Recurso de protección

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don Pedro Felipe Barros Alfaro, abogado, actuando por este acto en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Provincial de San Felipe, por la resolución de fecha 4 de septiembre de 2026, dictada por la Tesorera Provincial de San Felipe (S), doña nombre reservado, en calidad de Juez Sustanciador, que declaró extemporánea la oposición deducida por el recurrente con fecha 27 de julio de 2026, solicitando se deje sin efecto dicho acto y se declare que la oposición y excepción de prescripción fueron presentadas oportunamente.

Refiere que en el Expediente Administrativo Rol Fiscal NUM000, la Tesorería persigue el pago de una deuda por concepto de Impuesto Global Complementario correspondiente al Año Tributario 2021, originada en la Liquidación NUM001, de 17 de julio de 2024, que determinó una diferencia de impuesto de $25.176.480.

Señala que la Tesorería confeccionó una Nómina de Deudores Morosos y despachó Mandamiento de Ejecución y Embargo. El requerimiento de pago se practicó el 13 de julio de 2026 y, en cumplimiento del mandamiento, se trabó embargo sobre cuatro vehículos de propiedad del recurrente.

Afirma que la acción del Fisco para perseguir el cobro se encontraba prescrita y que, con fecha 27 de julio de 2026, dedujo oposición a la ejecución, interponiendo la excepción de prescripción de la acción de cobro y solicitando, además, la suspensión del procedimiento de apremio y alzamiento de los embargos y la improcedencia de los intereses moratorios.

Refiere que la Tesorería, mediante resolución de 07 de agosto de 2026, le ordenó acompañar los respaldos del ingreso de la oposición dentro de diez días hábiles, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

Explica que, para cumplir dicha orden, acompañó antecedentes destinados a acreditar que el 27 de julio de 2026, aproximadamente a las 17:06 horas, accedió mediante Clave Única a la plataforma electrónica de Tesorería, completó el formulario correspondiente, adjuntó la oposición y sus antecedentes y obtuvo una confirmación en pantalla de que la presentación había sido ingresada. Sostiene que la ausencia de un folio o comprobante formal obedeció al funcionamiento del propio sistema de la Administración, circunstancia que califica como fuerza mayor o imposibilidad no imputable.

Sin embargo, mediante resolución de 04 de septiembre de 2026, la Tesorera Provincial de San Felipe (S), actuando como Juez Sustanciador, tuvo por presentada la oposición el 27 de julio, pero declaró que ésta había excedido el plazo fatal de diez días hábiles contemplado en los artículos 176 y 177 del Código Tributario, resolviendo no ha lugar por extemporánea y ordenando continuar la ejecución hasta el pago íntegro de lo adeudado.

El recurrente sostiene que dicha decisión es ilegal y arbitraria, pues la cobranza administrativa constituye una etapa administrativa diferenciada de la etapa judicial, por lo que el plazo para oponer excepciones debe computarse conforme a las reglas propias del procedimiento administrativo, conforme a las cuales los sábados, domingos y festivos son inhábiles.

Afirma que, habiéndose practicado el requerimiento de pago el 13 de julio de 2026, el plazo vencía el 28 de julio, por lo que la oposición presentada el 27 de julio habría sido oportuna.

Alega vulneración de la igualdad ante la ley, del debido proceso y del derecho de propiedad, señalando que la resolución impugnada habría aplicado indebidamente reglas propias del procedimiento judicial y le habría impedido ejercer oportunamente la excepción de prescripción, manteniéndose con ello la ejecución y los embargos trabados sobre sus vehículos.

Pide en definitiva, dejar sin efecto las actuaciones que rechazaron su oposición, declarar que ésta fue presentada dentro de plazo y ordenar que la recurrida se pronuncie sobre el fondo de las excepciones y demás peticiones formuladas.

Acompaña documentación al recurso.

A folio 8, evacúa informe la Tesorería Provincial de San Felipe, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Expone los antecedentes de la cobranza y señala que el requerimiento de pago se practicó el 13 de julio de 2026, tras lo cual el recurrente presentó oposición invocando la prescripción de la acción de cobro.

Refiere que, mediante resolución de 7 de agosto de 2026, se ordenó al recurrente acompañar los respaldos de ingreso de la oposición, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, y que éste acompañó antecedentes consistentes en historial de navegación y registros de acceso al sitio web de la Tesorería, pero sin folio ni comprobante de ingreso que acreditara la efectiva transmisión de la oposición.

Añade que, mediante Resolución de 4 de septiembre de 2026, la Tesorero Provincial de San Felipe (S), en su calidad de Juez Sustanciador, resolvió que la oposición había sido presentada fuera del plazo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Tributario, considerando que éste debía computarse desde el requerimiento de pago practicado el 13 de julio de 2026, por lo que dispuso la continuación de la ejecución hasta el pago íntegro de lo adeudado.

En cuanto al recurso de protección, sostiene que éste es una acción cautelar de urgencia, por lo que no constituye una vía destinada a sustituir los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico para resolver las controversias propias del procedimiento de cobro. En este sentido, refiere que la controversia planteada por el recurrente dice relación con la forma de computar el plazo previsto en el artículo 176 del Código Tributario y con la suficiencia de los antecedentes acompañados para acreditar la presentación oportuna de la oposición, materias que deben ser resueltas dentro del procedimiento de cobranza correspondiente.

