nombre reservado con CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO

Foja: 99 Noventa y Nueve eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 19, comparece nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone de recurso de protección en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, representada legalmente por su Director General Roberto Chacón Gutiérrez, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que se desempeña como Abogado Jefe del Consultorio Jurídico de la comuna de Freirina, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, mediante contrato de trabajo que celebró en el mes de junio del año 2008. Precisa que el vínculo jurídico laboral que posee con la Corporación, permite a los abogados de la institución la posibilidad de ejercer libremente la profesión, cuestión que realiza desde hace más de ocho años.

Señala que en el mes de noviembre del año 2015, se difundió información en Radio Biobío que daba cuenta que en su calidad de Abogado Jefe del Consultorio Jurídico de Freirina, poseía un supuesto conflicto de interés al trabajar en la Corporación y paralelamente para la empresa Agrosuper. El supuesto conflicto de interés, consistía en que 15 personas de Freirina, estarían siendo desatendidas por la Corporación, habida cuenta que éstas tenían conocimiento que en su calidad de abogado de la institución en Freirina, trabajaba para la indicada empresa, y puntualmente, a causa que patrocinando en calidad de abogado particular de la empresa indicada, dedujo oposiciones administrativas a las solicitudes de regularización de los inmuebles ocupados por estas personas.

Ante esto, sin reclamo formal, sin que ninguna de estas personas haya reclamado o requerido atención de la unidad que dirige, ni menos hayan sido atendidas por él en ese contexto, y según se enteró posteriormente, fundamentalmente por solicitud del señor Alcalde de Freirina, su superior de la época, decidió instruir una investigación sobre estos hechos, fundándose para esto en la potestad disciplinaria contendida en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la institución.

Indica que en el curso de dicha investigación, prestó declaración en la que entre otras cosas, manifestó que presta servicios profesionales independientes para la empresa en cuestión, no manteniendo con ésta contrato de ninguna naturaleza.

Refiere que al poco tiempo tomó conocimiento, solo de facto, que la Corporación, se dio a la tarea de buscar a todas estas personas, decidiendo patrocinarlas, siendo éstas aludidas solo en su número por el Alcalde de Freirina en la nota periodística antes indicada, designándose para la atención de éstas a dos colegas de la Corporación.

Con posterioridad a los hechos reseñados, y en el contexto de la investigación interna referida precedentemente, Ricardo Garrido, abogado instructor de la investigación y Subdirector (I) de la Región de Atacama, dictó la resolución N°02/2016 por la cual se le formula cargos, atribuyéndole responsabilidad en la situación descrita.

Señala que el mes de julio del año 2016, fue notificado de la resolución N°551/2016 de fecha 23 de mayo del año 2016, dictada por el señor el Director General de la Corporación Roberto Chacón Gutiérrez, disponiéndose en ésta su desvinculación de la Corporación por haber incurrido en un supuesto incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato, resolución en contra de la cual dedujo recurso de apelación para ante el Consejo Directivo de la Corporación, el que fuera rechazado. Finalmente por resolución afecta N°1094 de fecha 14 de noviembre del año 2016, la Corporación formaliza como acto administrativo el término de su contrato de trabajo y remite esta resolución a la Contraloría General de la República de la Región de Valparaíso, para el trámite de toma de razón.

Con fecha 09 de diciembre del año 2016, la Contraloría General de la República de la Región de Valparaíso, tuvo a bien representar a la Corporación la Resolución N°1094, esto, mediante Resolución N° 19.333/2016, que determinó que la Contraloría Regional debió abstenerse de dar curso a la resolución mediante la cual se formaliza el término del contrato de trabajo del recurrente, por cuanto no se ajustó a derecho, agregando que se no advierte que las conductas descritas en la pieza sumarial puedan ser clasificadas en la causal de término del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo.

