Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso

Foja: 43 Cuarenta y tres Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 11, comparece don nombre reservado, en representación de Protector Security Supermarket SpA., empresa de giro de su denominación, quien conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República y a lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, interpone recurso de protección en favor de la empresa señalada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por don nombre reservado.

Funda su recurso señalando que la conducta del recurrido, consiste en la negativa de admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa presentada, por estimarla extemporánea, argumentando que el plazo para la interposición de dicho recurso es de días corridos y no de días hábiles conforme a la normativa aplicable, por lo que además de ilegal, dicha conducta adoptada por la Inspección del Trabajo de Quillota resulta absolutamente arbitraria, toda vez que interpreta las disposiciones legales del Código del Trabajo a su entera discreción y conveniencia.

Indica que se dictó la Resolución de Multa N° 1750/17/77 de fecha 07 de Julio de 2017, la que fue notificada el 02 de Agosto de 2017, y fue reconsiderada nombre reservado de 30 días hábiles que establece el artículo 512 del Código del Trabajo, con fecha 06 de septiembre del mismo año.

Que como se indica en el Ordinario N° 749 de 16 de octubre del 2017, presentó Recurso Administrativo de Reconsideración de multa y por resolución notificada a su parte el 18 de Octubre de 2017, se le informa lo siguiente: “En relación a la presentación de ANT., mediante la cual se solicitó reconsideración de la(s) multa(s) indicada(s) en la misma, se informa a Ud. que no se dio cumplimiento a los requisitos que le permiten a este Servicio conocer de tal solicitud, pues esta: NO SE PRESENTÓ nombre reservado LEGAL DE 30 DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE SU NOTIFICACIÓN”, por lo que no se admite a tramitación su recurso.

Que en esta resolución también se indica que: “La Contraloría General de la República, en diversos dictámenes, incluido el N° 85946, de 31 de Diciembre de 2013, cuya conclusión es vinculante, y por lo tanto de aplicación obligatoria para la Dirección del Trabajo, ha establecido, expresamente, que el plazo para interponer el recurso de la reconsideración administrativa contemplado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, es de 30 días corridos, contados desde su notificación”.

Que a su juicio, la Inspección del Trabajo de Quillota, ha realizado la interpretación de un precepto legal de forma arbitraria, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto el órgano del estado recurrido, se ha negado de forma ilegal e injustificada a tramitar un recurso administrativo que la ley franquea para todas las personas que se encuentren en la hipótesis prevista en ella.

Que en cuanto a la ilegalidad del actuar, indica que el artículo 512 inciso 1° del Código del Trabajo establece los requisitos del recurso de reconsideración, entre los cuales se establece que debe presentarse en el plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa; norma que en relación al artículo 25 de la Ley 19.880, que señala que los plazos establecidos en la referida ley son de días hábiles, el plazo para interponer el recurso de reconsideración es de días hábiles.

Que el recurrido ha conculcado una normativa expresa, al estimar que la solicitud de Reconsideración de multa presentada por su representada ha sido presentada extemporáneamente, y así excusarse de conocer de dicha solicitud, actuando de dicha forma ilegal, y vulnerando los derechos de mi representada, perturbando y amenazando la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Que así lo ha entendido la jurisprudencia y transcribe fallos al respecto de la Corte Suprema, Rol 3154-2013 y Rol 2836-2013.

Por último, estima infringida la garantía del 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha establecido un requisito que la ley no señala, no existiendo norma legal que disponga que el plazo de 30 días es corrido.

Pide que se acoja el presente recurso, deje sin efecto la resolución Ordinaria N° 749 de 16 de octubre de 2017, con costas.

A fojas 34, comparece nombre reservado, por la recurrida, quien en cumplimiento a lo ordenado, informa el presente recurso señalando que en el marco de fiscalización llevada a cabo a propósito de denuncia presentada por don nombre reservado por el concepto de No Otorgar Trabajo Convenido, se cursó la multa administrativa Nº 1750/2017/77, ascendente a la suma de 60 UTM, la cual fue cursada en términos generales por: "No Otorgar trabajado convenido en el contrato, desde 04107/2017 a la fecha, con respecto a trabajador nombre reservado", siendo esta notificada mediante carta certificada vía Correos de Chile, depositada el día 26.07.2017; que la recurrente solicitó reconsideración el 06 de septiembre de 2017 en las oficinas de la inspección del Trabajo de Talca, mediante el formulario respectivo, la que fue recepcionada en la Inspección Provincial de Quillota con fecha 12/09/2017.

Por lo anterior, y habiéndose verificado que la solicitud de reconsideración administrativa fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, el Inspector Provincial del Trabajo Quillota mediante Ordinario Nº 749 de fecha 16 de octubre de 2017, informó a la empresa que no se admitirá a tramitación tal solicitud por incumplimiento de requisitos legales, habida consideración que la solicitud no fue presentada nombre reservado legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, el ordinario en cuestión fue notificado mediante correo certificado Correos de Chile siendo depositado el 16 de octubre de 2017.

Que al respecto el Inspector Provincial del Trabajo Quillota ha actuado conforme a las facultades que la propia ley le ha entregado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo; que el artículo 512 referido no especifica si el plazo de 30 días es un plazo de días corridos o hábiles, por lo que para determinar su naturaleza, corresponde en primer término, recurrir a las restantes disposiciones del Código del Trabajo. Que en este sentido el artículo 435 del Código del Trabajo establece en su inciso 1 ° que los plazos establecidos en el Libro V son fatales, salvo las excepciones legales, y en su inciso tercero indica que los términos de días que establece el Título I del Libro V, se entenderán suspendidos durante los días feriados, norma que no es aplicable, por cuanto el artículo 512 se encuentra en el Título Final.

