nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece Pablo Peñaloza Parra abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, licenciada en gerencia de recursos humanos, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A, por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Da cuenta que la recurrente solicitó ante la recurrida la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156 que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

El 15 de octubre de 2025 es notificada telefónicamente que su solicitud había sido rechazada debido a que su certificado de afiliación debe estar debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este hecho es de público conocimiento y constituye una situación objetiva que escapa de la voluntad de la recurrente. Sin perjuicio de lo anterior, cuenta con la constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el IVSS, la cual es perfectamente verificable en línea mediante el sitio oficial del IVSS.

Expone que negar la validez de esta constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente, generando una afectación directa al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales.

Solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

A folio 6 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, dando cuenta que el recurrente no registra ante ese organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Hace presente que, que conforme a la Ley N°18.156, contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, la indicada constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportada por la recurrente, no es apta para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmada por quien lo emite, ni se encuentra apostillada por la autoridad competente venezolana- entidad que es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia conforme al ordenamiento jurídico del Estado en que se emite la certificación ni legalizada; cuestión que impide que pueda producir efectos en nuestro país, acorde con lo dispuesto por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por tanto no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

A folio 7, evacua informe don Víctor Tabilo Marentis, abogado en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A, solicitando el rechazo en todas sus partes la presente acción.

En primer término alega la extemporaneidad de la presente acción constitucional, ya que decisión de rechazo fue comunicada al afiliado mediante correo electrónico registrado el 5 de agosto de 2025. Por tanto, el plazo para interponer la acción venció con creces antes de la presentación del recurso, lo que determina su improcedencia por extemporáneo Señala que, el 4 de agosto de 2025, doña nombre reservado, ingresó ante la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. una solicitud de devolución de fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156, acompañando documentación destinada a acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, en relación con su vínculo laboral con la empresa Otondo Hnos. Ltda., RUT RUT reservadoNo obstante, la revisión efectuada por la Administradora determinó que la documentación presentada no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente, presentando deficiencias sustanciales que impiden dar curso favorable a la solicitud, ya que la recurrente acompañó dos documentos: una Declaración Jurada emitida en Chile ante 2° Notaría de Las Condes y una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sin embargo, ninguno de estos documentos cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente. En efecto, el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Agrega que este criterio ha sido reiterado por la Superintendencia de Pensiones en diversos pronunciamientos, entre ellos el Oficio Ordinario N°20.294, de 8 de octubre de 2020, y el Oficio Ordinario N°25.057, de 29 de diciembre de 2023, en los que se instruye que las administradoras deben exigir documentos emitidos por la autoridad previsional competente, debidamente legalizados o apostillados, y que detallen de forma clara e inequívoca la cobertura integral otorgada. En particular, este último oficio establece que los documentos que acrediten los requisitos de las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 deben presentarse con la correspondiente legalización consular o apostilla, según corresponda, como condición esencial para su validez en Chile.

Argumenta que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria, toda vez que el comportamiento adoptado ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, no habiéndose causado agravio alguno a la recurrente, ni privado, perturbado ni amenazado ninguna garantía constitucional .

Pide el rechazo del recurso, con costas, y acompaña Oficio Ordinario N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones, además de citar un extenso catálogo de sentencias sobre la materia, junto a sus roles, de diversos tribunales superiores del país.

A folio 13 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, la presente acción constitucional ha sido interpuesta por nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Alega que la documentación presentada —Constancia Electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contratos de trabajo y anexos, declaración jurada y título profesional— acredita suficientemente su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero y su voluntad de mantenerse afecto a dicho sistema, por lo que la exigencia de apostilla y otros requisitos formales carece de sustento legal y resulta arbitraria.

Tercero: Que, la recurrida AFP PlanVital y la Superintendencia de Pensiones informan, en síntesis, que la documentación aportada por la recurrente, específicamente la Constancia Electrónica de Cotizaciones y la declaración jurada, no dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, toda vez que el certificado de afiliación electrónico no se encuentra firmado por autoridad competente ni apostillado o legalizado según corresponda, requisito que, según la normativa vigente, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada o apostillada.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N 18.156, establece que "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estar exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos í de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la recurrida, se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, de los documentos presentados, primeramente el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado, ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. Respecto del resto de los antecedentes incorporados no permiten desvirtuar lo decidido puesto que sólo su certificado de licenciatura cumple con los requisitos antes anotados.

Séptimo: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP PlanVital S.A., pues tan solo ha requerido el cumplimiento de la norma vigente para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6731-2025.

En Valparaíso, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.