nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

Visto:

Comparece don Cristian Sebastián González Flores, abogado, en representación de don nombre reservado, trabajador, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la ejecución, instrucción y mantención de descuentos directos sobre las remuneraciones de su representado, tanto directamente como a través del Sistema Intercajas mediante la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, para el cobro de un crédito social en mora desde hace más de dieciséis años, eludiendo los procedimientos jurisdiccionales pertinentes.

Expone que el 13 de marzo de 2007 el recurrente suscribió con la recurrida el crédito social Folio Contrato N°054000087572 por un monto de $3.861.268, pagadero en sesenta cuotas mensuales de $135.162, y que, según el Certificado de Cuotas Vigentes emitido por la propia recurrida el 10 de abril de 2026, pagó las primeras treinta y siete cuotas, entre el 30 de abril de 2007 y el 30 de abril de 2010, cesando los pagos a contar de la cuota N°38, con vencimiento el 31 de mayo de 2010, y quedando veintitrés cuotas pendientes hasta el vencimiento final pactado, el 31 de marzo de 2012. Sostiene que la recurrida jamás ejerció acciones judiciales de cobro, dejando transcurrir los plazos de prescripción, y que pese a ello reactivó unilateralmente la retención por planilla a través de su empleador, Empresa de Transportes Compañía de Seguridad Chile Limitada, sin autorización judicial, sin su consentimiento y sin comunicación previa, practicando descuentos intermitentes en septiembre de 2021; mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2022; febrero, octubre y noviembre de 2023; y junio de 2024; y que, tras afiliarse su empleador a la Caja de Compensación Los Andes, la recurrida ingresó la deuda al Sistema Intercajas, figurando desde febrero de 2025 descuentos mensuales bajo la glosa de dicha Caja, el último de ellos en la liquidación de agosto de 2026, alcanzando un total descontado de $4.239.639.

Afirma que la acción es oportuna, por tratarse de descuentos de tracto sucesivo cuyo agravio se renueva mensualmente. Alega que la conducta es arbitraria, pues, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las Cajas para recaudar las cuotas de crédito social mediante retención por el empleador, dicha facultad supone su ejercicio oportuno, y que, conforme a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, acudir a dicho mecanismo cuando han transcurrido más de cinco años sin gestión alguna de cobro constituye una forma de autotutela; y que es ilegal, por infringir el numeral 3.1.17.3 del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación, contenido en la Circular N°3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social, que exige aviso previo al trabajador cuando se reanudan los descuentos tras seis meses sin practicarse, lo que nunca ocurrió. Invoca como vulneradas las garantías de los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene a la recurrida el cese inmediato y definitivo de todo descuento por el crédito referido, absteniéndose de requerirlo por sí o a través del Sistema Intercajas, dando de baja toda instrucción de cobro en dichas plataformas, y la restitución de $4.239.639, o la suma superior que se determine, debidamente reajustada y con intereses, con costas.

Informando, la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana solicita el rechazo del recurso. Expone que el crédito, reconocido por el recurrente, registra según su carga financiera emitida el 3 de septiembre de 2026 el estado “Moroso Castigada” y un saldo adeudado de $1.940.891, lo que no equivale a pago, condonación, prescripción ni extinción. Niega la inactividad que se le atribuye, pues el historial registra la recaudación de la cuota N°18 mediante PREVIRED el 8 de octubre de 2021, de las cuotas N°19 a N°23 entre junio y diciembre de 2022, de las cuotas N°24 y N°25 en noviembre y diciembre de 2023, y mediante el Sistema Intercajas de la cuota N°26 el 21 de marzo de 2025 y de las siguientes en forma sucesiva hasta agosto de 2026, alcanzando la cuota N°42, por lo que no existe un período de más de cinco años inmediatamente anterior a los descuentos actuales sin gestión de cobro, no siéndole aplicables los precedentes invocados por el actor.

Sostiene que el descuento tiene fundamento en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y que la actuación coordinada entre Cajas a través del Sistema Intercajas ha sido validada por la Excma. Corte Suprema. En cuanto al aviso previo, afirma que el numeral 3.1.17.3 del Compendio, en su versión vigente durante 2025, disponía expresamente que dichas reglas regían para los créditos sociales contratados a partir del primer día hábil de abril de 2021, limitación que fue suprimida recién por la Circular N°3.894 de 13 de noviembre de 2025, sin efecto retroactivo, encontrándose para esa fecha los descuentos ya en curso, por lo que no ha existido un nuevo reinicio. Agrega que la prescripción no opera de pleno derecho y debe ser declarada judicialmente, no siendo la acción de protección la sede idónea para ello; que la eventual omisión de aviso respecto de los reinicios de 2021 a 2024 se configuró al reanudarse cada descuento, por lo que la acción resulta extemporánea a su respecto; que los pagos han sido imputados al saldo del crédito y, conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833, extinguen la deuda en la parte correspondiente, por lo que su restitución global importaría una alteración patrimonial injustificada; y que no se vulneran las garantías invocadas.

