nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, nombre reservado y Sergio nombre reservado Ruiz, abogados, deducen acción de protección en favor de don nombre reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por el acto que consideran ilegal y arbitrario, consistente en el Decreto Alcaldicio N° 12.101 de fecha 2 de octubre de 2025, que aplicó la sanción de destitución y el Decreto Alcaldicio N° 12.561 de fecha 13 de octubre de 2025 que rechazó el recurso de reposición administrativo interpuesto, lo que estiman vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2, 3, 7 y 24 de la Constitución Política de la República.

Exponen que, don nombre reservado que, el día 22 de diciembre de 2023 a las 18:30 horas, encontrándose fuera de su jornada laboral ordinaria, acudió de emergencia a consulta médica producto de fuertes dolores en el abdomen y un profuso sangrado por la orina, producto de una operación a los riñones a la que se sometió días antes en el Hospital Gustavo Fricke, emitiéndosele una licencia médica por 11 días que ordenaba reposo y realización de exámenes. Indican que, encontrándose con una licencia médica real por un caso post operatorio, esto es, encontrándose suspendida la relación laboral, sintiéndose mejor, viajó entre los días 26 y 29 de diciembre de 2023 por el paso Los Libertadores a Argentina por motivo de que se sintió mejor y su mujer le pidió que la acompañara por motivos familiares de ella. Agregan que, el día 3 de octubre de 2025 le notificaron que lo sancionaban con su destitución por los motivos señalados. Mencionan que, frente a la resolución anterior se interpuso un recurso de reposición, el cual fue rechazado casi inmediatamente, sin estudio alguno.

Alegan que, existieron vicios legales en relación a las opiniones vertidas por la Alcaldesa de Viña del Mar, doña Macarena Ripamonti Serrano, en la prensa al conocerse el escándalo de los viajes al extranjero con licencias médicas, señalando que la Alcaldesa se inhabilitó por sus opiniones solo para la sentencia, no obstante ordenó todas las otras medidas que dieron origen al sumario, designando directamente a la fiscal mediante Decreto Alcaldicio N° 6641/2025, y luego se inhabilitó de firmar los últimos decretos, los cuales son firmados por el alcalde subrogante. Afirman que, la relación laboral se encontraba suspendida por una causa real y seria, por lo que haya hecho o no hecho el recurrente durante el período de suspensión de la relación laboral, sea o no desoyendo la orden de reposo del médico, no tiene injerencia alguna su empleador y no tiene derecho legal alguno para tomar ningún tipo de represalia.

Aseveran que, ha sido la resolución que el recurrido dicta rechazando el recurso de reposición sin haberlo analizado, dado el escasísimo tiempo entre su presentación y la resolución denegatoria, siendo un recurso muy extenso con anexos y que aportaba nuevos antecedentes que no fueron revisados, una clara falta al debido proceso. Refieren que, sancionar al representado por actos que realizó en su vida privada fuera del ámbito laboral también constituye una falta grave al debido proceso. Adicionan que, la salida del país no tuvo carácter vacacional, dicha salida respondió a una urgencia intempestiva por un problema familiar de la pareja del señor nombre reservado, no pre programada, no existiendo ticket aéreo ni nada reservado con antelación que diera luces de una actitud deliberada.

Señalan que, los actos arbitrarios e ilegales lo constituyen el Decreto Alcaldicio ya señalado, la resolución que deniega recurso de reposición y el sumario que vulnera derechos elementales y fundamentales como son la proporcionalidad, equidad y demás señalados con anterioridad.

Sostienen que, nunca se explica de qué forma la acción de no guardar reposo absoluto contraviene el estatuto administrativo, más bien se entiende como una conducta reprochable la cual debe tener una medida disciplinaria de anotación en demérito, multa y como medida máxima de suspensión, pero no una de destitución.

