nombre reservado con PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN ANTONIO

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece doña Tania Alejandra Gacitúa Muñoz, abogada de la Oficina de Defensa Laboral de San Antonio de la Corporación de Asistencia Judicial, en representación doña nombre reservado, venezolana y don nombre reservado, colombiano, quienes interponen recurso de protección en contra del Primer Juzgado de Letras de San Antonio por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en no dar curso a las respectivas acciones judiciales interpuestas debido a que el tribunal no autorizó la constitución de los mandatos judiciales correspondientes por no contar los recurrentes con cédula de identidad chilena, lo que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que, con fecha 29 de septiembre de 2025, doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, presentó demanda en procedimiento monitorio por nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales (RIT M-101-2025), la cual solo contaba con la firma electrónica simple de su abogada. El tribunal recurrido resolvió, con fecha 1 de octubre de 2025, que, previo a proveer la demanda, la actora debía constituir mandato judicial dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada para todos los efectos legales, en cumplimiento del artículo 2°, inciso cuarto, de la Ley 18.120.

Señala que, el 4 de octubre de 2025, la recurrente nombre reservado compareció ante la ministra de fe del Tribunal, exhibiendo un documento de identidad de la República Bolivariana de Venezuela. La ministra de fe certificó que dicho documento se encontraba vencido desde septiembre de 2022, en muy mal estado (sucio, abierto en las puntas del plastificado) y que la fotografía era poco clara, no pareciéndose físicamente la compareciente a la persona de la foto. La compareciente indicó que la fotografía era de cuando tenía aproximadamente 11 años y que no poseía pasaporte. Por estas razones, el poder no fue autorizado, y con fecha 17 de octubre de 2025, el tribunal tuvo por no presentada la demanda.

Respecto de don nombre reservado, ciudadano colombiano, con fecha 7 de octubre de 2025, se interpuso acción en procedimiento monitorio por nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales y previsionales (RIT M-105-2025), la cual tampoco contaba con la firma electrónica del demandante. Con fecha 9 de octubre de 2025, se ordenó constituir mandato dentro de tercero día bajo apercibimiento legal.

Indica que el 10 de octubre de 2025, el recurrente nombre reservado compareció ante la ministra de fe, exhibiendo una cédula de identidad de la República de Colombia (NUIP 80.009.843), la cual indicaba fecha de expiración el 4 de octubre de 2023, y también un pasaporte colombiano (N° RUT reservado) con fecha de vencimiento el 26 de agosto de 2025. La ministra de fe objetó que la firma en la cédula de ciudadanía y en el pasaporte no era la misma. El poder no fue autorizado por el tribunal, y con fecha 22 de octubre de 2025, se tuvo por no presentada la demanda.

Agrega que, mediante escritos presentados por la abogada Tanía Gacitúa, de la Oficina de Defensa Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial, solicitó se autorizase el mandato judicial con los documentos que contaban los trabajadores de nacionalidad venezolana, proveyendo el tribunal “estese al mérito de autos”, negando asimismo dar curso a los correspondientes recursos de apelación interpuestos por carecer la abogada de poder en la causa de conformidad a lo prescrito en el artículo 2° inciso 4° de la Ley 18.120.

Señala que ninguno de estos trabajadores cuenta con cédula de identidad chilena vigente, puesto que su situación migratoria es de carácter irregular y solo poseen como documentos para acreditar su identidad su cédula de identidad venezolana y tarjeta de identificación de extranjero infractor emitidos por la Policía de Investigaciones de Chile, los cuales fueron exhibidos en su oportunidad. De este modo, el acto recurrido constituye un impedimento que da paso a una discriminación arbitraria basada en su nacionalidad y situación migratoria, vulnerando su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y su derecho a defensa jurídica, al exigir documentos a los que no tienen fácil acceso (cédula chilena o pasaporte vigente).

A folio 4, evacuó informe la Jueza Titular del Primer Juzgado de Letras de San Antonio, Paloma Fernández Fernández, solicitando el rechazo del recurso, indicando que con el 29 de septiembre de 2025 doña nombre reservado presentó una demanda sólo con la firma electrónica simple de la abogada, por lo que el tribunal ordenó, con fecha 1 de octubre de 2025, la constitución de mandato judicial dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tener la demanda por no presentada, conforme al artículo 2°, inciso cuarto, de la Ley 18.120. Luego, el 4 de octubre de 2025, la demandante se presentó ante la secretaria del Tribunal, exhibiendo un documento que señalaba ser cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela, el que se encontraba vencido desde septiembre de 2022, en muy mal estado sucio y con el plastificado abierto en las puntas, y la fotografía era poco clara.

