nombre reservado CONTRA TESORERO PROVINCIAL DE SAN ANTONIO Y OTRO

Foja: 79 Setenta y nueve Vim.

C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunciaron para alegar los abogados don Carlos Canales, 20 minutos por el recurso y don nombre reservado, 15 minutos contra el recurso, haciendo ambos uso de su derecho en estrados, previo a escuchar relación pública. Valparaíso, quince de mayo de dos mil catorce.

Rol N° 687-2014.

nombre reservado.

Relatora Valparaíso, quince de mayo de dos mil catorce.

Visto:

A fojas 28 comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de don nombre reservado y de don nombre reservado, ambos domiciliado en domicilio reservado.

Indica que el Sr. nombre reservado, en su calidad de Tesorero Provincial de San Antonio (en calidad de Juez Sustanciador) dictó en su contra una Resolución de fecha 12 de febrero de 2014, en expediente sobre cobro de impuestos, disponiendo ilegal y arbitrariamente el embargo y retención de dineros depositados o invertidos en cuentas, operaciones y/o inversiones en el Banco del Estado de Chile, hasta por $224.000.334; por su parte el Sr. nombre reservado, como recaudador fiscal, sin haberlo notificado, incumplió la resolución anterior, porque se practicó el embargo y retención en el Banco de Chile.

Agrega que lo anterior vulnera su derecho de propiedad porque se le embargaron y retuvieron $5.230.093 de su cuenta corriente y se ordenó lo mismo hasta por $224.000.334.

Señala que la última resolución útil dictada en su contra en el expediente administrativo es de 23 de enero de 2004, en que se ordenó la ampliación del embargo en contra de esta recurrente, la que le fue notificada el 28 de enero de enero de 2004; el mismo día se practicó un embargo sobre un vehículo.

Expone que solo el 11 de marzo de 2014 pudo tomar conocimiento del cuaderno administrativo, toda vez que se le había comunicado por el Banco de Chile, que su cuenta corriente había sido embargada y retenidos los fondos. Hace presente que formuló alegaciones procesales el 17 de marzo ante el Juez de Primer Juzgado de Letras de San Antonio, las que no han sido resueltas.

Indica que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias de dinero se trata de un juicio ejecutivo especialísimo, siendo aplicable al mismo la institución del abandono del procedimiento y también lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, percatándose en las copias obtenidas que no existe certificada ninguna notificación y sí aparece el 28 de febrero el envió de una carta certificada a un domicilio que no tiene. Por ende, la ampliación del embargo fue practicada de plano y directamente al Banco de Chile y no del Estado, siendo vedada su posibilidad de alegar siquiera el abandono de procedimiento.

Lo anterior, indica, vulnera el derecho de propiedad sobre los dineros depositados en la cuenta corriente del Banco de Chile. Asimismo, existe arbitrariedad, toda vez que el Tesorero Provincial de San Antonio, actuando como Juez sustanciador, casi 10 años después, de oficio y a su mera voluntad, ordenó una nueva ampliación del embargo, violando la garantía del debido proceso del artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución Política de la República.

Indica que en el expediente administrativo fue notificada el 19 de mayo de 1999, y desde esa fecha, en que se trabó la Litis, podía oponer excepciones, iniciándose el juicio especialísimo de cobro de obligaciones tributarias de dinero, procedimiento que estaba paralizado desde el 2004.

Agrega que, los valores que se pretender cobrar extemporáneamente, tienen vencimiento legal el 30 de abril de 1995 y por ello debieron ser declarados incobrables por su antigüedad, como lo dispone el artículo 197 del Código Tributario.

Por lo anterior, solicita se disponga dejar sin efecto todo lo obrado por los recurridos en el expediente administrativo Rol N° 1000-1998 de la Tesorería de San Antonio, ordenando la devolución de los dineros embargados y adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

A fojas 41, la recurrente, complementa y corrige su recurso, indicando que el embargo y retención también se ordenaron en el Banco de Chile.

