Protección contra Jefa del Centro de Mediación y Conciliación de Valparaíso

Foja: 44 Cuarenta y Cuatro Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de septiembre de dos mil dieciocho.

Visto:

A fojas 15 comparece Ricardo Sacaan Montecino, abogado, en representación de Importadora y Comercializadora de Prendas de vestir Turqueza SpA.,, quien recurre de protección en contra de la Jefa del Centro de Mediación y Conciliación de Valparaíso, por el acto arbitrario e ilegal en que ha incurrido con ocasión de la dictación del Ordinario N°541 de 16 de julio de 2018, que declaró extemporánea la solicitud de reconsideración de multa, vulnerándose con ello la garantía constitucional contenida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que a la Sociedad que representa, se le aplicó una multa, que le fue comunicada mediante Carta Certificada, la que se tuvo por notificada el día 31 de mayo de 2018, por lo que el plazo para solicitar la reconsideración de la multa, vencía el día 06 de julio del presente. Indica que con fecha 04 de julio, se pidió la sustitución de multa por capacitación, aduciendo que no se presentó dentro de plazo legal, lo que no es efectivo. Sobre el punto, sostiene que la resolución contenida en el Ordinario señalado es ilegal puesto que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880, los plazos establecidos en dicha norma legal son de días hábiles, argumentando que este cuerpo legal es aplicable para el procedimiento de reconsideración de multa administrativa. En tal sentido, el plazo para pedir la sustitución de multa vencía el 06 de julio de 2018, en tanto que la misma se presentó dos días antes de su vencimiento. Por otra parte, considera que el Ordinario es arbitrario porque se limita a señalar que la solicitud de sustitución no cumple con el requisito de admisibilidad, sin señalar cuáles requisitos no se habrían cumplido, ni indicar la disposición legal en que se funda esa afirmación. Argumenta que se ha vulnerado la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Cita jurisprudencia sobre la materia y considera que la Dirección del Trabajo ha sido contumaz en declarar extemporánea la presentación, haciendo aplicable los 30 días corridos, por lo que pide que se le condene en costas.

Pide, en definitiva que se deje sin efecto el acto ilegal y arbitrario contenido en Ordinario N°541 de 16 de Julio de 2018, consistente en abstenerse de pronunciarse sobre la solicitud de sustitución de multa por capacitación formulada por la reclamante. Acompaña documentación a su recurso.

A fojas 24, informa doña Mabel Muñoz Miranda, abogada, en representación convencional de la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación, quien, primeramente informa sobre los antecedentes relativos a la imposición de la multa, para luego, en síntesis, sostener que la solicitud de reconsideración fue interpuesta fuera de plazo. Alega la improcedencia de la acción cautelar de protección, atendida la naturaleza del acto recurrido, pues las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas tiene un procedimiento establecido en el artículo 420 e) del Código del Trabajo, por lo que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos precisos y urgentes. Por otra parte, sostiene que el recurso de protección no está destinado a resolver la interpretación de normas legales, como ocurre en la especie, en cuanto a si el plazo previsto en los artículos 506 ter, 511 y 512, son de días hábiles o corridos.

Sobre el fondo, asevera que la resolución ha sido ajustada a derecho, puesto que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, la solicitud de sustitución debe ser presentada dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución de multa administrativa. En este caso, se entiende que la resolución fue practicada el día 01 de junio de 2018, y por lo tanto, el plazo para deducir la reconsideración vencía el 01 de julio de este año, en tanto que al haberse deducido el 04 de julio pasado, el plazo ya se encontraba vencido. Precisa que el formulario donde se solicita la reconsideración expresa que dicha solicitud debe ser formulada dentro del plazo de 30 días corridos. Explica que mediante la Circular 46 de 02 de mayo de 2012, la Dirección del Trabajo ha resuelto que el plazo para deducir el recurso es de 30 días corridos. Manifiesta que la Dirección del Trabajo solicitó una reconsideración al Dictamen referido, en tanto que la Contraloría General de la República lo desestimó. Agrega que los dictámenes de la Contraloría General de la República, le son obligatorios y que existe jurisprudencia de los Tribunales superiores de justicia que han compartido su razonamiento. Pide que no se le condene en costas de ser acogido el recuso, puesto que su actuar se debe a lo resuelto por el órgano contralor y que la condena en costas busca sancionar al litigante pertinaz o abusivo, no siendo este el caso. Pide tener por informado el recurso y rechazarlo por ser improcedente, con costas.

