nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros de fecha 30 de septiembre de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente, profesional de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de sus fondos de capitalización individual al amparo de la Ley N° 18.156. Indica que la recurrida rechazó dicha solicitud argumentando que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cumple con los requisitos normativos por no estar apostillada ni legalizada, y por contener información que la AFP califica como genérica. Argumenta que la recurrida realiza una interpretación formalista y caprichosa de la ley, incorporando requisitos no previstos expresamente en el texto legal. Aduce que la constancia presentada es un documento oficial verificable mediante código alfanumérico en el portal web del IVSS, por lo que la autenticidad puede ser constatada por medios tecnológicos idóneos. Refiere que la exigencia de apostilla constituye una barrera infranqueable ante la actual crisis diplomática y la ausencia de representación consular venezolana en Chile, configurándose un caso de fuerza mayor. Añade que la negativa afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros y el principio de igualdad ante la ley, citando diversa jurisprudencia de tribunales superiores que han acogido recursos en situaciones idénticas.

Concluye solicitando que se deje sin efecto el acto impugnado, se reconozca la validez de la documentación acompañada y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos previsionales solicitados.

A folio 11, evacúa informe Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. Argumenta que la actuación de su representada no es ilegal ni arbitraria, sino que se ajusta estrictamente a la normativa vigente y a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones. Señala que para la procedencia del beneficio de la Ley N° 18.156 es requisito copulativo que el trabajador acredite estar afiliado a un régimen de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Sostiene que el documento presentado por la recurrente carece de firma, legalización o apostilla, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Argumenta que la información contenida en la constancia es genérica y no permite acreditar una cobertura efectiva durante el periodo de prestación de servicios en Chile. Invoca la facultad interpretativa de la Superintendencia de Pensiones y cita diversos fallos recientes de la Corte Suprema que ratifican la legalidad de exigir documentos debidamente legalizados. Finalmente pide el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

A folio 14, evacúa informe nombre reservado, Jefa del Departamento Derecho de Seguridad Social, en representación de la Superintendencia de Pensiones. Expone que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que debe interpretarse de forma restrictiva. Indica que, según el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la afiliación en el extranjero debe acreditarse mediante certificación debidamente legalizada o apostillada. Refiere que el documento del IVSS aportado por la recurrente es insuficiente porque no consigna de manera específica que la trabajadora contó con protección para todos los riesgos legales (vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad) durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile, limitándose a mencionar coberturas generales del sistema venezolano. Sostiene que el procedimiento de apostilla es la vía legal para que documentos extranjeros surtan efecto en el país y que tanto Chile como Venezuela son suscriptores del convenio respectivo.

A folio 15, el 12 de febrero de 2026, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente por parte de AFP Modelo, fundado en la falta de apostilla y el carácter genérico del certificado de afiliación extranjero, solicitando que se ordene la restitución de dichos fondos por cumplir con los requisitos de la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, las recurridas informan, en síntesis, que su actuar se ajusta a la legalidad y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, toda vez que el documento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil al carecer de apostilla, además de ser genérico y no acreditar cobertura efectiva para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el periodo trabajado en Chile.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico nacional exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado. Al ser una norma de excepción, su interpretación debe ser restrictiva, no siendo posible asignar valor fehaciente a instrumentos que no han cumplido con el proceso de autentificación internacional requerido por la ley.

Séptimo: Que, por lo demás, la recurrente ha residido y prestado servicios en Chile, habiendo enterado regularmente sus cotizaciones en el sistema nacional de pensiones, circunstancia que vinculada a la falta de acreditación de una cobertura previsional específica y efectiva en su país de origen durante dicho lapso, impide tener por acreditado satisfactoriamente el requisito de afiliación vigente conforme exige la Ley N° 18.156. En efecto, el documento acompañado se limita a señalar de forma genérica las contingencias que cubre el sistema venezolano, sin consignar de manera específica que la trabajadora contó efectivamente con protección por todos los riesgos indicados durante su permanencia en Chile.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, AFP Modelo S.A., en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa emanada del órgano regulador para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno o vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6780-2025.