nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Jepv.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por estimar que la decisión comunicada el 22 de octubre de 2025, que rechazó su solicitud de retiro de fondos para extranjero presentada al amparo de la Ley N° 18.156, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales.

Expone que solicitó a la recurrida la devolución de los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual, acompañando, entre otros documentos, constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Señala que, al consultar el estado de su requerimiento, fue informado telefónicamente que éste no sería aprobado por cuanto el documento de seguridad social no sería el requerido, al aludir de manera genérica a las coberturas y no indicar expresamente que contaría con prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad.

Sostiene que dicha objeción desconoce el contenido del propio certificado acompañado, el cual remite al artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana, que contempla protección en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, por lo que sí se cumpliría con las exigencias del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Añade que la constancia electrónica emitida por el IVSS es plenamente verificable en línea mediante el código de validación único que en ella se consigna, de modo que la recurrida pudo comprobar su autenticidad utilizando los mecanismos electrónicos disponibles, sin exigir formalidades adicionales no previstas por el legislador.

Hace presente, además, que si bien la constancia no se encuentra legalizada o apostillada, ello obedece a la circunstancia pública y notoria de que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y sin funciones consulares, lo que hace imposible obtener nuevos documentos con dichas formalidades. Aduce que, pese a ello, cuenta con certificado de afiliación expedido en su oportunidad por el Consulado de Venezuela en Chile y legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como con la constancia electrónica vigente, antecedentes que -a su juicio- satisfacen plenamente las exigencias de la normativa especial.

Afirma que la negativa de la recurrida importa la incorporación de requisitos no contemplados en la Ley N° 18.156, desconoce la situación particular de los nacionales venezolanos y configura una interpretación restrictiva y formalista que termina por impedirle el acceso al beneficio, afectando su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados y su igualdad ante la ley, garantizados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la decisión de 22 de octubre de 2025, se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y, dentro de un plazo razonable, proceder a la devolución de los fondos de pensión solicitados, o adoptar las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del actor.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso. Señala, en síntesis, que la Ley N°18.156 configura un régimen excepcional de interpretación restrictiva, aplicable sólo a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal.

Indica que, según el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste de manera específica que el trabajador ha contado con prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que prestó servicios en Chile. Precisa que la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la declaración jurada acompañadas por el actor no constituyen medios idóneos, por carecer de firma, de legalización o apostilla y de indicación específica de coberturas y períodos, y que la jurisprudencia administrativa y judicial -incluidos los fallos dictados en los roles N° 1431-2025 de esta Corte y N° 17.866-2025 de la Excma. Corte Suprema- ha confirmado la exigencia de tales formalidades, concluyendo que, en estas condiciones, no procede acoger la pretensión de devolución de fondos previsionales.

A folio 7, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso. Expone que el actor presentó su solicitud de devolución de fondos previsionales el 29 de mayo de 2025, acompañando título profesional, declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo, antecedentes que fueron evaluados conforme a la Ley N°18.156 y al Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Refiere que, mediante comunicación de 30 de mayo de 2025, se requirió al recurrente acompañar título debidamente legalizado o apostillado y certificado emitido por la autoridad previsional competente de su país, que acreditara de forma específica cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, advirtiéndose que, en caso de no cumplirse, la solicitud sería rechazada.

Añade que el documento acompañado por el actor, esto es, la denominada Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS, no cumple las exigencias legales, desde que no constituye un certificado de afiliación, carece de firma de la autoridad emisora, no se encuentra apostillado ni legalizado, y no indica las coberturas específicas del trabajador ni el período durante el cual habría tenido protección efectiva, limitándose a reproducir de forma genérica prestaciones del sistema previsional venezolano. Argumenta que la declaración jurada rendida ante notario chileno tampoco es medio idóneo para acreditar cobertura previsional extranjera, por no emanar de la autoridad competente, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que, ante la falta de entrega de la documentación requerida, la solicitud del actor fue rechazada por no cumplir con los requisitos copulativos de la Ley N°18.156 y de la normativa administrativa aplicable, afirmando que la actuación de la Administradora se ajusta plenamente a derecho y no constituye acto ilegal o arbitrario que vulnere garantías constitucionales.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la AFP PROVIDA S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias en relación a la materia debatida:

1.-Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión debidamente acreditada es la de Ingeniero en computación, y que cuenta con residencia definitiva;

2.-Dicha persona extrajera ingresó a prestar servicios para Soletanche Bachy Chile SpA, el 3 de julio de 2018, con un contrato que ha derivado en indefinido;

3.-El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición señalando que la documentación acompañada por la recurrente –constancia electrónica de cotizaciones y declaración jurada- no resulta idónea ni cumple las formalidades exigidas y que, además, el título profesional no se encuentra legalizado o apostillado.

Séptimo: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la AFP Modelo S.A. sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la absoluta equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo a lo relacionado y de acuerdo a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que por lo tanto puede ser considerado un técnico extranjero.

En relación a los restantes requisitos para acceder a la devolución pedida, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del certificado descrito; su falta de autenticidad, como también la de su título profesional, constando que no se acreditó la concurrencia de ninguna de las restantes exigencias.

En efecto, es efectivo que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, no reviste ninguna utilidad en tanto dicho documento sólo señala la fecha de afiliación y deja constancia de la calidad del recurrente como asegurado, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera, por medio de una referencia al derecho extranjero, transcribiendo el artículo 1 de la Ley del Seguro Social de Venezuela, lo que tampoco permite establecer la concurrencia de los requisitos ya referidos, sin perjuicio de recordar aquí que el derecho extranjero debe ser probado en Chile, por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad del recurrente como residente definitivo, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros residentes definitivos, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo, además, presente que a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma el ministro suplente Sr. Germán Manuel Núñez Romero, por haber cesado en su suplencia, no obstante, haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo.

N°Protección-7037-2025.

En Valparaíso, diez de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.