nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

C.A. de Valparaíso Valparaíso, trece de marzo de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se interpone acción de protección en favor de nombre reservado, ex Director de Finanzas, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Esteban, por los actos consistentes en la dictación de Decreto Alcaldicio N° 2598, de 11 de julio de 2023, que impuso al recurrente la sanción administrativa de destitución y el Decreto Alcaldicio N°2854, de 27 de julio de 2023, que rechazó la reposición deducida respecto a esta último, los que considera ilegales, arbitrarios y vulneratorios de sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 Nº 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala en primer término que la acción ha sido interpuesta dentro de plazo, pues agotando la vía administrativa, con fecha 7 de noviembre de 2024 se le notificó Resolución Exenta N°16.893 de la Contraloría Regional de Valparaíso, que rechazó el recurso de reposición interpuesto a su vez en contra de la Resolución Exenta N°4268, que rechazó el recurso de reclamación de legalidad deducido en contra del Decreto Alcaldicio N°2598, de 11 de Julio de 2023 de la Ilustre Municipalidad de San Esteban En cuanto a los hechos explica que, producto de una denuncia efectuada por nombre reservado, ex Jefe del Departamento de Educación Municipal, en razón de una discusión existente entre ambos, mediante Decreto Alcaldicio N°6, de 4 de septiembre de 2019, se instruye una investigación sumaria, en la que fue sobreseído.

Agrega que, en el año 2019 el Sr. nombre reservado es desvinculado de la Municipalidad recurrida, iniciando una acción de tutela laboral, razón por la cual mediante Decreto Alcaldicio N°2486, de 11 de agosto de 2021, se ordenó instruir un sumario administrativo contra el recurrente, formulándose cargos el 8 de agosto de 2022, consistente en “haber atentado contra la dignidad funcionaria del Sr. nombre reservado, al haber ejercido en su contra actos que se calificaron como acoso laboral, por el 1° Juzgado de Letras de los Andes; situación que ha generado pérdidas patrimoniales al municipio”, con infracción al artículo 82 letra m) de la Ley N° 18.883, esto es: “Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el artículo 2° del Código del Trabajo”, y artículo 82 letra l), al constituir esta conducta, un atentado contra la dignidad funcionaria del Sr. nombre reservado.

Refiere que, mediante Decreto Alcaldicio N° 2598, de 11 de julio de 2023, que dispuso su destitución, en su considerando 6° la autoridad tiene por acreditado el hecho y expresamente señala “este solo hecho amerita aplicar la sanción de destitución, pues evidencia una falta grave a la probidad administrativa”, sin embargo, del examen de la formulación de cargos queda en evidencia que al actor no se le imputó ni acusó por una falta grave a la probidad, agregando que en su parte resolutiva solo tiene por infringido el artículo 82 letra l) y m) de la Ley N°18.883, más no el artículo 62 de la Ley N°18.575.

Expresa que, en contra de este decreto interpone recurso de reposición, el cual es rechazado mediante Decreto Alcaldicio N°2854, de 27 de julio de 2023, incurriendo en una ilegalidad, pues agrega como norma vulnerada aquella del artículo 62 N°6 antes citada.

Hace presente que en contra de este último acto interpuso reclamo ante la Contraloría Regional de Valparaíso, el que fue rechazado, como asimismo, el recurso de reposición respectivo.

Alega que ha existido una afectación al debido proceso, pues la copia de expediente le fue entregada faltando 2 días para el término de la prórroga para presentar descargos, existiendo partes ilegibles, impidiendo una correcta defensa, teniendo en consideración que no se le imputó una falta grave a la probidad, pero finalmente se estableció como infringida dicha disposición, sin que formara parte de la imputación. Que, por otra parte, existe un vicio de falta de fundamentación de los cargos y de los actos de término impugnados.

Enseguida alega el decaimiento del acto sancionatorio, pues desde la formulación de cargos hasta la dictación del decreto alcaldicio de término medió aproximadamente 11 meses, y desde la instrucción en calidad de sumario con fecha 11 de agosto de 2021 al 11 de julio de 2023, transcurrieron 23 meses, por lo que la excesiva tardanza en concluir un determinado procedimiento administrativo constituye una circunstancia sobreviniente que debe poner término al mismo.

Añade que se ha infringido el principio non bis in ídem, puesto que en el año 2018 el municipio instruyó una investigación sumaria por los mismos hechos y en el que fue sobreseído.

Alega, asimismo, la prescripción de la medida disciplinaria, pues el hecho que originó el procedimiento tuvo lugar en el mes de agosto de 2018, transcurriendo 4 años, 10 meses y 19 días, hasta la dictación del decreto de término.

