Protección contra Inmobiliaria y Constructora San Antonio S

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, abogada, en su calidad de Fiscal de la Contraloría General de la República, órgano de control con RUT N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., RUT N°RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado y don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Fundamenta su pretensión en el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la ejecución de vías de hecho destinadas a ingresar forzosamente al inmueble fiscal denominado Centro Vacacional CGR Pelancura, ubicado en nombre reservado s/n, sector Pelancura, comuna de San Antonio. Expone que la Contraloría posee y ocupa dicho recinto, de aproximadamente 21.000 metros cuadrados, mediante dos títulos: el primero, el "sector Cabañas", destinado por el Decreto N°1.436 de 1968 (derogado y sustituido por el Decreto N°2.000 de 1970) del Ministerio de Tierras y Colonización; y el segundo, el "sector Cancha-Bosque", obtenido por donación en 1971 e inscrito a fojas 10 N°10 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio de ese mismo año.

En cuanto a los hechos, refiere que el 22 de enero de 2026, don nombre reservado, actuando como topógrafo de la recurrida, solicitó autorización para ingresar al recinto con el fin de realizar trazados asociados al desalojo de la "Mega toma de San Antonio" (Rol 1.972- 2023), acceso que le fue denegado por el administrador del centro, don nombre reservado. No obstante, denuncia que el 23 de enero de 2026, personal de la inmobiliaria y contratistas intentaron materializar el ingreso para ejecutar zanjas e instalar cercos, lo que afectaría una superficie de 2.000 metros cuadrados, inhabilitando el acceso a las cabañas 8, 9 y 10, la multicancha y parte de la cabaña 7. Subraya la gravedad de la acción debido a que el trazado proyectado pasaba sobre una bombona de gas, amenazando la integridad física de 29 ocupantes del recinto. Estima vulneradas las garantías de los numerales 1, 5 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

A folio 11, evacúa el informe requerido el abogado Diego Ignacio Pereira-Fonfach Martínez, en representación de Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. En su escrito, contextualiza que su representada es dueña de los predios "Hijuela Llo-Lleo" y "Parcela Catorce", los cuales desde octubre de 2019 fueron objeto de una ocupación ilegal, violenta y clandestina denominada "Mega toma del Cerro Centinela". Refiere que, tras un prolongado proceso judicial (Rol 1972-2023), la Corte Suprema ordenó el desalojo total del inmueble, proceso que se ha ejecutado bajo la coordinación de mesas de trabajo integradas por el SERVIU, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros de Chile. Justifica el actuar de la recurrida señalando que, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional y en virtud de la Resolución Exenta N°15.136 del MINVU que ordenó una expropiación parcial del terreno, se procedió a contratar a la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA para ejecutar el cierre perimetral de la propiedad restituida.

En lo relativo a la justificación técnica, sostiene que el topógrafo don nombre reservado, basándose en la cartografía oficial del MINVU, detectó una superposición de terrenos de aproximadamente 2.000 m² en relación con el deslinde del centro recreacional de la Contraloría. Afirma que el profesional se limitó a solicitar autorización vía correo electrónico el 22 de enero para "instalar un punto geodésico de base" con el fin de otorgar certeza técnica al cierre perimetral, negando tajantemente la ejecución de actos violentos, amenazas a la integridad física de los ocupantes o ingresos forzosos. Argumenta que el operativo se realizó bajo el amparo de la fuerza pública y que el 30 de enero de 2026 se suscribió el acta de restitución del predio, dejando constancia de la controversia técnica sobre los límites prediales. Finalmente, asevera que no existe arbitrariedad ni ilegalidad, puesto que su actuar constituye el cumplimiento de un fallo judicial y la clarificación de deslindes en un proceso expropiatorio estatal, concluyendo que la disputa debe ser resuelta en un juicio civil ordinario de lato conocimiento y no por la vía cautelar del recurso de protección, por lo que solicita su rechazo con costas.

