nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, de acuerdo con la Ley N°18.156, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente solicitó ante la recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, acompañando la documentación pertinente.

Indica que, mediante correo electrónico de 15 de octubre de 2025, se rechazó su solicitud argumentando que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumplía con los requisitos formales al no estar apostillada o legalizada; y que, respecto de la declaración jurada, tampoco cumple con la normativa vigente.

Argumenta que, la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable mediante un código en el portal web oficial, siendo un documento auténtico que acredita su afiliación al sistema previsional venezolano. Sostiene que, la recurrida aplica criterios desiguales en comparación con otras administradoras, específicamente AFP Cuprum, que ha aprobado solicitudes similares con la misma documentación.

Refiere que la constancia electrónica señala textualmente: "La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso", lo que a su juicio cumple con los requisitos de la Ley N°18.156 al cubrir las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Concluye solicitando que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación presentada y realizar un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud conforme a derecho, dentro de un plazo de 5 días.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que no registra reclamo alguno de la recurrente respecto a los hechos que motivan la acción cautelar. Expone que, según la normativa aplicable, la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen excepcional para trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156. Precisa que, entre estos requisitos se encuentra el estar afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Indica que, dicha acreditación debe efectuarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, debidamente legalizada o apostillada. Argumenta que, la documentación presentada por la recurrente, esto es, la constancia electrónica no apostillada, no resulta idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional. Sostiene que, además, el certificado electrónico no señala coberturas específicas ni permite inferir un determinado período de cobertura, además de no encontrarse firmado ni apostillado conforme a la normativa aplicable.

A folio 7, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Señala en primer término, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

En cuanto al fondo, argumenta que, por mandato legal, está impedida de destinar los fondos previsionales a fines distintos de financiar pensiones, salvo las excepciones legales. Agrega que la Ley N°18.156 establece requisitos copulativos específicos para la devolución de fondos a técnicos extranjeros, los cuales la recurrente no cumplió en su totalidad. Precisa que, rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, debido a que la constancia electrónica de cotizaciones no cumplía con los requisitos normativos exigidos.

Sostiene que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, los documentos deben estar debidamente legalizados para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero. Asevera que ha actuado conforme a la normativa vigente, sin causar agravio ni afectar garantías constitucionales del actor.

Solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condena en costas.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el acto consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros comunicado al recurrente mediante correo electrónico de 15 de octubre de 2025, fundado en que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada no cumplía con los requisitos formales al no estar apostillada o legalizada y la declaración jurada no subsanaba dicha omisión.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la constancia electrónica de cotizaciones presentada no cumple los requisitos normativos exigidos, puesto que, no constituye certificado de afiliación, no especifica las coberturas individuales, carece de firma y no está legalizada o apostillada. De tal modo, afirma que su actuar se ajusta a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el artículo 7° de la Ley N°18.156, establece: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley".

A su turno, el citado artículo 1° dispone: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744".

Además, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Quinto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso para dar curso a su petición.

En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que el actor se encuentra protegido por el seguro social venezolano, ni las prestaciones garantizadas con total claridad.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Por su parte, la declaración jurada acompañada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que la recurrente se encontraba cubierta por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas con total claridad.

Sexto: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6814-2025.