nombre reservado con ASOCIACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de AFP Provida S.A. Expone que, con fecha 15 de octubre de 2025, fue notificada por la AFP recurrida del rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, requerida conforme a la Ley N°18.156, fundamentándose dicho rechazo en que: "Documento que acredita régimen previsional no se encuentra debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile".

En este sentido, la recurrente sostiene que la Administradora incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley y que obstaculizó injustificadamente la solicitud de retiro de fondos, interpretando erróneamente la normativa y desconociendo su propósito, que es permitir a los extranjeros acceder a sus fondos previsionales. Por consiguiente, estima que la mencionada Administradora ha actuado de forma arbitraria e ilegal al rechazar su solicitud, vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita se acoja el recurso, ordenando se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Captura de imagen que acredita rechazo verbal; 2) Cédula de identidad para extranjeros; 3) Constancia electrónica de afiliación previsional del país de origen emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales vigente (IVSS); 4) Título universitario debidamente apostillado; 5) Contratos de trabajo y anexo de WALMART; y 6) Contrato de trabajo y anexo de Mercado Libre.

A folio 4, la Superintendencia de Pensiones evacuó el informe requerido. En primer término, el organismo fiscalizador informa que la señora nombre reservado no registra ante esa institución reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes previos referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia ha precisado que, en la legislación de seguridad social chilena, la regla general en materia previsional está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en el país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad. Asimismo, señala que el entero de imposiciones debe ser entendido en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

En este marco normativo, indica que la Ley N°18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, constituye un régimen de excepción aplicable exclusivamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de dicha ley.

Respecto de la acreditación del requisito de cobertura previsional en el extranjero, el órgano fiscalizador enfatiza que, conforme al N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a su jurisprudencia administrativa sistemática, el trabajador extranjero debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Asimismo, precisa que dicha cobertura debe ser efectiva y específica, acreditando que el trabajador contó durante todo el período en que prestó servicios en Chile con protección para todos los riesgos indicados.

Finalmente, la Superintendencia concluye que el certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentado por la recurrente no cumple con los requisitos formales exigidos, toda vez que carece de firma autorizada, no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el Convenio de la Apostilla de La Haya, y se limita a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, sin especificar las coberturas efectivas ni el período de cobertura de la recurrente.

A folio 8, informa AFP Provida S.A., solicita el rechazo en todas sus partes de la presente acción de protección, con expresa condenación en costas, fundándose en dos argumentos principales: primero, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio; y segundo, en subsidio, que la Administradora no ha asumido una actitud arbitraria ni ilegal respecto de las garantías constitucionales invocadas, sino que ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Respecto de la improcedencia formal del recurso, la recurrida sostiene que en la especie no existe un derecho indubitado, sino controvertido, por cuanto la recurrente pretende que se establezca a su favor un derecho a retirar sus fondos de pensión en circunstancias que la AFP ha interpretado que no cumple con los requisitos de la Ley N°18.156.

En cuanto al fondo del asunto, AFP Provida informa que efectivamente rechazó la solicitud de devolución de fondos presentada por la señora nombre reservado, ya que si bien la recurrente aportó una constancia de cotización, esta no puede ser considerada, ya que según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de Pensiones, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Enfatiza que, las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada Ley N°18.156.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida adjuntó los siguientes documentos: 1) Oficio de la Superintendencia de Pensiones N°12954-2025, de fecha 17 de julio de 2025; 2) Sentencias de la Excelentísima Corte Suprema que respaldan el correcto actuar de Provida; 3) Sentencias de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de todo el país en casos similares; y 4) Copia de personería para actuar en representación de AFP Provida S.A.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadana venezolana, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición de la actora fue rechazada teniendo en consideración que la recurrente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable y sin señalar específicamente las coberturas.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por la actora, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6610-2025