nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, nueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario mediante el cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnica extranjera, lo que estima vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y el derecho a no ver afectado el ejercicio de los derechos por la imposición de requisitos no previstos por el legislador, consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 24 y N° 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que la actora ingresó la solicitud de retiro de fondos el 7 de octubre de 2025 y que, al día siguiente, la Administradora la eliminó indicando que el certificado de afiliación previsional debía estar “debidamente apostillado o legalizado”. Refiere que, al no haber recibido ninguna respuesta formal, el 11 de octubre presentó reclamo ante la Superintendencia, alegando la imposibilidad material de legalizar el documento por no existir representación diplomática en el país, recibiendo respuesta el 16 de octubre del presente, indicando que el documento acompañado (constancia electrónica de cotizaciones) no acredita la cobertura previsional exigida y no se encuentra apostillada ni legalizada.

Reclama que su representada presentó toda la documentación, salvo la apostilla de la constancia, por la imposibilidad material de obtenerla, dado que el sistema venezolano no contempla dicho sistema para el certificado previsional, lo que configuraría un caso de caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. Agrega que tal exigencia carece de sustento en la ley N°18.156 que únicamente exige acreditar la cobertura previsional en el extranjero, pero no la apostilla.

Arguye que, pese a dicha imposibilidad material, la actora sigue estando afiliada al sistema de seguridad social venezolano, y que la constancia electrónica del Instituto de Seguros Sociales de Venezuela permite verificar la información que en ella se contiene, particularmente la indicación de encontrarse protegida por dicho sistema en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía.

Por lo expuesto, estima que la resolución recurrida carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho, tornando la conducta de la recurrida en ilegal y arbitraria, atentatoria de las garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 N°2, 24 y 26.

Solicita que se declare ilegal y arbitrario el acto recurrido y se ordene reconocer como válida la documentación acompañada por la actora, se ordene proceder con la tramitación de su solicitud y, en un plazo razonable, efectuar la devolución de fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 4, informa la AFP PlanVital S.A., solicitando el rechazo íntegro de la acción, con costas. Señala que la solicitud fue eliminada por no acompañar documentación idónea para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Indica que la constancia electrónica de cotizaciones carece de firma, apostilla y mención específica de los riesgos cubiertos, y que la declaración jurada del afiliado tampoco es apta para estos efectos por emanar de la propia parte y no de la autoridad previsional competente. Afirma que la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva, debiendo la Administradora aplicar los criterios obligatorios fijados por la Superintendencia de Pensiones, en particular el Oficio Ordinario N° 12.954, de 15 de julio de 2025. Añade que el acto impugnado es subsanable y no constituye decisión definitiva.

A folio 8, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, indicando que la Ley N° 18.156 exige acreditar la afiliación previsional extranjera mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, que señale en forma específica la cobertura en enfermedad -con prestaciones médicas y pecuniarias-, invalidez, vejez y muerte, durante todo el tiempo en que se prestaron servicios en Chile. Señala que la constancia electrónica acompañada por la recurrente carece de firma, apostilla y precisión del período y coberturas, y que la declaración jurada tampoco constituye documento idóneo por no emanar de la autoridad competente. Reitera, además, que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción y debe aplicarse de forma restrictiva, citando jurisprudencia de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema en casos análogos.

A folio 10, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por esta vía se impugna la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, sosteniendo ésta haber acompañado documentación suficiente para acreditar la afiliación exigida por dicha normativa y que la exigencia de apostillar el certificado de afiliación, no prevista expresamente en la ley, constituye un requisito adicional que torna ilegal y arbitraria la decisión.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que, para acreditar la cobertura previsional extranjera exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, se requiere certificación emanada de la autoridad previsional del país de origen o representación consular actuando como tal, debidamente legalizada o apostillada, que consigne de manera específica la cobertura en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile. Señala que la “Constancia electrónica de cotizaciones” acompañada en autos carece de firma, apostilla y precisión respecto del período cubierto, y que la declaración jurada presentada por la recurrente tampoco constituye documento idóneo por emanar de la propia parte.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes exigencias para acogerse a dicho beneficio: “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7° de la citada ley dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, establece expresamente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de incorporar un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales exigidos para que los instrumentos públicos extranjeros surtan efectos en Chile, máxime cuando el ordenamiento jurídico contempla expresamente la legalización o apostilla como condición para su reconocimiento, y la eventual dificultad práctica para obtener tales formalidades no exime al interesado del cumplimiento de las obligaciones que la ley impone, salvo disposición expresa en contrario.

Sexto: Que, asimismo, la declaración jurada acompañada por el recurrente tampoco constituye un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, por emanar de la propia parte y no de la autoridad previsional competente del país de origen, único órgano habilitado para certificar la existencia, alcance y vigencia de la afiliación y de las prestaciones que ella comprende. Conforme a la jurisprudencia administrativa reiterada de la Superintendencia de Pensiones, la declaración del afiliado -aun cuando cuente con certificación notarial y apostilla- carece de valor probatorio para estos efectos, al tratarse de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N° 18.156 constituye una norma de carácter excepcional, por cuanto altera la regla general del sistema previsional chileno relativa a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes. Por ello, dicha normativa debe ser interpretada de manera restrictiva, requiriendo el cumplimiento copulativo de todas las exigencias previstas en su artículo 1°, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios fijados por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación del ramo con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la solicitud del recurrente no impide que éste pueda volver a presentarla, acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose, por tanto, de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios fijados por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Décimo: Que, además, cabe consignar que conforme a la jurisprudencia de esta Iltma. Corte -sentencia Rol N° 1431-2025, confirmada por la Excma. Corte Suprema en autos Rol N° 17866-2025— se ha resuelto que: “el documento presentado por la actora, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional”, criterio plenamente aplicable al caso de autos.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-6810-2025.