Indican que, existe falta de proporcionalidad entre el hecho y la sanción aplicada, ya que se debió considerar la irreprochable conducta anterior, el hecho que nunca antes fue objeto de algún proceso disciplinario, que mantenía los días de vacaciones a favor, que sus antecedentes son intachables y que había sido materia de múltiples felicitaciones por su entrega al servicio sin considerar sacrificios personales y familiares. Añaden que, en este caso no se ha cumplido con los principios de reserva legal y de tipicidad, ya que la sanción disciplinaria de destitución por una conducta atribuible al funcionario sobre la cual se construye la sanción impuesta, esto es incumplir con el reposo estipulado en la licencia médica, no se encuentra detalladamente descrita en la ley.

Concluyen solicitando que se acoja la acción constitucional, sirviéndose adoptar todas las medidas necesarias que estime concurrentes para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, especialmente disponiendo que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por el Decreto Alcaldicio individualizado disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional al acto de menor intensidad que la destitución, se ordene la reincorporación del funcionario y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas o las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 9, evacúa informe nombre reservado Cornejo González, abogado de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Expone que, como consecuencia de la constatación que efectúa la Contraloría General de la República respecto a que una serie de funcionarios públicos y servidores públicos habrían salido del país durante la vigencia de una licencia médica, se remite a la Municipalidad de Viña del Mar el Oficio Confidencial E82804/2025 en que se acompaña un listado con la finalidad que esta Municipalidad inicie los procesos disciplinarios correspondientes.

Señala que, en el citado listado se encuentra el recurrente de autos don, que a la época de la recepción del oficio confidencial detentaba la calidad de funcionario a Contrata, constando como fecha de entrada del país por el Paso Los Libertadores el día 29 de diciembre de 2023. Indica que, se dicta el Decreto Alcaldicio N° 6.641 de fecha 26 de mayo de 2025 mediante el cual se instruye iniciar sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades administrativas a que dieren lugar los hechos descritos en Oficio Confidencial E82804/2025 de fecha 22 de mayo de 2025 del jefe de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República respecto del señor nombre reservado.

Refiere que, en el curso de la investigación la fiscal María José Corvalán Kameid constató que además de la existencia de un viaje con licencia médica, el funcionario acudió dentro de su jornada laboral al doctor, obteniendo la licencia durante su jornada extraordinaria y cobrando las correspondientes horas extras, en circunstancias que se acreditó que no se encontraba efectuando labores relativas a trabajo extraordinario sino que efectuando trámites personales.

Menciona que, con fecha 18 de agosto de 2025 se formula y notifica al señor nombre reservado los siguientes cargos: 1. Por haber usado tiempo de su jornada extraordinaria de trabajo para trámites y gestiones personales, hecho que se configura el día 22 de diciembre del año 2023 a las 18.30 horas; 2. Por haber viajado al extranjero encontrándose con licencia médica, hecho que se configura entre el día 26 de diciembre de 2023 y el 29 de diciembre de 2023, en circunstancias que el funcionario señor nombre reservado salió del país por el Paso Los Libertadores con destino a la ciudad de Mendoza, Argentina.

Alega que, respecto del primer cargo se constató y acreditó que el funcionario sin marcar su salida acudió a consulta médica emitiéndose la licencia médica Folio 3 096817084-8 a las 18.30 horas, consta en la declaración del señor nombre reservado que el ex funcionario obtuvo la licencia de manera presencial. Agrega que, sin marcar la salida y utilizando tiempo de su jornada extraordinaria acudió a consulta médica, marcando la salida ese mismo día a las 19 horas 36 minutos, y que dicha jornada extraordinaria fue pagada al funcionario según consta en Decreto Alcaldicio 749 de fecha 10 de enero de 2024. Sostiene que, la conducta reprochada vulnera el artículo 58 letra d) de la Ley 18.883, artículo 58 letra g) de la Ley 18.883, artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículo 62 numeral 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Afirma que, la conducta reprochada contraviene especial y gravemente el principio de probidad administrativa en los términos expuestos en los artículos 52 y 62 numeral cuarto de la Ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, toda vez que se acredita en autos que el funcionario ha utilizado tiempo de su jornada extraordinaria de trabajo para trámites personales específicamente para asistir al médico y obtener una licencia médica.

