PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO con nombre reservado

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Hugo Muñoz López, en representación de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, y deduce acción de protección en contra de nombre reservado, Juez Titular del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, producto de su actuar arbitrario y/o ilegal, consistente en mantener un patrón de comportamiento que obstaculiza sistemáticamente su defensa, promoviendo una desigualdad manifiesta en el proceso, en el marco de la causa seguida ante su tribunal, Rol C-1240-2010, caratulada "nombre reservado con Gama Service Ltda", vulnerando así las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N°2, 3 inciso quinto y 24, de la Constitución Política de la República.

Refiere que el proceso original se inició el 30 de diciembre de 2010 con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del Rol L-499-2008 dictada por el 2° Juzgado Laboral de Valparaíso en procedimiento antiguo, que condenó solidariamente a Gama Service Limitada y a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) a una serie de prestaciones, entre ellas las remuneraciones post despido, producto de la declaración de nulidad del mismo. Explica que la sentencia estableció explícitamente que la responsabilidad de la PUCV sería proporcional al tiempo trabajado por los demandantes, un criterio confirmado por esta Corte de Apelaciones en segunda instancia.

Sin embargo, denuncia que, tras reactivarse el caso en julio de 2023, el juez recurrido ha desoído esta proporcionalidad, intensificando la desigualdad en el proceso de cobranza, afirmando que el juez recurrido ha cometido diversas irregularidades durante la tramitación de la causa.

En primer lugar, se refiere al rechazo sistemático de las apelaciones deducidas por el recurrente, las que el juez ha declarado inadmisibles, negándole la posibilidad de que sus cuestionamientos sean revisados por una instancia superior, incumpliendo los artículos 469 y 470 del Código del Trabajo y que, consecuentemente, lo obliga a recurrir repetidamente a recursos de hecho.

Luego, expone que el juez ha desobedecido los plazos procesales, ya que decretó un embargo por $876.161.118 el 21 de noviembre de 2024, pese a que aún estaba pendiente de resolución una objeción a la liquidación presentada el 18 de noviembre, en contravención a lo dispuesto en el artículo 472 del Código del Trabajo, que exige que medidas como el embargo solo pueden ejecutarse cuando las resoluciones están ejecutoriadas. Agrega que, tampoco resolvió una excepción de prescripción presentada dentro de plazo el pasado 20 de noviembre, antes de proceder con el embargo, demostrando falta de imparcialidad y violando las garantías procesales.

Por otra parte, menciona que el juez también ha ignorado la limitación de responsabilidad solidaria de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) establecida en la sentencia declarativa, no siendo aplicada en las liquidaciones, aumentando de manera injustificada la carga económica sobre la recurrente.

Pide, se restablezca el imperio del derecho, ordenando al juez recurrido tramitar el proceso de la referencia con apego estricto a lo que debe ser un proceso justo, racional y bilateral y, en lo inmediato, dejar sin efecto el embargo notificado el 21 de noviembre de 2024 a su representada, por todas las irregularidades y arbitrariedades señaladas, todo ello con costas.

Acompaña antecedentes a su recurso.

A folio 9, evacúa informe el recurrido, nombre reservado, juez del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso.

En primer lugar, justifica el rechazo de las apelaciones basándose en el artículo 472 del Código del Trabajo, que establece que las resoluciones en procedimientos ejecutivos laborales son inapelables, salvo en las excepciones reguladas por el artículo 470. Las resoluciones apeladas eran sentencias interlocutorias, las cuales, según el juez, no son apelables debido a la existencia de una norma expresa que lo impide, descartando así la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil.

Luego, respecto a que las resoluciones no estarían ejecutoriadas, explica que la interposición de un recurso de reposición no tiene efecto suspensivo, por lo que las resoluciones deben ejecutarse de inmediato. Señala que las peticiones de embargo de la parte ejecutante se ajustan al mérito del proceso y fueron correctamente ordenadas tras resolver las objeciones, debido a la improcedencia de la apelación según el artículo 472 del Código del Trabajo.

