CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR DE QUILPUE CONTRA INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MARGA MARGA

Foja: 53 Cincuenta y Tres Vim.

C.A. Valparaíso Certifico: Que se anunció para alegar el abogado Sr. César Vergara, 10 minutos por el recurso y la abogado Sra. Agnes Bustos,15 minutos contra el recurso, quienes hicieron uso de su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

Rol N° 6639-2016.

nombre reservado

Relatora Valparaíso, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

VISTO A fojas 14 comparece don César Vergara Hernández, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Atención al Menor de Quilpué, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo de Marga Marga, por infracción de la garantía constitucional contemplada en el Art. 19 N° 2 de lo misma Carta Fundamental.

Fundo el recurso señalando que por medio de Resolución N° 550 de fecha 10 de agosto de 2016, el recurrido negó lugar al recurso administrativo de reconsideración interpuesto por la recurrente en contra de la Resolución de Multa N° 3946-2016-37 de fecha 9 de mayo de 2016, aduciendo que aquélla "No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contado desde notificación".

Indica que la notificación de lo Resolución de Multa se practicó personalmente o por cédula el día 16 de mayo de 2016; en tanto que la reconsideración se presentó con fecha 13 de junio de 2016: es decir, cuando había transcurrido un total de 25 días hábiles.

Señala la autoridad del Trabajo que ha computado el plazo de 30 días establecido en el Art. 511 del Código del Trabajo, como plazo de días corridos. Sin embargo, aún cuando el Art. 511 señalado no establece la naturaleza del plazo, de diversas disposiciones legales de nuestro ordenamiento jurídico se desprende con claridad que se trató de un plazo de días hábiles.

Agrega que la norma que regula el Art. 511 entre otros del Código del Trabajo, es de carácter administrativo, ya que se establece un procedimiento recursivo contra los resoluciones de una autoridad del orden administrativo con facultades de dictar resoluciones que afectan a terceros ajenos a la administración, resultando aplicable al plazo establecido en el Art. 511 del Código del Trabajo, la disposición del Art. 25 de la Ley 19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos.

Manifiesta que en el mismo sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema, resolviendo que se trata de un plazo de días hábiles.

Luego hace referencia al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, para finalizar señalando que ha quedado en evidencia que la actuación del recurrido es arbitraria e ilegal, pues le ha dado carácter de plazo de días corridos a un plazo legal que si bien la propia disposición que lo contiene no lo señala, del contexto de lo normativa se infiere con claridad que son de días hábiles; vulnerando la garantía de igualdad ante la ley.

Pide se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución número 550, disponiendo que el recurrido o quien lo subrogue o reemplace se pronuncie derechamente sobre el recurso de reconsideración interpuesto por la Corporación Municipal recurrente en contra de la resolución de multa N° 3946-2016-39, con costas.

Que a fojas 50, comparece informando doña nombre reservado, abogada por la Inspección del Trabajo de Marga Marga Quilpué, señala que con fecha 21 y 25 de abril 2016, se ingresa reclamo administrativo y que producto de lo anterior y previa inspección y comparendo, se cursó la multa respectiva signada con el número 3946/16/37/1 y 3946/16/39/1, de fecha 9 y 11 de mayo 2016, resultando como contrapartida que la recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa en contra de las resoluciones de multas, sin embargo tal presentación la efectúa fuera del plazo establecido, toda vez que habiéndose notificado ambas multas con fecha 12 de mayo de 2016, se recurre administrativamente el día 13 de junio 2016, es decir fuera de los 30 días corridos exigidos por el legislador. Atendido lo anteriormente expuesto, se dictó el ordinario N° 542 y 550, de 09 y 10 de agosto, el que informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de término.

Señala que resulta necesario tener presente que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo en sus artículos 503 y siguientes del Código del ramo. En consecuencia, el recurso de protección no se encuentra destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes, como los contemplados en la ley, no pudiendo ser utilizado como un sustituto jurisdiccional.

Agrega que el Ordinario reclamado en ningún caso ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se basa en hechos objetivos, toda vez que existiendo término expreso de 30 días corridos, se efectúa presentación al día 32 es decir, se encontraba claramente vencido el plazo.

Refiere que el ordenamiento jurídico le franquea al afectado con la aplicación de una resolución de multa la posibilidad de reclamar administrativamente de las mismas ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la sanción, en otras palabras, el afectado puede solicitar reconsideración administrativa de acuerdo a lo prescrito en el art. 511 del Código del Trabajo, e incluso del resultado de ésta podrá reclamar judicialmente, según lo prescrito en el inciso 2o del art. 512 del mismo cuerpo legal, al tenor de lo expuesto el recurso, necesariamente, deberá ser rechazado por la absoluta inadmisibilidad de la acción cautelar, en atención a la naturaleza del acto recurrido.

Sostiene que la resolución recurrida se ha ajustado estrictamente con los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose irrestrictamente a la legalidad vigente, ni el fiscalizador actuante ni la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, actuaron en forma arbitraria ni ilegal.

Agrega que como consta del expediente administrativo, la resolución de multa administrativa número 3946/2016/37 y 3946/2016/39 aplicada por el Fiscalizador, se notificó personalmente el día 12 de mayo de 2016, el término fatal para la interposición de solicitud de reconsideración administrativa, según se establece en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, vencía el día 12 junio 2016 y con fecha 13 de junio de 2016, la recurrente ingresó a través de oficina de partes de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, solicitud de reconsideración administrativa de la multa 3946/2016/37 y 3946/2016/39 cuyo término para su interposición había vencido, siendo en tal sentido abiertamente extemporánea.

