PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

Foja: 115 Ciento quince J.v.p.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, seis de abril de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, abogado y Pro Secretario General de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, en su representación, ambos con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, cuyo Inspector Provincial es don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en virtud del acto arbitrario y/o ilegal dictado por el fiscalizador don nombre reservado, consistente en la dictación de las Resoluciones de multa NºS 8851/17/91 – 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de fecha 15 de noviembre de 2017, atendido que ellas privan a su representada, o al menos perturban, el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 3 inciso quinto y Nº 24.

Refiere que las Resoluciones de Multa condenan a su representada a multas de 36,75 UF ($979.212.-), 49 UF ($1.305.914.-), 75 UTM ($3.508.950.-), 60 UTM ($2.807.160.-), 40 UTM ($1.871.440) y 60 UTM ($2.801.520), las cuales ascienden en total a $13.274.196.-, correspondiendo cada una de ellas, respectivamente, a los siguientes hechos:

1.- No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la o las AFP correspondientes, por los períodos y montos impositivos de los trabajadores que se individualizan en anexo previsional adjunto.

2.- No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la Sociedad Administradora del Seguro de Cesantía, respecto de los trabajadores, períodos y montos que se indican en anexo previsional adjunto, que forma parte integrante de la presente resolución para todos los efectos legales.

3.- No escriturar el contrato de trabajo respecto de los siguientes trabajadores: nombre reservado contratado el mes de agosto del 2017, nombre reservado contratado el mes de abril del 2016, nombre reservado contratada el mes de marzo del 2017, nombre reservado contratada el mes de mayo del 2017 y nombre reservado contratada el mes de marzo del 2017.

4.- No llevar, para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias, un registro de asistencia de los trabajadores y períodos que se señalan a continuación: nombre reservado desde agosto del 2016 hasta octubre del 2017, nombre reservado desde el mes de abril del 2016 hasta octubre del 2017, nombre reservado desde el mes de abril del 2016 hasta octubre del 2017, nombre reservado desde el mes de marzo del 2017 hasta octubre del 2017, nombre reservado desde el mes de mayo del 2017 hasta octubre del 2017 y nombre reservado desde el mes de marzo del 2017 hasta octubre del 2017. – 5.- No entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma cómo se determinó y de las deducciones efectuadas, en relación al siguiente detalle: nombre reservado desde agosto del 2016 hasta septiembre del 2017, nombre reservado desde el mes de abril del 2016 hasta septiembre del 2017, nombre reservado desde el mes de marzo del 2017 hasta septiembre del 2017, nombre reservado desde el mes de mayo del 2017 hasta septiembre del 2017 y nombre reservado desde el mes de marzo del 2017 hasta septiembre del 2017.

6.- No informar a los trabajadores: nombre reservado, quien se desempeña como coordinador, nombre reservado, quien se desempeña como asesor metodológico, nombre reservado, quien se desempeña como profesional de apoyo, nombre reservado, quien se desempeña como diseñadora, y nombre reservado, quien se desempeña como diseñadora, de los riesgos que entrañan sus respectivas labores, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto, respecto de los elementos, respecto de los procesos productivos o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos y de los peligros para la salud y las medidas de control, señalando que tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de riesgos profesionales y del derecho a saber e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la vida, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa Refiere que para el pronunciamiento de las referidas resoluciones, el Fiscalizador tomó como antecedente el Acta de Constatación de Hechos de fecha 25 de octubre 2017, alegando que su representada los controvirtió expresamente, señalando que las personas antes mencionadas tenían contratos de prestación de servicios con la Universidad, procediendo a acompañar a la Inspección del Trabajo respectiva las correspondientes boletas de honorarios. Pese a ello, indica que las resoluciones condenaron a su representada al pago de las multas antes indicadas, las cuales se basarían en un supuesto vínculo laboral entre su representada y los prestadores de servicios.

Alega que con la actuación anterior, el fiscalizador recurrido ha excedido sus atribuciones legales, al invadir el ámbito de competencia de los tribunales de justicia, a quienes corresponde el conocimiento de estas materias, imponiendo a su representada una multa ilegal y arbitraria.

Aduce que el actuar del fiscalizador de la Inspección del Trabajo, al dictar las resoluciones contra las cuales se recurre, ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Carta Fundamental. Señala que el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo dispone que las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales de trabajo serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo. En este sentido, lo vincula con el artículo 505 del Código del Trabajo que prescribe que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen. Afirma que de esta norma surge el denominado ámbito de aplicación de la función propia de la Inspección del Trabajo, que es justamente la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, mas dicho precepto no le permite calificar, ni apreciar jurídicamente, los oscuros y discutidos hechos constatados como laborales.

Concluye que la Inspección del Trabajo, a través de su fiscalizador y al decidir respecto de una situación controvertida, cual es la naturaleza del vínculo jurídico que une a su representada con los prestadores de servicios ya indicados, ha obrado fuera de sus facultades, contenidas en el artículo 505 del Código del Trabajo, puesto que se trata de una materia que excede a la mera fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de su interpretación.

Manifiesta que también se vulnera su derecho de propiedad, privándola del mismo, o al menos perturbando o amenazando su legítimo ejercicio, consagrado en la Carta Fundamental en su artículo 19 Nº 24.

Por último, hace presente que sin perjuicio de que su representada niega que la relación que la ligó con la prestadora de servicios sea de naturaleza laboral, considera que las distintas multas impuestas a su representada, en realidad se fundan en un único y exclusivo hecho, cual es, la no escrituración del contrato de trabajo, de manera que las demás resoluciones vulneran el principio non bis in ídem, en virtud del cual no puede sancionarse dos veces por el mismo hecho.