A folio 13, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un arbitrio de naturaleza cautelar, destinado a brindar amparo inmediato y eficaz a quienes, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que la propia norma taxativamente señala, mediante la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO: Que la controversia jurídica sometida al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si las actuaciones materiales denunciadas por la recurrente —consistentes en el ingreso no autorizado al Centro Vacacional CGR Pelancura, la remoción de terrenos mediante maquinaria pesada y la alteración de cercos perimetrales históricos— constituyen vías de hecho ilegales y arbitrarias que vulneran el legítimo ejercicio del derecho de propiedad, la inviolabilidad del hogar y la integridad física y psíquica de las personas que se encontraban en el recinto. En contraposición, corresponde analizar si dicho actuar, tal como sostiene la recurrida, se justifica como una gestión técnica necesaria y legítima en el contexto de la ejecución de un plan de desalojo ordenado por sentencia judicial y bajo el marco de un proceso expropiatorio del MINVU, o si, por el contrario, tales acciones importan una manifestación de autotutela proscrita por nuestro ordenamiento jurídico, al pretender modificar por la fuerza una situación de tenencia material consolidada, bajo el pretexto de una supuesta superposición de títulos o deslindes que no ha sido declarada judicialmente por la vía que corresponde.

TERCERO: Que constituye un presupuesto básico para la procedencia de la acción de protección la existencia de un derecho indubitado y preexistente en favor de quien recurre. En la especie, tal exigencia aparece plenamente satisfecha mediante los antecedentes documentales acompañados a folio 1, consistentes en copia autorizada de la inscripción de dominio de fojas 10 N°10 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio del año 1971, que da cuenta de la adquisición por donación efectuada por los señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en favor del Fisco de Chile, destinada a la Contraloría General de la República. Dicha titularidad se ve reforzada por los Decretos N°1.436 de 1968 y N°2.000 de 1970 del Ministerio de Tierras y Colonización, que destinaron el inmueble específicamente para fines recreacionales del personal del órgano contralor. Sobre este punto, es necesario destacar que no existe discusión alguna respecto de la titularidad del dominio ni sobre el destino institucional y vacacional del predio, el cual ha sido poseído pacíficamente por la recurrente por más de medio siglo.

Lo anterior adquiere una dimensión crítica al observar que la propia recurrida, en su informe de folio 11, reconoce expresamente el dominio de la Contraloría General de la República sobre sus predios. Sin embargo, resulta jurídicamente contradictorio que, sobre la base de este reconocimiento, la inmobiliaria pretenda plantear cuestionamientos de fondo a los deslindes históricos apoyándose únicamente en mensuras y trazados técnicos particulares o interpretaciones de planes de terceros. Al ejecutar actos materiales de intervención amparándose en tales mediciones unilaterales, la recurrida no solo ha desconocido la estabilidad de la posesión fiscal, sino que ha afectado de manera directa el ejercicio del derecho de propiedad de la Contraloría y, fundamentalmente, la seguridad y tranquilidad de su personal y familias que hacían uso del recinto. Al actuar de esta manera para imponer su propia visión técnica sobre el terreno, la recurrida ha perturbado un derecho que este Tribunal califica como indubitado, cierto y plenamente amparable por esta vía cautelar.

CUARTO: Que, respecto a la existencia de los hechos, del examen de los antecedentes acompañados, en particular las fotografías adjuntas al libelo de protección y aquellas presentadas a folio 14, se constata la irrupción de maquinaria pesada —específicamente excavadoras y camiones de la contratista Minera y Constructoras Río Grande SpA— los cuales realizaron remoción de terrenos, trazado de zanjas e instalación de postes al interior del recinto de la recurrente, alterando el entorno de las cabañas y aproximándose de forma negligente a la infraestructura de gas, lo que constituye una perturbación fáctica indubitada.

QUINTO: Que, en el ámbito jurídico, la noción de vías de hecho se asocia a la ejecución material de actos de autotutela destinados a imponer una pretensión o alterar una situación de hecho preexistente prescindiendo de los cauces legales. En la especie, tal figura se configura nítidamente mediante la alteración unilateral de la situación de tenencia material y pacífica que la Contraloría General de la República ha detentado por más de cincuenta años, acto que aparece plenamente acreditado con el mérito de las fotografías y antecedentes de folio 1 y 14 ya referidos. La proscripción de estas conductas constituye un principio fundamental del Estado de Derecho, el cual no admite que los particulares modifiquen por la fuerza una situación de hecho consolidada —incluso bajo la convicción de asistirles un derecho legítimo derivado de mensuras o planos particulares—, toda vez que cualquier controversia sobre deslindes debe ser ventilada mediante las acciones legales que correspondan ante la judicatura ordinaria, resultando el actuar de la recurrida arbitrario al carecer de un título ejecutivo o mandato judicial específico que la habilitara para intervenir materialmente el predio fiscal y desplazar los cercos históricos.

