nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, dieciséis de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor, de nacionalidad venezolana y profesional de la arquitectura, solicitó la devolución de sus fondos de acuerdo con la Ley N° 18.156. Señala que, con fecha 13 de enero de 2026, la recurrida comunicó el rechazo de la solicitud argumentando que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no era documento válido por carecer de apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sostiene que el recurrente cumple con todos los requisitos legales, pues posee la calidad de técnico/profesional, se encuentra afiliado a un régimen de seguridad social en su país de origen (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales - IVSS) y manifestó su voluntad de mantener dicha afiliación en sus contratos de trabajo en Chile.

Argumenta que la exigencia de apostilla en el contexto actual es arbitraria, toda vez que la autenticidad del documento puede ser verificada mediante códigos de validación en el portal web de la institución extranjera. Añade que se impone una carga imposible de cumplir debido a la crisis diplomática y el cierre de la sede consular de Venezuela en Chile, lo que constituye una barrera burocrática que priva al actor de su derecho de propiedad sobre sus ahorros.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida reconocer como válidos los documentos acompañados y emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales, dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, informa la recurrida AFP Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas.

Sostiene que su actuar no es ilegal ni arbitrario, pues se ajusta estrictamente a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Arguye que la documentación presentada por la afiliada no cumple con las formalidades legales de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, según el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 8, informa la Superintendencia de Pensiones señalando que la Ley N°18.156 es una norma de excepción y, por tanto, debe interpretarse de manera restrictiva. Explica que, para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, conforme a letra a del artículo 1°, el trabajador debe aportar una certificación debidamente legalizada o apostillada. Precisa que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por la actora no es suficiente, ya que carece de firma, no está apostillada y menciona coberturas de forma genérica sin acreditar una protección efectiva durante todo el tiempo de servicios en Chile. Concluye que no hay antecedentes que permitan establecer que la recurrente cumple los requisitos legales.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de AFP Provida S.A, comunicada el 13 de enero de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual, fundada en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no es idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse apostillada ni legalizada, acto que a su entender vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por el actor no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Pensiones, precisa que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS no se encuentra debidamente legalizada o apostillada y carece de firma de la autoridad emisora, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal.

Quinto: Que, en consecuencia, el documento acompañado por el recurrente no satisface las exigencias establecidas en el artículo 1° de la Ley N°18.156, en relación con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, toda vez que no se encuentra apostillado ni legalizado y carece de firma autorizada, teniendo presente además que el actor cuenta con residencia definitiva en el país.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales.

Séptimo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la Administradora recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, por no haber acreditado el recurrente el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-689-2026.