nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, Piero Palazzo Hauptli, abogado, deduce acción de protección en favor de doña nombre reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, comunicado mediante correo electrónico de 17 de octubre de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó ante AFP Habitat, mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica.

Señala que, el 17 de octubre de 2025, fue notificada mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud, indicándose que no se habían cumplido los requisitos señalados en las letras a) y b) del número 1 de la normativa, específicamente: que debía acompañarse los documentos originales presentados; que respecto de su calidad de abogada debía acompañarse copia completa del título anverso y reverso; y que debía acreditar su afiliación a un régimen de previsión extranjero mediante certificado emitido por la entidad de seguridad social debidamente legalizado en el país de origen mediante apostilla.

Indica que, al momento de realizar la solicitud, la protegida acompañó los documentos requeridos por la recurrida, esto es: cédula de identidad, contrato de trabajo con cláusula manifestando voluntad de permanecer afiliada a la seguridad social de su país de origen, título profesional, constancia de afiliación al sistema de seguridad social de Venezuela y certificado de no nacionalizado.

Alega que, en el examen de admisibilidad, la recurrida no tuvo observaciones respecto de la calidad profesional de la accionante ni del régimen de seguridad social apostillado, según consta en comunicación electrónica, no obstante posteriormente fundamentó su rechazo en dichos documentos, lo que considera incongruente y generador de indefensión.

Sostiene que, respecto a la constancia de afiliación, acompañó constancia electrónica de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual puede ser verificada en línea en la página oficial del seguro social venezolano mediante el código de verificación correspondiente, además de la constancia emitida por el Consulado de Venezuela en Chile de 15 de noviembre de 2022 y una declaración jurada notarial que explica los pasos para verificar la afiliación.

Argumenta que, la constancia electrónica es expedida por la autoridad venezolana competente y puede ser verificable empleando medios electrónicos a través del dominio web del IVSS, ingresando el código de verificación o el número de cédula de identidad venezolana, acreditándose que la protegida se encuentra afiliada desde el 4 de julio de 2016, con 54 semanas cotizadas.

Asevera que, la recurrida omitió verificar la afiliación a través de los medios electrónicos disponibles, limitándose a rechazar señalando que el certificado no se encuentra legalizado o apostillado, siendo que de la simple lectura del artículo 1 de la Ley N° 18.156 no se impone dicha carga a los peticionarios.

Refiere que, tanto la constancia electrónica como la emitida por el Consulado coinciden en datos relativos a fecha de afiliación, prestaciones y semanas cotizadas, evidenciando que la protegida se ha encontrado cubierta por las prestaciones mínimas requeridas en el artículo 1 de la Ley N° 18.156, esto es, enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Aduce que, la situación política de Venezuela y el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile configuran una imposibilidad material de obtener documentación apostillada, constituyendo un caso fortuito o fuerza mayor.

Agrega que, la conducta de la recurrida constituye una discriminación respecto de otros peticionarios de la misma nacionalidad que, encontrándose en situación jurídica análoga, han obtenido la devolución de sus fondos de pensión.

Menciona que, una interpretación excesivamente literal de la norma levanta una barrera imposible de superar, vulnerando el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 y el derecho de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando que se tenga por interpuesto el recurso de protección, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, sostiene que, la señora nombre reservado no registra presentaciones ante dicho organismo respecto de solicitudes de devolución de fondos invocando la Ley N° 18.156.

Señala que, la Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de fondos previsionales, siendo una norma de excepción que debe interpretarse en forma restrictiva y aplicarse solo cuando se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Indica que, para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley, la jurisprudencia de dicho servicio ha exigido que el trabajador extranjero demuestre que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile.

Alega que, el documento acompañado por la recurrente, correspondiente a la constancia de afiliación N° 4857 emitida por el Consulado de Venezuela en Chile el 15 de noviembre de 2022, se encontraba vencido a la fecha de presentación de la solicitud, por cuanto estos certificados son emitidos con vigencia de 120 días, habiendo expirado en marzo de 2023.

Argumenta que, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS no es útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional, pues no da cuenta de que la trabajadora haya contado con cobertura efectiva y a todo evento durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile, además de no encontrarse apostillada o legalizada.

