nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en no conceder el recurso de apelación deducido por él en contra de la sentencia dictada el 31 de diciembre de 2024 por la recurrida, solicitando se restablezca el imperio del derecho.

Sostiene que en 2011 ingresó por primera vez a la 11ª Compañía del nombre reservado, y luego de retirarse en 2012 por motivos personales, regresó a la misma unidad en el año 2022.

Asevera que desde su reincorporación se mantuvo cercano al bombero Capitán nombre reservado para efectos de acelerar su proceso de formación, naciendo una amistad entre ambos.

Refiere que en 2023 se encontraba en proceso de separación de su pareja y comenzando una nueva con otra mujer, y a partir de allí notó un cambio en la actitud del Sr. nombre reservado hacia él. Particularmente narra que durante el aniversario del Cuerpo se encontró con este último, quien lo increpó por el término de su relación de pareja, para luego declararle su amor, a lo que respondió enojado aclarándole que sólo le gustan las mujeres.

Acusa que posteriormente los actos del Sr. nombre reservado, quien siendo Capitán era el segundo oficial a cargo de la Compañía, se intensificaron mediante insinuaciones, hostigamientos y acoso, considerando incluso renunciar a la unidad, lo que motivó que dejara de asistir y participar como lo hacía antes.

Expone que en septiembre de 2024 fue citado a la Junta de Oficiales por algunas inasistencias, ocasión en que formalizó su denuncia por estos hechos y dejó una carpeta con distintos antecedentes, como conversaciones de Whatsapp y un certificado psicológico.

Manifiesta que por ello el Director entregó los antecedentes al Superintendente para que dispusiera la apertura del “Protocolo de Prevención y Actuación ante Conductas de Acoso y Abuso Sexual”, aprobado en 2020.

Relata que se designó a un Fiscal Investigador, quien tomó declaración al denunciante, a diversos testigos, entre ellos a su pareja anterior y su pareja actual, y al denunciado nombre reservado, luego de lo cual emitió un informe, que en lo pertinente da cuenta que, si bien no es posible acreditar un hostigamiento sostenido y menos acoso sexual de parte del ex Capitán nombre reservado, se observan actuaciones de su parte ajenas a sus facultades como Capitán y que constituyen actos que extralimitaron la esfera de sus facultades, inmiscuyéndose en aspectos íntimos de nombre reservado, como solicitar el rol de turnos del denunciante en su trabajo y que pueden estar relacionados con la afectación emocional que experimenta este último. Concluye que los hechos investigados no constituyen delitos ni situaciones constitutivas de agresión sexual o de similar naturaleza atribuibles a acoso sexual.

Arguye que luego todos estos antecedentes fueron derivados al Tribunal Superior de Disciplina, los que fueron conocidos por su 1ª Sala, y no obstante haber ratificado su denuncia y aclarado las dudas e inquietudes de dicha sala al momento de declarar ante ella, el 6 de enero de 2025 fue notificado del fallo dictado por la Sala el 31 de diciembre de 2024, en que unánimemente rechaza la denuncia al no haber acoso sexual del denunciado hacia el denunciante, sin perjuicio de remitir todos los antecedentes al Superintendente para que inicie un proceso disciplinario en contra del Sr. nombre reservado por un potencial abuso de poder, si lo estimare pertinente.

Añade que el 11 de enero del corriente dedujo recurso de apelación en contra de dicha sentencia, de conformidad con el artículo 46° de los Estatutos del nombre reservado, pero el 21 de enero siguiente le notificaron que su apelación no fue acogida y el caso estaba cerrado.

Reprocha que al no concedérsele el recurso el Superintendente del nombre reservado recurrido infringe los estatutos del mismo, y consecuencialmente la normativa aplicable contenida en el artículo 553 del Código Civil, que consagra la fuerza obligatoria de los estatutos de una corporación.

Aduce enseguida otras infracciones cometidas por la recurrida en la observancia de sus propios estatutos y el protocolo en estudio, tales como la afectación a la reserva del proceso y el incumplimiento de la medida preventiva de no acercamiento decretada.

En cuanto al derecho, invoca los derechos constitucionales consagrados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, desarrollando la manera en que la conducta de la recurrida vulneró tales garantías del actor.

Solicita concretamente se ordene a la recurrida conceder el recurso de apelación interpuesto por su parte en contra de la sentencia dictada por la 1ª Sala del Tribunal Superior de Disciplina del nombre reservado, para que sea conocido y resuelto por el organismo disciplinario competente del mismo.

