Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Valparaíso Valparaíso, seis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, a folio uno comparece nombre reservado, de quien interpone recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Sostiene que el acto impugnado es la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 25 de septiembre de 2025, mediante la cual la autoridad recurrida declaró el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de su representado. Expone que el recurrente ingresó a Chile por paso no habilitado el 25 de abril de 2019 y que, tras años de residencia, concurrió al Servicio Nacional de Migraciones para formalizar su petición de refugio. Sin embargo, se le exigió cumplir con requisitos de temporalidad introducidos por la Ley N°21.655 (febrero de 2024), específicamente el presentarse ante la autoridad en un plazo de 7 días desde su ingreso o desde que la infracción fue detectada.

Alega que la aplicación de dicha norma es ilegal y arbitraria, pues pretende regir situaciones de hecho ocurridas en 2019, vulnerando la irretroactividad de la ley y el principio de seguridad jurídica. Estima conculcadas las garantías de los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto el acto y se ordene la formalización de la solicitud.

Que, informa el Servicio Nacional de Migraciones. Solicita el rechazo de la acción, argumentando que actuó dentro del marco de sus competencias legales. Indica que el artículo 28 bis de la Ley N°20.430, introducido por la Ley N°21.655, faculta a la autoridad para tener por desistidas las solicitudes que no cumplan con los requisitos de forma y plazos establecidos. Sostiene que el recurrente no acreditó haber cumplido con la carga de presentarse oportunamente ante la autoridad, por lo que la resolución se encuentra debidamente fundada en el derecho vigente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar y urgente, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten garantías fundamentales preexistentes e indubitadas.

SEGUNDO: Que, la controversia radica en determinar si la Resolución Exenta N°NUM000, que declaró el desistimiento de la solicitud de refugio del recurrente, constituye un acto ilegal o arbitrario.

TERCERO: Que, conforme a lo informado por la autoridad recurrida, el Servicio Nacional de Migraciones actuó dentro del ámbito de su competencia y en cumplimiento de la normativa vigente. El artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, aplicable plenamente a la solicitud de 1 de julio de 2025 formulada por el actor, faculta expresamente a la Administración para tener por desistidas aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos formales de admisibilidad, entre los cuales se encuentra la presentación oportuna ante la autoridad.

CUARTO: Que, en lo relativo a la alegación del recurrente sobre la supuesta aplicación retroactiva introducido en febrero de 2024 mediante la dictación de la Ley N° 21.655 (que establece un plazo de 7 días para la presentación), cabe precisar que, aún en el evento de estimarse que tales disposiciones modificatorias no le resultan aplicables por haber ingresado al territorio nacional en el año 2019, el recurrente se encontraba de igual forma sujeto a un deber de presentarse dentro de un plazo determinado, bajo la vigencia de la normativa anterior.

QUINTO: Que, en efecto, el artículo 6° de la Ley N°20.430, en su redacción original y vigente al momento del ingreso del recurrente a Chile, disponía expresamente: "No se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades, alegando una razón justificada".

SEXTO: Que, de los antecedentes que obran en el expediente, se desprende que el recurrente ingresó por paso no habilitado el 25 de abril de 2019 y solo concurrió a formalizar su solicitud de refugio en julio de 2025. Es decir, transcurrieron más de seis años desde la infracción migratoria sin que el administrado diere cumplimiento al plazo de diez días que la ley —incluso en su texto previo a la reforma de 2024— le imponía para acogerse al estatuto de protección. Por consiguiente, no se advierte la existencia de una "razón justificada" que excuse una demora de tal magnitud, ni el cumplimiento de la carga de presentarse oportunamente ante la autoridad.

SÉPTIMO: Que, por lo tanto, no existe una ilegalidad por parte del Servicio Nacional de Migraciones, toda vez que el acto administrativo se fundamenta en la constatación objetiva de que el recurrente no dio cumplimiento a los plazos legales (ya sea el de 7 días de la ley vigente o el de 10 días de la ley anterior) para la formalización de su petición. Tampoco existe arbitrariedad, pues la resolución impugnada no emana del capricho de la autoridad, sino de la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas por el legislador para el incumplimiento de las cargas procesales migratorias.

OCTAVO: Que, finalmente, conviene recordar que la condición de refugiado debe ser objeto de un procedimiento administrativo de calificación. Mientras este no concluya, el recurrente no goza de un derecho indubitado que pueda ser cautelado por esta vía, máxime cuando ha sido su propia desidia en el cumplimiento de los plazos legales la que ha impedido la tramitación de su solicitud.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional De Migraciones.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr.

Saavedra, quien fue del parecer de acoger el recurso en base a los siguientes fundamentos: 1° Que, para determinar la legalidad del acto, debe considerarse que el recurrente ingresó al territorio nacional en el año 2019, época en la cual no se encontraba vigente la modificación legal introducida por la Ley N°21.655 (publicada el 15 de febrero de 2024), que establece el plazo perentorio de siete días para la formalización de la solicitud de refugio tras el ingreso al país o la detección por la autoridad. 2° Que, conforme al principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 9° del Código Civil, la ley solo puede regir hacia el porvenir y no tiene jamás efecto retroactivo. En el presente caso, la autoridad administrativa ha aplicado una sanción para el recurrente, esto es el tenerlo por desistido de su solicitud, la cual se deriva de una modificación legal que no estaba vigente a la fecha en que el recurrente ingresó al país, y que, por tanto, le fue imposible de prever a efectos de determinar las consecuencias de su conducta. Lo anterior constituye una interpretación normativa que desnaturaliza la finalidad de la ley y vulnera la seguridad jurídica y por tanto torna ilegal la decisión administrativa, sin perjuicio de carecer, además, de una fundamentación razonable que considere la situación fáctica del recurrente, quien acreditó mediante documentos (como su itinerario de vuelo de 2019 y tarjeta de extranjero infractor) su permanencia previa a la vigencia de la nueva normativa. 3° Que, tal actuar afecta la garantía de igualdad ante la ley al dar un trato discriminatorio al recurrente frente a otros solicitantes, basándose en criterios de temporalidad de cumplimiento imposible, por lo que, existiendo una afectación real a los derechos fundamentales del actor, se estima necesario adoptar las medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6725-2025.