Pide que acogiéndose el recurso, se declare que debe restablecerse el imperio del derecho, dejando sin efecto las resoluciones de multa individualizadas, con costas Segundo: Que informando el servicio recurrido manifiesta que se activó una denuncia confidencial por informalidad laboral respecto de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, por lo que se realizó visita inspectiva, revisándose la documentación pertinente, oportunidad en que se constató infracción a la normativa laboral. Plantea que el informe de exposición señala que en dos visitas inspectivas se verificó ocularmente que la trabajadora individualizada en la multa se encontraba prestando servicios en la oficina del Programa de Emprendimiento Escolar PUCV al Cubo, trabajando con un computador y sentada en el mismo escritorio, como muestra la foto que acompaña, asimismo se constató que recibe una remuneración mensual por dicha prestación la que era pagada a través de boletas de honorarios electrónicas y que comprendían el periodo de marzo a octubre de 2017 por un monto de $100.000. Agrega que se constata que la ejecución de la prestación de servicios se realiza en situación de dependencia y subordinación respecto de la persona en cuyo beneficio se efectuaba, toda vez que se revisan una serie de correos electrónicos continuos en el tiempo, en donde se entregan instrucciones a la trabajadora indicada, con fechas y horas para reuniones en donde se realiza la planificación semanal e informe de avances. Indica que el trabajo se realiza con pautas de dirección y organización que imparte el empleador estando sujeta la trabajadora a dependencia técnica y administrativa. En relación al resto de los trabajadores individualizados en la multa, postula que se desprende del informe de exposición descrito, que consultada la representante del empleador, en los términos del artículo 4 del Código del Trabajo, respecto de si los trabajadores que se encontraban sin contrato debían cumplir una jornada y si se les realiza control funcional, éste señaló que todos los trabajadores que se desempeñan en la Dirección de Innovación y Emprendimiento, cumplen jornada laboral y que es labor de la jefatura realizar control funcional para cumplir con estas metas. Indica que fue posible constatar todos los elementos de una relación laboral de conformidad con la legislación laboral y con la doctrina administrativista del Servicio recurrido, esto es: a) Una prestación de servicios personales; b) el pago por dichos servicios; 3) Ejecución de los servicios bajo subordinación o dependencia. Enseguida señala que la acción cautelar es improcedente atendida la naturaleza del acto recurrido, en términos que no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de cuanto procedimiento judicial especifico exista, teniendo presente que el Código del Trabajo contempla procedimientos especiales para la reclamación de las multas. A continuación manifiesta que el recurso es improcedente porque hay ausencia de un acto que atente contra el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos ni contra el derecho de propiedad. Finalmente señala que la multa tampoco puede ser calificada como ilegal ya que ha existido irrestricto cumplimiento al principio de legalidad por la Dirección del Trabajo, en términos que actuó con apego al DFL N° 2 del año 1967 y el artículo 505 del Código del Trabajo.

Tercero: Que se encuentra establecido con los documentos aportados por la parte recurrente, lo que además se encuentra reconocido por la Inspección del Trabajo recurrida que las cinco personas que individualiza las Resoluciones de Multa como trabajadores, emite boletas de honorarios a la recurrente por distintas labores que realizan (fojas 2 a fojas 40). Que pese a ello la Inspección del trabajo de Valparaíso aplicó mediante resolución 8851/17/91 seis multas a la recurrente por no escriturar contrato de trabajo, no declarar oportunamente cotizaciones previsionales, ni de seguro de cesantía, no llevar registro de asistencia, no entregar comprobante de pago de remuneraciones ni informar acerca de los riesgos laborales, en relación a esas cinco personas que prestan servicios en esa institución. Aparece en el informe de exposición que la fiscalización llevada a cabo en octubre de 2017, que el procedimiento administrativo de fiscalización se inició porque una persona denunció de modo confidencial la falta de regulación del contrato de trabajo con la institución recurrida, y que temía que fuera despedida a fines de mes, relatando que trabaja de 9 a 13:00 horas los días martes y jueves, mientras que de 14:00 a 18:00 horas los lunes y miércoles, y que el viernes trabajaría en su casa, siendo supervisada directamente y a través de correos electrónicos. Aparece que en la fiscalización se entrevistó a las personas afectadas y a los coordinadores del departamento en el que desempeñan labores. Asimismo se adjuntaron los correos electrónicos que darían cuenta de la supervisión de esas funciones.

Cuarto: Que resulta claro que las infracciones que se tuvieron por establecidas presuponen que se afirme la existencia de relación laboral entre la recurrente y las cinco personas que menciona las Resoluciones de Multa, todo ello en circunstancias que la denunciada alegó que se trata de trabajadores contratados a honorarios, esto es, bajo un régimen de prestación civil de servicios. En el contexto antes descrito surge que la Inspección de Trabajo recurrida ha actuado fuera de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo, desde que ha emitido y resuelto un conflicto acerca de a la materia mencionada –controversia acerca de la existencia de una relación laboral- cuyo conocimiento y juzgamiento pertenece a la judicatura laboral que la ley ha previsto.

Quinto: Que la conducta ilegal de la recurrida perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta. En este sentido, la Inspección del Trabajo recurrida se avocó ilegalmente a la función de conocer y juzgar un conflicto que por su naturaleza debe ser resuelto por un órgano jurisdiccional.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge la acción constitucional deducida a fojas 46 y por consiguiente se deja sin efecto la Resolución N° 8851/17/91, de fecha 15 de noviembre de 2017, por la que se aplicaron a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso seis multas por 36,75 UF; 49 UF; 75 UTM; 60 UTM; 40 UTM y 60 UTM, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Cancino.

No firma el Ministro Sr. Cancino, por encontrarse integrando la Comisión de Libertad Condicional, no obstante, haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo.

N°Protección-700-2018.