces, siendo en tal sentido extemporánea.

Refiere que el ordinario N° 07 de 13 de enero de 2017 de la Inspección Comunal del Trabajo de Casablanca, que por este acto se impugna, se emitió total y absolutamente ajustada a derecho, tanto es así que, la Contraloría General del República, mediante dictamen N° 49.126 de fecha 20 de octubre de 2008 ha señalado que los plazos dados por las leyes son fatales y éstos no pueden ser modificados o alterados por la autoridad administrativa y en tal tenor señala que: "Plazo de 30 días corridos establecido en el código del trabajo para solicitudes de reconsideración de la multa administrativa y otros trámites establecidos en dicho código vence necesariamente el último día de dicho término, a la hora de cese de atención de público en las oficinas de la Dirección del Trabajo, por aplicación de las normas del código civil relativas a los plazos en armonía con los preceptos de derecho administrativo relativos al funcionamiento de las oficinas de la administración". Y luego agrega que: "Extender plazos al día siguiente significaría prorrogar un plazo vencido sin facultad alguna para ello".

Agrega que, conjuntamente con lo anterior, se debe tener en vista lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código Civil, preceptos que deben ser aplicados en forma armónica con lo dispuesto por el derecho administrativo. En efecto, en lo relativo a la marcha y funcionamiento de las diversas oficinas de la administración pública, los plazos deben entenderse transcurridos una vez que haya expirado el horario legal de atención de público. Todo lo anterior se encuentra reforzado por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 11.764, que indica que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público, debiendo Presidente de la República fijar dicho horario y establecer sus excepciones en casos calificados.

A mayor abundamiento, añade que debe tenerse en vista que el formulario, mediante el cual la empresa solicita la reconsideración, a saber, formulario N° 10 (F-10) es claro en señalar dentro de sus notas importantes, que el plazo para su presentación es de 30 días corridos desde la notificación de la resolución de multa. Cita jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, que ha resuelto que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos; y las propias Circulares N° 73 de fecha 8 de junio de 2012, y N° 96 de 23 de septiembre de 2009, ambas de la Dirección del Trabajo.

Por otra parte, sostiene que el ordinario tampoco puede ser calificado de ilegal, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al principio de legalidad por parte de la Dirección del Trabajo.

Acompaña a su presentación copia de la Resolución de Multa Número 3625716760 de fecha 6 de septiembre de 2016; copia de Ordinario N°77 de fecha 12 de enero de 2017 suscrito por la Inspectora Comunal del Trabajo doña nombre reservado; copia del sobre en el cual fue enviada dicha resolución con código de seguimiento e impresión de pantalla de la página web de Correos de Chile con el seguimiento del mencionado sobre.

Acompaña a su informe copia de informe de fiscalización 0510/2016/42; copia de resolución de multa administrativa 1184/16/37-1 y 2 junto documento donde se acredita la fecha de notificación de la misma personalmente; copia de Ordinario N° 07, de fecha 13 de enero 2017 y copia de solicitud de reconsideración administrativa de multa 1184/2016/37.

Por resolución de fojas 54, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante Ordinario Nº 07, de fecha 13 de enero de 2017, la recurrida se negó a dar tramitación a la solicitud de reconsideración administrativa deducida en contra de la resolución de multa Nº 1184/2016/037, notificada a su parte, con fecha 23 de noviembre de 2016, en atención a que dicha solicitud no había sido presentada nombre reservado legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la referida resolución; cuestión que a su juicio importa una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida que vulnera las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 Nº 2, N°3 y Nº 24 de la Carta Fundamental, por cuanto del examen del artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, el citado plazo es de días hábiles y no corridos, entendiéndose como inhábiles los días sábado, domingo y festivos; de modo tal que la solicitud de reconsideración administrativa ha sido deducida oportunamente, debiendo otorgársele la tramitación debida.

TERCERO: Que la recurrida informa solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, alegando, en primer término, que el presente arbitrio no es la vía idónea para reclamar de la resolución que declaró inadmisible por extemporánea la reconsideración administrativa de multa, toda vez que existen mecanismos administrativos y judiciales establecidos especialmente en la ley para impugnar dicho tipo de acto; mientras que, en cuanto al fondo de recurso, precisa que la recurrida no ha incurrido en acto arbitrario y/o ilegal alguno, en tanto la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente y se ha dictado justificadamente una vez constatado que el término de 30 días corridos para deducir la referida solicitud, se encontraba vencido; precisando al respecto que a falta de regla en el artículo 512 del Código del Trabajo, que determine expresamente si dicho plazo es de días corridos o hábiles, debe estarse a las disposiciones comunes previstas en los artículos 48 y 49 del Código Civil, otorgándole a aquel término la condición de plazo de días corridos; no existiendo en consecuencia en la especie vulneración de la garantía que se reclama conculcada por la actora.

CUARTO: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo; plazo que a juicio de estos sentenciadores no es de días corridos, como lo alega la recurrida, sino de días hábiles, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede y etapa administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos; regla que atendido su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil y, en consecuencia, aplicarse en la especie.

QUINTO: Que, por lo antes razonado, y advirtiéndose del mérito de los antecedentes allegados al proceso por las partes, que la reconsideración administrativa en la especie fue presentada por la recurrente, el día 06 de enero de 2017, en contra de la resolución de multa notificada a ésta, con fecha 23 de noviembre de 2016, necesario es concluir que el referido arbitrio ha sido intentado nombre reservado de 30 días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución, debiendo entonces habérsele otorgado por la recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido.

SEXTO: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, pues en contravención a la disposiciones legales analizadas y en forma injustificada, ésta se ha negado a tramitar un recurso presentado oportunamente por la recurrente, atentando de este modo contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona puesta en las mismas circunstancias ante la aplicación de una multa administrativa como la que le ha sido impuesta a la recurrente, y amenazando su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental; motivo por el cual la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo dispositivo de este fallo, debiendo adoptarse al efecto las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el recurso de protección deducido a fojas 6 por don Jean Paul Couchot Bañados, en representación de la sociedad British American Tobacco Chile Operaciones S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Casablanca, y en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá dar curso como en derecho corresponda a la solicitud de reconsideración administrativa, de fecha 06 de enero de 2017 deducida por la recurrente en contra de la Resolución de Multa Nº 1184/2016/37, de fecha 31 de marzo de 2016.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Martínez, quien estuvo por rechazar el presente recurso, por estimar que lo que se pretende por esta acción cautelar, es que esta Corte interprete normas legales con el objeto de establecer la naturaleza de un determinado plazo, lo que se aparta del objetivo de este arbitrio, cual es el de reaccionar contra una situación anormal que vulnere o amenace garantías constitucionales, cuyo no es el caso de autos.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección-716-2017.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sr. Patricio Martínez Sandoval y Sra. Carolina Figueroa Chandía.

En Valparaíso, nueve de marzo de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.