Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Provida S

I.C.A. de Valparaíso.

Cgv Valparaíso, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del artículo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Refiere que frente a la solicitud realiza por el portal web de la A.F.P Provida, es notificado el 29 de septiembre de 2025 mediante correo electrónico, en el que se le informa que su solicitud de retiro de fondos de pensión fue rechazada, señalando lo siguiente: “En relación con la documentación por usted aportada a AFP Provida S.A., se le hace presente que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de 2 de enero de 2025, no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, por cuanto, si bien acredita que usted se afilió el 1 de octubre de 2007 al IVSS, no acredita que usted efectivamente hubiese podido acceder a la cobertura señalada durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile. Adicionalmente, en el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no señala que comprende prestaciones médicas y pecuniarias” Hace presente lo dispuesto en los articulo 1 y 7 de la Ley N°18.156 y que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Agrega que el certificado de cotizaciones electrónico emitido señala que el afiliado cuenta con las coberturas requeridas en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, refiere que previo a julio de 2024 antes que cerrara la embajada de Venezuela, dicha entidad emitía una certificación cuyo contenido no se aleja de lo mismo que dice la constancia electrónica acompañada, por lo que debería ser suficiente para acreditar el requisito de afiliación. Esto acreditaría que se está frente a un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, quien no analiza correctamente la documentación solicitada.

Solicita que se acoja su recurso y se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos conforme a derecho. Acompaña Contrato de trabajo; Anexo de contrato individual de trabajo; Certificado de cotizaciones electrónicas del IVSS;

Título Profesional debidamente apostillado; Certificado de no nacionalizado.

A folio 5 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, dando cuenta que el recurrente no ha presentado reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Hace presente que, la ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Agrega que el documento acompañado por el recurrente no señala las coberturas con que cuenta, ni se puede inferir de dicho certificado un determinado período de cobertura. Indica que solamente se señalan coberturas de forma genérica otorgadas por el sistema previsional venezolano. Que tampoco está firmado por su emisor, ni apostillado por lo que no sirve para acreditar el cumplimiento del artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156.

A folio 6 evacua informe doña Ana María Herrera Brumer, abogado en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

En primer término, hace presente que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento, no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección.

En cuanto al fondo, refiere que, el 29 de septiembre de 2025, la recurrida rechazó la solicitud del recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no permite acreditar que da cumplimiento del requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, por cuanto, si bien acredita que se afilió el 1 de octubre de 2007 al IVSS, no acredita que efectivamente hubiese podido acceder a la cobertura señalada durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile.

Adicionalmente, en el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no señala que comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

Agrega que, de debe precisar que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156, así lo ha resuelto esta misma Corte en causal Rol 1431-2025 confirmado por la Excma. Corte Suprema Rol N°17866-2025.

A folio 7 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicitó la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que lo autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición del actor fue rechazada teniendo, únicamente presente, que acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable.

En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por el actor, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6694-2025.