Con posterioridad a la representación del órgano contralor, con fecha 18 de enero del año 2017, la Corporación dicta la Resolución N°20 notificándole de ella el día 23 del mismo mes y año, mediante la cual "ordena la reapertura de la investigación sumaria y designa abogado investigador que indica”, fundada en “6) Lo señalado en los dictámenes de la Contraloría General de la República N°51.421/2016 y N°84.414/2015 entre otros, que establecen: "La facultad de reabrir un procedimiento disciplinario está radicado en la autoridad sancionadora, la que deberá resolver si existe o no mérito suficiente para disponer esta medida; 7) El mérito de los antecedentes que obran en la carpeta de investigación y la existencia de hechos y circunstancias no considerados en su oportunidad, siendo pertinentes los mismos para el esclarecimiento de los hechos investigados, existe mérito suficiente para reabrir la presente investigación sumaria y retrotraer la misma al estado de la formulación de cargos".

Expone que en contra de la resolución antedicha, dedujo recurso de reposición, apelando en subsidio, recursos que fueron desestimados por resolución N°79 de fecha 03 de febrero del presente año.

Refiere que los órganos de la administración del estado deben ajustar sus actos al principio de legalidad y que la actuación de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, se encuentra sujeta a los principios que rigen el Derecho Administrativo, no obstante, sus funcionarios, se relacionan con su empleador de forma distinta al de la mayoría de los funcionarios públicos, toda vez que les son aplicables las normas del Derecho laboral. En este sentido, la normativa aplicable para establecer sanciones por eventuales infracciones disciplinarias y término de contrato, son las establecidas en el contrato de trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad y las normas laborales generales.

Precisa que ninguna de éstas hace referencia al sometimiento de su relación laboral, a las leyes que son aplicables los funcionarios de la Administración del Estado, como pretende la Corporación, esto último, a la hora de fundar las resoluciones en la investigación que instruyó, especialmente en aquella que por este acto denuncia. Pese a ello y a los dictámenes administrativos, la resolución N°20 se funda en dos de ellos, referidos ambos a la conducción y reapertura de un sumario administrativo cuyas normas fluyen del Estatuto Administrativo, no de una investigación de aquellas que autoriza el Reglamento, por consiguiente, la resolución dictada, es ilegal.

Agrega que llama la atención que su empleador, en sus dichos, advirtiendo una supuesta y grave conducta contraria a la probidad, no haya adoptado ninguna de las medidas que contempla la legislación laboral para desvincularlo de la institución. En este contexto, presume que la reapertura de la investigación ha tenido la intención de hostigarlo, a tal punto, de obligarlo a renunciar, y con ello, evitar el cumplimiento de las obligaciones que impone su contrato de trabajo y la normativa laboral. Sobre el particular, señala que dedujo denuncia por vulneración de derechos fundamentales ante la Inspección Provincial del Trabajo de la ciudad de Vallenar, concluyendo el señor nombre reservado, previo informe jurídico, la existencia de indicios de las vulneraciones que denunció, habiéndose incoado, denuncia judicial por vulneración de derechos fundamentales, actualmente en tramitación bajo el RIT T-1-2017 ante el Juzgado de Letras y Garantía de Freirina.

Señala que, aun aplicando las normas administrativas pertinentes a la investigación laboral en curso, ellas tampoco se han aplicado a la resolución N°20, la que se limita a transcribir hitos del procedimiento investigativo y a citar dos dictámenes que abordan el concepto de reapertura de un sumario administrativo, sin exponer el razonamiento que lo lleva a determinar la necesidad de reabrir la investigación, concluyendo que “en mérito de los antecedentes que obran en la carpeta de investigación y la existencia de hechos y circunstancias no consideradas en su oportunidad, siendo pertinentes los mismos para el esclarecimiento de los hechos investigados, existe mérito suficiente para reabrir la presente investigación sumaria y retrotraer la misma a la etapa de formulación de cargos".

Indica que se pretende reabrir un procedimiento ya concluido, sin mediar motivo alguno para ello, salvo la necesidad de revisar antecedentes y circunstancias no considerados en su oportunidad, lo cual resulta del todo arbitrario para el investigado, quien en la oportunidad procedimental y de acuerdo a los cargos formulados, ya ejerció todos los recursos que el Reglamento le franquea y cuyos fundamentos fueron finalmente ratificados por la Contraloría Regional mediante resolución N°19.333 que estimó que el término de su contrato no se ajustó a derecho.

Concluye que la resolución carece de un elemento esencial, carece de motivos facticos y jurídicos, ya que no existen otros antecedentes que evaluar, como tampoco existe fundamento legal que habilite a retrotraer el procedimiento hasta la etapa expresada, por lo que la resolución N°20 debe ser invalidada.

