nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, tres de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra deduce acción de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, y en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en rechazar solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la ley N° 18.156, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Señala que, posteriormente, fue notificado mediante portal web de la recurrida con fecha 9 de octubre de 2025, rechazando la solicitud de retiro de fondos de pensión, señalando que el título profesional debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Indica que, en su condición de extranjero, cumple con todos los requisitos señalados por la ley N°18.156, acompañando contrato de trabajo, anexo de contrato individual de trabajo, certificado de cotizaciones electrónicas del IVSS, título profesional debidamente apostillado y certificado de no nacionalizado. Alega que, acompaña título profesional apostillado, siendo esta apostilla de carácter tanto física como digital y que debe hacer presente que al momento que obtuvo el título profesional las apostillas se entregaban con un respectivo timbre, siendo los timbres en la actualidad reemplazados por el formato digital.

Agrega que, el título profesional corresponde al Instituto Universitario de la Tecnología para la Informática y la apostilla se realizó con fecha 11 de agosto de 2016, en Venezuela, y digitalmente se emite con fecha 11 de abril de 2025. Asevera que, ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP. Sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación extra legal de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato individual de trabajo y la validez de sus documentos, además, de desatender lo señalado por la Superintendencia de Pensiones quien ha dado instrucción de tener como validado el documento presentado.

Sostiene que, el actuar de AFP Provida es ilegal y arbitrario, puesto que el recurrente cumple con cada uno de los requisitos que exige la ley N° 18.156 para poder realizar el retiro de sus fondos previsionales, teniendo la calidad de extranjero. Afirma que, la AFP le niega ese derecho mediante comunicación de 9 de octubre pasado, basándose en una interpretación errónea de la normativa, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria para acoger la pretensión del recurrente.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que S.S. Ilustrísima estime conforme al mérito de autos.

A folio 6, evacúa informe la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A., donde se expone que, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, toda vez que la materia reclamada por el recurrente no es propia de una acción cautelar.

Indica que, se rechazó la solicitud del recurrente por cuanto la Constancia de Afiliación al IVSS, de fecha 28 de mayo de 2024, se encuentra vencida, superando la vigencia de 120 días desde la emisión del documento, lo que no permite verificar si el solicitante se encontraba cubierto al régimen de previsión o seguridad social en el extranjero a la fecha de la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley Nº18.156. Agrega que, según el Oficio N°7253 emitido por la Superintendencia de AFP, cuando el documento de Constancia de Afiliación a una Institución de Seguridad Social en el extranjero tiene una validez por 120 días con posterioridad a su firma por el funcionario autorizado y es presentado después de vencido ese plazo, dicho documento no sirve para acreditar que se contó con cobertura durante toda la relación laboral.

Sostiene que, además, la solicitud fue rechazada debido a que no acreditó el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, de conformidad a la normativa impartida por la Superintendencia de Pensiones. Asevera que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Refiere que, respecto de las declaraciones juradas, la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que no resultan útiles para acreditar el requisito de cobertura previsional, por cuanto no constituyen medios idóneos, toda vez que las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Menciona que, mediante Oficio N° 12.954, de fecha 17 de julio de 2025, la Superintendencia de Pensiones, en respuesta a las consultas de AFP CUPRUM S.A. y UNO S.A respecto de la situación de los afiliados de nacionalidad venezolana, tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, impartió instrucciones a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, ratificando el criterio previamente sostenido en cuanto a los requisitos probatorios exigidos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, el cual se encuentra, además, en armonía con la jurisprudencia judicial. Adiciona que, no ha existido un actuar ilegal ni arbitrario de parte de AFP Provida, puesto que su conducta se ha ajustado estrictamente a la ley vigente y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Finalmente pide rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección interpuesto en contra de ProVida por parte del recurrente, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal.

