nombre reservado con JUEZ PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE QUILPUE

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, nombre reservado, abogado, deduce acción de protección en su favor y en contra del Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de Quilpué, don Cristian Marcelo Urzúa Chacón, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la resolución de 16 de octubre de 2025 que negó la reposición intentada por su parte para acceder a celebrar la audiencia del 12 de noviembre de 2025 por videoconferencia, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 1 y N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que actúa como abogado patrocinante en la causa laboral T-32-2025 y solicitó al tribunal autorización para comparecer vía remota debido a una discapacidad física acreditada, ya que se desplaza con bastones canadienses y tiene dificultades de traslado. Relata que con anterioridad a esta acción dedujo un recurso de amparo, Rol Corte 2817-2025, por estos hechos, el cual fue rechazado por esta Iltma. Corte y confirmada dicha decisión por la Excelentísima Corte Suprema, pero con la declaración expresa de que el rechazo era "sin perjuicio de otros derechos que puedan ejercerse".

Señala que el juez recurrido ha denegado reiteradamente sus solicitudes sin entregar fundamentos de fondo, limitándose a indicar que es una facultad privativa. Argumenta que la negativa es ilegal por carecer de la debida fundamentación exigida por los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil, y vulnera las leyes 20.609 y 20.422 sobre inclusión. En cuanto a la arbitrariedad, asevera expresamente que el juez incurre en ella al imponer una igualdad por equiparación ("ley pareja") a quien requiere igualdad por diferenciación debido a su discapacidad. Sostiene que el recurrido confunde una facultad privativa con el mero capricho, pues si bien la ley permite la comparecencia remota, negarla sin hacerse cargo de la discapacidad acreditada y solo "porque no le gustan los avances tecnológicos", convierte el ejercicio de dicha facultad en un acto irracional y discriminatorio que afecta su dignidad e integridad psíquica.

Concluye solicitando que se ordene al recurrido autorizar su comparecencia virtual a la audiencia del 12 de noviembre de 2025 en causa T-32-2025, o bien dicte resolución fundada explicando por qué dicha comparecencia causaría indefensión.

A folio 11, evacúa informe don nombre reservado, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de Quilpué.

Señala que no existe una negativa particular respecto del recurrente, sino que aplica un criterio general de presencialidad para todas las audiencias laborales, sin excepciones, con el fin de garantizar la integridad e inmediación del debido proceso. Argumenta que, según el Tribunal Constitucional, en Rol N°12.300-21, la norma que permite la comparecencia remota entrega una facultad discrecional al juez, quien conserva la atribución de acceder o no a la solicitud, descartando así cualquier reproche de ilegalidad o arbitrariedad. Agrega que las expresiones del abogado son desproporcionadas, pues el tribunal ha actuado dentro de su esfera de atribuciones constitucionales.

Finalmente, concluye señalando que es todo cuanto puede informar.

A folio 12, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la resolución de 16 de octubre de 2025 dictada por el recurrido, que denegó la solicitud de comparecencia remota del actor, fundada en su discapacidad física, calificándola de ilegal y arbitraria por falta de motivación y discriminación, solicitando que se ordene la autorización de dicha comparecencia virtual.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la decisión obedece a un criterio general de presencialidad aplicado a todas las causas para resguardar el debido proceso. Sostiene que la autorización de comparecencia remota es una facultad discrecional del juez, amparada constitucionalmente y ratificada por el Tribunal Constitucional, por lo que descarta haber actuado con arbitrariedad o ilegalidad.

Cuarto: Que, para la adecuada resolución de la controversia, es preciso considerar que el ordenamiento jurídico nacional e internacional impone una protección reforzada para las personas con discapacidad, vinculando directamente a la judicatura mediante el bloque de constitucionalidad que emana del artículo 5° inciso segundo de la Carta Fundamental; marco en el cual la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, ratificada por Chile en el año 2008, dispone en su artículo 13 la obligación de los Estados de asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, mediante la implementación de ajustes de procedimiento adecuados; mandato que se complementa con la Ley N° 20.422, particularmente en sus artículos 8° y 28, que exigen la adopción de medidas de acción positiva y ajustes razonables —definidos en el artículo 2 de la citada Convención como las modificaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada— para evitar que la falta de adecuación del entorno o de los procesos judiciales se traduzca en una discriminación arbitraria por omisión que impida el pleno ejercicio de la profesión y el acceso al debido proceso.