A fojas 54 y 64 rolan informes de los recurridos. Indica que en los autos administrativos 1000-98, se ejecutó a la recurrente (entre otros) y en su virtud se le embargó un inmueble; por mantenerse impaga la deuda, se confeccionó nómina de segunda etapa con 2 deudores, uno de ellos la recurrente, solicitando al 1° Juzgado de Letras de San Antonio el remate del inmueble embargado, sin embargo este fue rematado en una causa tramitada en nombre reservado, por lo que la judicialización seguida en contra de la recurrente perdió su causa, por esa razón no se perseveró en la causa del 1° Juzgado de Letras de San Antonio. Agrega que al quedar sin bienes que garantizaran la ejecución, se ordenaron diversas ampliaciones y así, el 12 de febrero de 2014 el Tesorero Provincial ordenó la ampliación del embargo a dineros que el ejecutado mantuviera depositados o en inversiones en el Banco de Chile y en el Banco Estado, lo cual le fue notificado por cédula a la recurrente, según consta a fojas 94 y 95 del expediente.

Agrega que el Tesorero Provincial como Juez Sustanciador y el recaudador Fiscal, son funcionarios competentes para decretar y cumplir la medida de ampliación del embargo y los dineros son absolutamente embargables.

Asimismo, indica, las notificaciones fueron practicadas de conformidad a la ley, por cuanto el domicilio en que se practicó, es aquel que tiene informado al Servicio de Impuesto Internos y, por ende, aparece revestido de la presunción establecida en el artículo 13 del Código Tributario.

En cuando al abandono del procedimiento, señala que el 17 de marzo de 2014 la recurrente promovió incidente de abandono del procedimiento, el que se encuentra actualmente en tramitación.

Finalmente, señala que el Tesorero efectivamente puede declarar incobrables los impuestos morosos, pero eso es una facultad de dicha autoridad, debiendo cumplirse una serie de requisitos copulativos, entre ellos, que no se conozcan otros bienes del deudor, lo que no ocurre en el caso de autos, en que se sabe que cuenta con bienes. En cuanto a la prescripción, señala que esta debe ser alegada. Agrega que la recurrente no ejerció su derecho a oponerse a la ejecución y evidentemente el plazo se encuentra vencido.

A fojas 76 se trajeron estos autos en relación.

Con relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto se adopten las medidas o providencias necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho, en el evento de existir privación, perturbación a amenaza de alguna o algunas de aquellas garantías fundamentales mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que del mérito de los antecedentes consta que las alegaciones realizadas por el recurrente exceden los límites de la acción de protección, teniendo en consideración el carácter especial del mismo y el procedimiento expedito que corresponde para salvaguardar los derechos presuntamente vulnerados.

Tercero: A mayor abundamiento, los hechos que han motivado el recurso, se encuentran actualmente bajo el conocimiento del Juzgado Civil correspondiente, como lo indican ambas partes en sus respectivos escritos, por lo que el recurrente cuenta con las vías para hacer las presentaciones que estime convenientes para asegurar los derechos que estime amagados, por lo que éste no es el conducto idóneo para revertir la medida que afecta a la recurrente.

Así igualmente analizados los antecedentes y sin perjuicio de lo razonado precedentemente, no se encuentran acreditados hechos u omisiones que impliquen una vulneración o amenaza al derecho de propiedad que alega la recurrente, toda vez que la resolución y actos que se pretenden dejar sin efecto, fueron dictadas y practicadas por funcionarios competentes, dentro del ámbito de sus atribuciones, correspondiendo las demás alegaciones a hechos que deben ser conocido por el tribunal civil que corresponda, como se indicó previamente.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara sin lugar el recurso deducido doña nombre reservado en contra de don nombre reservado y de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N° 687-2014 Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por el Ministros Sr. Luis Alvarado Thimeos, Sra. María Angélica Repetto García y por la Fiscal Judicial Sra. Jacqueline Nash Álvarez.

Incluida la presente resolución en el Estado Diario de hoy.