A folio 9, evacúa informe la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, expone que, en la legislación de seguridad social chilena, la normativa contenida en la Ley N°18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Indica que, el recurrente aportó el título de Técnico Superior Universitario en Administración Industrial emitido por el Instituto Universitario de Tecnología para la Informática, suscrito con fecha 22 del mes de noviembre del año 2013, por don nombre reservado, en su calidad de director nacional de esa institución, sin embargo, examinada la apostilla emitida el 11 de agosto de 2016, estampada en el reverso de dicho documento, figura que el documento apostillado fue suscrito por don nombre reservado, en tal calidad. Agrega que, por lo tanto, el referido certificado no es útil para tener por acreditado la calidad de técnico extranjero, puesto que no ha podido verificarse el procedimiento de la apostilla venezolana.

Sostiene que, a pesar de que el recurrente en su escrito que rola a fojas 1, alega que la única causal de rechazo asociada a su solicitud presentada el 6 de agosto de 2024 ante AFP PROVIDA S.A, sería únicamente la acreditación de la calidad de técnico, esta Superintendencia ha verificado que su petición, además, fue rechazada debido a que no acreditó el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, de conformidad a la normativa impartida por esta Superintendencia.

Asevera que, según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido, para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, y que en cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.

Refiere que, en el caso de autos, según los antecedentes que rolan en el Sistema de Gestión Documental, el recurrente acompañó para acreditar el mencionado requisito el certificado N°171146, denominado "CONSTANCIA DE AFILIACIÓN AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) para RETIRO DE FONDOS ANTE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES", la certificación en comento fue extendida con fecha 28 de mayo de 2024, por la Consejera de la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Santiago y, posteriormente, habría sido legalizada con fecha 10 de junio de 2024, por el Ministerio de Relaciones de Chile. Menciona que, en la nota al final del documento, se indica expresamente su vigencia, la cual era de 120 días desde su emisión, de ello se desprende que, a la fecha de la primera solicitud, presentada ante la AFP, esto es, el 6 de agosto de 2024, dicha certificación se encontraba vigente, no obstante, según ha informado la AFP no pudo verificar la validez de ese documento, por lo tanto, no se dio cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Adiciona que, el recurrente acompañó al escrito de recurso de protección, para acreditar la exigencia de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, nuevamente el mencionado certificado y, además, la Declaración Jurada suscrita con fecha 26 de agosto de 2025 ante Notario Público Felipe Jopia Navarro, sin embargo, dicho documento no resulta idóneo para probar la mencionada exigencia, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Afirma que, se tuvo a la vista el certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", el cual tampoco sirve para acreditar debidamente la cobertura previsional en el extranjero según la normativa exigida por esta Superintendencia, ello, por cuanto el certificado no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Añade que, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros.

Finalmente pide tener por cumplido lo ordenado.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la ley N°18.156, presentada por el recurrente ante AFP Provida, pretendiendo el recurrente que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Tercero: Que, los recurridos informan, en síntesis, que se rechazó la solicitud del recurrente por cuanto la Constancia de Afiliación al IVSS se encuentra vencida, superando la vigencia de 120 días, y además no acreditó el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero. Señala que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas y sin que señalen las coberturas específicas no sirven para acreditar el requisito legal. Agrega que su actuar se ajusta estrictamente a la normativa vigente y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, tratándose la ley N°18.156 de una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N°18.156, establece que "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estar exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos í de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, lo solicitado sin perjuicio de lo primeramente alegado por el recurrente, corresponde realmente analizar el certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para que tal tenga valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, del análisis del certificado del emitido por el IVSS, se corrobora que este no fue debidamente legalizado ni apostillado al efecto, además cuya vigencia se encuentra expirada. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. En cuanto a la declaración jurada ante notario tampoco permite cumplir con lo exigido por el ordenamiento.

Séptimo: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Provida S.A., puesto tan solo ha requerido del cumplimiento de la norma vigente para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6688-2025.

En Valparaíso, tres de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.