SEXTO: Que, asimismo, corresponde precisar que lo decidido por esta Corte en la causa Rol 1972-2023, y confirmado por la Corte Suprema, no faculta a la recurrida para ejecutar actos materiales respecto de terceros que no fueron parte en dicho litigio. En virtud del principio del efecto relativo de las sentencias, el mandato de restitución y desalojo que de aquel emana se limita estrictamente a los sujetos y predios que fueron objeto de la litis, sin que pueda pretenderse su extensión para realizar deslindes de forma unilateral o alterar la posesión de propietarios colindantes ajenos a dicho conflicto. En este sentido, cualquier cuestión relativa a una supuesta superposición de terrenos no puede ser resuelta mediante la ejecución de vías de hecho en perjuicio de un titular de dominio respecto de quien no se han ejercido las acciones legales pertinentes ni ha mediado un pronunciamiento judicial que lo obligue, debiendo tales discrepancias técnicas ser sometidas a los procedimientos civiles ordinarios que el ordenamiento jurídico franquea.

SÉPTIMO: Que, en lo relativo al cumplimiento del mandato preventivo de esta Corte, los antecedentes invocados por la recurrente a folio 14 dan cuenta de que los efectos y alcances de la orden de no innovar decretada con fecha 27 de enero de 2026 no habrían sido efectivamente cumplidos por la recurrida. Atendida la naturaleza de tales antecedentes, que informan la prosecución de actos materiales con posterioridad a la notificación de la referida medida, corresponde remitir copia de los mismos al Ministerio Público para que dicho organismo desarrolle la investigación pertinente por el eventual delito de desacato, sin que sea esta la instancia para emitir un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal que pudiere derivar de tales hechos.

OCTAVO: Que, de lo razonado precedentemente, se desprende que los hechos acreditados en autos constituyen un acto ilegal y arbitrario que ha perturbado el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, así como la garantía de integridad física y psíquica protegida en el numeral primero del mismo precepto, respecto de quienes se encontraban en el inmueble fiscal. Al concurrir en la especie los presupuestos que habilitan la procedencia de la acción cautelar en estudio, esto es, la existencia de un derecho indubitado y una perturbación provocada por un actuar al margen de los procedimientos legales, el recurso en análisis será acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge la acción de protección deducida en favor de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en contra de INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN ANTONIO S.A., y en consecuencia, se declaran ilegales y arbitrarias las actuaciones de la recurrida consistentes en el ingreso e intervención material del Centro Vacacional CGR Pelancura, disponiéndose las siguientes medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho: 1. El cese inmediato de toda obra, movimiento de tierra, excavación, trazado de zanjas o cualquier tipo de intervención física en los inmuebles que conforman el "Centro Vacacional CGR Pelancura", debiendo la recurrida abstenerse de realizar actos que turben la posesión de la recurrente. 2. La prohibición de ingreso de personal, contratistas o maquinaria de la recurrida a los terrenos actualmente ocupados por la recurrente, sin autorización de aquella y sin perjuicio de las acciones ordinarias que las partes estimen ejercer en amparo de sus derechos. 3. La reposición del inmueble al estado material en que se encontraba con anterioridad a la perturbación denunciada, a exclusivo costo de la recurrida, lo que incluye el retiro de cercos instalados unilateralmente y el relleno de zanjas, debiendo esta última subsanar y reparar cualquier alteración realizada en el predio fiscal. 4. Remítanse testimonios de los antecedentes al Ministerio Público, especialmente lo informado a folio 14 por la recurrente para la investigación del posible incumplimiento de la orden de no innovar decretada por esta Corte el 27 de enero de 2026.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Pedro García Muñoz.

N°Protección-713-2026.

No firma el Ministro Suplente Sr. Torres, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa por haber cesado su suplencia en esta Corte.