nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

1° A folio 1, se deduce acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, venezolana, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la comunicación de 6 de octubre de 2025, emitida por la recurrida, en que se le informa el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a la recurrida que se reconozca la validez de la documentación presentada por su parte al efecto, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, ordenando la devolución de los fondos dentro del plazo de 5 días, o el razonable que esta Corte estime.

Funda su arbitrio en que solicitó ante la AFP, mediante portal web, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, a saber, consignadas en los artículos 1° y 7° de la referida Ley, del siguiente tenor:

“Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

- Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Señala que, resolviendo su solicitud, la recurrida dictó la comunicación impugnada, en que niega el retiro de los referidos fondos, bajo fundamento de no haberse acompañado, debidamente legalizado y apostillado, el certificado de afiliación al sistema previsional venezolano. Indica al respecto la imposibilidad de obtener la legalización consular de dicho certificado de afiliación en el Instituto de Previsión Social IVSS como se hacía anteriormente, pues existe una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos, lo que, estima, corresponde a un caso de fuerza mayor; sin perjuicio que la autenticidad del documento puede ser verificada en la página web del servicio aludido.

En este sentido, aduce que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por el legislador para la procedencia del beneficio, el que ha sido rechazado arbitraria e ilegalmente por la recurrida.

2° A folio 4, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Indica que de conformidad al N° 7 del artículo 47, de la Ley N°20.255, el N° 3 del artículo 94 del D.L. N° 3.500, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N° 101 de 1980, corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, de manera tal que, en ejercicio de dicha facultad legal, es que este Organismo ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la ley N° 18.156, y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal. Al respecto, hace presente que el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N° 18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Conforme con la mencionada normativa y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya, que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, el certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente en su escrito no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado, como exige el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, según se desprende del examen de dicho certificado se ha verificado que no existe constancia alguna de que haya sido apostillado por la autoridad competente venezolana; cuestión que impide que ese documento pueda producir efectos en nuestro país.

3° A folio 5, evacua informe AFP Planvital, solicitando el rechazo del recurso, señalando que, con el objeto de acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, la recurrente acompañó dos documentos: una Declaración Jurada emitida en Chile por la Primera Notaría de La Reina, y una “Constancia Electrónica de Cotizaciones”. Sin embargo, ninguno de estos documentos cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente. En efecto, la letra b) del N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Así, la declaración jurada aludida constituye un documento unilateral, emitido por la propia parte interesada, sin respaldo de una entidad oficial ni cumplimiento de las formalidades exigidas, careciendo de fuerza probatoria necesaria para acreditar el cumplimiento del requisito legal. Por su parte, la Constancia Electrónica de Cotizaciones tampoco satisface las exigencias normativas: carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada y, aun cuando lo estuviera, no acredita cobertura real y efectiva de prestaciones en las contingencias requeridas por la Ley N° 18.156 durante todo el tiempo trabajado en Chile; haciendo presente que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones sobre la materia, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado, y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N° 18.156.

En este sentido, indica que no ha existido acto ilegal o arbitrario de su parte, desde que ha cumplido con toda la normativa y las instrucciones de la superintendencia del ramo sobre la materia.

Finalmente, indica que, ante un rechazo por falta de documentación, el afectado conserva el derecho a subsanar dicha falta y volver a presentar su petición siguiendo el cauce administrativo correspondiente. En el presente caso, la recurrente mantiene incólume la posibilidad de completar los documentos exigidos y solicitar nuevamente la devolución de sus fondos previsionales, una vez que sus antecedentes cumplan con las formalidades legales. Por lo tanto, no se le ha privado, perturbado ni amenazado el legítimo ejercicio de sus derechos, puesto que aún puede obtener el beneficio pretendido si cumple con los requisitos y normativa vigente.

4° A folio 6, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante el presente arbitrio, se ataca de ilegalidad y arbitrariedad la comunicación de 6 de octubre de 2025, emitida por AFP Provida, en que se informa a la actora el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la ley N° 18.156, en su artículo 7°.

Al efecto, cabe destacar que, conforme al artículo 1° de la ley en comentario, es necesario que el trabajador que impetra el beneficio “se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

SEGUNDO: Que, al informar la recurrida, señala que el rechazo de la solicitud se funda en que el certificado de afiliación a un sistema previsional extranjero, en el caso de Venezuela, acompañado por la solicitante, no cumple con los aludidos requisitos, desde que el mismo no expresa las coberturas exigidas por la ley ni la extensión de las mismas, y se agota solamente en la constancia de que el actor se encuentra afiliado a un sistema de seguridad social extranjero, sin mayores detalles; además de encontrarse vencido y carecer de la apostilla procedente para su valor en Chile.

TERCERO: Que, analizados los antecedentes, se puede constatar que el certificado que la actora presentó para el cumplimiento del requisito del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no menciona expresamente el otorgamiento de cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte ni en qué consiste la misma, de modo que el referido no cumple con los requisitos legales para dar lugar a la solicitud de retiro de fondos previsionales impetrada.

CUARTO: Que, por otra parte, se advierte que dicho certificado, aun cuando se considerara suficiente, no cumple con los requisitos formales para su validez que prescriben los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de la Haya sobre Apostilla, desde que, de su solo análisis, se advierte que no se encuentra firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado y legalizado, conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

QUINTO: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley, esto es, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7085-2025.

En Valparaíso, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.