Indica que, respecto del segundo cargo se constató y acreditó en el sumario administrativo que el funcionario obtuvo licencia médica el día 22 de diciembre de 2023 a las 18:30 horas de forma presencial, la que fue emitida por el médico general don nombre reservado Rut RUT reservado en la consulta ubicada en 3 Oriente número 631, departamento 143, comuna de Viña del Mar, extendiéndose desde el 23 de diciembre de 2023 y por once días.

Señala que, consta que encontrándose con licencia médica el funcionario salió del país con fecha 26 de diciembre de 2023 por el Paso Los Libertadores, ingresando por el mismo paso con fecha 29 de diciembre del mismo año, terminando la licencia del funcionario con fecha 2 de enero de 2024. Sostiene que, la conducta reprochada vulnera el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, artículo 62 numeral 8 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículo 58 letra i) de la Ley 18.883.

Afirma que, la conducta reprochada contraviene especial y gravemente el principio de probidad administrativa en los términos expuestos en los artículos 52 y 62 numeral octavo de la Ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, toda vez que se acredita en autos que el funcionario ha salido del país amparado en una licencia médica que ha ordenado reposo laboral total en su domicilio, sin haber renunciado a dicha licencia médica y sin haber solicitado feriado legal, días administrativos, descanso compensatorio o permiso sin goce de remuneraciones.

Aduce que, acreditándose las faltas administrativas en relación con los cargos formulados, mediante el Decreto Alcaldicio N° 12.101 de 2 de octubre de 2025 se aplicó la sanción de destitución al recurrente prevista en el artículo 120 letra d) en concordancia con el artículo 123 ambos de la Ley N° 18.883 por infracción grave al principio de probidad administrativa.

Menciona que, habiendo interpuesto el recurrente el correspondiente recurso de reposición, en atención a que este no aportó nuevos antecedentes que permitieran revertir la medida aplicada y que las alegaciones han sido latamente desarrolladas en la vista fiscal del procedimiento disciplinario como en el decreto impugnado, por lo que no existiendo fundamento jurídico para ello se rechazó mediante el Decreto Alcaldicio N° 12.561 de 13 de octubre de 2025.

Argumenta que, el recurrente señala en la parte expositiva de su acción que el día 22 de diciembre de 2023 a las 18.30 horas encontrándose fuera de su jornada laboral ordinaria acudió a consulta médica otorgándosele licencia médica, señalando que se encontraba en la convicción que su licencia iniciaba ese mismo día aun cuando en la realidad la misma iniciaba al día siguiente, omitiendo señalar que el ex funcionario se encontraba haciendo uso de su jornada laboral extraordinaria marcando salida ese día a las 19.36 horas es decir más de una hora después de haber obtenido su licencia médica.

Sostiene que, no es efectivo que la acción de protección sea el único recurso existente en la legislación para poder reclamar respecto de una sanción en un procedimiento administrativo, ya que la Ley 18.883 establece en su artículo 156 una acción administrativa que se reconoce a todos los funcionarios municipales para reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto.

Alega que, el recurrente señala la existencia de vicios legales en relación a las opiniones vertidas por la Alcaldesa de Viña del Mar doña Macarena Ripamonti Serrano en la prensa, señalando que la Alcaldesa se inhabilitó por sus opiniones solo para la sentencia no obstante ordenó todas las otras medidas que dieron origen al sumario designando directamente a la fiscal mediante Decreto Alcaldicio N° 6641/2025 y luego se inhabilitó de firmar los últimos decretos los cuales son firmados por el Alcalde Subrogante. Refiere que, dicha aseveración demuestra desconocimiento absoluto de la forma de funcionamiento de una institución pública y de las leyes que las rigen, ya que el artículo 12 de la Ley N° 19.880 regula el principio de abstención, el artículo 62 de la Ley N° 18.575 indica las conductas que contravienen especialmente el principio de probidad y conforme al artículo 77 de la Ley N° 18.883 en los casos de subrogación del cargo de alcalde asumirá las respectivas funciones por el solo ministerio de la ley el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad.

