nombre reservado con nombre reservado

Edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, abogada, chilena, casada, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio profesional en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado y región de Valparaíso, por actos que estima ilegales y arbitrarios, consistentes en hostigamientos, amenazas verbales y físicas, y publicaciones difamatorias en redes sociales, que afectan su integridad psíquica, su honra y su vida privada, invocando vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Expone que, en septiembre de 2024, fue contactada por la recurrida con el objeto de contratar sus servicios profesionales para una causa de cuidado personal respecto de su hijo, tramitada ante el Juzgado de Familia de Quilpué. Aceptada la representación y fijados los honorarios en la suma total de $1.200.000, la señora nombre reservado realizó un abono de $600.000 durante el mes de octubre. Se le explicó que, conforme al presupuesto, en caso de retracto no procedía devolución del abono una vez iniciadas las gestiones, lo que fue expresamente aceptado por la clienta.

Informa que el día 14 de octubre de 2024, le comunicó a la señora nombre reservado que ya se había ingresado patrocinio y poder en la causa RIT X-341-2023 y se preparaba la solicitud de cuidado personal. Ese mismo día, la recurrida manifestó que su padre —don nombre reservado, quien habría financiado el abono— le exigía la restitución del dinero, indicando que contaban con asesoría jurídica gratuita. Pese a ello, la recurrente reiteró la improcedencia de restitución y citó a ambos a una reunión en la oficina para el día 16 de octubre, la que no se concretó por inasistencia de los convocados.

El día 15 de octubre de 2024, un estudio jurídico denominado “Abogaley” remitió un correo electrónico notificando el desistimiento del contrato, amenazando con presentar denuncias ante el SERNAC y el Servicio de Impuestos Internos. La recurrente respondió ese correo objetando los hechos descritos, acompañando antecedentes que acreditaban el cumplimiento parcial de su labor profesional.

Relata que, entre noviembre y diciembre de 2024, comenzó a recibir hostigamientos reiterados de parte de la recurrida y de su padre, incluyendo amenazas de funas, agresiones físicas y amenazas directas, lo que se intensificó en enero de 2025. El día 30 de enero de 2025, recibió una llamada telefónica de don nombre reservado, quien la insultó y amenazó, tras lo cual concurrió a su oficina en Viña del Mar, donde —según describe— se presentó en aparente estado de ebriedad o bajo efectos de drogas, y exigió la devolución del dinero. Al advertir la presencia del jefe de la recurrente, don nombre reservado, el sujeto se tornó agresivo, golpeó mobiliario de la oficina, se retiró violentamente y permaneció merodeando el edificio de forma intimidante.

Posteriormente, ese mismo día, recibió mensajes de amenaza y amedrentamiento por parte de la recurrida a través de Facebook, en que se le dijo: “te voy a ir a buscar a la oficina”, “te voy a golpear”, “tengo tu foto y voy a inventarte lo que yo quiera”, entre otros. A raíz de esto, con fecha 31 de enero de 2025, acudió a la Fiscalía Local de Viña del Mar, interponiendo denuncia por amenazas contra la persona y la propiedad, la que fue registrada bajo RUC N°2500147861-6, otorgándosele medida de protección por 30 días, ordenando a los denunciados no acercarse a la oficina de la recurrente.

Refiere que, pese a la medida de protección, el día 20 de febrero de 2025 recibió nuevas amenazas tanto de la recurrida como de su amiga nombre reservado, quien le escribió insultos y mensajes denigrantes por Facebook, mientras que la señora nombre reservado insistía en que acudiría con carteles a su oficina, que sería retirada solo por Carabineros, y que “su cara saldrá en todo internet”. Luego de ello, recibió capturas de pantalla con publicaciones en redes sociales (Facebook e Instagram) que incluían su nombre, imagen, la de su marido y la de su jefe, en las que se la sindicaba como “estafadora”, “abogada falsa”, “mentirosa”, y otras expresiones injuriosas.

Con fecha 21 de febrero de 2025, procedió a denunciar nuevamente los hechos ante Carabineros de El Belloto, quedando registrada dicha denuncia bajo parte N° 256, derivada a la Fiscalía Local de Quilpué. Al momento de interponer el recurso, la publicación difamatoria seguía disponible y había sido ampliamente compartida, lo que —afirma— ha generado un grave perjuicio emocional y patrimonial, dado que su imagen y nombre circulan en plataformas públicas, afectando su desarrollo laboral y su seguridad personal.

Solicita que se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, se ordene la eliminación inmediata de todas las publicaciones lesivas, se le imponga la obligación de abstenerse de emitir amenazas o comentarios injuriosos por cualquier vía, y se disponga la condena en costas.

A folio 14, se prescindió del informe de los recurridos.

A folio 15, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de toda persona que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos y garantías que dicha norma ampara de forma expresa.

Segundo: Que, en la especie, se ha deducido recurso de protección por parte de doña nombre reservado, abogada, en contra de doña nombre reservado, fundado en una serie de hostigamientos, amenazas verbales y físicas, así como publicaciones efectuadas en redes sociales, que, según sostiene, han perturbado gravemente su honra, integridad psíquica y vida privada.

Tercero: Que consta del libelo y de los antecedentes acompañados que la recurrida ha emitido, a través de plataformas como Facebook e Instagram, publicaciones que incluyen el nombre, imagen y datos personales de la recurrente, acompañados de expresiones denigrantes tales como “estafadora”, “abogada falsa” y “mentirosa”, las cuales se mantienen accesibles al público y han sido ampliamente difundidas.

Cuarto: Que, si bien el recurso también hace referencia a hechos constitutivos de eventuales amenazas personales, muchas de las cuales fueron objeto de denuncias penales y dieron lugar a medidas de protección adoptadas por la autoridad competente, corresponde a esa sede jurisdiccional determinar su gravedad, veracidad y alcance. Por tanto, este tribunal no emitirá pronunciamiento en cuanto a aquellas conductas que ya son objeto de investigación penal y escapan al ámbito de esta acción cautelar.

Quinto: Que, en lo que dice relación con las publicaciones en redes sociales de carácter difamatorio y público, cabe señalar que tales actos constituyen una perturbación efectiva al derecho a la honra y a la vida privada, consagrados en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, en cuanto exponen a la recurrente a un juicio social abierto y permanente, sin posibilidad de defensa ni control, y cuya permanencia y difusión amplifican el daño reputacional y psicológico alegado.

Sexto: Que, en este contexto, las publicaciones aludidas revisten un carácter objetivamente ofensivo, exceden los límites de la libertad de expresión y constituyen un acto ilegal, al no contar con respaldo jurisdiccional ni constituir una crítica fundada o legítima dentro de un marco de controversia judicial, sino una imputación directa de conductas reñidas con la ley, expresadas en tono agraviante y público.

Séptimo: Que, en consecuencia, se justifica acoger el presente recurso de protección únicamente en lo que dice relación con las publicaciones en redes sociales, debiendo la recurrida proceder a eliminar las publicaciones vigentes que hagan referencia a la, así como abstenerse en lo sucesivo de efectuar nuevos comentarios o difusiones de similar contenido por medios digitales o redes sociales.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se acoge el recurso interpuesto por doña nombre reservado, en cuanto se ordena a doña nombre reservado eliminar las publicaciones efectuadas en redes sociales que contengan referencias denigrantes a la recurrente, y se le instruye abstenerse de realizar nuevas publicaciones de igual tenor.

Regístrese, comuníquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-685-2025.

En Valparaíso, veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.