En consecuencia, establecido que su despido no se ajustó a derecho, su desvinculación solo podría llevarse a cabo a través de una carta de despido por causales que dan origen al pago de las indemnizaciones legales.

Hace presente, que la resolución N°1094 es la resolución final de la investigación, por lo cual, representada como fue esta resolución, bastaba con invalidarla dictándose una nueva que se ajuste al mérito procedimiento llevado a cabo y a los hechos que fueron acreditados a través del procedimiento disciplinario, y concluir en el sobreseimiento, o en definitiva, como la propia Contraloría instruyó, cambiar la causal de despido aplicada por una que si se ajuste a la legislación vigente.

Estima que la resolución recurrida vulnera el N°3 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, cuyos elementos constitutivos también recoge el artículo 35 del Reglamento, esto es, ataca el debido proceso del que ha debido ser objeto. Precisa que el Reglamento de la Corporación contempla la normativa idónea para el desarrollo de un procedimiento investigativo, que permite el pleno ejercicio de derechos para el investigado e investigador, siendo en consecuencia el mismo, desde todo punto de vista racional, característica que se ha vulnerado con la dictación de la resolución N°20, pues su fundamento parte de otra normativa, no de aquella que la propia institución ha dispuesto para la investigación de responsabilidades disciplinarias.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso, declarando arbitraria e ilegal la resolución N°20 de fecha 18 de enero del año 2017, dictada por la recurrida y en cuya virtud se dispone la reapertura de la investigación instruida en su contra, nombra otro investigador y la retrotrae al estado de formularle cargos, ordenando a la recurrida dictar resolución de término de acuerdo al mérito del procedimiento investigativo, considerando para ello especialmente lo resuelto por la Contraloría General de la República de Valparaíso, esto es, la resolución N°19.333 de fecha 09 de diciembre del año 2016, se ordene la dictación de la resolución que se estime pertinente o se adopten las providencias que juzgue necesarias con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, con costas.

Acompaña documentación a su recurso.

A fojas 54, informa al tenor del recurso la Contraloría General de la República.

Como cuestión previa, señala que mediante el oficio N° 19.333, de 2016, la Contraloría Regional se abstuvo de tomar razón de la resolución N° 1.094, de 2016, de la citada corporación, en cuya virtud se formalizaba el término del contrato de trabajo del recurrente, toda vez que, a juicio de esa Entidad de Control, la investigación sumaria que le servía de fundamento no se ajustaba a derecho, en la medida que las conductas allí descritas y por las que se sancionó al afectado no podían ser clasificadas en la causal de término aplicada en la especie, a saber, el N° 7, del artículo 160, del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Asimismo, en el párrafo final se hizo presente que lo anterior no obstaba a que esa repartición pública diera aplicación a otra causal contemplada en el ordenamiento jurídico, para dar poner término a la relación laboral en cuestión.

Refiere que del recurso de protección N° 670-2017, se desprende que el actor reclama en contra de la Resolución Exenta N° 20, de 2017, mediante la cual esa corporación ordenó la reapertura de la investigación de que se trata, en tanto que, según el criterio del recurrente, aquel constituiría un acto arbitrario e ilegal, porque se le estaría aplicando normas procesales propias de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, siendo que su relación laboral se rige exclusivamente por el Código del Trabajo.

Indica que en lo que concierne a la primera alegación del interesado, consistente en que el trámite de toma razón resultaría improcedente respecto de los actos administrativos emitidos por la Corporación de Asistencia Judicial, señala que el dictamen N° 55.099, de 2012, consignó que de la normativa allí descrita y de los criterios jurisprudenciales indicados, no se aprecia exención alguna al trámite de toma de razón respecto de los actos administrativos que aprueban la contratación del personal sujeto al Código del Trabajo, que debe emitir la Corporación de Asistencia Judicial. En este sentido, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 7°, punto 7.2.4 de la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General, sobre exención del trámite de toma de razón, que prevé que están afectos a dicho examen de legalidad los actos administrativos de término de servicios, por cualquier causal, respecto del personal cuyo nombramiento está sujeto a dicho trámite, como ocurre en la especie.