Indica que, respecto a la alegación en torno a que la relación laboral del recurrente con la Municipalidad se encontraba suspendida por el hecho de encontrarse con licencia médica, no se está frente a una relación de carácter laboral regida por el Código del Trabajo sino ante una relación administrativa regida por la Ley N° 18.883.

Señala que, el artículo 110 de dicho cuerpo normativo prescribe que durante la vigencia de la licencia médica el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones y que en caso alguno durante la licencia médica se suspende la relación estatutaria. Sostiene que, el artículo 58 de la Ley N° 18.883 establece entre las obligaciones de los funcionarios la de observar estrictamente el principio de la probidad administrativa y la de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, es decir establece obligaciones que se cumplen fuera de la institución y de la jornada laboral.

Afirma que, el recurrente señala que se le sanciona por haber salido del país en circunstancia que dicho acto lo efectúa en su vida privada y que dicha acción no tuvo carácter vacacional sino que familiar, sosteniendo que ninguna de dichas circunstancias han sido fundamento de la sanción aplicada, ya que al funcionario se le aplica la sanción de destitución por utilizar tiempo de su jornada extraordinaria de trabajo para efectuar trámites personales y por faltas graves a la probidad toda vez que viaja al extranjero estando con licencia médica que importaba reposo total en su domicilio sin renunciar a ella y sin solicitar feriado legal, días administrativos o permiso sin goce de remuneraciones. Agrega que, la recurrente indica que existe vulneración al debido proceso en el hecho de haberse dictado el decreto alcaldicio que resolvió la reposición en un lapso de tiempo corto, señalando sin sustento alguno que no se habría analizado el contenido del extenso texto contenido en el recurso de reposición.

Menciona que, el recurrente señala que los actos arbitrarios están constituidos por la resolución exenta ya señalada, la resolución que deniega el recurso de reposición y el propio sumario administrativo, haciendo presente que respecto de dichos actos administrativos no señala ni hace referencia alguna a la razón por la que estima que son arbitrarios. Asevera que, respecto del sumario administrativo se limita a señalar que en el segundo cargo imputado al señor nombre reservado no se explica de qué forma no guardar reposo absoluto contraviene el estatuto administrativo. Sostiene que, como ya se expuso se le formularon cargos por haber usado tiempo de su jornada extraordinaria de trabajo para trámites y gestiones personales y por haber viajado al extranjero encontrándose con licencia médica, indicando las normas vulneradas con su actuar.

Argumenta que, respecto a la desproporcionalidad de la sanción impuesta la representada se amparó expresamente en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República la cual ha sostenido que al estar asignada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves al citado principio de probidad administrativa la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer la destitución sin que pueda aplicar otra medida ni analizar las circunstancias que podrían aminorar la responsabilidad de aquellos. Refiere que, el recurrente señala que la autoridad sólo se encuentra obligada a aplicar la medida de destitución en los casos de las letras a, b, c, d y f del artículo 123 de la Ley 18.883, omitiendo señalar que también se encuentra en dicha disposición la letra g) que establece que la medida de destitución se debe aplicar en los demás casos contemplados en dicha ley o en leyes especiales y olvida mencionar que se formularon cargos que infringen gravemente el principio de probidad administrativa en los términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado en concordancia al artículo 62 del mismo cuerpo legal.

