nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

I.C.A. de Valparaíso.

Cgv Valparaíso, diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., RUT RUT reservado, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Señala que el acto recurrido corresponde a la decisión de 8 de octubre de 2025, mediante la cual se rechazó verbalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundándose en que el "Certificado de afiliación el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile".

Expone que acompañó debidamente una constancia de afiliación electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), autoridad competente en su país, que acredita 22 semanas cotizadas y la condición de asegurada cesante. Añade que dicho documento puede verificarse electrónicamente en el sitio web oficial del IVSS mediante el código único de validación N°d63f73202-2025909, lo que —a su juicio— cumple con la exigencia establecida en la Ley N°18.156 respecto de la acreditación de afiliación a un sistema previsional extranjero.

Indica que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta servicios consulares, lo cual imposibilita la obtención de la legalización o apostilla del documento, situación que escapa completamente a su control. Negar la validez de esta constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente, generando una afectación directa al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales.

Alega que dicha negativa vulnera sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y a la propiedad, consagrados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República, al impedirle disponer de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual pese a haber acreditado la afiliación previsional exigida por la ley.

Concluye solicitando que esta Ilustrísima Corte deje sin efecto la resolución impugnada, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada y que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, disponiendo que, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos previsionales solicitados o el que Vuestra Señoría estime pertinente conforme al mérito de autos, adoptando en general las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5 evacúa informe doña Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes del recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Sostiene, en primer término, que la acción cautelar de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias de lato conocimiento o de naturaleza contradictoria, señalando que lo pretendido por la recurrente excede los márgenes propios de este procedimiento, por involucrar materias sujetas a regulación legal específica.

En cuanto al fondo, manifiesta que su representada no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, por cuanto el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales se ajustó estrictamente a la Ley N°18.156, al Decreto Ley N°3.500 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Precisa que dicha normativa exige a los técnicos extranjeros acreditar su afiliación a un sistema previsional de su país de origen que otorgue cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante un certificado apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Indica que la recurrente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) sin firma autorizada, no apostillada ni legalizada, por lo que no cumple con los requisitos probatorios exigidos para acreditar cobertura efectiva durante su estadía en Chile. Añade que, conforme a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°5376, no basta una certificación genérica del sistema previsional extranjero, sino que debe constar expresamente la protección por todos los riesgos señalados en la ley.

Refiere que, tras la entrada en vigencia en Chile del Convenio de la Apostilla de La Haya el 30 de agosto de 2016 —al que Venezuela también adhirió—, se estableció la exigencia de apostilla para todo documento extranjero destinado a producir efectos jurídicos en el país, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Cita además jurisprudencia administrativa y judicial —entre ellas, las sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema en los roles 11330-2025, 28646-2025 y 17866-2025— que habrían confirmado la legalidad de las exigencias formuladas por las administradoras de fondos y la improcedencia de recursos análogos, destacando que la negativa a acceder a la devolución de fondos previsionales no constituye vulneración del derecho de propiedad, en tanto se trata de fondos destinados por ley a financiar las pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia.

Finalmente, concluye que no concurren los presupuestos del artículo 20 de la Constitución, por cuanto no existe acto ilegal ni arbitrario, ni se ha producido privación, perturbación o amenaza alguna a las garantías constitucionales de la recurrente, solicitando en consecuencia el rechazo íntegro del recurso, con costas.

A folio 6 la Superintendencia de Pensiones evacúa informe señalando que, en la legislación de seguridad social chilena, la regla general está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en Chile de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad. Precisa que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan con los requisitos copulativos del artículo 1° de dicha ley.

Indica que, para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, el trabajador extranjero debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Agrega que la jurisprudencia administrativa ha exigido que el trabajador extranjero aporte un documento que acredite en forma específica que contó, durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en el precepto legal.

Señala que el certificado aportado por la recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Concluye manifestando que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Se ordenaron traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre su tramitación y fallo, tiene por objeto amparar a quien, por actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Carta Fundamental asegura.

SEGUNDO: Que la recurrente funda su acción en el rechazo verbal comunicado el 8 de octubre de 2025, mediante el cual AFP ProVida S.A. habría rechazado su solicitud de retiro de fondos previsionales en calidad de técnica extranjera, por no haberse acompañado constancia de afiliación apostillada o legalizada. Alega que el documento presentado, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acredita su afiliación activa y puede verificarse en línea mediante el código de validación N°d63f73202-2025909, y que la imposibilidad de apostillar por cierre consular no puede afectarle, estimando que la exigencia impugnada carece de sustento legal y vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad garantizados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución.

TERCERO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, con costas, afirmando que su actuación se ajustó a la Ley N°18.156, al Decreto Ley N°3.500 y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, las que exigen acreditar la cobertura previsional extranjera mediante certificado apostillado o legalizado. Añade que la constancia acompañada por la recurrente carece de firma y formalidades, por lo que no cumple los requisitos probatorios, y que su negativa no constituye vulneración constitucional, en tanto los fondos previsionales tienen un destino legalmente determinado y no pueden ser objeto de disposición libre por parte del afiliado.

CUARTO: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece que: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744".

A su turno, el artículo 7° prevé que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley".

QUINTO: Que del tenor literal de las normas referidas se desprende que la procedencia de la devolución de fondos previsionales se encuentra condicionada al cumplimiento estricto de los requisitos copulativos establecidos por el legislador, por lo que corresponde verificar si los antecedentes acompañados por la recurrente son suficientes para acreditar la afiliación exigida y, con ello, la procedencia del beneficio solicitado.

SEXTO: Que de los documentos acompañados por la recurrente consta una constancia de afiliación electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); sin embargo, dicho instrumento no se encuentra apostillado ni legalizado y carece de las formalidades exigidas por la normativa chilena para que produzca efecto probatorio en el país. En efecto, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil exige apostilla o legalización consular para los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, formalidad que no puede ser suplida únicamente mediante un código de verificación electrónica en el portal web del organismo emisor.

SÉPTIMO: Que si bien es efectivo que la Ley N°18.156 no contempla expresamente la exigencia de apostilla o legalización, ello no exime a los interesados del cumplimiento de las reglas generales sobre eficacia probatoria de instrumentos extranjeros, máxime cuando dichos antecedentes resultan esenciales para verificar la existencia del requisito contenido en la letra a) del artículo 1° del citado cuerpo normativo, esto es, la efectiva afiliación a un régimen de previsión que otorgue cobertura en los riesgos legalmente establecidos.

OCTAVO: Que en relación con la alegación de la recurrente relativa a la imposibilidad de obtener la apostilla o legalización por encontrarse cerrada la Embajada de Venezuela en Chile, si bien dicha circunstancia podría configurar un eventual caso fortuito, lo cierto es que la parte reclamante no acreditó haber agotado vías alternativas para obtener la certificación correspondiente ni la imposibilidad absoluta de cumplir con la formalidad requerida, carga que le era exigible atendida la naturaleza del beneficio reclamado.

NOVENO: Que adicionalmente, consta en autos que la recurrente posee residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia, puesto que el retiro de fondos previsionales se encuentra concebido como una excepción destinada a trabajadores que no permanecerán en el país. Autorizar la devolución sin el cumplimiento de los requisitos legales podría generar futuros efectos en el sistema previsional y en las obligaciones del Estado respecto de beneficios con financiamiento fiscal, situación que el legislador no contempló al establecer el régimen excepcional de devolución previsto en la Ley N°18.156.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de AFP ProVida S.A., desde que su decisión se ajusta a las normas que regulan la materia y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, careciendo el recurso de antecedentes que permitan tener por acreditada vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6687-2025.