nombre reservado con ASOCIACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

I.C.A. de Valparaíso.

Cgv Valparaíso, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, Ingeniero Industrial, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado mediante acto de 30 de octubre de 2025 la solicitud de retiro de fondos para extranjero presentada conforme a la Ley N° 18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la solicitud cumple íntegramente con los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156 y su modificación por Ley N° 18.726, así como con lo informado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, exigiendo la recurrida una formalidad adicional no contemplada en la normativa especial al rechazar la constancia electrónica de afiliación previsional vigente emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) bajo el argumento de que falta constancia de afiliación apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a los antecedentes fácticos, el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Con fecha 30 de octubre de 2025, el recurrente realizó llamado al número de atención al cliente de AFP Provida, indicándosele que su solicitud no sería aprobada debido a que falta constancia de afiliación vigente la cual debe estar apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Al respecto, el recurrente hace presente que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, lo cual imposibilita la obtención presencial o directa de dicho documento, hecho que es de público conocimiento y constituye una situación objetiva que escapa de la voluntad del recurrente.

No obstante, lo anterior, el recurrente cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el IVSS, la cual es perfectamente verificable en línea mediante el sitio oficial del IVSS, ingresando el código de verificación único que figura en la parte inferior del documento: fc2e97103-20251009. Adicionalmente, el IVSS permite verificación por cédula de identidad, lo cual proporciona un mecanismo adicional de validación de la autenticidad del documento presentado. Esta verificabilidad electrónica, sumada a la legalización consular y ministerial previa, cumple plenamente con los requisitos exigidos por el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile. El recurrente argumenta que negar la validez de esta constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente, generando una afectación directa al derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, el recurrente sostiene que la recurrida ha infringido el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, dándole un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado, han obtenido respuestas favorables, a quien se le ha requerido una formalidad adicional no contemplada en la Ley N° 18.156 ni en su portal oficial, interrumpiendo el proceso de retiro de fondos previsionales aun cuando dio cumplimiento íntegro con lo establecido en la Circular N° 553. Asimismo, vulnera el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental sobre sus ahorros previsionales, los cuales son de su exclusiva propiedad, afectando esencialmente este derecho al rechazar el retiro de fondos cumpliendo todos los requisitos señalados por la normativa especial, restringiendo sus derechos mediante la imposición de requisitos no expresamente señalados, en circunstancias que la administradora de pensiones de su país de origen cubre las prestaciones señaladas en la ley (vejez, muerte, enfermedad e invalidez). El recurrente argumenta que la normativa especial no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino simplemente que se encuentre afiliado y que se pueda acreditar por cualquier medio, como en su caso mediante la simple búsqueda ingresando el código de verificación que arroja la constancia electrónica.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente adjuntó los siguientes documentos: 1) Captura de llamada al call center de PROVIDA en que se informa rechazo; 2) Cédula de identidad para extranjeros; 3) Constancia electrónica de afiliación previsional del país de origen emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales vigente (IVSS); y 4) Título universitario debidamente apostillado.

A folio 5, evacua informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando se rechace en todas sus partes la presente acción de protección, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, subsidiariamente, por cuanto su representada no ha asumido una actitud arbitraria ni ilegal respecto de las garantías constitucionales del recurrente.

Como excepción previa, alega la improcedencia de la acción de protección por no tratarse de una materia propia de una acción cautelar. Sostiene que el recurso de protección fue ideado como un medio pronto y eficaz para prestar inmediato amparo al afectado en situaciones urgentes cuando un derecho o garantía se encuentre privado, perturbado o amenazado, citando jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción que señala que esta acción no es un juicio de lato conocimiento que permita solicitar declaraciones de derechos cuya procedencia se encuentra controvertida. Argumenta que lo pedido por el recurrente —que no es otra cosa que una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones— no se condice con la finalidad del recurso de protección y la excede, pretendiendo discutir en sede cautelar y de emergencia cuestiones que requieren un juicio de lato conocimiento. Concluye que no existe un derecho indubitado sino controvertido, motivo por el cual no puede solucionarse vía recurso de protección.

En cuanto al fondo del asunto, la informante señala que efectivamente AFP Provida rechazó con fecha 30 de octubre de 2025 la solicitud de devolución de fondos del recurrente en su calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156, por cuanto falta constancia de afiliación vigente la cual debe estar apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Argumenta que si bien el recurrente aporta una constancia de cotización sin firma y declaración jurada, estas no pueden ser consideradas, ya que según Oficio N° 5376 emitido por la Superintendencia de Pensiones, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social, sino que debe consignarse en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho de que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Finalmente, sostiene la improcedencia de la acción de protección por no concurrir copulativamente los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política: existencia de un acto u omisión ilegal y arbitraria, agravio consecuente, y que éste se manifieste bajo la forma de privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales. Argumenta que el comportamiento de su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario sino que ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, que al no existir acto ilegal o arbitrario es evidente que el recurrente no ha sufrido agravio alguno, y que en consecuencia tampoco se ha privado, perturbado ni amenazado ninguna garantía constitucional.

Por estas razones, solicita se rechace en todas sus partes el presente recurso de protección con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, subsidiariamente, por cuanto AFP Provida no ha asumido una actitud arbitraria ni ilegal.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Copia de Oficio de la Superintendencia de Pensiones N° 12954-2025 de fecha 17 de julio de 2025, que ratifica el correcto actuar de Provida; 2) Sentencias de la Excelentísima Corte Suprema que rechazan la entrega de fondos previsionales en caso de técnicos extranjeros que no cumplan con la normativa vigente; 3) Sentencias de distintas Ilustrísimas Cortes de Apelaciones del país que rechazan la entrega de fondos previsionales en casos similares; y 4) Copia de personería para actuar en representación de AFP Provida S.A.

A folio 6, evacua informa la Superintendencia de Pensiones. Señala que el recurrente no registra ante ese Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, el informe expone que en la legislación de seguridad social chilena, la regla general en materia previsional está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en el país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad, debiendo entenderse el entero de imposiciones en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios. Señala que la Ley N° 18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicha ley.

Explica que el artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 establece que el trabajador debe encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el artículo 7° del mismo cuerpo legal dispone que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de fondos previsionales siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°. Sostiene que siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece, pudiendo las AFP acceder a las solicitudes únicamente cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos de conformidad a la normativa aplicable y a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Respecto del caso concreto, señala que el recurrente acompañó a su recurso de protección un certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y una declaración jurada suscrita por él. Al respecto, la Superintendencia manifiesta que la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia. Asimismo, sostiene que conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Agrega que dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Por estas razones, la Superintendencia de Pensiones cumple con manifestar que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por el recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la Ley N° 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, solicitando tener por cumplido lo ordenado.

A folio 7, se ordenó traer autos en relación.

Con Lo Relacionado Y Considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, atendido a que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, no indica que en caso de enfermedad el recurrente cuenta con cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias y la Superintendencia exige que la certificación señale expresamente que el trabajador contó con cobertura integral durante toda su permanencia en Chile y también la falta de legalización, ya que dicha constancia carece de apostilla o legalización.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la declaración jurada notarial acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-7061-2025.

En Valparaíso, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.