Agrega que, en lo referente a la legalidad de la reapertura de la investigación sumaria seguida en contra del peticionario, para determinar la responsabilidad administrativa de funcionarios cuyos vínculos contractuales estén regulados por el Código Laboral, se debe practicar una breve investigación, la que si bien no requiere sujetarse a las reglas de tramitación de un proceso administrativo formal, exige acreditar la ocurrencia de los hechos que configuran la hipótesis de desvinculación pertinente, contemplando a lo menos oír al afectado, otorgándole de ese modo la oportunidad de defenderse (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 11.889, de 2001, y 53.856, de 2005).

Concluye que considerando que la referida resolución N° 1.094 de 2016, fue representada por ese Órgano Fiscalizador, por los motivos expuestos en el reseñado oficio N° 19.333, de 2016, es posible sostener que se habría ajustado a derecho que la jefatura competente, conforme a sus facultades disciplinarias, ordenara la reapertura del procedimiento sumarial en cuestión, a través de la citada resolución exenta N° 20, de 2017, con el objeto de subsanar las deficiencias jurídicas advertidas con ocasión del trámite de toma de razón y adecuar dicho proceso al ordenamiento vigente.

A fojas 57, comparece nombre reservado, Director General (S) de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, informando al tenor del recurso.

Señala que con fecha 27 de noviembre de 2015 se ordena instruir investigación sumaria en contra de don nombre reservado, Abogado Jefe del Consultorio de Freirina, fundado en los siguientes hechos: 1. Alcalde de la comuna interpuso un reclamo a la Corporación para que se realice una investigación a fin de que se determine si existe incumplimiento de las obligaciones de parte del funcionario y determinar si su comportamiento se enmarca dentro de los márgenes que le permite su nexo contractual con la CAJVAL, contra el Sr. nombre reservado ya que atiende a la empresa AGROSUPER en la comuna de Freirina y muchas veces la contraparte son vecinos de escasos recursos que deben ser patrocinados por la CAJVAL pero se encuentran que es el mismo abogado de AGROSUPER y no pueden ser atendidos. 2. Investigación sumaria anterior sobre hechos idénticos a los denunciados. En dicha investigación se sancionó con amonestación escrita de carácter simple. 3. El mayor gasto que ha significado para la institución el tener que poner a disposición mediante cometidos funcionarios a abogados que no se encuentren inhabilitados para poder patrocinar a los vecinos en juicios contra AGROSUPER en que el abogado jefe del consultorio está en forma privada representando a dicha empresa.

Conforme a los hechos denunciados, el 22 de enero de 2016 se formulan cargos al aludido funcionario y se inicia una investigación sumaria que se ajusta al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el Personal.

Con fecha 23 de mayo, mediante resolución N° 551/2016, "se resuelve aplicar a don nombre reservado la causal de término del contrato de trabajo contemplada en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato", causal que se funda en haber patrocinado causas en procedimientos de regularizaciones de la pequeña propiedad raíz, representando a la empresa Agrosuper AS Limitada o Agrosuper en contra de usuarios de la Corporación de Asistencia Judicial en la comuna de Freirina desde noviembre de 2015, en haber incurrido en esta conducta a sabiendas que conductas similares a éstas, sirvieron de fundamente basal al reclamo que motivó el anterior sumario, en haber infringido el deber de lealtad con su empleador conforme a las normas del Código del Trabajo al no informar o consultar con su jefatura directa antes de presentar los escritos de oposición, en haberse colocado voluntariamente en situación de quedar inhabilitado para asumir la defensa de personas susceptibles de atención por parte de la Corporación y con ello afectar el cumplimiento del convenio con la Municipalidad de Freirina, en haber patrocinado estas causas pese a su condición de ser el único abogado de la Corporación en la comuna de Freirina, en no cumplir su rol de jefe en cuanto a adoptar medidas que aseguren la continuidad de los servicios que otorga la Corporación en dicha comuna; en infringir con ello el principio de probidad administrativa en los términos del artículo 52 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con el artículo 54 de la misma ley y especialmente en desobedecer las instrucciones expresamente impartidas por su jefatura directa (…)" Frente a dicha resolución de la Institución, el funcionario presenta recurso de apelación para ser conocido por el Consejo Directivo, el que fuera rechazado, confirmando de este modo la resolución que aplica la desvinculación del funcionario.