Finalmente pide rechazar en todas sus partes el recurso de autos, con costas.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el Decreto Alcaldicio N° 12.101, de 2 de octubre de 2025, que aplicó la sanción de destitución y el Decreto Alcaldicio N° 12.561 de fecha 13 de octubre de 2025 que rechazó el recurso de reposición administrativo interpuesto, pretendiendo el recurrente que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional al acto de menor intensidad que la destitución, se ordene la reincorporación del funcionario y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que no existe acción u omisión ilegal por parte de la Municipalidad de Viña del Mar toda vez que como consecuencia de la constatación que efectúa la Contraloría General de la República se remitió el Oficio Confidencial con la finalidad que la Municipalidad inicie los procesos disciplinarios correspondientes, procediéndose el 26 de mayo de 2025 a instruir sumario administrativo en el que se constató que el funcionario acudió dentro de su jornada laboral al doctor obteniendo la licencia durante su jornada extraordinaria, cobrando las correspondientes horas extras, y que viajó al extranjero encontrándose con licencia médica, por lo que se aplicó la sanción de destitución prevista en el artículo 120 letra d) en concordancia con el artículo 123 ambos de la Ley N° 18.883 por infracción grave al principio de probidad administrativa, sustentado en la jurisprudencia administrativa vigente que ha establecido que tratándose de infracciones graves al principio de probidad administrativa la autoridad se encuentra en el imperativo jurídico de aplicarla, habiéndose tramitado el procedimiento disciplinario conforme a la Ley N° 18.883 observándose todos los trámites esenciales.

Cuarto: Que, para los fines del presente recurso es necesario recordar los términos del artículo 123 de la Ley Nº18.883, relativa al Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, en lo que respecta a la procedencia de la medida de destitución, que dispone:

“La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario.

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos:

a) Ausentarse de la municipalidad por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;

b) Infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 82;

c) Infringir lo dispuesto en las letras l) y m) del artículo 82.

d) Condena por crimen o simple delito, y e) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados.

f) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia.

g) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.”

En el presente caso, se ha estimado por el municipio recurrido que el actor incurrió en una falta grave a la probidad administrativa, fundándose tal imputación en el artículo 58 del ya citado cuerpo normativo, por los siguientes hechos: a) acudir al doctor obteniendo licencia médica durante su jornada extraordinaria, cobrando las correspondientes horas extras y, b) haber efectuado un viaje al extranjero encontrándose con licencia médica.

Quinto: Que, no existe discusión respecto de la circunstancia de haber concurrido el recurrente a consulta médica del Dr. nombre reservado el 22 de diciembre de 2023, oportunidad en que se le otorgó una licencia médica por 11 días, y por esa salida de la Municipalidad en circunstancias que estaba en jornada extraordinaria, se le atribuyó responsabilidad por falta de probidad.

Tampoco existe controversia sobre el hecho que haciendo uso de esa licencia médica el recurrente salió del país por el Paso Los Libertadores con dirección a Argentina desde el 26 al 29 de diciembre de 2023.

Sexto: Que, el certificado médico extendido por el Dr. nombre reservado, da cuenta que la licencia médica la extendió tras haber sido evaluado por complicaciones de salud, debido a su operación de riñón llevada a cabo durante el mismo mes, en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, disponiéndose que de forma urgente el paciente se realizara una resonancia magnética de espalda, la que se realizó al día siguiente en su centro médico, por parte del paciente en el Hospital Clínico de Viña del Mar. Añadió el profesional que atiende a don nombre reservado desde el año 2018, cuando comenzó a manifestar dolor de espalda y vientre, síntomas por cálculos en los riñones, tanto antes y después de sus operaciones.

De la Epicrisis I N°998560 de 6/12/2023 se deja constancia que ingresó al Hospital Gustavo Fricke el 28 de noviembre de 2023 y fue dado de alta el 6 de diciembre de 2023, con diagnóstico de egreso cólico renal izquierdo- litiasis uréter distal izquierdo mm 610 uh, en ese documento se consigna que la cirugía se denomina ULTE 05/12, y dentro de las indicaciones se establece que debe concurrir a control con la Dra. López en policlínico de urología en 2 semanas.

