nombre reservado con ASOCIACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A Y OTRO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de enero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 doña Carolina Hidalgo Fiol, abogada, deduce acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, profesión ingeniero eléctrico, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. (AFP Provida), de la Superintendencia de Pensiones (SUCESO) y de la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Funda su recurso en el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en la comunicación de 25 de septiembre de 2025 emitida por la AFP recurrida, mediante la cual se rechaza su solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156, denunciando como vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Expone que la recurrente registra cotizaciones en Chile desde el año 2017, pero mantuvo su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), manifestando su voluntad de mantener dicho régimen en sus contratos con el Banco Itaú CorpBanca S.A.

Señala que la AFP rechazó la solicitud argumentando que la constancia de afiliación se encontraba vencida y que no acreditaba cobertura por todas las contingencias legales, exigiendo además que especificara prestaciones médicas y pecuniarias.

Alega que existe una imposibilidad material de legalizar consularmente el documento debido al cierre de la embajada de Venezuela en Chile, lo que constituye fuerza mayor, y que la autenticidad del certificado puede verificarse electrónicamente en el portal del IVSS.

A folio 5 informa AFP Provida S.A. solicitando el rechazo del recurso. En primer lugar, sostiene que la acción de protección no es la vía idónea por no existir un derecho indubitado, tratándose de una materia de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, indica que la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional y debe interpretarse restrictivamente.

Refiere que el rechazo se ajusta a la normativa, toda vez que la recurrente presentó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" que se encuentra vencido, no es un certificado de afiliación, carece de firma, y no se encuentra apostillada ni legalizada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Añade que dicho documento solo menciona coberturas genéricas, sin consignar de forma específica que la trabajadora contó efectivamente con protección por todos los riesgos legales durante su estadía en Chile.

Asimismo, afirma que las declaraciones juradas ante notario chileno no son medios idóneos para acreditar seguridad social extranjera, facultad exclusiva de la autoridad previsional foránea.

Finalmente, advierte una conducta contradictoria, pues la recurrente cotizó en el sistema chileno a pesar de declarar su voluntad de mantenerse en el régimen extranjero, primando legalmente la obligación de cotizar en el lugar donde se prestan los servicios.

A folio 12 informa la Superintendencia de Pensiones aduciendo que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección al pretenderse la declaración de un derecho discutido y no preexistente.

Explica que, en ejercicio de sus facultades legales, conforme al D.L. N° 3.500 y Ley N° 20.255, ha fijado la interpretación obligatoria de la norma, exigiendo certificaciones debidamente legalizadas o apostilladas donde conste la obligación de otorgar prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Respecto a la situación de Venezuela, confirma que el Convenio de la Apostilla es el mecanismo vigente y que existen portales electrónicos activos para dicho trámite en el país de origen.

Advierte además un perjuicio al Estado, señalando que, si se autorizan retiros sin cumplir los requisitos a extranjeros con permanencia definitiva, el Fisco podría verse obligado en el futuro a garantizarles pensiones básicas solidarias, generando una carga económica no prevista por el legislador.

Agrega que se observa una contradicción en las declaraciones de la recurrente, por lo que no puede verificarse una voluntad inequívoca por parte de la señora nombre reservado, incongruencia que queda claramente reflejada en los datos de afiliación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañados por la recurrente, los cuales muestran que presenta cero semanas cotizadas en los últimos cuatro años, lo que refleja que no ha efectuado cotizaciones previsionales en su país de origen durante la vigencia de su relación laboral en Chile. En razón de lo anterior, aduce que en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley N°20.255, sobre reforma previsional, ha resuelto en su jurisprudencia administrativa, como por ejemplo, en los Dictámenes N°27.587, del 2015, y 23.170 de 2016, que en caso de existir manifestaciones de voluntad contradictorias, en cuanto a mantenerse afecto al sistema previsional chileno, y, a la vez, extranjero, debe primar la primera, puesto que obedece a la regla general, siendo ésta la de enterar cotizaciones previsionales en el lugar donde presta servicios.

Por último, niega haber guardado silencio, pues respondió a la recurrente el 29 de septiembre de 2025 orientándola sobre los requisitos legales A folio 15 informa la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando que su responsabilidad es realizar un análisis exhaustivo de la documentación según las directrices consulares.

Explica que, tras el cierre de la embajada, solo pueden legalizar documentos con firma manual de funcionarios consulares que ya posean registrados. Respecto a documentos con firma electrónica y código QR, señala que no es posible su legalización si la página de verificación de la autoridad de origen venezolana no está disponible para el cotejo de seguridad obligatorio. Reitera que los interesados pueden solicitar la apostilla directamente en Venezuela a través de canales digitales, los cuales están operativos y eximen de la intervención del Ministerio en Chile.

A folio 16 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, la presente acción constitucional ha sido interpuesta en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., de la Superintendencia de Pensiones y de la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en el presunto incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Alega que la documentación presentada, consistente en la Constancia Electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contratos de trabajo y anexos con la empresa Banco Itaú CorpBanca S.A., declaración jurada ante la 30ª Notaría de Santiago y título profesional de Ingeniero Eléctrico, acredita suficientemente su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero y su voluntad de mantenerse afecto a dicho sistema, por lo que la exigencia de apostilla, la alegación de vencimiento del certificado y otros requisitos formales carecen de sustento legal y resultan arbitrarios.

Tercero: Que, por su parte, las recurridas AFP Provida S.A. y Superintendencia de Pensiones sostienen que el recurso de protección es improcedente por no existir un derecho indubitado y que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria. En particular, AFP ProVida S.A. argumenta que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud debido a que la recurrente no acompañó el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado conforme a las reglas generales de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Precisa que el documento presentado corresponde a una "Constancia Electrónica de Cotizaciones", se encontraba vencido al momento de realizar la solicitud, superando la vigencia indicada en el mismo, y que no constituye el certificado de afiliación legalmente exigido. Añade que dicha constancia solo registra semanas cotizadas sin demostrar una afiliación vigente ni acreditar de forma específica la cobertura por las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni las prestaciones médicas y pecuniarias que el marco normativo requiere para acceder a este beneficio de carácter excepcional.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la AFP recurrida se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero y en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, como es el caso.

Que, asimismo, la declaración jurada presentada por la recurrente tampoco resulta un medio idóneo para reemplazar la certificación de la autoridad previsional extranjera, ya que solo esta última posee las facultades legales para dar fe de la cobertura efectiva por los riesgos de seguridad social exigidos.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que, en consecuencia, se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6801-2025.