Agrega que la ministra de fe consignó que la persona que se presentó no se parecía físicamente a la de la fotografía del documento. La compareciente explicó que la foto fue tomada cuando ella tenía aproximadamente 11 años y que no tiene ni nunca ha tenido pasaporte, debido a lo anterior, el poder no fue autorizado. Sostiene que al no cumplirse con lo ordenado, se tuvo por no presentada la demanda para todos los efectos legales con fecha 17 de octubre de 2025, aplicando el apercibimiento del artículo 2°, inciso cuarto, de la Ley 18.120.

Respecto de nombre reservado indica que el 7 de octubre de 2025 presentó una demanda solo con la firma electrónica simple de la abogada y que el tribunal ordenó, con fecha 9 de octubre de 2025, la constitución de mandato judicial dentro de tercero día, bajo el mismo apercibimiento legal. Agregó que el 10 de octubre de 2025, el demandante se presentó ante la secretaria, exhibiendo una cédula de identidad de la República de Colombia con fecha de expiración el 4 de octubre de 2023, y un pasaporte colombiano con fecha de vencimiento el 26 de agosto de 2025. De este modo, la ministra de fe certificó que la firma en la cédula de ciudadanía y la firma en el pasaporte no eran la misma, por lo que el poder no fue autorizado. Finalmente, se tuvo por no presentada la demanda para todos los efectos legales con fecha 22 de octubre de 2025.

Señala que ninguno de los recurrentes logró acreditar su identidad ante la ministro de fe. En el caso de nombre reservado, el documento estaba vencido desde hace más de 3 años, y la persona no se parecía a la fotografía. La prórroga de vigencia de documentos venezolanos (Resolución Exenta N°2087) no resulta aplicable a la recurrente nombre reservado, ya que la vigencia de dichos instrumentos expiró el 22 de abril de 2023, antes del ingreso de su demanda. En el caso de nombre reservado los documentos (cédula y pasaporte) estaban vencidos (2023 y 2025, respectivamente) y las firmas no coincidían.

Argumenta que el ministro de fe no puede llevar a cabo la diligencia si evidencia que la persona no corresponde a quien figura en el documento o si el documento está vencido, ya que no se habría acreditado la identidad en rigor. No siendo efectivo que haya impuesto exigencias que escapen a sus atribuciones puesto que el Decreto Ley N°26 de 1924, citado en las resoluciones, se encuentra vigente.

Destaca finalmente que son numerosas las causas laborales en las cuales los demandantes de nacionalidad extranjera han acreditado su identidad en el trámite de autorización de poder ante la Secretaria del Tribunal, por medio de sus correspondientes pasaportes, citando diversos números de causa al efecto.

A folio 5 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, a través de la presente acción se reprocha el actuar del Primer Juzgado de Letras de San Antonio, debido a que su secretaria subrogante no autorizó el mandato judicial conferido por los actores, por falta de acreditación de sus respectivas identidades a través de documentos idóneos y, producto de ello, el tribunal tuvo por no presentada sus demandas laborales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2°, inciso cuarto, de la Ley 18.120.

Segundo: Que, conforme a los antecedentes agregados, es posible establecer que, a través de la Oficina Judicial Virtual, doña nombre reservado presentó demandas laborales en nombre de doña nombre reservado y don nombre reservado, ciudadanos venezolano y colombiano, respectivamente, en situación migratoria irregular, quienes, en distintas fechas, concurrieron a las dependencias del Primer Juzgado de Letras de San Antonio con la finalidad de autorizar los respectivos mandatos judiciales, en los términos que establece el artículo 6°, inciso segundo, regla tercera, del Código de Procedimiento Civil. Dichas gestiones no se pudieron llevar a cabo debido a que no se logró acreditar la identidad de los mandantes a satisfacción de la Sra. Secretaria subrogante del tribunal.

Existe controversia acerca de cuál fue la exigencia concreta efectuada por dicha funcionaria, ya que el recurso sostiene que a los demandantes se les solicitó un documento de identificación chileno vigente, mientras que la Sra. ministro de fe manifiesta que también dio la posibilidad de demostrar la identidad con el pasaporte vigente de su país de origen. En cualquier caso, es un hecho pacífico que los interesados carecían de todos estos instrumentos vigentes.