Asimismo, del documento denominado Resonancia Magnética de Columna Dorsal y Lumbar, se comprueba que el 23 de diciembre de 2023el Dr., nombre reservado. Neurorradiólogo, realizó ese procedimiento a don nombre reservado en el Hospital Clínico de Viña del Mar.

Séptimo: Que, de la prueba documental citada en el motivo precedente se desprende en primer término que la salida a la consulta médica se encuentra suficientemente justificada y que obedeció a un malestar médico real; de los hechos establecidos en el sumario se comprobó que la visita al médico se verificó a las 18:30 horas de ese día mientras el funcionario se encontraba trabajando jornada extraordinaria, y que a su regreso registró la salida a las 19:36 horas. Sin embargo, no se estableció a qué hora regresó de la consulta médica y cuanto habría sido lo que cobró en exceso; y para aplicar la sanción, no debió escapar al sancionador lo que el Director del Departamento Infraestructura Utilidad Pública de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar en agosto del año en curso certificó sobre el compromiso del funcionario nombre reservado, en que refirió que: “va más allá de su horario laboral, tenga o no retribución pecuniaria, representando para él casi una obligación, brindar a cada uno de los vecinos de Viña del Mar la satisfacción de ser escuchados y apoyados en cada uno de sus requerimientos”, también se deja constancia en ese documento que: “en su compromiso, responsabilidad y lealtad a su trabajo, se presentó a trabajar incluso después de una intervención, (con sonda y sangramiento), al tomar conocimiento el suscrito de esta situación se le indicó que debía retirarse para efectuar reposo respectivo, no obstante, señaló que no había aceptado la Licencia que médico tratante había indicado asumiendo las consecuencias de este actuar”.

Octavo: Que, enseguida, y en lo que atañe a la salida del país, de la citada prueba documental, se demuestra la efectividad de la patología que afectaba al funcionario, de lo que se desprende que el otorgamiento de la licencia médica estaba médicamente justificada, por ende, no es un instrumento ilegalmente obtenido y menos con la finalidad exclusiva para ausentarse de su trabajo y salir del país. La salida del país si bien podría considerarse una irresponsabilidad con la salud del propio funcionario, escapa al concepto de falta de probidad descrito en la ley, y sancionado en las normas legales citadas en las resoluciones impugnadas con el presente recurso.

Noveno: Que, analizada la conducta en que habría incurrido el recurrente, a la luz de las normas transcritas precedentemente, se puede interpretar que si bien es posible considerar que se han infringido el principio de buena fe con que debe ejercerse la función administrativa, no se desprende que tales hechos constituyan una falta de probidad de carácter grave que pueda motivar la destitución, en los términos resueltos por la autoridad recurrida, ya que, a su turno, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado Nº18.575, ilustra estas situaciones, al expresar, en lo pertinente: “Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

A su vez, el artículo 64 de este mismo cuerpo legal contiene una serie de situaciones en las que se verifica una contravención al principio de probidad administrativa, en ninguna de los cuales se encuadra la conducta del funcionario recurrente, siendo todos los casos en que se coloca el legislador de una entidad o gravedad que en ningún caso se podría dudar de la falta de probidad, lo que no sucede en el caso de marras.

En efecto, de los antecedentes del recurso consta que antes del 22 de diciembre de 2023, fecha en que el actor acude a consulta médica producto de fuertes malestares, los que es altamente probable que podían ser consecuencia de una intervención quirúrgica a los riñones a la que se había sometido días antes en el Hospital Gustavo Fricke, tanto es así que se le emitió una licencia médica por 11 días, la que efectivamente ordenaba reposo, no constituye una falta grave, el hecho que haya concurrido en un día laboral y en el horario que correspondía a horas extras, las que si se constata que no se trabajaron, ameritaba su reembolso mas no ser considerada y unida al segundo hecho, relativo a haber salido del país contando con una licencia médica, respecto de la cual por lo demás, la Compin o su institución aseguradora nada reclamaron.

