nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y OTRO

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A fojas 1, se deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad N°RUT reservado, en contra de: 1) Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.; 2) Superintendencia de Pensiones, y 3) Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales conforme lo previsto en la Ley N°18.156, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, ciudadano venezolano titular de residencia definitiva en Chile, comenzó a cotizar en el sistema de pensiones chileno desde el 1 de junio de 2019, manifestando desde el inicio su voluntad expresa de mantener activa su afiliación previsional en su país de origen, esto es, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en el cual está inscrito desde el 25 de septiembre de 2007.

Indica que con fecha 3 de octubre de 2025, luego de dos solicitudes anteriores, el recurrente presentó de manera presencial una tercera solicitud, y con fecha 7 de octubre de 2025 la AFP Modelo S.A. envió un correo electrónico rechazando su solicitud, señalando como único motivo del rechazo: "otro", respuesta que califica como vaga y carente de fundamento jurídico, que no satisface las exigencias del principio de motivación de los actos administrativos.

Sostiene que con fecha 9 de octubre de 2025, el recurrente elevó una solicitud formal a la Superintendencia de Pensiones solicitando la definición de un protocolo aplicable y que dicho organismo coordinara mecanismos electrónicos de verificación directa con el IVSS, sin obtener respuesta oficial hasta la fecha.

Afirma que el Ministerio de Relaciones Exteriores se niega a legalizar los certificados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, alegando que los ciudadanos venezolanos deben apostillar este certificado directamente en su país de origen, lo cual resulta de imposible cumplimiento, pues las autoridades venezolanas no apostillan documentos emanados del IVSS ya que cuentan con verificación electrónica.

Argumenta que se le está dando un trato desigual y discriminatorio al recurrente a través de la omisión injustificada de las recurridas, bajo exigencias no fundamentadas en la ley. Sostiene que el recurrente cumple íntegramente los requisitos establecidos en la Ley N°18.156: es profesional extranjero (Técnico Superior Universitario en Informática); está afiliado al IVSS desde 2007; expresó su voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional de su país de origen en el contrato de trabajo y su anexo; y aportó documentación verificable electrónicamente en el portal oficial del IVSS.

Invoca que el certificado presentado proviene del ente oficial competente en Venezuela y su autenticidad puede ser verificada por medios electrónicos abiertos y públicos, cuyo manejo, consulta y verificación es de dominio público. Señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra en el catálogo de documentos afectos a legalización y apostilla en Venezuela, siendo considerado documento de uso interno o carácter nacional.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que el actuar de las recurridas vulnera simultáneamente las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (art. 19 N°2) al dar trato discriminatorio respecto a otros solicitantes en idéntica situación, y el derecho de propiedad (art. 19 N°24) al impedirle disponer de sus fondos previsionales que legítimamente le pertenecen.

Pide se ordene a la AFP Modelo S.A. acceder a la solicitud de retiro de fondos previsionales, disponiendo la devolución íntegra de los montos acumulados en su cuenta individual de capitalización en un plazo no superior a cinco días hábiles; se ordene a la Superintendencia de Pensiones implementar un mecanismo de contingencia administrativa y tecnológica que permita la validación electrónica de las afiliaciones previsionales de los cotizantes venezolanos; y se ordene a la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores adoptar medidas para establecer un canal excepcional de verificación documental que permita a los ciudadanos venezolanos validar sus antecedentes previsionales.

Acompaña documentos a su recurso.

A fojas 5, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que el recurrente presentó tres solicitudes de devolución de fondos (folios 200, 308 y 568), acompañando: título profesional, Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, Declaración Jurada ante notario público chileno, y contrato de trabajo con anexo.

Explica que rechazó las solicitudes porque la Constancia Electrónica de Cotizaciones no cumple los requisitos de la normativa vigente: no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones específicas de cobertura, no está firmada por quien la emite ni se encuentra apostillada o legalizada. Asimismo, la Declaración Jurada no es emitida por la entidad de seguridad social ni por la Embajada o Consulado correspondiente.

Sostiene que la Ley N°18.156 establece requisitos copulativos, y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. Invoca el Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, que establece que las certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no sirven como medio de prueba, y que las declaraciones juradas ante notario chileno tampoco constituyen medios idóneos.

Argumenta que los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil exigen legalización y apostilla para que instrumentos públicos extranjeros surtan efectos en Chile. Cita jurisprudencia que ha rechazado recursos similares, concluyendo que su actuación se ajusta estrictamente a la normativa sectorial y a las instrucciones del organismo fiscalizador competente.

Acompaña documentos a su informe.

A fojas 12, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que el recurrente no registra ante ese Organismo solicitud alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar.

Opone como excepción previa que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, citando jurisprudencia que ha señalado que, al no contar con certificación válida, la existencia del beneficio previsional debe acreditarse en un procedimiento de lato conocimiento, y no por vía de esta acción cautelar.

En cuanto al fondo, explica que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción que establece requisitos copulativos, cuya interpretación debe ser restrictiva. El Compendio de Normas exige certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Señala que la documentación aportada no es idónea: la Declaración Jurada es insuficiente, y la Constancia Electrónica del IVSS carece de firma autorizada, no está apostillada o legalizada, y no especifica las coberturas del recurrente ni el período de cobertura.

Agrega que en el contrato de trabajo no se advierte referencia al sistema previsional adoptado ni consta el anexo en que se renuncie al sistema chileno. Además, los datos del IVSS evidencian cero semanas cotizadas en los últimos tres años. Respecto a la solicitud del 9 de octubre, indica que la casilla utilizada (correo reservado) no es canal oficial para recibir presentaciones. Solicita se rechace el recurso de protección con expresa condena en costas. Acompaña documentos a su informe.

A folio 21, se prescinde el informe de la recurrida Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado. Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido “certificado de afiliación al IVSS”, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones copulativas que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada ley señala: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte".

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el recurrente denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idónea para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, ya que debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia. Este criterio ha sido expresamente establecido por la Superintendencia de Pensiones en su Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en este contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la AFP Modelo S.A., en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., Superintendencia de Pensiones y de la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-7149-2025.

En Valparaíso, treinta de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.