Por último, refiere la existencia de una afectación al principio de proporcionalidad de las medidas, pues la recurrida no tomó en consideración que mantenía una irreprochable conducta funcionaria.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, declarando la ilegalidad de las resoluciones por la prescripción de la responsabilidad administrativa del recurrente; en subsidio, por el decaimiento del procedimiento disciplinario; en subsidio, disponer una sanción proporcional por medio de una resolución debidamente motivad; en subsidio, se declare la ilegalidad del procedimiento disciplinario y las afectaciones al debido proceso denunciadas, procediendo sobreseer al inculpado por la imposibilidad material de retrotraer el procedimiento administrativo por el extenso transcurso del tiempo y de sancionar al inculpado, o en su defecto se ordene retrotraer el procedimiento hasta la instancia procesal oportuna, de la formulación de cargos o lo que este Iltm. Tribunal determine; en subsidio, se ordene dejar sin efecto las resoluciones recurridas por alguna de las ilegalidades denunciadas, y absolver al recurrente; y en conjunto con lo anterior, en el evento que se declare que sean dejadas sin efectos los actos administrativos recurridos, se oficie y ordene a la Contraloría General de la República dejar sin efecto las resoluciones que se pronunciaron sobre los actos administrativos recurridos y se ordene el reintegro de las remuneraciones que se dejó de percibir por el tiempo que permaneció ilegalmente destituido y los montos insolutos de la privación de remuneración por la suspensión preventiva de que fue objeto, con costas.

A folio 14, evacúa informe la Ilustre Municipalidad de San Esteban, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Alega en primero término, la extemporaneidad de la acción, fundado en que el último acto emanado de la Municipalidad tuvo lugar hace aproximadamente 1 año y 4 meses y que la resolución de la Contraloría es utilizada por el actor únicamente para computar plazos, sin considerar su contenido de fondo.

Asimismo, alega la falta de legitimación pasiva, fundado en que al agotarse la vía administrativa ante la Contraloría Regional de Valparaíso – órgano que dictó la resolución final (Resolución Exenta Nº 16.893 de 7 de noviembre de 2024) – el recurso debería haberse dirigido contra este órgano y no contra la Municipalidad.

Enseguida informa que el sumario y la sanción de destitución se llevaron a cabo conforme a la normativa, respetando el debido proceso, incluyendo la formulación precisa de cargos, notificaciones, descargos y la admisión de pruebas.

Refiere que el sumario administrativo tuvo su origen en una investigación derivada de una sentencia condenatoria en la causa “RIT T-24-2019”, en la que se determinó la responsabilidad del actor por acoso laboral y agresión física, por lo que, dada la gravedad de los hechos imputados, la medida de destitución es proporcional y justificada en las prohibiciones contenidas en las letras l y m del artículo 82 de la Ley N°18.883.

Aclara que el recurrente solo ha sido sancionado una vez por los hechos investigados, lo que elimina la posibilidad de imponerle una doble sanción por el mismo comportamiento.

Sostiene que la duración del procedimiento se debió a circunstancias excepcionales, tales como la complejidad del sumario, expediente de más de 1.400 fojas y que el municipio estaba en un contexto de desorden administrativo por graves irregularidades en la gestión anterior, lo que obligó a la nueva administración a realizar auditorías internas y externas, enfrentando múltiples juicios administrativos y laborales derivados de la mala gestión anterior.

Indica que la alegación de prescripción debe ser rechazada, pues los hechos ocurrieron en un período prolongado y culminaron en 2021, por otra parte los cargos fueron formulados dentro del plazo legal de 4 años, esto es, en el mes de agosto de 2022, lo que interrumpió la prescripción, alegación, que fue revisada y rechazada por la Contraloría Regional.

A folio 16, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Primero: Que, la Ilustre Municipalidad recurrida alegó la extemporaneidad del recurso, toda vez que los actos impugnados, esto es, los Decretos Alcaldicios N°2598, de 11 de julio de 2023, que impuso al recurrente la sanción administrativa de destitución y el N°2854, de 27 de julio de 2023, que rechazó el recurso de reposición, fueron dictados con anterioridad al plazo de 30 días contemplado en el auto acordado pertinente.

Segundo: Que, según los antecedentes que obran en el recurso, se observa que los actos que se impugnan por esta vía datan de 11 y 23 de julio de 2023 y, habiéndose deducido la presente acción el 7 de diciembre de 2024, vale decir, un año y cuatro meses después, resulta forzoso concluir que el recurso se ha interpuesto de manera extemporánea, al exceder el plazo de treinta días corridos fijados en el auto acordado sobre la materia.

II.- En cuanto a la falta de legitimación pasiva:

Tercero: Que, la recurrida funda su alegación en que el último acto administrativo emanado de su parte data de julio de 2023, tras lo cual el actor interpuso reclamo de ilegalidad ante la Contraloría Regional de la República, el que fue rechazado, mismo resultado que tuvo el recurso de reposición deducido, por lo que la presente acción debió ser incoada en contra del ente Contralor.