A folio 7, evacúa informe el nombre reservado, en el que luego de hacer una extensa y detallada explicación de los hechos fundantes del recurso, expone que con motivo de la denuncia efectuada por el recurrente, se emitió un informe de investigación que concluyó que no existen hechos atribuibles a acoso sexual.

Añade que fundado en dicho informe del Fiscal a cargo, y luego de escuchar a las partes, la 1ª Sala del Tribunal Superior de Disciplina del nombre reservado, mediante fallo de 31 de diciembre de 2024, por unanimidad rechazó la denuncia al no haber acoso de tipo sexual del demandado hacia el demandante, sin perjuicio de oficiar al Superintendente para que inicie un proceso disciplinario en contra del Sr. nombre reservado por un potencial abuso de poder, si lo estimare pertinente.

Aduce que contra esta sentencia ambos bomberos dedujeron recurso de apelación, y particularmente en el caso del actor, solicitó se revocara lo sentenciado y aplicara una medida disciplinaria por existir acoso sexual de parte del denunciado.

Detalla que el 21 de enero el año en curso, el Superintendente no acogió la apelación deducida, fundado en que de acuerdo con los artículos 38 y 39 del Estatuto del nombre reservado, el recurso de apelación sólo procede contra las resoluciones dictadas por los Tribunales de Disciplina cuando disponen medidas disciplinarias de suspensión por más de 90 días, inhabilitación para ocupar cargos de Oficial de Compañía hasta por un año, separación o expulsión.

Argumenta que no habiéndose dispuesto ninguna de dichas sanciones, el recurso de apelación deducido resulta improcedente.

Concluyendo que no existe acto arbitrario o ilegal de su parte que conculque los derechos del actor de los numerales 1, 2 o 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicita se rechace el recurso en todas sus partes.

A folio 8, se traen los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior, se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, del tenor del recurso se colige que lo peticionado consiste concretamente en ordenar que la recurrida admita el recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia dictada el 31 de diciembre de 2024 por la 1ª Sala del Tribunal Superior de Disciplina del nombre reservado, para que sea conocido y resuelto por el organismo disciplinario competente del mismo.

TERCERO: Que, para efectos de resolver la presente acción constitucional es necesario observar que en materia de interposición y admisibilidad del recurso de apelación, el artículo 46 de los Estatutos del nombre reservado dispone que “El recurso deberá interponerse por escrito entregado en la Secretaria General o al Secretario de Compañía, y deberá ser concedido por el Superintendente o por el Director de Compañía, según corresponda (…)”.

CUARTO: Que, de acuerdo con la norma antes transcrita, fluye que es facultad exclusiva del Superintendente o del Director de Compañía, en su caso, pronunciarse concediendo o denegando el recurso de apelación deducido.

QUINTO: Que, en consecuencia, la decisión impugnada por esta vía constitucional ha sido adoptada por la autoridad competente -El Superintendente del nombre reservado-, en ejercicio de la prerrogativa conferida por los Estatutos de dicho Cuerpo, y de conformidad con las normas contenidas en éstos, por lo que no se observa acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida que haya infringido los derechos fundamentales del actor y que amerite la adopción de alguna medida por parte de esta Corte de Apelaciones, por lo que el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del nombre reservado.

Se previene que la Ministra Sra. Bluck Bahamondes concurrió al rechazo del presente arbitrio en virtud de las siguientes consideraciones:

1.- Que el debido proceso admite al menos dos aspectos. En la esfera procedimental o adjetiva, se le concibe como un conjunto de reglas que el legislador y el ejecutor de la ley deben observar en el cumplimiento de sus funciones propias y en el aspecto sustantivo, se le define como un estándar o patrón de justicia, para guiar el actuar de los órganos del Estado considerando las circunstancias de tiempo y lugar en el que se desenvuelve el proceso;

2.- Que en nuestra legislación, el “derecho al debido proceso” forma parte de la garantía cons​titucional denominada “la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos” y se encuentra concebido en el marco que prescribe el número 3 inciso 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; esto es, con una exigencia de carácter jurisdiccional, al señalar que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado...” y otra de carácter legis​lativo, expresado en los siguientes términos “...corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento”;

3.- Que así las cosas, y teniendo presente que la recurrida es una Corporación de Derecho Privado que no ejerce jurisdicción, no resulta posible afincar la situación denunciada en la garantía del debido proceso, y en lo que concierne a las restantes garantías que se denuncian como vulneradas, no existen antecedentes que acrediten la ilegalidad o arbitrariedad que se acusa.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-680-2025.