Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 686-202610 mar 2026

nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Fecha
10 de marzo de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Sala
Quinta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 686-2026, sentencia de 10 de marzo de 2026

Resumen

Se rechaza la protección contra la AFP Modelo: el pago íntegro de los fondos solicitados el 9 de febrero dejó sin objeto el recurso, y respecto del período no pagado la recurrente no acreditó afiliación activa a la seguridad social extranjera.

Texto íntegro

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado, por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a lo previsto en la Ley N°18.156, mediante comunicación electrónica de 7 de enero de 2026, con lo que, a su juicio, se vulneran las garantías de los numerales 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente mantiene una relación laboral de carácter indefinido con la empresa DHL Global Forwarding (Chile) S.A., ejerciendo funciones como Key Account Management desde el 17 de marzo de 2022, habiendo suscrito un anexo de contrato de trabajo el 4 de noviembre de 2021, en el cual se dejó constancia de su voluntad de permanecer afiliada a la seguridad social de su país de origen.

Señala que el 1 de diciembre de 2025 presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, siendo notificada el 7 de enero de 2026 de que su solicitud N°982 no pudo ser ingresada por no haber adjuntado la documentación requerida.

Aduce que, a pesar de haber sido asesorada inicialmente por la propia AFP en el sentido de que cumplía con los requisitos, la institución impuso trabas meramente formales y caprichosas. Específicamente, señala que la recurrida exigió que sus certificados de afiliación extranjera contuvieran la redacción precisa "real y efectivamente" para ser validados, lo que considera una obstaculización deliberada.

Denuncia un trato discriminatorio, por cuanto otros ciudadanos colombianos en situaciones idénticas habrían obtenido la devolución de sus fondos con la misma documentación.

Afirma que acompañó, entre otros documentos, la certificación emitida por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. de Colombia, la cual da cuenta de que la recurrente obtuvo pensión por vejez anticipada a partir del 25 de octubre de 2022 y se encuentra bajo modalidad de retiro programado con una mesada pensional de $2.658.098 pesos colombianos.

Agrega que se cumplen íntegramente los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156, dado que la recurrente detenta la calidad de técnica extranjera, se encuentra pensionada en su país de origen a través de Porvenir S.A. y ha expresado en su contrato su voluntad de mantener dicha afiliación.

Pide que se ordene a la AFP recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, efectuando la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando en general las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 12 informa la Superintendencia de Presiones, indicando que, tras revisar sus sistemas, la recurrente no registra reclamos administrativos previos por estos hechos.

En cuanto al fondo, explica que la Ley N° 18.156 es una normativa de excepción que permite la devolución de fondos solo si se cumplen requisitos copulativos, tales como la calidad de técnico y la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Enfatiza que esta norma debe interpretarse de forma restrictiva. Respecto al caso concreto, observa que el certificado de Porvenir S.A. inicialmente presentado por la actora no cumplía con los requisitos de apostilla o legalización exigidos por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil para tener valor probatorio en Chile.

Asimismo, advierte un desfase temporal: la actora registra servicios en Chile desde noviembre de 2021, pero su calidad de pensionada en Colombia rige solo desde octubre de 2022, existiendo un periodo intermedio que requeriría acreditación de cobertura adicional.

A folio 14 evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. solicitando el rechazo del recurso.

Relata que la solicitud inicial de diciembre de 2025 fue observada por deficiencias en la documentación laboral aportada. Sin embargo, destaca el 3 de febrero de 2026, la recurrente ingresó una nueva solicitud y tras la revisión por parte de la Fiscalía de la AFP, fue aprobada el 5 de febrero.

Da cuenta que el día 9 de febrero de 2026, se materializó el pago efectivo de los fondos a la recurrente por un monto neto de $13.956.578, detallando que el monto bruto era de $18.974.230, sobre el cual se aplicó la retención legal del Impuesto Único de Segunda Categoría por $5.017.652, conforme a la normativa vigente.

Precisa que, en conformidad con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la devolución de fondos previsionales exige una solicitud por cada empleador que haya enterado cotizaciones a nombre del trabajador. En ese orden, advierte que existe un lapso comprendido entre el 4 de noviembre de 2021 y el 24 de octubre de 2022, período en que la recurrente prestó servicios en Chile sin tener aún la calidad de pensionada en Colombia —condición que adquirió recién a partir del 25 de octubre de 2022—, razón por la cual, para obtener la devolución de los fondos correspondientes a ese período, deberá acreditar que se encontraba afecta a un régimen previsional extranjero que le otorgara cobertura para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, con anterioridad al inicio de su prestación de servicios en Chile.

Concluye que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal; por el contrario, ha dado estricto cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a su jurisprudencia administrativa.

A folio 15 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección busca adoptar medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho ante actos ilegales o arbitrarios que afecten garantías fundamentales.

Segundo: Que, respecto de la pretensión principal, esto es, la devolución de los fondos acumulados por las cotizaciones de su empleador DHL Global Forwarding (Chile) S.A., consta que la AFP recurrida procedió al pago íntegro de la suma solicitada el día 9 de febrero de 2026. En consecuencia, respecto de estos fondos, el agravio ha desaparecido al haber sido satisfecha la prestación en sede administrativa, perdiendo el recurso su objeto actual.

Tercero: Que, en relación con posibles periodos o cotizaciones que no fueron objeto de dicho pago, cabe señalar que la Ley N° 18.156 exige que la cobertura previsional en el extranjero sea continua y abarque la totalidad del periodo trabajado en Chile.

Cuarto: Que, respecto de aquel periodo que no ha sido pagado, se observa que la recurrente no ha dado cumplimiento a los requisitos legales exigidos por el artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156. En efecto, según los antecedentes del proceso, existe un lapso -entre noviembre de 2021 y octubre de 2022- en el cual la actora aún no detentaba la calidad de pensionada en su país de origen, sin que se haya acreditado en autos, mediante documentación debidamente apostillada o legalizada, que durante ese tiempo contara con una afiliación activa a un régimen de seguridad social extranjero con las coberturas mínimas de ley. Al no haberse acreditado fehacientemente este presupuesto fáctico de la norma de excepción, la Administradora no se encuentra obligada a cursar devoluciones por dicho periodo, no existiendo por tanto ilegalidad ni arbitrariedad en tal omisión.

Quinto: Que, por lo razonado, y habiéndose restablecido el imperio del derecho en lo pertinente mediante el pago ya efectuado, no existe medida cautelar que esta Corte deba adoptar, debiendo desestimarse el recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-686-2026