A fojas 39, se trajeron los autos en relación Con lo relacionado y considerando Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la acción de protección es esencialmente una tutela de urgencia. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

Tercero: Que, la presente acción de protección se ha entablado en contra de la Jefa del Centro de Mediación y Conciliación de Valparaíso, en razón del acto estimado ilegal y arbitrario por el actor consistente en la dictación del Ordinario N° 541, de 16 de julio último, a través del cual no se admitió a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa N° 3868/2018/48, por considerarla extemporánea, al haber sido presentada fuera del término de treinta días corridos desde la notificación de la misma.

Cuarto: Que, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerarla improcedente, al existir otras acciones establecidas en la ley para obtener que la multa sea dejada sin efecto o rebajada, según corresponda. Asimismo, arguye que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, interpretando que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo para la interposición de la reconsideración de multa por el interesado, es de días corridos y no hábiles, de tal manera que, en el caso de marras venció el 01 de julio de 2018 y si la solicitud respectiva fue presentada el día 04 de julio recién pasado, a todas luces es extemporánea.

Quinto: Que, en relación a la improcedencia de este arbitrio procesal de rango constitucional deducida por existir otros caminos legales para cuestionar la imposición de una multa administrativa, el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, teniendo naturaleza jurídica cautelar y urgente, tendiente a reestablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, vulneren alguna de las garantías que el catálogo del artículo citado contempla, a través de la adopción de medidas protectoras e inmediatas.

Sexto: Que, en relación a la forma de computar el plazo 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que determine si se trata de días corridos o hábiles, por lo que recibe aplicación lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, que prescribe “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente”.

En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando además que ello es concordante con la circunstancia que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos, tesis que ha sido recogida por la jurisprudencia mayoritaria de la Excma. Corte Suprema, a título ejemplar, en las sentencias dictadas en causas Rol 4015-2015, de fecha once de marzo de dos mil quince; Rol 23996-2014, de fecha veintiocho de agosto de dos mi catorce y Rol 8384-2014, de fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce.

Séptimo: Que, en la especie, la resolución N° 3868/2018/48 que impuso la multa administrativa, fue comunicada mediante carta certificada el día 25 de mayo de 2018, por lo que se tuvo por notificada el 31 de mayo último al recurrente -según ambas partes en forma conteste lo refieren en sus presentaciones- y si el recurrente interpuso la reconsideración de multa el 06 de julio de 2018, -como se lee a fojas 5, vuelta-, claramente lo fue dentro del plazo legal.

Octavo: Que, a la luz de lo razonado, es posible estimar que la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ha sido afectada por la recurrida, toda vez que al desconocer el plazo legal, le ha dado un trato arbitrario.

Noveno: Que, los razonamientos vertidos precedentemente conducirán a acoger la presente acción constitucional como se dirá en lo resolutivo.

Décimo: Que, no procede condenar en costas a la jefa del Centro de Mediación y Conciliación de Valparaíso, porque la ilegalidad constatada tiene su fuente en instrucciones emanadas de la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 17344 de 2014, que resulta obligatorio para la recurrida de conformidad al artículo 9° de la Ley N° 10.336 que fija las atribuciones de dicho organismo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 5 por don Ricardo Sacaan Montecino, abogado, en representación de Importadora y Comercializadora de Prendas de vestir Turqueza SpA., en contra de la Jefa del Centro de Mediación y Conciliación de Valparaíso, por lo que se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 541 de 16 de julio de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto por el actor con fecha 04 de julio de 2018, respecto de la Resolución de multa administrativa N° 3868/2018/48, de 10 de mayo de 2018.- Se previene que el Ministro Sr. Droppelmann expresa que su cambio de parecer respecto de lo resuelto en los recursos de protección números 43-2014; 1970-2015 y 4840-2015, tiene fundamento en la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y que con lo resuelto en esta oportunidad se favorece la garantía de igualdad ante la ley.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6938-2018.