Quinto: Que, si bien el recurrido invoca la facultad discrecional contenida en el artículo 427 bis del Código del Trabajo y la necesidad de uniformidad procesal, tales argumentos no pueden desatender el principio de interpretación favorable al afectado y al trabajador, toda vez que la discrecionalidad judicial no constituye una potestad absoluta, sino que debe ejercerse de manera razonada y proporcional a las circunstancias del caso, especialmente cuando se han acompañado antecedentes médicos que acreditan que el desplazamiento físico importa un sacrificio desmedido para el abogado, quien se ve forzado a elegir entre el padecimiento físico o el abandono de su gestión profesional, exigencia que, además de ser gravosa para el letrado, pone en serio riesgo la adecuada defensa de los intereses de la parte que representa en dicho proceso laboral al obstaculizar el ejercicio de un patrocinio de confianza y de calidad por barreras físicas externas a la voluntad del profesional.

Sexto: Que, la resolución impugnada, al asilarse exclusivamente en la naturaleza facultativa de la norma sin efectuar un examen de razonabilidad frente a la situación fáctica de discapacidad debidamente acreditada, adolece de una falta de fundamentación que infringe el estándar de motivación exigido por los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del artículo 432 del Código del Trabajo; omisión que torna el acto en arbitrario al privilegiar una interpretación rigurosa de la presencialidad por sobre el deber de garantizar un acceso a la justicia exento de obstáculos innecesarios, ignorando con ello que la discrecionalidad judicial no autoriza el dictado de decisiones caprichosas o carentes de sustento racional, especialmente cuando la medida solicitada constituye un ajuste de procedimiento cuya denegación desatiende los principios de economía procesal y tutela judicial efectiva, transformando el rito procesal en una barrera que vulnera la dignidad del profesional interviniente.

Séptimo: Que, en definitiva, la decisión de imponer una uniformidad presencial constituye una vulneración directa de la garantía establecida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, relativa al derecho a la integridad física y psíquica, por cuanto obligar al recurrente a un desplazamiento extenuante y doloroso, dadas sus condiciones de movilidad reducida debidamente acreditadas, representa una perturbación real a su salud física que podría evitarse mediante el uso de tecnologías ya implementadas por el Poder Judicial; afectación que se proyecta asimismo en su integridad psíquica al someterlo a un trato que ignora su condición de vulnerabilidad y reitera vivencias de menoscabo personal incompatibles con la dignidad que debe regir el proceso; todo lo cual configura además una infracción a la igualdad ante la ley contemplada en el numeral 2° del mismo precepto, al desconocer la necesidad de una igualdad sustantiva que brinde ajustes razonables para evitar que la discapacidad se traduzca en una exclusión de facto del ejercicio profesional, limitando con ello el derecho a la defensa de la trabajadora a quien representa y su derecho a un recurso efectivo, lo que impone la necesidad de acoger la acción para restablecer el imperio del derecho y garantizar un procedimiento inclusivo.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I. Que, se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Juez Titular del 1er Juzgado de Letras de Quilpué, don CRISTIÁN MARCELO URZÚA CHACÓN, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución de fecha 16 de octubre de 2025, debiendo el tribunal recurrido autorizar la comparecencia por videoconferencia del abogado recurrente en la causa RIT T-32-2025.

II. Se ordena al tribunal de origen arbitrar todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para asegurar la participación efectiva del letrado de manera remota en todas las audiencias del procedimiento.

Se deja sin efecto la orden de no innovar concedida Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6719-2025.