En cuanto a la aplicación de la limitación de responsabilidad solidaria establecida en la sentencia declarativa y confirmada por la Corte de Apelaciones, asegura que la ha aplicado correctamente. Afirma que esta limitación, aplicada a indemnizaciones y prestaciones laborales, se calculó en proporción al tiempo trabajado por los demandantes para la demandada solidaria, sin embargo, aclara que dicha proporcionalidad no es aplicable a las remuneraciones post despido originadas por la "Ley Bustos", ya que estas se devengan tras la finalización de la relación laboral.

Además, sostiene que las excepciones previstas en el artículo 470 del Código del Trabajo solo pueden ser presentadas al inicio del proceso, tras el requerimiento de pago, rechazando la interpretación de la recurrente de que las remuneraciones post despido constituyen "deudas nuevas", argumentando que estas están contempladas en la sentencia definitiva y en el requerimiento de pago inicial. De esta manera, no corresponde emitir un nuevo requerimiento de pago cada vez que se liquide el crédito, ya que esto resultaría en la posibilidad de oponer excepciones de manera recurrente y en la necesidad de dictar múltiples sentencias definitivas en un mismo proceso, lo que sería improcedente.

Finalmente, defiende su criterio de que las liquidaciones de crédito no generan nuevas oportunidades para plantear excepciones o requerimientos de pago adicionales, subrayando que las objeciones a las liquidaciones son el medio adecuado para discutir posibles irregularidades, debiendo limitarse a las causales previstas en el artículo 469 del Código del Trabajo, como errores de cálculo o aplicación incorrecta de índices de reajuste e intereses.

Respecto a las garantías fundamentales que se alegan vulneradas, argumenta que la aplicación del artículo 472 del Código del Trabajo, no viola la igualdad ante la ley, ya que dichas limitaciones son uniformes para ambas partes y se justifican por la naturaleza del proceso. Además, niega ser una "comisión especial", afirmando que su tribunal fue creado conforme a la Ley Nº 20.022 y actúa dentro de sus competencias legales, diferenciando esta garantía del derecho al debido proceso, que no es invocable en un recurso de protección. En cuanto al derecho de propiedad, sostiene que el embargo es una medida legítima para cumplir obligaciones en procedimientos ejecutivos y que se dictó conforme a la ley, desestimando los cuestionamientos de la recurrente.

Resalta la contradicción del recurrente, quien declara no cuestionar resoluciones judiciales pero solicita anular un embargo, lo que busca usar el recurso de protección como medio alternativo para impugnar resoluciones.

Solicita el rechazo del recurso por falta de fundamento normativo y fáctico, reafirmando que su actuación se ha ajustado a derecho y al mérito del proceso, con costas, por carecer de sustento.

Acompaña a su informe, carpeta que contiene copia de todas y cada una de las actuaciones verificadas en la causa RIT C-1240-2010.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto se adopten las medidas o providencias necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho, en el evento de existir privación, perturbación a amenaza de alguna de las garantías fundamentales mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, si bien la presente acción se ha interpuesto invocando como actuación ilegal y arbitraria la existencia de un patrón de comportamiento por parte del juez recurrido, que obstaculiza sistemáticamente la defensa del recurrente en la causa Rol C-1240-2010, lo cierto es que, en definitiva, pide se deje sin efecto la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, que decretó un embargo en contra de su representada, por la suma de $876.161.118.- (ochocientos setenta y seis millones ciento sesenta y un mil ciento dieciocho pesos).

Tercero: Que, en la especie, al considerarse la dictación de resoluciones judiciales contrarias a derecho, corresponde a su respecto ejercer los recursos procesales que el legislador ha regulado al efecto, toda vez que el mérito y fundamento de su dictación no puede ser revisado a través de una acción cautelar como es el recurso de protección.

Cuarto: Que, además, no se ha acreditado que el recurrido haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario que vulnere alguna de las garantías constitucionales que correspondan ser conocidas por esta vía cautelar, motivo suficiente para desestimar la acción de protección intentada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por el abogado Hugo Muñoz López, en representación de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, en contra de nombre reservado, juez del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6790-2024.