Tercero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en lo que se refiere a la ilegalidad o arbitrariedad de la actuación de la recurrida, un examen meramente formal de lo obrado puede llevar a concluir que se ha actuado con estricto apego a la ley, en cuanto a que se exigió a los mandantes demostrar su identidad por las formas establecidas en nuestro ordenamiento y, frente al incumplimiento de aquello, se aplicó lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 18.120, teniendo por no presentadas las demandas.

Quinto: Que, este examen, sin embargo, pierde de vista la particular situación de las personas involucradas. Se trata de migrantes, uno venezolano y otro colombiano, ambos en situación irregular, cuyas dificultades para mantener documentación identificatoria en regla son ampliamente conocidas. Exigir un pasaporte o una cédula de identidad vigente a personas en esta condición, que les impide obtener documentación en nuestro país, supone un obstáculo muchas veces insalvable.

Cabe hacer presente que el Estado chileno ha reconocido la dificultad existente respecto a la obtención de documentos de identificación para ciudadanos venezolanos a través de las Resoluciones exentas número 2087 de 22 de abril de 2019, y 395 de 3 de febrero 2021, en las que se prorrogaron hasta el 22 de abril de 2023 las vigencias de los pasaportes y cédulas de identidad de origen venezolano.

Sexto: Que, también se debe tener en cuenta la particular relevancia del acto en cuestión. En un sistema de comparecencia judicial reglado como el que rige en Chile, la imposibilidad de conferir mandato judicial tiene como consecuencia cerrar el acceso a la jurisdicción a los justiciables, quienes, en los hechos, se verán impedidos de poder formular pretensiones ante un tribunal y ser amparados en el derecho que les pudiera asistir. Si se considera, además, que las demandas presentadas son de índole laboral, con plazos de caducidad bastante breves, la afectación es aún mayor, por cuanto puede significar que las acciones se extingan por falta de su ejercicio oportuno.

Séptimo: Que, la dificultad en la obtención de documentación y la especial relevancia de la gestión involucrada imponían al órgano jurisdiccional una interpretación de las reglas procedimentales que propendiera a permitir la tramitación de la demanda, en el entendido que las formas procesales no pueden erigirse en impedimentos para el ejercicio de los derechos.

Octavo: Que, en consecuencia, los actos impugnados resultan ilegales al haber exigido a los poderdantes documentos a los que no pueden acceder y, frente a sus incumplimientos, haber tenido por no presentadas las demandas. Por una parte, la ministro de fe pudo haber permitido la acreditación de la identidad por cualquier otro documento, en especial considerando que el artículo 6° del Código de Procedimiento Civil no establece ninguna exigencia concreta sobre este asunto. A su vez, en virtud de lo establecido en los artículos 79 del Código de Procedimiento Civil y 429 del Código del Trabajo, tenía la posibilidad de atender la petición de la abogada de los demandantes y extender el plazo para realizar la autorización o promover alguna forma alternativa de corroboración de la identidad de los interesados.

Noveno: Que la referida ilegalidad ha provocado una innegable afectación de los derechos fundamentales de los recurrentes, debido a que se les ha desconocido su facultad de acceder a la jurisdicción, la más básica de las garantías de orden procesal, que se encuentra consagrada dentro del inciso quinto del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Este derecho consiste en concederle a toda persona la posibilidad de someter a la resolución de los órganos jurisdiccionales cualquier tipo de controversia jurídica, lo que se ha negado a los actores mediante las actuaciones que originan esta acción.

Décimo: Que la procedencia de la presente acción constitucional respecto de resoluciones judiciales es algo muy excepcional, que en este caso se justifica debido a la inexistencia de remedios procesales dentro del procedimiento laboral para impugnar la resolución, en atención a lo dispuesto en el artículo 2°, inciso cuarto, de la Ley 18.120; y a las radicales consecuencias del actuar de la recurrida, que han implicado que los interesados se vean imposibilitados de ejercer las acciones que la ley les reconoce, incluso con riesgo de caducidad de ellas.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y artículos 1° y siguientes del Acta N 94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y de don nombre reservado y se ordena al Primer Juzgado de Letras de San Antonio autorizar los poderes, con la documentación ya presentada, en las causas RIT M-101-2025 y M-105-2025, dando curso a las demandas que deben tenerse por presentadas, para todos los efectos legales, el 29 de septiembre de 2025 y 7 de octubre de 2025, respectivamente.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-7131-2025.