Informa, asimismo, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, señalando que el recurrente no mantiene deuda con esa entidad, y que la Caja de Compensación La Araucana le solicitó, a través del proceso integrado de recaudación, gestionar descuentos a nombre del recurrente desde diciembre de 2025, recibiendo de su empleador la suma de $135.162 mensuales por los meses de diciembre de 2025 a julio de 2026, por un total de $1.081.296, montos que remitió a la Caja acreedora. Explica que actuó en calidad de diputada para el cobro, en virtud del contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, celebrado al amparo del artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833, y conforme a los artículos 1580 a 1586 del Código Civil, invocando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que ha validado dicha actuación coordinada.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción de protección prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción cautelar, urgente y concreta, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan una privación, perturbación o amenaza actual al legítimo ejercicio de las garantías expresamente protegidas por dicho precepto.

Segundo: Que, el acto que se reprocha de ilegal y arbitrario es el requerimiento de descuentos sobre las remuneraciones del recurrente, efectuado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, directamente y a través del Sistema Intercajas mediante la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, para el pago de las cuotas morosas del crédito social Folio Contrato N 054000087572, otorgado el 13 de marzo de 2007, descuentos que se han practicado mensualmente a través de dicho sistema, por distintos periodos, desde el año 2021 y hasta, a lo menos, la liquidación de remuneraciones de agosto de 2026.

Tercero: Que, de los antecedentes, no resulta controvertido que el recurrente contrajo con la recurrida el crédito social N° 054000087572 el 13 de marzo de 2007 por $3.861.268, pagadero en sesenta cuotas mensuales de $135.162, cuyo plan de pagos venció íntegramente en marzo de 2012; que el recurrente dejó de pagar regularmente las cuotas en el año 2010; que la recurrida no ha ejercido acción judicial alguna para su cobro; que la primera recaudación posterior que registra su propia carga financiera corresponde al 8 de octubre de 2021, siguiéndole recaudaciones intermitentes durante 2022 y 2023 y, a partir de 2025, recaudaciones mensuales a través del Sistema Intercajas; y que el crédito figura actualmente en estado “Moroso Castigada”, con un saldo adeudado de $1.940.891.

Cuarto: Que, el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación debe ser deducido de la remuneración del trabajador por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales, y agrega que, practicada la deducción, se entiende extinguida la deuda del trabajador en la parte correspondiente. En consecuencia, la retención impugnada tiene fundamento en una norma legal expresa y se ejecuta a través de un mecanismo de coordinación autorizado por la ley.

Quinto: Que, el recurrente sustenta la arbitrariedad del acto en que la recurrida habría dejado transcurrir más de cinco años sin gestión alguna de cobro antes de acudir al mecanismo del artículo 22 de la Ley N°18.833. Sin embargo, de la carga financiera acompañada por la recurrida, y del propio cuadro de descuentos confeccionado por el recurrente, consta que el crédito registró recaudaciones en los años 2021, 2022 y 2023, y descuentos en 2024 según el propio actor, retomándose en 2025 a través del Sistema Intercajas, de modo que no es efectivo que los descuentos actuales hayan sido precedidos de un período de más de cinco años de inactividad, ni que se trate de una obligación completamente abandonada por la acreedora.

Sexto: Que, en el fondo, la pretensión del recurrente descansa en que la obligación se encontraría prescrita. Sin embargo, la prescripción extintiva no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegada por quien quiera aprovecharse de ella y declarada por el tribunal competente, en un procedimiento de lato conocimiento en que las partes puedan discutir sus presupuestos, entre ellos la fecha de exigibilidad de las cuotas y la eventual concurrencia de causales de interrupción. Mientras dicha declaración no se produzca, la obligación, cuya existencia el recurrente reconoce, subsiste, y no corresponde a esta Corte, por la vía cautelar de urgencia, declararla extinguida o inexigible.

Séptimo: Que, en cuanto a la ilegalidad que se atribuye a la recurrida por no haber dado aviso previo de la reanudación de los descuentos, conforme al numeral 3.1.17.3 del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación, consta que dicha disposición, en su texto vigente hasta el 13 de noviembre de 2025, regía para los créditos sociales contratados a partir del primer día hábil del mes de abril de 2021, limitación que fue suprimida por la Circular N°3.894 de esa fecha. Tratándose en la especie de un crédito contratado en el año 2007, y encontrándose los descuentos vía Intercajas en curso a la fecha de dicha modificación, sin que con posterioridad se haya producido una interrupción de seis meses seguida de un nuevo reinicio, no se advierte la infracción normativa denunciada.

Octavo: Que, por consiguiente, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario, no se advierte vulneración de las garantías invocadas. En lo relativo al derecho de propiedad, no existe un derecho indubitado sobre las sumas retenidas, desde que la deducción se practicó en virtud de una disposición legal para el pago de una obligación que, mientras no sea declarada extinguida, se mantiene vigente; y en cuanto a la libertad de trabajo, los descuentos no impiden al recurrente desarrollar su actividad laboral, permanecer en su empleo ni percibir sus remuneraciones.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en los artículos 19 N°7 y 22 de la Ley N°18.833 y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6700-2026.