MAZUELA Y COMPAÑÍA LIMITADA con SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

Visto:

1.- A folio uno don Emanuel Isaías Cuadra Suárez, abogado, en representación de las empresas Cohesa SpA y Mazuela y Compañía Limitada, interpone recurso de protección contra el Servicio de Impuestos Internos (SII), argumentando que dicho organismo ha incurrido en actos y omisiones que vulneran las garantías fundamentales de los recurrentes, en particular los derechos consagrados en el artículo 19, numerales 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

De los antecedentes que expone, se desprende que las empresas recurrentes se encuentran impedidas de emitir documentos tributarios electrónicos, específicamente facturas, debido a anotaciones registradas por el SII. Estas anotaciones tienen su origen en infracciones cometidas por la empresa Austral Drive SpA, las cuales ya fueron regularizadas. No obstante, dichas anotaciones han generado un efecto en cadena que afecta a Mazuela y Compañía Limitada, en su calidad de socia de Austral Drive SpA, y a Cohesa SpA, socia de esta última, vulnerando de manera arbitraria e ilegal los derechos de las recurrentes.

Se señala que, pese a haberse subsanado las mencionadas infracciones y a ser reconocida esta regularización por el propio Servicio recurrido, no se han levantado las restricciones en el sistema de gestión tributaria. Tal omisión obstaculiza el legítimo desarrollo de las actividades económicas de las empresas recurrentes, sin que exista justificación jurídica o fáctica que ampare dicha actuación.

El recurrente sostiene que el actuar del SII infringe el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, al carecer de facultades legales para mantener las restricciones una vez subsanadas las observaciones. Asimismo, señala que se vulnera el artículo 8 ter del Código Tributario, que garantiza a los contribuyentes el derecho a emitir los documentos tributarios necesarios para el desarrollo de su actividad económica.

En apoyo de su alegato, refiere la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en casos análogos, determinando que el SII no puede adoptar medidas restrictivas en contravención a la normativa vigente, ni condicionar el ejercicio de derechos a exigencias no contempladas en la ley. El actuar del Servicio, afirma, debe sujetarse al principio de jerarquía normativa.

En virtud de lo expuesto, concluye que los actos y omisiones del SII constituyen una actuación arbitraria e ilegal que vulnera el derecho de propiedad, el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas y el derecho a la no discriminación arbitraria en materia económica, todos ellos amparados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por tanto, solicita a esta Corte acoger el recurso de protección, ordenando al Servicio de Impuestos Internos adoptar las medidas necesarias para eliminar de inmediato las restricciones indebidas impuestas a las recurrentes, con el fin de permitirles el pleno ejercicio de sus actividades económicas.

2.- A folio doce, evacúa informe el recurrido Servicio de Impuestos Internos (SII), solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas. En su exposición, el organismo detalla el contexto en que fueron adoptadas las medidas impugnadas y argumenta la extemporaneidad de la acción, señalando lo siguiente:

Respecto de Cohesa SpA, el informe indica que la sociedad presentó, el 27 de septiembre del año en curso, una solicitud de folios para la emisión de documentos tributarios electrónicos. Sin embargo, dicha gestión se realizó cuando ya se encontraba vigente la denominada "Anotación 52". En cuanto a Mazuela y Cía. Ltda., señala que esta sociedad registra, desde el 20 de octubre de 2023, la anotación causal 4113 y, desde el 4 de octubre de 2023, la anotación causal 52.

El Servicio argumenta que, dado que el recurso fue interpuesto el 19 de noviembre de 2023, este resulta extemporáneo al exceder el plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la tramitación y fallo de recursos de protección.

Sobre el fondo del asunto, el Servicio señala que no existe vulneración de las garantías fundamentales invocadas, aduciendo que las medidas cuestionadas —restricción de folios para la emisión de documentos tributarios electrónicos— se encuentran debidamente amparadas en las facultades legales que le confiere el Código Tributario y el DFL N.º 7 de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.

