nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de febrero de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece doña nombre reservado quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal al comunicar que su nombramiento a contrata no sería prorrogado para el año 2025, lo que infringe las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que mediante Decreto Alcaldicio N°2210, de 13 de noviembre de 2024, se dispuso su contratación con carácter transitorio entre el 1 de enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025. Añade que por Decreto Alcaldicio N°821, de 29 de abril de 2024, se dispuso su vinculación con la recurrida a contrata, como funcionaria transitoria de la municipalidad, cargo profesional, desde el 1 de mayo a 31 de diciembre de 2024. Anteriormente, indica que se desempeñó a honorarios desde el 15 de abril de 2021 al 30 de abril de 2024, de forma ininterrumpida.

Refiere que mediante correo electrónico tomó conocimiento de una carta suscrita por doña nombre reservado, quien firma como Encargada del Departamento de Gestión de Personal, que su nombramiento no sería prorrogado para el año 2025.

Sostiene que la referida actuación es ilegal, por cuanto si la administración hubiera querido dejar sin efecto la prórroga de la contrata, debió dictar un acto en contrario. Por otra parte, acusa que la comunicación de la no prórroga de su contrata carece de motivación y no indica las razones por las que fue dictada.

Advierte que el correo electrónico y la comunicación fueron suscritos por doña nombre reservado en su calidad de Encargada del Departamento de Gestión de Personal, no constando la instrucción dela Alcaldesa Titular, de manera que aquello constituye un acto de remoción, siendo dicha encargada absolutamente incompetente para practicar tal acto.

Afirma que se infringen las reglas de publicidad y ejecutividad de los actos administrativos, ya que las reglas de la Ley 19.880 no contemplan la notificación por correo electrónico y además, argumenta que se ha infringido el deber de actuación coherente y la doctrina de los actos propios, todo ello con infracción a sus garantías fundamentales.

Solicita que se acoja el recurso y se ordene el restablecimiento del imperio del derecho, dejando sin efecto la comunicación de no prórroga de su contrata, reincorporándola a sus funciones, con el pago de las remuneraciones correspondientes por el tiempo en que se hubiere encontrado separada de ellas, dictando el acto administrativo de reincorporación, con costas.

A folio 13, evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Expone que se persigue declarar que la desvinculación es irregular, lo que no corresponde ser dilucidado por medio de la presente acción cautelar.

Señala que los funcionarios a contrata tienen un vínculo de carácter transitorio, con duración máxima hasta el 31 de diciembre de cada año y cesan por el solo ministerio de la ley. Asimismo, existe una limitación, consistente en que el gasto anual en personal no podrá exceder del 42% de los ingresos propios percibidos en el año anterior.

En relación con el Decreto Alcaldicio N° 2210, de 2024, que prorrogaba la contrata de la recurrente hasta el 31 de diciembre de 2025, sostiene que dicho acto fue revocado mediante el Decreto Alcaldicio N° 574, de fecha 27 de noviembre de 2024, argumentando que al momento de dictarse la prórroga no se contaba con la aprobación del presupuesto municipal para el año 2025, no pudiendo dejarse constancia el cumplimiento al límite dispuesto en el artículo 2 de la Ley 18.883. Aquello le fue comunicado el 29 de noviembre de 2024, expirando la contrata por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre pasado.

Precisa que la revocación de la prórroga de la contrata quedó establecida en el Decreto Alcaldicio N° 574, de 2024 y que la comunicación enviada por la Encargada del Departamento de Gestión de Personal tenía como único propósito informar una decisión ya adoptada por la administración. Alega que el hecho de que la recurrente haya sido notificada mediante correo electrónico no implica una vulneración a sus derechos, ya que el Estatuto Administrativo no establece una formalidad específica para la comunicación de la no renovación de contratas.

Manifiesta que el acto se encuentra motivado, resultando irrelevante la persona y el modo en que comunicó el acto, ya que podría incluso resolver no poner en conocimiento del funcionario tal decisión, advirtiendo que en estos casos no se aplica el principio de confianza legítima y la contrata termina al llegar el plazo respectivo.

Finaliza insistiendo que a la recurrente no le asiste el principio de confianza legítima y que comunicó su decisión de no renovar, no estando obligada para ello, existiendo el acto revocatorio que dispuso dejar sin efecto la primera comunicación, no siendo posible sostener que haya incurrido en una conducta ilegal.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar se impugna la decisión de no renovar la contrata de la recurrente para el año 2025, porque tal decisión habría sido tomada por persona no facultada al efecto y sin considerar que mediante decreto Alcaldicio N° 2210, de 13 de noviembre de 2024, ésta ya había sido prorrogada para el año 2025.

Tercero: Que, para los efectos de resolver el recurso cabe tener presente que:

a.- Mediante decreto N° 821, de 29 de abril de 2024, se contrató a doña nombre reservado, en el carácter de funcionaria transitoria, de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, en el cargo Profesional Grado 9° E.M., desde el 1° de mayo de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o mientras sus servicios sean necesarios, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Departamento de Desarrollo Comunal. Firma don nombre reservado. (Folio N°1, documento N°4).