Décimo: Que, por otro lado, tampoco se consideró al momento de resolver, la conducta anterior del funcionario municipal, existiendo de esta manera una falta de proporcionalidad entre el hecho y la sanción aplicada, ya que se debió considerar su irreprochable conducta anterior, el hecho que nunca antes fue objeto de algún proceso disciplinario –no desconocido por el recurrido-, entre otras circunstancias. Que en este orden de ideas, no se ha acreditado que el actuar del recurrente hubiere sido motivado por la preeminencia de un interés particular sobre el general, sino sólo un actuar contrario a la orden médica de reposo –que no corresponde al municipio perseguir con la severidad que lo hizo- y la asistencia al médico por una dolencia ocurrida durante una jornada laboral extraordinaria, la que culminó con la mentada licencia médica, lo que avalaba la necesidad de ausentarse de su turno laboral.

Undécimo: Que, en relación al principio de proporcionalidad y su aplicación en materia de sanciones administrativas, la Excma. Corte Suprema ha señalado: “el derecho administrativo sancionador reconoce el principio de proporcionalidad de las sanciones en el marco del poder punitivo de la Administración y él tiene reconocimiento en la jurisprudencia, especialmente administrativa y judicial. Quienes lo separan del principio de culpabilidad construyen la proporcionalidad a partir de la gravedad de la infracción prevista por el legislador y la sanción correlativa de modo que quede entregada la determinación de ésta a la autoridad judicial o administrativa, valorando la conveniencia, oportunidad y eficacia de seguir una u otra opción” (CS Rol 3976-2019 y Rol N° 21.247-2019).

Que en lo que se viene razonando, la conducta del recurrente no fue de tal gravedad que pueda enmarcarse en una falta de probidad administrativa, por lo que la sanción aplicada se encuentra desprovista de toda proporcionalidad, toda vez que siendo la medida de destitución el máximo castigo que puede imponerse a un funcionario, no es posible aplicarla en la especie, en tanto no se verifican los supuestos legales previstos para su procedencia, específicamente una conducta de carácter grave e infractora al principio de probidad, por lo que la recurrida vulnera el derecho del actor a la igualdad ante la ley, puesto que no consideró ciertos aspectos relevantes al momento de graduar la sanción, lo cual conduce a que el acto administrativo que la aplica no cumpla con la debida obligación de fundamentación.

Duodécimo: Que en consecuencia, un castigo de tal entidad (pérdida de su fuente laboral) infringe el principio de proporcionalidad que debe regir en materia administrativa, tratando al recurrente de un modo desigual respecto de otros funcionarios que, afectados por un acto administrativo, tienen la posibilidad de obtener una ponderación de la autoridad, en relación a todas las particularidades que rodean su situación funcionaria, lo que no sucede en el caso de autos.

Décimo tercero: Que, sin perjuicio de no resultar aplicable en la especie la medida de destitución, no es posible soslayar que se ha establecido respecto del actor una falta a la de buena fe, circunstancia que ciertamente debe motivar la imposición de una sanción administrativa menos gravosa, según se determinará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, y en consecuencia sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 12.101, ya singularizado, disponiendo como sanción la de amonestación privada, debiendo proceder a la reincorporación del funcionario y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplicó la destitución hasta su efectiva reincorporación.

Se previene que el Ministro Señor Pedro García Muñoz, concurre a la decisión de acoger el presente arbitrio, pero estuvo por no determinación la sanción que corresponde aplicar a la recurrente, sino devolver los antecedentes a una autoridad administrativa competente no inhabilitada, para que proceda determinar una sanción, diversa de la destitución, en mérito de las demás circunstancias determinadas en la causa.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Sra. Covarrubias.

N°Protección-6949-2025.