Protección contra Servicio Nacional de Migraciones
- Fecha
- 17 de marzo de 2026
- Sala
- Primera
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 6829-2025, sentencia de 17 de marzo de 2026
Resumen
Se acoge la protección contra el Servicio Nacional de Migraciones y se deja sin efecto la resolución que tuvo por desistida la solicitud de refugio, ordenando continuar su tramitación, por vulnerarse la igualdad ante la ley y el principio de trato más favorable.
Texto íntegro
C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.
Visto:
A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, venezolano, en contra el Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario de tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente mediante Resolución Exenta NUM000 de 1 de octubre de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, vulnerando con ello su garantía fundamental, establecida en los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Señala que ingresó al país por paso no habilitado el 11 de marzo de 2021. Luego, el 22 de abril de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile emitió la correspondiente Tarjeta de Extranjero Infractor, asimismo, con fecha 21 de noviembre de 2022, se procedió a hacer la reimpresión de la Tarjeta de Extranjero Infractor del recurrente.
Explica que el 26 de junio de 2025, el recurrente concurrió a dependencias del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones con el objeto de formalizar su solicitud, y que luego de haber solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, se le comunica que su solicitud no cumple con los requisitos formales legales mínimos establecidos en la ley, se le otorga el plazo de 15 días hábiles para subsanar, señala que dentro de plazo adjuntó una explicación subsanando su solicitud, y que luego de ello se emite la resolución que impugna por esta vía, la que considera ilegal y arbitraria, pues se le pide cumplir con requisitos que son imposibles, ya que realizó su ingreso por paso no habilitado al territorio de la república el 11 de marzo de 2021, antes de la entrada en vigencia de la modificación legal a la Ley 20.430, que establece los requisitos que para el Servicio estarían incumplidos.
Solicita, se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta que se impugna por esta vía, que en su lugar se ordene tener por subsanada dicha solicitud, y que se ordene emitir una nueva resolución teniendo por formalizada la solicitud del recurrente, reanudando de esta forma la tramitación de dicha solicitud, en un plazo no superior de 30 días, o la providencias que se estimen pertinentes, con costas.
A folio 9, informa el Servicio Nacional de Migraciones, quien explica que el actor ingresó al territorio nacional por un paso no habilitado, y que el 26 de junio de 2025, manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.
Refiere que, verificados los requisitos formales, el 5 de septiembre de 2025, se le notificó que la solicitud se encontraba incompleta, por haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430.Se le concedió 15 días para subsanar la solicitud, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley 20.430 y en el artículo 31 de la Ley 19.880.
Refiere que, habiendo presentado los antecedentes y analizados los mismos, mediante Resolución Exenta NUM000 de 1 de octubre de 2025, se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.
Además, hace presente que con fecha 20 de febrero de 2024, se publicó la Ley 21.655, que modificó la Ley 20.430, sobre protección de refugiados, en cuyo artículo 28 bis, otorgó al Servicio la facultad de tener por desistidas aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos formales establecidos en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 de Reglamento de la ley y si, de conformidad con el artículo 2° es manifiestamente infundada, con lo que se pone término a la discusión de si el Servicio puede efectuar un análisis de admisibilidad de las solicitudes. Solicita el rechazo del recurso, y acompaña resolución previa al rechazo y resolución exenta impugnada.
A folio 10, se decretaron los autos en relación.
Con lo relacionado y considerando:
Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.
Segundo: Que, mediante la presente acción constitucional, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho, ante la eventual actuación arbitraria e ilegal por parte del Servicio Nacional de Migraciones, en la dictación de la Resolución Exenta NUM000 de 1 de octubre de 2025, que tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente, por haber presentado documentación que no permite entender por subsanados los requisitos formales faltantes.
Tercero: Que de los antecedentes acompañados se desprende que el actor ingreso al país a lo menos antes del 22 de abril de 2021, fecha en obtiene la tarjeta de extranjero infractor.
Cuarto: Que, de esta manera, es posible concluir que el Servicio debió aplicar a la tramitación de su solicitud de refugio la legislación vigente a la época de su ingreso al país, esto es, la Ley 20.430 sobre Protección de Refugiados previa a la modificación introducida con fecha 20 de febrero de 2024, mediante la cual se incorpora el artículo 26 bis la sanción de desistimiento.
Quinto: Que, en consecuencia, el acto impugnado deviene en ilegal, pues exige el cumplimiento de un requisito imposible de cumplir toda vez que el actor ingresó al país antes de la modificación legal introducida por la Ley 21.655 de 20 de febrero de 2024 a la Ley que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, lo que demuestra que la autoridad administrativa ha creado una hipótesis no prevista por el legislador para tener por desistido al peticionario, conculcando con dicho proceder su garantía a la igualdad ante la ley.
Sexto: Que, además, es obligación de la Autoridad Administrativa respetar el principio de trato más favorable reconocido en el artículo11 de la Ley 20.430, razón por la que debió analizar la solicitud del actor a la luz de la normativa vigente al momento de su ingreso al país, por resultar esta más favorable al caso en concreto.
Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta NUM000 de 1 de octubre de 2025, y se ordena la recurrida, continuar con la tramitación de la solicitud de refugio presentada por el recurrente.
Acordada con el voto en contra de la Ministra (I) Señora Ingrid Alvial Figueroa, quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio por las siguientes consideraciones: 1°) Que, la modificación legal introducida por la Ley 21.655 de 20 de febrero de 2024 a la Ley que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, no contiene normas transitorias que regulen la situación de aquellos extranjeros que hayan ingresado al país antes de aquella modificación, por lo tanto, esta rige in actum.
Que, de esta manera, es posible concluir que todos aquellos extranjeros que requerían iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados debían hacerlo en los siete días posteriores a la entrada en vigencia de la modificación de la Ley 20.430, pues en ella se establece dicho requisito, salvo que aleguen cambios en la situación del país de origen, posteriores al ingreso al país, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante. 2°) Que, en el presente arbitrio no resulta acreditado que el recurrente se haya presentado ante el Servicio en el plazo establecido en el inciso quinto del actual artículo 26 de la Ley 20.430 una vez entrada en vigencia dicha normativa, asimismo tampoco se acredita que el actor haya alegado ante el Servicio un cambio en las circunstancias que lo pongan en riesgo y que ameriten que se dé curso a su solicitud.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Sujeto a anonimización.
N°Protección-6829-2025.
En Valparaíso, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.