En este contexto, el SII explica que las anotaciones 52, correspondientes a una medida preventiva aplicada ante la detección de irregularidades tributarias, y 4113, relativa a contribuyentes con antecedentes y/o documentos por justificar, no son ilegales ni arbitrarias, ya que fueron adoptadas conforme a las facultades legales del organismo. Estas medidas tienen por objeto la revisión del cumplimiento tributario de los contribuyentes, verificando que las operaciones comerciales declaradas se hayan realizado efectivamente con sus clientes y/o proveedores.

El informe aclara que dichas actuaciones tienen un carácter informativo y de control, sin implicar restricciones ni exclusiones en el ciclo de vida del contribuyente. No obstante, en ciertos casos, los contribuyentes deben concurrir presencialmente a las oficinas del Servicio para efectuar determinados trámites. Asimismo, se destaca que no ha existido, por parte del SII, acción u omisión alguna que limite, restrinja o impida a los recurrentes el ejercicio normal de sus actividades comerciales. Tampoco se ha denegado ni limitado la autorización de folios para emitir documentos tributarios electrónicos, los que han sido otorgados cada vez que se han solicitado. Hasta la fecha de interposición del recurso, los recurrentes han emitido sus documentos electrónicos sin restricciones, resolviéndose oportunamente todas las solicitudes administrativas presentadas. Además, se precisa que, de no mediar las observaciones señaladas en el sistema, este asignaría automáticamente los folios correspondientes.

Finalmente, el informe cita jurisprudencia relevante de los tribunales superiores de justicia, concluyendo que no ha existido ninguna actuación u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales invocados por los recurrentes. En virtud de lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Primero: El recurrido sostiene que la acción cautelar ha sido deducida fuera del plazo de treinta días que establece el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección. Sin embargo, dicha alegación será desestimada, toda vez que, si bien el recurrente pudo haber tomado conocimiento del proceso de recopilación de antecedentes al que alude el Servicio en las fechas que este indica, la restricción en la emisión de documentos tributarios que se impugna constituye una medida cuyos efectos son permanentes.

II.- En cuanto al fondo:

Segundo: Que Cohesa SpA y Mazuela y Compañía Limitada, interponen recurso de protección contra el Servicio de Impuestos Internos (SII) por vulneración de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19, numerales 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

El recurso se fundamenta en que las empresas recurrentes están impedidas de emitir documentos tributarios electrónicos, debido a anotaciones realizadas por el SII a raíz de infracciones de una tercera empresa, Austral Drive SpA, ya subsanadas. Estas restricciones afectan de manera arbitraria a Mazuela y Compañía Limitada, socia de Austral Drive SpA, y a Cohesa SpA, socia de la anterior.

Pese a que el SII reconoció la regularización de dichas infracciones, las restricciones para emitir facturas persisten, obstaculizando las actividades económicas de las recurrentes sin justificación jurídica ni fáctica. Esto, según el recurso, infringe los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, al carecer el SII de facultades legales para mantener las restricciones una vez subsanadas las observaciones, y el artículo 8 ter del Código Tributario, que garantiza a los contribuyentes emitir documentos necesarios para sus actividades económicas.

Las recurrentes solicitan a la Corte ordenar al SII levantar de inmediato las restricciones indebidas y restituir sus derechos para continuar sus actividades económicas legítimas.

Tercero: El Servicio de Impuestos Internos en su informe, señala que las restricciones impuestas a las empresas recurrentes respecto de la emisión de documentos tributarios electrónicos se fundamentan en el marco de su facultad fiscalizadora, establecida en el artículo 6º del Código Tributario y el artículo 1º del DFL N.º 7 de 1980, Ley Orgánica de dicho servicio. Estas medidas se aplican en virtud de anotaciones preventivas que identifican comportamientos tributarios calificados como agresivos, con el objeto de prevenir la simulación de operaciones y el uso indebido de créditos fiscales que pudieran generar un detrimento al patrimonio fiscal.

El Servicio de Impuestos Internos argumenta que las restricciones no constituyen una paralización de la actividad económica de las empresas recurrentes, dado que éstas han podido emitir documentos tributarios electrónicos previa solicitud administrativa de folios, la cual ha sido atendida y resuelta favorablemente en cada caso, asegurando la continuidad de sus actividades económicas. Lo anterior implica un cambio en el canal de atención, de un sistema automatizado a uno supervisado, sin que ello configure una limitación arbitraria o ilegal.