b.- Mediante decreto Alcaldicio N°2210, de 13 de noviembre de 2024, se contrató en calidad de funcionario transitorio de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a doña nombre reservado, como profesional, grado 9° EM, Dirección del Tránsito y Transporte Público, desde el 1° de enero del 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025. Se deja constancia que la contratación no sobrepasa el máximo establecido en el artículo 2° de la Ley N°18.883, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante oficio circular N° 3.991 de 1995, de la Contraloría Regional de Valparaíso. Firma don nombre reservado. No existe limitación a la necesidad de los servicios. (Folio N°1, documento N°1)

c.- Que, mediante decreto Exento N° 574, de 27 de noviembre de 2024, dictado por doña nombre reservado, Alcaldesa de Valparaíso, se revocó el decreto Alcaldicio N°2210, de 13 de noviembre de 2024. Al efecto tiene en consideración que el artículo 2° de la Ley N° 18.883 señala que, en su conjunto, las contratas no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal, el que debe calcularse, de acuerdo a lo dispuesto por la Contraloría general de la República, debe calcularse sobre el presupuesto asignado a la planta municipal para cada año por concepto de remuneraciones; y que a la fecha de dictación del decreto N° 2210, este no se había aprobado por el Concejo Municipal. (folio N° 9, documento N° 3)

d.- Mediante carta de 29 de noviembre de 2024, firmada por doña nombre reservado, encargada del Departamento de Gestión de Personal, se le informa al recurrente que, conforme a lo autoriza el artículo 2° de la Ley N° 18.883, su nombramiento a contrata no será prorrogado para el año 2025. (Folio N°1, documentos N°s 2 y 3).

Cuarto: Que, en primer lugar, resulta necesario explicitar que, de acuerdo con lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, en los antecedentes 20.476-2024, de conformidad a la fecha de ingreso de la recurrente a prestar servicios, en calidad de contrata, a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, a su respecto no concurre la institución de la confianza debida. Lo que determina que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 18.883, la contrata que la recurrente sirvió durante el año 2024, salvo renovación expresa, se extinguió, por el solo ministerio de la ley.

Quinto: Que, por otro lado, la renovación de la contrata mediante el decreto N°2210, de 13 de noviembre de 2024, fundamento del recurso, no es tal porque fue dejada sin efecto, por el decreto Alcaldicio N° 574, de 27 de noviembre de 2024, de cuyos efectos se puso conocimiento a la recurrente mediante correo electrónico y antes de que el decreto revocado surtiere efectos. Esta actuación está prevista por la legislación en el artículo 61 de la Ley N° 19.880, fue debidamente fundada y no incurre en las prohibiciones previstas en la norma citada. En efecto, los funcionarios públicos carecen de propiedad sobre los cargos que sirven, máxime si el cometido es dejado sin efecto antes de que se materialice.

Sexto: Que, por último, ante la oposición de la Municipalidad de reintegrar a la recurrente y la falta de claridad respecto de los derechos que invoca, cobran relevancia los procedimientos establecidos en el artículo 156 de la Ley N° 18.883; 151 del D.F.L. N°1, publicado en el Diario Oficial el 26 de julio de 2006, del Ministerio del Interior que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695; y de tutela laboral, previsto en el Código del Trabajo, en resguardo de sus derechos. En efecto, la naturaleza cautelar del recurso de protección y las medidas de urgencia, en esencia revocables, que esta Corte está facultada a adoptar, determinan que, ante la inexistencia de un derecho indubitado, este se discuta en sede ordinaria.

Séptimo: Que, de conformidad a lo expuesto, se concluye que la decisión recurrida se encuentra suficientemente fundada y ha sido tomada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones legales, no siendo arbitraria, esto es, carente de razón o por el mero capricho de la jefatura correspondiente, motivos suficientes para desestimar el presente arbitrio, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Valparaíso.

Acordada con el voto en contra del Ministro (s) señor Núñez, quien estuvo por acoger el recurso de protección teniendo en consideración:

1° Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley N° 19.880,las decisiones escritas adoptadas por la Administración deben expresarse mediante actos administrativos, entendiendo por tales aquellas decisiones formales que contienen declaraciones de voluntad emitidas en el ejercicio de una potestad pública. Dichos actos deben ajustarse a las formas establecidas en la ley, lo que en el caso de los municipios incluye la adopción de decretos alcaldicios, según lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2° Que, de los antecedentes acompañados, consta que con fecha 13 de noviembre de 2024, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 2210, que prorrogó la contrata con la recurrente, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Sin embargo, por carta de 29 de noviembre de 2024, se informó a la funcionaria que su contrata no sería renovada para el año 2025.

3° Que, un primer aspecto que debe ser abordado es la aptitud de la referida carta para dejar sin efecto un Decreto Alcaldicio legalmente emitido y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61de la Ley N° 19.880, aplicable en la especie, la respuesta deberá ser negativa desde que sólo por otro acto de la autoridad de la cual emanó, podría producirse tal efecto.

4° Que, en estas condiciones, no puede entenderse que el Decreto Alcaldicio N° 2210, haya perdido vigencia y, en consecuencia, la contrata prorrogada por dicho instrumento se mantiene en vigor.

5° Que, no es óbice para decidir del modo antes dicho, la dictación del Decreto Alcaldicio N° 574, de 27 de noviembre de 2024,que decidió dejar sin efecto el N° 2210 anterior, resolviendo en este caso, no prorrogar la contrata, desde que dicho acto administrativo terminal nunca fue notificado a la recurrente, dentro del plazo legal.

6° Que, conforme a lo razonado, se ha producido una vulneración a lo previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, que exigen que los órganos del Estado actúen dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, cuyo no es el caso.

Regístrese, notifíquese y comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Droppelmann.

No sujeta a anonimización.

N°Protección-7104-2024.

Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente Sr. Germán Manuel Núñez Romero, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber cesado en sus funciones en esta Iltma. Corte de Apelaciones.