nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en favor de Johusep Ailemi nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N° 2 y 24 de la constitución Política de la República.

Refiere que el 20 de octubre de 2025 el recurrente es notificado mediante correo electrónico, por medio de la cual se le informa que su solicitud de retiro de fondos ha sido rechazada señalando lo siguiente: “En virtud de su consulta, le informamos para dar cumplimiento a la Ley N°18.156, un certificado notarial y una Constancia de Cotización, estas no pueden ser consideradas, ya que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”

Es preciso reiterar que por el momento el único documento con el cual se puede dar continuidad al trámite es una Constancia de Afiliación Vigente emitida por la autoridad previsional competente y el documento debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, de otro modo el documento no sería valido.

Cabe señalar que las declaraciones juradas otorgadas ante notario público chileno presentadas por afiliados venezolanos con el objeto de acreditar el cumplimiento del requisito contemplado en la letra a) del artículo 1º de la Ley Nº18.156, no resultan útiles para este efecto, por cuanto no constituyen medios idóneos. (Aplica Oficio Ordinario Nº12954 de 17/07/2025 de la Superintendencia de Pensiones) Finalmente, como parte del proceso del trámite de devolución de fondos por concepto de técnico extranjero amparado bajo la Ley N°18.156, se aplican las respectivas medidas de validación de la documentación que se presenta ante esta Administradora de Fondos de Pensiones.

Hace presente lo dispuesto en los articulo 1 y 7 de la Ley N°18.156 y que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, salvo por la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema venezolano, existiendo una imposibilidad material de realizar por fuerza mayor, que escapa de sus manos. Siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Dice que la falta de apostilla del documento presentado resulta una exigencia arbitraria e imposible de cumplir porque el mismo sistema de apostilla electrónica de Venezuela no contempla una apostilla para este tipo de documentos, según acredita. Agrega que, mediante internet es posible acceder verificar el documento mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ingresando el número de cédula que indica y allí descargar la constancia vigente.

Solicita que se acoja el recurso y se ordene que se reconozco como válida la documentación acompañada, procediendo con la tramitación de su solicitud y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Acompaña comprobante de solicitud; cédula de identidad para extranjeros de la recurrente; cédula de identidad venezolana; constancia de IVSS octubre 2025 correo electrónico con imagen de rechazo enviada por correo; rechazo AFP PROVIDA de fecha 20 de octubre de 2025; título profesional apostillado, que acredita profesión y contrato con sus anexos; imágenes que muestran sistema de apostilla y legalización venezolano, oficio de organismo público en Venezuela que no permite apostillas de declaración jurada.

A folio 5, evacua informe la Superintendencia de Pensiones y expone no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por el recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Agrega que se debe hacer presente que en este caso para acreditar el requisito de cobertura antes mencionado, la recurrente acompañó a su recurso de protección un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”.

Al respecto, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla de La Haya, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por la recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado.

Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Asimismo, un certificado notarial no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Concluye que la ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

A folio 6 evacua informe doña Ana María Herrera Brummer, abogada en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

En primer término hace presente que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento, no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección.

En cuanto al fondo, refiere que, el 20 de octubre de 2025, la recurrida rechazó la solicitud del recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debe estar apostillada en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, de otro modo el documento no sería valido.

Agrega que, si bien la recurrente aporta una constancia de cotización sin firma, ésta no pueden ser consideradas, ya que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señal en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”

Refiere que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156, así lo ha resuelto esta misma Corte en causal Rol 1431-2025 confirmado por la Excma Corte Suprema Rol N°17866-2025.

Pide el rechazo del recurso, con costas, y acompaña Oficio Ordinario N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones, además de citar un extenso catálogo de sentencias sobre la materia, junto a sus roles, de diversos tribunales superiores del país.

A folio 13 se ordena traer autos en relación Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadana venezolana, solicitó la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición de la actora fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguridad Social que no se encuentra apostillada.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley 18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis de la documentación acompañada por el actor, es posible constatar que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no da cuenta del cumplimiento de los requisitos para acoger la petición, atendido que a la fecha en que fue solicitado el beneficio extraordinario el documento no se encuentra debidamente apostillado.

Sexto: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Séptimo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición del recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, al tratarse de un acto subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Johusep Ailemi nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6809-2025.

En Valparaíso, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.