El Ordinario N° 542 y 550 de fecha 9 y 10 de agosto 2016 de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, que por este acto se impugna, se emitió total y absolutamente ajustada a derecho, tanto es así que, la Contraloría General del República, mediante dictamen N° 49.126 de fecha 20 de octubre de 2008 ha señalado que los plazos dados por las leyes son fatales y éstos no pueden ser modificados o alterados por la autoridad administrativa.

Sostiene que, conjuntamente con lo anterior, se debe tener en vista lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código Civil, preceptos que deben ser aplicadas en forma armónica con lo dispuesto por el derecho administrativo, en efecto, en lo relativo a la marcha y funcionamiento de las diversas oficinas de la administración pública, los plazos deben entenderse transcurridos una vez que haya expirado el horario legal de atención de público, lo que se encuentra reforzado por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 11.764, norma actualmente vigente, que indica que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público.

Además, manifiesta que el formulario, mediante el cual la empresa solicita la reconsideración, a saber, formulario N° 10 (F-10) es explícito y claro en señalar dentro del ítem "NOTAS IMPORTANTES", "Esta solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días CORRIDOS de notificada la resolución de la multa".

Luego, indica que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, ha resuelto que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, según da cuenta fallo emitido por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta ROL ICA número 57-2012 y que en el plano interno la Circular N° 73 de fecha 8 de junio de 2012, emitida por los Departamentos Jurídico e Inspectivo de la Dirección del Trabajo ha resuelto que el plazo para solicitar los recursos administrativos de reconsideración y de sustitución conforme al artículo 511 y 506 ter del Código del Trabajo, es de 30 días corridos, concluyendo la total carencia de arbitrariedad en la actuación del funcionario de este Servicio, permitiendo a esta parte sostener que la resolución que ha sido objeto de este recurso, en caso alguno no ha podido privar, perturbar o amenazar el ejercicio de los derechos constitucionales a que alude la recurrente.

Expone que es menester indicar que la Dirección del Trabajo solicitó en su oportunidad, la reconsideración del dictamen N° 64.985, de 2009, en la parte en que éste concluye que es de días corridos el plazo de 30 días, establecido en el artículo 512 del Código del ramo, para reclamar en contra de las multas cursadas por los inspectores del trabajo, y la Contraloría ratificó en todas sus partes lo informado en el dictamen N° 64.985, de 2009.

Refiere que el hecho de que la norma no haga mención de cuál es la naturaleza del plazo en cuestión como, igualmente, la circunstancia de que el mismo esté comprendido en un proceso que tiene lugar en sede administrativa, no importan necesariamente, en la situación en estudio, que al respecto deba regir supletoriamente el artículo 25 de la ley N° 19.880, en cuya virtud "los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos". En efecto, aunque el proceso sancionatorio en comento configura un procedimiento administrativo especial, la aplicación supletoria prevista en el artículo 1o de la ley N° 19.880, está destinada a integrar algo que falte dentro de dicho procedimiento, lo cual por cierto no ocurre cuando, como sucede en la especie, de la preceptiva que lo rige aparece sistemáticamente cual es la regla que corresponde aplicar.

El ordinario tampoco puede ser calificado de ilegal, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al Principio de Legalidad por parte de la Dirección del Trabajo, como paso a demostrar: La Constitución Política consagra en los artículos 6o y 7° el denominado "principio de legalidad", el cual prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, los cuales, además, actuarán válidamente cuando obren dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, es decir, los órganos del Estado, dentro de los que se encuentra la Dirección del Trabajo, deben actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales, y dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho.

Finalmente solicita tener por informado el recurso de protección deducido, y en definitiva rechazarlo por ser absolutamente improcedente en los términos señalados, con costas.

A fojas 46, se ordenó traer éstos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que en la presente acción la recurrente considera vulnerada su garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto habiendo presentado reconsideración de multa administrativa ante la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, dentro de plazo, ésta no fue acogida por considerarla extemporánea.

TERCERO: Que la recurrida al informar, sostiene que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, en consecuencia y habiendo sido notificada la recurrente el día 16 de mayo de 2016 de la aplicación de multa, presenta reconsideración de multa el día 13 de junio del mismo año, siendo extemporánea su presentación.

CUARTO: Que de acuerdo a lo que prevé el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción de protección se puede deducir, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer, ante la autoridad o los Tribunales correspondientes, por lo tanto, es procedente esta acción cautelar aun cuando puedan existir un procedimiento especial regulado por el legislador.

QUINTO: Que la Excma. Corte Suprema, principalmente en la causa Rol N°2789-2013, resolvió que “el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código Laboral para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil”.

SEXTO: Que adicionalmente no puede admitirse el argumento de la recurrida, en cuanto a que se limita a sujetarse a una interpretación obligatoria emanada de Contraloría, porque ese parecer administrativo ha sido ya reiteradamente desvirtuado por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, y tratándose de una interpretación de un precepto legal, debe prevalecer la decisión judicial, también para la Inspección del Trabajo, que no puede persistir en un acto que ya ha sido judicialmente calificado de ilegal.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre materia, se acoge el recurso de protección interpuesto a fojas 14, por César Vergara Hernández, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Atención al Menor de Quilpué, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga y en definitiva se dispone que se deja sin efecto el Ordinario N° 550, de fecha 10 de agosto de 2016, y se dispone que dicho órgano de la Administración del Estado deberá dar tramitación a la reconsideración interpuesta por la recurrente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-6639-2016.

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sr. Alejandro García Silva y la Abogado Integrante Sra. Claudia Salvo Del Canto.

En Valparaíso, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.