El 14 de noviembre de 2016 mediante Resolución Afecta N° 1094, se formaliza como acto administrativo, término del Contrato de trabajo de don nombre reservado y se remite dicha resolución y antecedentes a la Contraloría Regional para la toma de razón correspondiente. Con fecha 9 de diciembre de 2016, la Contraloría General de la República, Región de Valparaíso, se abstuvo de dar curso a la resolución que ordenaba el despido del Sr. nombre reservado. Indica en el último párrafo que todo lo anterior no obsta a que la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, utilice otra causal pertinente contemplada en el ordenamiento jurídico, para dar por concluida la relación laboral.

Atendido a lo resuelto por la Contraloría Regional, se procedió a dictar la resolución N° 20 de 18 de enero de 2017, resolviendo la reapertura de la investigación sumaria instruida en contra del abogado jefe del Consultorio Jurídico de Copiapó Sr. nombre reservado y retrotrayendo el procedimiento a la etapa de dictar la resolución que formula cargos en su contra.

En cuanto a la normativa aplicable, expone que las personas contratadas por la Corporación quedan sujetas, además de las cláusulas del contrato de trabajo, a otras normas del sector público como son las Normas de Probidad, Normas de Transparencia, reguladas por la Ley N° 20.285, trámites de toma de razón de los actos que dicta la Corporación, entre otros, según disponen diversos Dictámenes de la Contraloría General de la República (N°15987/2004, l\l°49757/2002).

De este modo, a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso y a sus funcionarios les resulta aplicables los principios rectores propios del Derecho Público, resultando de particular importancia el principio de legalidad contenida en el artículo 7o de la Constitución Política de la República.

Bajo este principio, señala que el actuar del Director General se enmarca dentro del principio de legalidad constitucional siguiendo la normativa de sus Estatutos y directrices acordadas en el Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso e instrucciones que recibe como servicio vinculado al Ministerio de Justicia. En este sentido, cita Dictámenes N° 49.757 de 2002 y N°15.987 de 2004 de la Contraloría General de la República.

Hace presente que el Sr. nombre reservado lo que pretende por esta vía de protección es impugnar la legalidad de la tramitación de la investigación sumaria, reclamo que ya hizo meses atrás mediante denuncia en la Inspección del Trabajo Provincia de Huasco-Vallenar y que a raíz de ello, el inspector del trabajo presentó a favor del aludido funcionario una denuncia de tutela laboral en el Juzgado de Letras del Trabajo de Freirina, por estos mismos hechos fijando audiencia preparatoria para el día 2 de marzo de 2017 en causa RIT T 1- 2017, actualmente vigente.

Por resolución de fojas 84, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que el acto contra el cual se recurre es la dictación de la Resolución N° 20 de 18 de enero de 2017, mediante la cual la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, ordenó la reapertura de la investigación sumaria seguida en contra de nombre reservado, por estimar el recurrente que se estarían aplicando normas propias del Estatuto Administrativo, en circunstancias que la relación laboral que lo vincula con la recurrida, se rige por el Código del Trabajo.

Tercero: Que la Contraloría General de la República al evacuar el informe que le fuere solicitado, sostiene que se habría ajustado a derecho que la jefatura competente, conforme a sus facultades disciplinarias, ordenara la reapertura del procedimiento sumarial, a través de la citada resolución, con el objeto de subsanar las deficiencias jurídicas advertidas con ocasión del trámite de toma de razón y adecuar dicho proceso al ordenamiento vigente.

Cuarto: Que, conforme a lo que se ha señalado, queda en evidencia que lo recurrido es una Resolución Exenta, con la que se reiniciará la investigación sumaria pertinente, por lo que no existe una decisión de fondo sobre el tema que ha planteado el recurrente, de forma tal, que no se advierte ilegalidad en su dictación.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, el inicio de la investigación a que se ha hecho referencia, importa inmiscuirse en el ámbito administrativo al que se encuentra adscrita la Corporación recurrida, siendo cubierta dicha situación con el pronunciamiento de la Contraloría General de la República que se ha venido comentando, no existiendo un acto del cual pueda desprenderse una conculcación a la garantía constitucional que se dice transgredida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 19 por don nombre reservado, en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección-670-2017.-