nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diecisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien deduce acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros, formulada al amparo de la Ley N° 18.156.

Expone que el actor solicitó, a través del portal web de la administradora recurrida, la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, acompañando antecedentes destinados a acreditar su calidad de profesional extranjero, su afiliación a un régimen de seguridad social en su país de origen -Instituto Venezolano de los Seguros Sociales- y su voluntad de mantener dicha afiliación.

Señala que la solicitud fue rechazada por estimarse insuficiente la documentación acompañada, indicándose que debía presentarse una constancia o certificado de afiliación vigente, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, además de consignar de manera específica la cobertura previsional durante el período de prestación de servicios en Chile.

Reclama que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, por cuanto se le exige un documento apostillado o legalizado, en circunstancias que dicho requisito no se encuentra expresamente contemplado en la Ley N° 18.156. Añade que se habría descartado la validez del documento electrónico acompañado, pese a emanar de la autoridad venezolana competente, contener un código de verificación electrónica y ser comprobable en el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Estima que el obrar de la Administradora es excesivamente formalista, al incorporar exigencias no previstas por el legislador y rechazar con ello su petición, en circunstancias que se encuentra afiliado a un régimen previsional extranjero que le otorga cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y habiendo manifestado mediante anexo de contrato su voluntad de mantener dicha afiliación, todo lo cual -a su juicio- vulnera su derecho de propiedad, al impedírsele disponer de sus fondos, y su derecho a la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 5, informa doña Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene, en primer término, que la acción de protección no sería la vía idónea para discutir una materia que estima de lato conocimiento y contradictoria.

En subsidio, en cuanto al fondo, afirma que no ha incurrido en acto ilegal, por cuanto su actuación se ajustó a la Ley N° 18.156 y a la normativa obligatoria impartida por la Superintendencia de Pensiones, contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Reconoce que la administradora rechazó la solicitud de devolución de fondos formulada por el actor en su calidad de técnico extranjero, por estimar no acreditado el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, relativo a contar con cobertura previsional en el extranjero, a lo menos, para enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Precisa que el rechazo se fundó en que el solicitante no acompañó constancia o certificado de afiliación vigente debidamente apostillado en el país de origen o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, agregando que el documento presentado correspondería únicamente a una constancia de cotizaciones, la que no cumpliría con las exigencias sectoriales para acreditar cobertura; añade, además, que dicho antecedente carecería de firma y que su contenido sería genérico, en cuanto no permite establecer, en forma específica, la protección efectiva por los riesgos exigidos durante el período de prestación de servicios en Chile.

Explica que, conforme a los criterios administrativos de la Superintendencia, la devolución de fondos prevista en la Ley N° 18.156 sería de carácter excepcional, y que la administradora debe verificar el cumplimiento copulativo de sus requisitos, de manera que, al no satisfacerse las formalidades y contenidos exigidos para acreditar la cobertura previsional extranjera, la negativa de ProVida se encontraría justificada.

Asimismo, precisa que en lo relativo al valor probatorio de los documentos expedidos en el extranjero, el documento debe encontrarse legalizado o apostillado, y que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha en que habría entrado en vigor el Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela es también Estado Parte de dicha convención, se exigió que la certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana.

Solicita tener por evacuado informe y, en definitiva, rechazar el recurso, con costas.

A folio 8, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones.

Como cuestión previa, plantea que este recurso sería improcedente, pues la controversia excede el ámbito de esta acción cautelar, al no existir un derecho indubitado, sino un conflicto que requeriría discusión y prueba propia de un procedimiento declarativo.

Reclama que el recurrente no registra reclamo ni presentación administrativa ante ese servicio por estos hechos, de modo que no existirían antecedentes en su poder relativos a un pronunciamiento propio que hubiere decidido el rechazo y que, en el libelo no se individualizaría un acto específico imputable a la Superintendencia.

Recalca que la exención de cotizar y la devolución de fondos de la Ley N° 18.156 constituyen un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, aplicable solo si se cumplen copulativamente los requisitos del artículo 1°: (a) afiliación a un régimen previsional o de seguridad social extranjero con prestaciones, a lo menos, por enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (b) manifestación inequívoca en el contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación.

En el caso en concreto, afirma que la constancia de cotizaciones, carece de firma autorizada y no está legalizada ni apostillada, por lo que no tendría valor probatorio en Chile; agrega que el código de verificación electrónico no sustituye las formalidades exigibles para documentos emanados del extranjero. Añade que, la declaración jurídica notarial acompaña no es un documento idóneo, pues no reemplaza la certificación que debe emanar de la autoridad previsional competente del país respectivo, y que, aun apostillada, no cumpliría ese estándar por provenir de un tercero distinto del órgano previsional extranjero.

Arguye que, además, existiría un problema con el requisito del artículo 1° letra b) que exige voluntad “inequívoca”, pues en este caso el contrato de trabajo original de 20 de agosto de 2018 contemplaba cotización en el sistema chileno (incluso mencionando una AFP), y que recién mediante anexo de 4 de agosto de 2025 se habría consignado la afiliación extranjera, lo que revelaría una manifestación de voluntad contradictoria y tardía, impidiendo tener por satisfecho el requisito esencial de permanencia en el sistema previsional extranjero. Agrega que, conforme a su jurisprudencia administrativa, ante voluntades contradictorias debe primar la sujeción al sistema chileno por ser la regla general, citando además un fallo de la Excma. Corte Suprema que razona en términos semejantes.

Sostiene, además, que el recurrente no habría acompañado el título que acredite su condición de “personal técnico extranjero”, configurándose otro déficit para acceder al régimen excepcional.

Finalmente, concluye que no existe acto ilegal o arbitrario imputable a la Superintendencia -pues afirma no haber dictado un pronunciamiento de rechazo- y que, en todo caso, la improcedencia del beneficio excepcional no importa pérdida de fondos, quedando el actor habilitado para ejercer sus derechos previsionales conforme a las reglas generales del D.L. N° 3.500.

Por lo indicado, pide que el recurso sea declarado improcedente y, en subsidio, se rechace respecto de la Superintendencia, con costas.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de AFP Provida S.A., comunicada el 24 de octubre de 2025, mediante la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual, fundada en que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no resulta idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.156, por no corresponder a un certificado de afiliación emitido por la autoridad competente, no encontrarse debidamente apostillada ni legalizada, carecer de firma autorizada y no consignar en forma específica la cobertura previsional exigida por la normativa, acto que a su entender vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado y que consigne de manera específica las coberturas previsionales exigidas por la ley. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por el actor no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Pensiones, por su parte, señala que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no permite acreditar de manera específica la cobertura previsional durante el tiempo de prestación de servicios en Chile. Asimismo, sostiene que no se ha individualizado acto alguno atribuible a dicha Superintendencia y que no se verifica una manifestación inequívoca de voluntad de mantener afiliación previsional en el extranjero, por lo que estima que no se cumple con los requisitos legales exigidos.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados, se advierte que el documento acompañado por el recurrente consistente en “Constancia electrónica de cotizaciones” no satisface las exigencias establecidas en el artículo 1° de la Ley N°18.156, en relación con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, toda vez que no se encuentra apostillado ni legalizado y carece de firma autorizada, no siendo idóneo para acreditar el cumplimiento del requisito de afiliación a un régimen previsional extranjero en los términos exigidos por la normativa aplicable.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales.

Séptimo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la Administradora recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, por no haber acreditado el recurrente el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-7026-2025.