Finalmente pide que se tenga por cumplido lo ordenado, informando que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada que permitan concluir que la recurrente cumple con las exigencias de la Ley N°18.156.

A folio 6, evacúa informe Roberto Felipe Díaz Bravo, abogado, por la recurrida AFP Habitat S.A. Sostiene que, el recurso de protección es inaplicable en este caso, por cuanto constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos.

Señala que, la recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal, sino que pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio está claramente definido en el ordenamiento jurídico de manera distinta a lo pretendido, imponiéndole el cumplimiento de requisitos claros y objetivos que no acredita haber cumplido.

Indica que, el 7 de octubre de 2025 la afiliada presentó solicitud de devolución de fondos a técnicos extranjeros conforme a la Ley N° 18.156, acompañando copia de cédula de identidad, copia incompleta de título de Abogado, copias de contrato y anexo de contrato de trabajo, certificado de la Embajada de Venezuela de 15 de noviembre de 2022, constancia electrónica de cotizaciones del IVSS de 7 de octubre de 2025 sin legalización, y declaración jurada ante notario de 19 de agosto de 2025.

Alega que, el 13 de octubre de 2025 la Fiscalía de la Administradora emitió el informe legal FDE N° 796/2025, señalando que no se cumplieron los requisitos establecidos en las letras a) y b) del número 1 de la normativa, por cuanto se acompañaron fotocopias sin la legalización correspondiente, copia incompleta del título profesional, y respecto a la cobertura previsional se acompañó certificado del IVSS sin legalización, declaración jurada no contemplada en la normativa, y certificado de la Embajada vencido.

Sostiene que, la normativa previsional obliga a la Administradora a exigir la presentación de documentación debidamente legalizada, sin la cual no puede dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales.

Argumenta que, la Ley N°18.156 constituye una norma especial y de excepción que debe interpretarse restrictivamente, estableciendo requisitos copulativos para la devolución de fondos, entre ellos que el técnico extranjero acredite su afiliación a un régimen de previsión extranjero mediante certificación debidamente legalizada o apostillada.

Refiere que, la verificación en línea del documento en la página del IVSS que pretende la recurrente no es el mecanismo de validación establecido en la legislación respecto de documentos emitidos en el extranjero que se hacen valer en Chile, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Aduce que, no es efectivo que exista imposibilidad absoluta de obtener la documentación necesaria, puesto que el IVSS sí emite certificaciones que deben presentarse apostilladas, y los afiliados venezolanos que han obtenido aprobación de su devolución de fondos han presentado la constancia del IVSS debidamente legalizada con apostilla validada.

Finalmente pide que se rechace en todas sus partes el recurso deducido, con expresa condena en costas.

A folio 7, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, comunicado por AFP Habitat S.A. mediante correo electrónico de fecha 17 de octubre de 2025, pretendiendo la recurrente que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se emita nuevo pronunciamiento conforme a derecho y se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Tercero: Que, la recurrida informa, en síntesis, que la afiliada presentó solicitud de devolución de fondos de 7 de octubre de 2025, siendo rechazada por no cumplir los requisitos legales, específicamente por acompañar documentación incompleta y sin la debida legalización o apostilla. Sostiene que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción que exige requisitos copulativos, entre ellos acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero mediante certificación debidamente legalizada, lo que no fue satisfecho. La Superintendencia de Pensiones en su informe complementario da cuenta que la constancia electrónica del IVSS sin apostilla no es útil para acreditar la cobertura previsional exigida, y que la constancia consular acompañada se encontraba vencida.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N°18.156, establece que "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estar exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos í de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, lo solicitado por la recurrente fue rechazado por no incorporarse el certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para que tal tenga valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, del análisis del certificado del emitido por el IVSS, se corrobora que este no fue debidamente legalizado ni apostillado al efecto, además cuya vigencia se encuentra expirada. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. En cuanto a la declaración jurada ante notario tampoco permite cumplir con lo exigido por el ordenamiento.

Séptimo: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Habitat S.A., puesto tan solo ha requerido del cumplimiento de la norma vigente para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7114-2025.

En Valparaíso, tres de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.