nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, conforme a la Ley N°18.156, que le fue notificado el 24 de agosto de 2026.

Expone, en síntesis, que la recurrente solicitó ante AFP Uno S.A., mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales, por cumplir, en su calidad de profesional extranjera, los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, solicitud que fue rechazada por estimarse que los documentos acompañados no cumplían los requisitos exigidos.

Sostiene que la recurrida desconoció la relación de servicio que mantiene la recurrente, exigiéndole un contrato de trabajo, en circunstancias que, atendida su profesión, cuenta con un nombramiento en el sector público y no se rige por el Código del Trabajo, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema conforme a la cual la Ley N°18.156 no se limita a los trabajadores regidos por dicho cuerpo legal.

Agrega que la afiliación de la recurrente al régimen de seguridad social venezolano se encuentra acreditada mediante la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, verificable en el portal web de dicho instituto mediante el código que consigna o la cédula de identidad venezolana, que da cuenta de 133 semanas cotizadas, y mediante un certificado emitido por el Consulado de Venezuela y legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, refiriendo que otras administradoras han aceptado este mismo procedimiento de verificación.

Refiere que la exigencia de legalización o apostilla no se encuentra prevista en la ley y que su cumplimiento resulta imposible, atendida la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, circunstancia que constituiría un caso fortuito o fuerza mayor, de manera que la negativa de la AFP importa una interpretación formalista que incorpora requisitos no contemplados en la normativa especial.

Estima vulneradas las garantías previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, efectuando dentro de un plazo razonable la devolución de los fondos previsionales solicitados, o la medida que esta Corte estime pertinente.

Acompaña su cédula de identidad para extranjeros, el correo electrónico de rechazo, una declaración jurada suscrita ante notario de Viña del Mar el 25 de junio de 2026 y apostillada en Chile, la constancia electrónica de cotizaciones emitida el 23 de junio de 2026, con vigencia hasta el 30 de junio del mismo año, su título profesional y certificados emitidos por el Hospital Dr. Gustavo Fricke.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°16833, de 10 de septiembre de 2026, señalando, en primer término, que la recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar.

Sin perjuicio de ello, expone que la regla general en materia previsional chilena es la obligación de cotizar respecto de los trabajadores que prestan servicios en Chile, cualquiera sea su nacionalidad, y que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, aplicable sólo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos de su artículo 1°, por lo que debe interpretarse restrictivamente.

Explica que, conforme al N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera el trabajador debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, pudiendo también presentarse un certificado otorgado por la embajada o consulado del país de origen en representación de la autoridad competente. Agrega que no basta un documento que señale de manera genérica las coberturas de un sistema previsional, sino que debe consignarse específicamente que el trabajador contó efectivamente con protección por todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

En cuanto al caso concreto, señala que no se ha tenido a la vista un certificado de cobertura del país de origen y que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada no sirve para acreditar el requisito, por cuanto no se encuentra firmada, apostillada ni legalizada, ni especifica si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias, recordando que tanto Chile como Venezuela son Estados parte de la Convención de La Haya sobre Apostilla.

Añade que, conforme al N°6 del Título XI del Libro II del referido Compendio, no tiene acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N°18.156 el personal contratado por organismos públicos mediante decreto de nombramiento, sometido a estatutos especiales, situación en la que se encontraría la recurrente, funcionaria del Hospital Dr. Gustavo Fricke, dependiente del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.

A folio 9, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Expone, en síntesis, que con fecha 10 de julio de 2026 la recurrente inició ante esa administradora el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, respecto del empleador Hospital Dr. Gustavo Fricke, acompañando un certificado de relación a contrata con dicho hospital, su título de médico cirujano y su apostilla, la constancia electrónica de cotizaciones y una declaración jurada ante notario, y que el 24 de agosto de 2026 se le informó el rechazo de su solicitud, por cuanto el contrato de trabajo y su anexo no acreditaban la relación laboral con el empleador respecto del cual se solicitaba el retiro ni la voluntad de mantener la afiliación al seguro social extranjero, y porque el certificado de institución de seguridad social no acreditaba la afiliación a una institución que otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez o muerte durante todo el período trabajado en Chile, ni se encontraba apostillado o legalizado.

Sostiene que su actuación se ajustó a lo dispuesto en la Ley N°18.156, en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, en la Circular N°553 y en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, así como en el Oficio Reservado N°2966, de 2023, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en los Oficios N°25057, de 2023, y N°12954, de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, este último conforme al cual las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas, apostilladas ni legalizadas no sirven como medio de prueba del requisito en cuestión.

Señala que la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela no la habilita para prescindir de exigencias legales expresas, refiriendo que propuso a la Superintendencia de Pensiones aceptar certificados verificables en la plataforma del gobierno venezolano, lo que fue desestimado por dicho organismo. Agrega que los antecedentes acompañados dan cuenta de una vinculación a contrata con un organismo público, como médico cirujano afecta a la Ley N°15.076, comprendida en la exclusión del N°6 del Título XI del Libro II del Compendio, y que, en todo caso, no contienen una manifestación expresa de la voluntad de la recurrente de mantener su afiliación a un régimen de seguridad social fuera de Chile, en los términos de la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., notificado el 24 de agosto de 2026, por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° de la Ley N°18.156 y a la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado un certificado de la institución de seguridad social extranjera, debidamente apostillado o legalizado, que acreditara la afiliación a un régimen que otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez o muerte durante todo el período trabajado en Chile.

Precisa que la recurrente acompañó únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que no se encuentra firmado, apostillado ni legalizado y que, conforme al Oficio N°12954, de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, no sirve como medio de prueba del requisito exigido por la ley.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7° de la citada ley señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la recurrente, “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de veintitrés de junio de dos mil veintiséis, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la declaración jurada suscrita ante notario de Viña del Mar el 25 de junio de 2026, acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliada y cubierta por el sistema de seguridad social venezolano, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idónea para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, ya que esta debe ser certificada por la autoridad previsional competente del país correspondiente, que es la única facultada legalmente para ello.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N° Protección-6734-2026.