Asimismo, el informe refiere que estas actuaciones están respaldadas por jurisprudencia, la cual ha validado la facultad del Servicio de Impuestos Internos para aplicar medidas de fiscalización que incluyan la supervisión en la emisión de documentos tributarios, siempre que se justifiquen en el cumplimiento de las disposiciones legales y en la protección del interés fiscal.

Concluye que no se vislumbra en el actuar del Servicio de Impuestos Internos una afectación concreta a los derechos constitucionales de las empresas recurrentes, toda vez que las medidas adoptadas no han impedido el desarrollo normal de sus actividades económicas, habiéndose autorizado los documentos necesarios para el ejercicio de sus giros en cada oportunidad que lo han requerido.

Cuarto: No se ha controvertido que, como resultado de las restricciones impuestas a las recurrentes, estas solo han sido autorizadas para emitir una factura por cada solicitud presentada, autorización que, además, ha requerido varios días para ser otorgada.

Quinto: Que, conforme a lo establecido en el artículo 8 ter del Código Tributario, los contribuyentes tienen derecho a obtener la autorización para los documentos tributarios necesarios en el desarrollo de su giro o actividad económica. Tal autorización puede diferirse, revocarse o restringirse mediante resolución fundada, pero únicamente respecto de contribuyentes que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en dicha norma, y solo mientras persistan las razones que fundamentan tales medidas. En el presente caso, el Servicio recurrido no ha invocado ninguna de dichas circunstancias.

Sexto: Que, asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto Ley N°825 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, los contribuyentes afectos a este impuesto están obligados a emitir facturas y boletas. Luego, el artículo 54 del Decreto Ley aludido previene que tales documentos deben cumplir los requisitos y contener las especificaciones que señala el reglamento.

Séptimo: Que el artículo 6 de la Constitución Política de la República señala:

“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

Por su parte el artículo 7 de la Carta Fundamental indica:

“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

Octavo: Que, del análisis de la legislación tributaria, es posible colegir que no existe disposición alguna que faculte al Servicio recurrido para restringir la autorización de facturas en la forma como se ha efectuado y se impugna por el recurrente, como tampoco se contemplan las razones que esgrime la recurrida.

Noveno: Que lo dispuesto en la Circular sobre timbraje de documentos esgrimida en el informe del Servicio recurrido en ningún caso, y por aplicación del principio de jerarquía normativa, puede alterar o modificar el contenido de las leyes.

Décimo: Que lo anterior no constituye impedimento para el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Servicio recurrido, las cuales, según lo indicado en su propio informe, se manifiestan en este caso respecto de la recurrente COHESA SPA mediante el proceso de Revisión de Cumplimiento llevado a cabo por el fiscalizador don nombre reservado, perteneciente a la Unidad de Viña del Mar de la V Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos. En cuanto a la reclamante MAZUELA Y CIA LIMITADA, dichas facultades se ejercen a través del procedimiento de Revisión de Cumplimiento efectuado por la fiscalizadora doña nombre reservado, también de la Unidad de Viña del Mar de la V Dirección Regional de Valparaíso del mismo organismo.

Undécimo: Que, de los antecedentes analizados, se desprende que el Servicio de Impuestos Internos, al adoptar la medida restrictiva cuestionada, ha actuado excediendo el ámbito de sus competencias y sin ajustar su proceder a la normativa tributaria vigente. Este actuar configura un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 21 y 22, de la Constitución Política de la República, motivo por el cual el recurso deberá ser acogido.

Por estas consideraciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por el abogado Emanuel Isaías Cuadra Suárez, en representación de las empresas Cohesa SpA y Mazuela y Compañía Limitada, en contra del Servicio de Impuestos Internos. En consecuencia, se ordena al recurrido permitir la emisión de facturas y otros instrumentos tributarios electrónicos, garantizando que las recurrentes puedan ejercer debidamente su actividad económica, sin establecer restricciones indebidas a su autorización.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante Eduardo Morales Espinosa.

N°Protección-6695-2024.