nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de marzo de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, interpone recurso de protección nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., por actos arbitraros e ilegales que vulneran su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Señala que desde el 1 de agosto del año 2004 se encuentra afiliada a la Administradora de Fondos de Cesantía, aportando de forma mensual y de manera ininterrumpida el 3% de su remuneración imponible mensual, hasta septiembre del 2024, mes en el cual quedó cesante.

Refiere que solicitó el cobro del seguro de cesantía, presentando para ello la documentación requerida por la entidad previsional.

Hace presente que, para la Superintendencia de Pensiones, el seguro de cesantía está compuesto por la cuenta individual de cesantía (CIC) y el fondo de cesantía solidario (FCS), correspondiendo el primero un fondo que es propiedad del trabajador, mientras que el segundo corresponde a un fondo de reparto que recibe aportes del Estado y del empleador.

Asevera que, al activar el cobro del seguro de cesantía, todos los cálculos y pagos se realizaron en base al monto ahorrado en su cuenta individual de cesantía, proyectándose el pago de 12 cuotas cuyo valor disminuiría mes a mes. Sin embargo, solo le pagaron 5 cuotas por un monto total de $2.230.948, quedando un saldo ascendente a $1.773.163, dinero que la recurrida se niega a pagar.

Refiere que el 18 de febrero del año en curso recibió un mail de la recurrida donde le informaron sobre la suspensión del pago por inicio de labores.

Posteriormente acudió a la sucursal de la entidad recurrida, en donde se le informó la situación previamente expuesta, explicándole a su vez, que se encontraba nuevamente sin trabajo, toda vez que trabajó solo un mes, desde el 16 de diciembre de 2024 hasta el 21 de enero de 2025. Sin embargo, se le señaló a la recurrente que el pago del seguro no se podía reactivar ya que era necesario que tuviera 5 cotizaciones adicionales.

Hace presente que el párrafo 3 de la Ley N°19.728, que establece un seguro de desempleo, se refiere a las prestaciones financiadas con cargo a la cuenta individual por cesantía, en el siguiente tenor “Artículo 12.- Los afiliados tendrán derecho a una prestación por cesantía, en los términos previstos en este párrafo, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales señaladas en los artículos 159, 160, 161 y 163 bis, o por aplicación del inciso primero del artículo 171, todos del Código del Trabajo.

b) Que el trabajador con contrato indefinido o el trabajador de casa particular con independencia de la duración de su contrato registre en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 10 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley.

c) En el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, deberá registrar en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 5 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley, y d) Encontrarse cesante al momento de la solicitud de la prestación”.

Afirma que cumple con dichos requisitos, toda vez que el nuevo finiquito presentado es por la causal del artículo 159 inciso 2° del Código del Trabajo y que en cuanto a la cantidad mínima de cotizaciones que un trabajador debe tener para acceder a su cuenta individual de cesantía, la normativa señala que se deben registrar un mínimo de 5 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, contándose el plazo desde la fecha de afiliación al seguro o desde la fecha en que se devengó el ultimo giro a que hubieren tenido derecho.

Finalmente, solicitó que se declare que el no pago del subsidio de cesantía proveniente de sus fondos propios, como lo es la cuenta individual de cesantía constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, ordenando a la recurrida a cancelar inmediatamente el saldo disponible en su cuenta individual de cesantía, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que la sentencia que acoja el presente arbitrio se encuentre firme y ejecutoriada, con costas.

A folio 4, evacúa informe el abogado Sebastián de la Puente Hervé en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Señala que la recurrida no tiene conocimiento ni ha emitido pronunciamiento alguno sobre la materia objeto del presente arbitrio, toda vez que no se ha registrado ninguna presentación del recurrente ante dicho organismo fiscalizador.

A folio 6, evacúa informe nombre reservado, Gerente General de la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile III S.A.

Como cuestión previa menciona que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°19.728, para que los afiliados tengan derecho a una prestación por cesantía, deben reunir los siguientes requisitos:

“a) Que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales señaladas en los artículos 159, 160, 161 y 163 bis, o por aplicación del inciso primero del artículo 171, todos del Código del Trabajo.

b) Que el trabajador con contrato indefinido o el trabajador de casa particular con independencia de la duración de su contrato registre en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 10 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley.

c) En el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, deberá registrar en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 5 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley, y d) Encontrarse cesante al momento de la solicitud de la prestación.”

