nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de enero de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, María José Muñoz Olivares, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en los descuentos de $404.881.- efectuados en su remuneración, pese a encontrarse judicializada la deuda, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que, el 11 de marzo de 2021, el recurrente suscribió el pagaré N°001CON102790442 en favor de la recurrida, por la suma de $6.232.646.-, por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento. Agrega que, la obligación debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $173.221.- cada una, venciendo la primera el 31 de mayo de 2021. Refiere que, no pudo hacer frente al pago de las cuotas pactadas constituyéndose en mora a partir de la cuota número 25, con vencimiento el 31 de mayo de 2023.

Indica que, la recurrida interpuso en su contra demanda ejecutiva tramitada con el Rol C-2969-2023 ante el Primer Juzgado de Letras de San Antonio, caratulada: “Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes/nombre reservado”, haciendo uso de la cláusula de aceleración de forma tal que hizo exigible el total de la obligación insoluta, como si fuera de plazo vencido. Agrega que, interpuso dentro del plazo legal, las excepciones de incompetencia, por haber fijado domicilio en Arica en el respectivo pagaré, y, de prescripción del artículo 464 N°1 y 17 del Código de Procedimiento Civil. Hace presente que, se dictó sentencia definitiva, en la cual se acogió la excepción de incompetencia del Tribunal, condenando en costas a la recurrida, quien apeló de dicha resolución respecto de las costas, recurso que se encuentra en tramitación ante esta Corte, con el Rol IC N°3008-2024.

Refiere que, el 1 de agosto de 2024 comenzó a trabajar en la Constructora Salfa S.A., y pese a encontrarse judicializada la deuda, la recurrida de forma ilegal y arbitraria, comenzó a aplicar descuentos en su sueldo, a partir de la liquidación de octubre de 2024, por ítem denominado Préstamo CCAF Los Andes (Cuota morosa Titular), que asciende a $200.544.- Añade que, en la liquidación de noviembre pasado, la recurrida efectúa una nueva deducción de su remuneración, bajo el mismo ítem, por $204.337.- Considera que el actuar de la recurrida reviste un abuso de los preceptos regulados en la Ley N°18.833, descontando una proporción estructural de la remuneración líquida, de manera intempestiva, sin entregar alguna información previa al recurrente y a su actual empleador. Arguye que, los descuentos ilegales en su sueldo configuran un acto de autotutela, puesto que no son oportunos. Añade que, resulta arbitrario que habiendo ejercido la cláusula de aceleración, la recurrida ordene la retención de montos a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial, sin informarle previamente la forma de cálculo del monto ordenado descontar, lo que vulneraría su derecho de propiedad.

Pide que se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del actor y que se le restituyan dichos fondos descontados, así como también los que puedan efectuarse durante la tramitación de la presente acción, con costas.

A folio 7, se concede orden de no innovar.

A folio 9, informa Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, reconociendo la existencia y condiciones del crédito social. Menciona que, las cuotas de mayo de 2021 a marzo de 2023 se pagaron regularmente a través de descuentos efectuados en las remuneraciones de los mismos meses, exceptuando las cuotas de febrero de 2022 y abril de 2023, que fueron diferidas. Agrega que, el recurrente a través de descuento efectuado en su remuneración de octubre y noviembre de 2024, pagó las sumas de $200.544.- y $204.337.-, cuyos montos fueron contabilizados como el pago de las cuotas de mayo y junio de 2023 (25 y 26), en tanto que, las cuotas de julio de 2023 a octubre de 2024 (27 a 42), se encuentran en mora.

Señala que, las cuotas restantes tienen fecha de vencimiento el 30 de noviembre de 2024 y el 30 de junio de 2025. Aduce que, si bien interpuso una demanda en contra de la recurrente, lo hizo por una obligación legal que establece el compendio de normas que regula a las Cajas de Compensación, en la Circular 3567 del 4 de enero de 2021, que las obliga a iniciar el cobro del crédito social judicialmente dentro de 6 meses de mora. Arguye que, la demanda no se encuentra notificada, por lo tanto, no se ha trabado la Litis.

Arguye que, el crédito se encuentra plenamente vigente, es actualmente exigibles y sus acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno. Asevera que, no requiere de una sentencia, ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, puesto que cuentan con normas especiales para su recaudación, conforme con la normativa citada. Afirma que, en tanto el deudor figure como afiliado al sistema de la Caja de Compensación, esta puede informar los descuentos, sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración.

Pide que se rechace la acción.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar, el actor pretende que se ordene a la recurrida que se abstenga de continuar efectuando el cobro del crédito otorgado al recurrente a través de descuentos de sus remuneraciones, como asimismo se proceda a restituir los montos descontados, así como también los que puedan ocasionarse durante la tramitación de la presente acción.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que el crédito se encuentra plenamente vigente, es actualmente exigible y sus acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Cuarto: Que, la atribución que confiere el artículo 22 de la Ley N°18.833 a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, supone una vía distinta al de la cobranza judicial. Por consiguiente, si se opta por esta última, como lo hizo la recurrida al iniciar un juicio ejecutivo en contra del actor, aquella debe estarse a su decisión; resultando improcedente que continúe efectuando una retención directa conforme al artículo ya citado, mecanismo que ya no resulta oportuno al haber judicializado el conflicto.

Quinto: Que, aunado a lo anterior, la aplicación del citado artículo queda circunscrita o condicionada a la mantención de la relación laboral entre el afiliado y un determinado empleador. En tal caso, las Cajas de Compensación disponen de la facultad de someter a cobro una determinada garantía, principalmente el pagaré que subyace al crédito social, como ocurrió en este caso. Sin embargo, la normativa no faculta a dichas instituciones a descontar directamente de las remuneraciones que el trabajador obtiene con motivo de un nuevo contrato de trabajo, encontrándose, por tanto, obligadas a ejercer la vía judicial, lo que justifica acoger el presente arbitrio, en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, y en consecuencia, se ordena a la recurrida cesar inmediatamente los descuentos que se realizan en las remuneraciones del actor, informando a la entidad empleadora de aquello, así como también deberá restituir al actor la totalidad de los descuentos realizados en sus remuneraciones desde agosto de 2024, en un plazo no superior a treinta días hábiles.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7038-2024.