Cuarto: Que, para el análisis de tal alegación, se tendrá presente que la aplicación de la medida disciplinaria cuestionada fue adoptada por la Ilustre Municipalidad de San Esteban, lo que permite establecer que aquélla se constituye como el autor o causante del acto u omisión ilegal o arbitraria que habría vulnerado alguna garantía constitucional que por esta vía cautelar se pretende resguardar, motivo por el cual se desestimará esta alegación.

III.- En cuanto al fondo:

Quinto: Que, sin perjuicio de lo expuesto en cuanto la alegación sobre extemporaneidad, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el Decreto Alcaldicio N°2598, de 11 de julio de 2023, que impuso al recurrente la sanción administrativa de destitución y el Decreto Alcaldicio N°2854, de 27 de julio de 2023, que rechazó la reposición deducida respecto a esta última, ambos dictados por la Ilustre Municipalidad de San Esteban.

Séptimo: Que, en primer término, del análisis de los actos impugnados -acompañados en autos- aparece que tanto el Decreto Alcaldicio N°2598 como el Decreto Alcaldicio N°2854, se encuentran suficientemente fundados, desde que en sus considerandos se exponen los fundamentos de la decisión adoptada, detallando la tramitación del sumario, las pruebas rendidas, los hechos que se tuvieron por acreditados, y las infracciones que le permitieron a la entidad edilicia aplicar la sanción en los términos en que lo hizo.

Por lo demás, el Decreto Alcaldicio que dispuso la medida de destitución, expresamente en sus considerandos 6°, 7° y 8° analiza los hechos que contiene la formulación de cargos, mismos que motivaron la sanción de la que se reclama, de manera tal que la incongruencia alegada por el recurrente no es tal.

Octavo: Que, en lo que respecta a la alegación el decaimiento del acto administrativo, la misma debe ser desechada, desde que de los antecedentes aparece que el sumario fue instruido con fecha 11 de agosto de 2021, esto es, seis días después de dictada la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones que se pronunció sobre el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia del 1° Juzgado de Letras de Los Andes. Y, que, con posterioridad tuvo lugar la formulación de cargos, se presentaron los descargos y se rindió la prueba, emitiendo su dictamen el fiscal con la propuesta de sanción que finalmente concluyó con la dictación de los decretos alcaldicios impugnados.

Además, y tal como se argumenta por el órgano recurrido, reiteradamente se ha afirmado que los plazos administrativos, independientemente de la forma en que se hallen establecidos, no son de carácter fatal, razones que llevan a sostener que no corresponde dar lugar a la solicitud de decaimiento formulada por el recurrente.

Noveno: Que, en cuanto a la prescripción alegada, cabe indicar que de conformidad a lo estatuido en los artículos 154 y 155 de la Ley N°18.883, la acción disciplinaria prescribe en el término de cuatro años contados desde el día en que el funcionario hubiese incurrido en la acción u omisión que le da origen, suspendiéndose desde que se formularon cargos en el sumario o investigación.

En la especie, la acción que da origen tuvo lugar el 21 de agosto de 2018 y la formulación de cargos el 8 de agosto de 2022, siendo notificado el 9 de agosto del mismo año, por lo que dicha alegación deberá ser desechada, por no haberse cumplido el plazo de cuatro años antes referido.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, del análisis de los antecedentes, se verifica que existió un procedimiento legalmente tramitado de conformidad a lo establecido en la Ley 18.883, llevado ante un fiscal nombrado para tal efecto, el cual se encuentra afinado, donde se tomó declaración al sumariado y a testigos, hubo formulación de cargos, descargos, propuesta de sanción, entre otros múltiples trámites, por lo que el actor pudo ejercer efectivamente su derecho de defensa, recurriendo, incluso ante la Contraloría Regional, la que desechó su reclamo, todo lo cual permite concluir que no existió un actuar ilegal o arbitrario de parte de la Municipalidad.

Undécimo: Que, por lo demás, no se advierte vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, desde que los actos impugnados han sido dictados por la autoridad competente, dentro de sus facultades legales, de manera tal que no existe acto ilegal o arbitrario que haga procedente acoger la acción cautelar deducida.

Por su parte, la garantía del debido proceso que invoca el actor, contenida en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política de la República, no es de aquellas que se encuentran protegidas por el artículo 20, norma que, al hacer mención del numeral 3° del referido artículo 19, concede la acción de protección frente a vulneraciones al derecho a un juez natural, sin que el actor haya denunciado algún hecho que se relacione con la citada garantía.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se declara I. Que, se acoge la alegación de extemporaneidad.

II. Que, se rechaza la alegación de falta de legitimación pasiva.

III. Que, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de San Esteban.

Se previene que la Ministra Sra. Donoso, no comparte el párrafo primero del considerando undécimo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

N°Protección-7033-2024.

En Valparaíso, trece de marzo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.