Que, por ello, para determinar si el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es un plazo de días hábiles o corridos, y no siendo aplicable al caso la disposición del artículo 435 como ya se ha señalado, resulta procedente aplicar las normas supletorias del derecho común establecidas en el Código Civil, en especial lo dispuesto en el artículo 50 de dicho cuerpo legal que al efecto dispone: "En los plazos que se señalarán en la leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados." De acuerdo a dicha norma, por regla general, los plazos comprenden los días feriados, a menos que expresamente se señale que se trata de días útiles. En el caso del plazo establecido en el artículo 512 y dado que la norma no señala que se trata de días hábiles, debe entenderse que se trata de días corridos. Esta interpretación se encuentra en armonía con la disposición del artículo 503 del Código del Trabajo, pues en esta última norma, establecida fuera del Título I y referida al plazo para interponer la reclamación judicial respecto de la aplicación de una multa por parte de este Servicio, el legislador estableció expresamente que se trata de días hábiles. Similar situación se produce en el artículo 508, norma ubicada en el mismo Título que el artículo 512, referida a la notificación por carta certificada y en la que el legislador señala expresamente que se trata de un plazo de días hábiles. De acuerdo a lo anterior y según la interpretación armónica de las disposiciones citadas, es posible entender que cuando el legislador laboral ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha señalado expresamente, tal como señaló a propósito de los plazos establecidos en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo y que cuando nada ha dicho debe entenderse que se trata de un plazo de días corridos, cual es precisamente la hipótesis del artículo 512 de dicho cuerpo legal.

Que este es el razonamiento que se ha utilizado en otros casos por los Tribunales Superiores de Justicia, citando al efecto el fallo de fecha 18.05.2011 de la l. Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol Corte 58-2011.

Que, de otro lado, no resulta aplicable la norma del artículo 25 de la Ley 19.880, por cuanto sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente en el Código del Trabajo.

Que refuerza esta interpretación lo establecido por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 64.985 de 2009.

Hace presente que el empleador dentro del procedimiento de fiscalización es informado sobre el plazo de 30 días corridos que tiene para presentar la solicitud de reconsideración, pues conjuntamente con la notificación de la resolución de multa, se le entrega un formulario F-1 O, en el que se destaca que el plazo es de 30 días corridos.

Que, finalmente, hace tener presente la historia fidedigna de la ley.

Que en cuanto a la interposición del recurso, señala que la parte contraria omite que existe importante jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en torno al concepto de que el recurso de Protección no constituye un sustituto jurisdiccional de otras acciones o recursos que contemplan las leyes. El Código del Trabajo señala que la resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo; que actual procedimiento laboral oral además de poder resolver la cuestión de fondo es de rápida resolución, de manera tal que la empresa recurrente pudo utilizar ese procedimiento y no emplear el recurso de protección puesto que este no constituye un sustituto jurisdiccional.

Que en cuanto a la garantía que se estima vulnerada, del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que el recurrente funda en infringir su derecho a acceder a una instancia de reclamación administrativa en razón de una decisión arbitraria e ilegal de la autoridad administrativa, que como tal, se debía aplicar en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880 y admitir a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido presentada nombre reservado, como ya se ha explicado, en caso alguno este Servicio ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, toda vez que la decisión de no admitir a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa de la empresa se fundó en la aplicación de las normas legales pertinentes al caso ya citadas, en virtud de las cuales el plazo establecido en el artículo 512 es un plazo de días corridos, por lo que la presentación de la recurrente se efectuó en forma extemporánea. En tal sentido no habría sido ajustado a derecho admitirla a tramitación. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones de este Servicio y del criterio de la Contraloría General de la República, por lo que no resulta procedente considerar vulnerada esta garantía.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que por el presente recurso de protección se pretende dejar sin efecto la resolución Ordinaria N° 749 de 16 de octubre de 2017, que no admitió a tramitación la reconsideración interpuesta por la recurrente en contra de la Resolución de Multa N° 1750/17/77, de fecha 07 de Julio de 2017.

Tercero: Que, en relación a la improcedencia de esta acción cautelar de rango constitucional deducida por existir otros caminos legales para discutir la imposición de una multa administrativa, cabe señalar que el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, teniendo naturaleza jurídica cautelar y urgente, tendiente a reestablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, vulneren alguna de las garantías que el catálogo del artículo citado contempla, a través de la adopción de medidas protectoras e inmediatas, por lo que tal alegación no resulta atendible.

Cuarto: Que en relación a la forma de computar el plazo 30 días contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, que se establece para interponer el recurso de Reconsideración de que tratan estos autos, se debe tener presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo tanto, encontrándose tal solicitud contemplada dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el Director del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 19.880, recibe aplicación supletoria el artículo 25 de la misma ley que establece que “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Quinto: Que, conforme a lo razonado, es posible estimar que la recurrida ha conculcado la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República respecto de la recurrente, toda vez que dio por extemporánea la solicitud de reconsideración interpuesta por la recurrente antes referida, no admitiéndola a tramitación, solicitud que se dedujo nombre reservado, por lo que la presente acción constitucional, será acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, SE ACOGE , el recurso de protección interpuesto a fojas 11, por Protector Security Supermarcket SpA, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso; por lo que se deja sin efecto la resolución contenida en la resolución Ordinaria N° 749 de 16 de octubre de 2017, debiendo por la recurrida admitirse a tramitación la solicitud de reconsideración de Resolución de Multa N° 1750/17/77 de fecha 07 de Julio de 2017, planteada por la recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6732-2017.

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