Afirma que, conforme a las herramientas electrónicas habilitadas por el Servicio de Tesorerías, la presentación de las oposiciones debe efectuarse a través del sistema dispuesto para ello. Sostiene que el solo acceso del recurrente al sitio web de la Tesorería el día 27 de julio de 2026 no acredita que hubiese completado y transmitido válidamente un formulario de oposición. Agrega que la única presentación que consta efectiva, completa y formalmente recibida por ese Servicio corresponde a aquella de fecha 8 de agosto de 2026, fecha en la cual, bajo cualquier criterio de cómputo, se encontraba vencido el plazo.

Finalmente, respecto de las garantías constitucionales invocadas, sostiene que no se ha vulnerado la igualdad ante la ley, desde que las normas aplicadas al recurrente corresponden a aquellas previstas para el procedimiento de cobro tributario; que tampoco existe afectación del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, pues el procedimiento ha sido sustanciado por los órganos legalmente competentes; y que no se ha vulnerado el derecho de propiedad, toda vez que el embargo practicado encuentra fundamento en un procedimiento de ejecución legalmente establecido y sujeto a los mecanismos de revisión contemplados por el propio ordenamiento jurídico.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

A folio 10, el recurrente formula observaciones al informe, sosteniendo que existiría una contradicción entre éste y la propia resolución impugnada, pues la Tesorería reconoció expresamente en dicha resolución que la oposición fue presentada el 27 de julio de 2026, mientras que en su informe sostiene que la única presentación formalmente recibida sería la de 8 de agosto. Reitera que la controversia radica en el cómputo del plazo y solicita que se tenga presente dicha circunstancia.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en estos antecedentes, se ha deducido recurso de protección por don nombre reservado en contra de la Tesorería Provincial de San Felipe, calificando como ilegal y arbitraria la resolución de 4 de septiembre de 2026, dictada por la Tesorero Provincial de San Felipe (S), en su calidad de Juez Sustanciador, mediante la cual se declaró extemporánea la oposición formulada por el recurrente el 27 de julio de 2026, en el contexto del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias seguido en su contra bajo el Expediente Administrativo Rol Fiscal N.º NUM000.

La decisión cuestionada se fundó en que el ejecutado habría excedido el plazo fatal de diez días hábiles previsto en los artículos 176 y 177 del Código Tributario para oponerse a la ejecución, pese a que el requerimiento de pago se había practicado el 13 de julio de 2026. El recurrente sostiene que la autoridad computó dicho término conforme a las reglas propias de los procedimientos judiciales, en circunstancias que la oposición fue presentada durante la etapa administrativa de la cobranza y dentro del plazo correspondiente a esta última.

Tercero: Que, como ha sostenido la Excma. Corte Suprema, el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias y aduaneras se compone de dos etapas: una administrativa y otra jurisdiccional. La primera, encargada al Tesorero Regional o Provincial respectivo, comienza con el despacho del mandamiento de ejecución y embargo, y se encuentra reglada en los artículos 170 a 179 del Código Tributario. La segunda se inicia con la recepción del expediente por el juez ordinario civil competente, correspondiente al domicilio del demandado, y ha de ceñirse a lo preceptuado en los artículos 180 a 191 del mismo cuerpo legal.

Cuarto: Que, a su vez, en lo atingente al cómputo de los plazos, el artículo 10 del Código Tributario, en su inciso segundo, dispone: “Salvo los plazos establecidos para procedimientos judiciales o por disposición legal en contrario, todos los plazos de días establecidos en este Código y demás leyes tributarias de competencia del Servicio son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos”.

Quinto: Que, como se puede apreciar, la norma transcrita resulta aplicable al caso concreto, por cuanto la oposición del recurrente fue deducida durante la etapa administrativa del procedimiento de cobranza, sin que exista disposición legal que imponga, para el cómputo del plazo previsto en el artículo 176 del Código Tributario en esta fase, la aplicación de las reglas propias de los procedimientos judiciales. En consecuencia, el término debe computarse como de días hábiles administrativos, excluyendo los sábados, domingos y festivos.

Bajo aquella regla de cálculo, habiéndose practicado el requerimiento de pago el 13 de julio de 2026, y considerando la exclusión de los días inhábiles, el plazo de diez días hábiles vencía el 28 de julio del mismo año.

De este modo, la oposición presentada el 27 de julio de 2026 fue deducida dentro de plazo, por lo que la declaración de extemporaneidad contenida en la resolución impugnada no se ajusta a derecho.

A lo anterior se agrega que la propia resolución de 4 de septiembre de 2026 consignó que el ejecutado presentó oposición el 27 de julio de 2026 y fundó su rechazo en que se habría excedido el plazo legal.

Si bien la recurrida sostuvo posteriormente, en su informe ante esta Corte, que la única presentación efectiva, completa y formalmente recibida por la Tesorería sería la de 8 de agosto de 2026, tal afirmación no corresponde al fundamento expresado en el acto impugnado, que tuvo por presentada la oposición en la fecha antes indicada. En tales circunstancias, la decisión cuestionada, al declarar extemporánea la oposición por haberse deducido fuera de plazo, resulta ilegal y arbitraria, debiendo adoptarse las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Tesorería Provincial de San Felipe, solo en cuanto se deja sin efecto la resolución de 4 de septiembre de 2026, dictada en el Expediente Administrativo Rol Fiscal N.º NUM000, y se ordena a la recurrida dar tramitación a la oposición presentada por el recurrente el 27 de julio de 2026, debiendo resolverla conforme a derecho.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Lavín, quien estuvo por rechazar el recurso de protección, por estimar que esta acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada, por estar al amparo del derecho, considerando especialmente que la parte recurrente no dedujo los recursos en contra de la decisión impugnada, ante el juez sustanciador.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-6824-2026.