Hace presente que, de acuerdo con lo estipulado en el inciso primero del artículo 16 de la misma Ley, el goce del beneficio “se interrumpirá cada vez que se pierda la condición de cesante antes de agotarse la totalidad de los giros a que tenga derecho”

En este mismo orden de ideas, las disposiciones contenidas en el Compendio de Normas sobre el Seguro de Cesantía (“el Compendio”) dictado en uso de sus facultades legales por el organismo fiscalizador de la recurrida, esto es, la Superintendencia de Pensiones en su Libro III, Título II, Capítulo VI, respecto a la suspensión o cese de la prestación por cesantía establece, en lo pertinente, lo siguiente: “Asimismo, si la Administradora detectare pago o declaración de cotizaciones correspondientes a períodos posteriores a la fecha de cese de la relación laboral que originó el beneficio, deberá suspender la prestación a contar del mes siguiente al mes de inicio de la relación laboral”.

Por último, el inciso segundo del artículo 51 de la referida Ley señalan que “La Sociedad Administradora estará obligada a verificar el cumplimiento de los requisitos que establece esta ley para acceder a las prestaciones por cesantía que ella contempla. Dicho control deberá ser previo al pago de la respectiva prestación y la Sociedad Administradora estará impedida para otorgar el beneficio impetrado, si no se acreditan las condiciones para su pago”.

En consecuencia, la recurrida debe actuar dentro de un marco normativo, que le impone la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos que debe reunir el afiliado para acceder al beneficio de cesantía, la modalidad de pago de este último y suspender el pago de la respectiva prestación cuando corresponda.

En cuanto al fondo, informa que la recurrente concurrió a la sucursal de Quillota y suscribió la solicitud N°RUT reservado de prestación por cesantía. Para acreditar su condición legal de cesante, presentó un finiquito suscrito por ella y su ex empleador Sopraval S.A., en el que consta que el término de la relación laboral aconteció el día 22 de agosto de 2024, en virtud de la causal contenida en el N°1 del artículo 159 del Código del Trabajo, esto es, mutuo acuerdo de las partes. Añade que en esa oportunidad se le informó a la recurrente que, habiendo cumplido con los requisitos de acceso al beneficio indicados en el artículo 12 de la Ley N°19.728, se procedería a su pago en cada una de las fechas de los 12 giros correspondientes a su beneficio con acceso a su cuenta individual por cesantía (“CIC”).

Posteriormente, la recurrente inició una nueva relación laboral con el empleador 3 Dent Lab SpA, Rut RUT reservado, quien informó a la recurrida, a través del pago de las cotizaciones por cesantía correspondientes a los períodos de diciembre de 2024 y enero de 2025, que había iniciado una relación laboral con la recurrente a partir de diciembre de 2024. Cabe destacar que esta información coincide con lo indicado por la recurrente en su presentación, quien señaló, en lo que interesa, que “[…]sólo trabajé un mes; desde el 16 de diciembre de 2024 hasta el 21 de enero de 2025.”

De este modo, en cumplimiento de la normativa vigente, la recurrida debió suspender la prestación por cesantía de la recurrente, dado que perdió su condición de cesante. Esta suspensión fue comunicada a la recurrente mediante un aviso enviado a su correo electrónico correo reservado, el 18 de febrero de 2025.

Por otra parte, para que la recurrente pueda acceder nuevamente a una prestación por cesantía, financiada con los recursos acumulados en su cuenta individual por cesantía, debe cumplir con el registro mínimo de cotizaciones establecido en el artículo 12 de la Ley y a la fecha, no cumple con dicho requisito legal.

En consecuencia, afirma que la recurrida ha obrado de acuerdo con la normativa vigente, por lo que no ha incurrido en ilegalidad alguna, limitándose a dar cumplimiento a sus obligaciones legales ya consignadas.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, mediante la presente acción constitucional, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho, ante la eventual actuación arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en la negativa a otorgar el saldo que se encuentran en la cuenta de la recurrente.

Tercero: Que, para resolver el presente arbitrio se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°19.728, que establece los requisitos que deben cumplir los afiliados para tener derecho a una prestación por cesantía: “a) Que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales señaladas en los artículos 159, 160, 161 y 163 bis, o por aplicación del inciso primero del artículo 171, todos del Código del Trabajo, b) Que el trabajador con contrato indefinido o el trabajador de casa particular con independencia de la duración de su contrato registre en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 10 cotizaciones mensual es continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley, c) En el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, deberá registrar en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 5 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley, y d) Encontrarse cesante al momento de la solicitud de la prestación”.

Cuarto: Que, en consecuencia, no se vislumbra la ocurrencia de alguna conducta de parte de la recurrida que se considere ilegal o arbitraria y que atente contra las garantías constitucionales invocadas en el libelo. En efecto, según lo informado por la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., la decisión de negar la petición se adoptó por la autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones legales y reglamentarias.

A mayor abundamiento, la misma recurrente señala en su presentación que trabajó desde diciembre de 2024 hasta enero de 2025.

Quinto: Que atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en nombre y a favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, ejecutoriada, archívese en su oportunidad.

N°Protección-686-2025.

En Valparaíso, dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.