nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE LA FERIA DE ARTESANOS DE HORCON

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, artesana y secretaria del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Feria de Artesanos de Horcón, interponiendo recurso de protección en contra del referido sindicato, de nombre reservado, en su calidad de presidenta del sindicato y en contra de nombre reservado, en su calidad de tesorera del mismo, por haber procedido a su expulsión como socia de dicha organización sindical mediante un acto ejecutado el 23 de septiembre de 2025, lo que considera ilegal y arbitrario, ya que se habría efectuado sin mediar un proceso justo, sin considerar su cargo directivo, sin respetar la normativa estatutaria vigente ni los estatutos del sindicato, y sin otorgarle la oportunidad de ejercer su derecho a defensa, vulnerando con ello los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°s 2, 15, 16 y 21 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se declare ilegal y arbitraria la expulsión, se restituya su calidad de socia y directiva, se le reintegre a su puesto de trabajo en la feria, y se garantice que la directiva del sindicato se abstenga de realizar actos arbitrarios en su contra.

Expone que se desempeñaba como tesorera del referido sindicato, siendo reelegida el 30 de abril pasado. Explica que en el ejercicio de su cargo, en diciembre de 2024 contrató los servicios de un contador externo, mediante acuerdo de asamblea extraordinaria del 29 de noviembre de 2024, para revisar la gestión de tesorería desde el año 2021. Refiere que el 7 de agosto una socia solicitó la exhibición del presupuesto anual detallado y las facturas de gastos, requiriendo que la documentación contable fuera entregada a la comisión revisora de cuentas, a lo cual respondió que dicha documentación estaba respaldada y actualizada en la plataforma digital creada por el contador, indicando que la exhibición física se realizaría en la próxima reunión previa validación de la comisión revisora.

Agrega que el 18 de agosto entregó la documentación contable a la comisión revisora de cuentas, en manos del socio Mario Pregnan S. y la socia nombre reservado Shwerter, quienes la mantuvieron por dos semanas para su revisión hasta el 2 de septiembre de 2025. Posteriormente, en asamblea ordinaria del 5 de septiembre de 2025, se citó al contador externo para que rindiera su informe, sin embargo, se le impidió informar y aclarar su gestión tanto por la presidenta como por la entonces secretaria, debiendo retirarse sin cumplir su cometido, oportunidad en que la señora nombre reservado desestimó arbitrariamente la información contable presentada. En dicha asamblea, se le acusó falsamente de no presentar la documentación contable y los presupuestos detallados con respaldo, siendo que en realidad la documentación no solo se había presentado, sino que la comisión revisora la había tenido en su poder durante dos semanas, e incluso los presupuestos solicitados se entregaron mediante copias a cada miembro de la comisión con las respectivas boletas de respaldo.

Manifiesta que, a pesar de la falsedad de las imputaciones, la directiva fue reestructurada en esa misma reunión, dejándola en el cargo de secretaria conforme lo dispuesto en los estatutos, título III del Directorio, artículo 13, inciso final, y asumiendo la anterior secretaria el cargo de tesorera. Posteriormente, se citó a reunión extraordinaria para el 11 de septiembre de 2025 con el objeto de que hiciera entrega efectiva del cargo de tesorera, justificando su inasistencia a dicha reunión por no ser técnicamente posible rendir el cargo en una semana, ya que a la fecha aún se estaban realizando movimientos financieros y depósitos, solicitando además que el contador hiciera un balance final, entendiendo que legalmente disponía de plazo hasta fin de mes para la rendición. Asimismo, se efectuó una segunda citación a asamblea extraordinaria para el día 22 de septiembre de 2025, justificando nuevamente su inasistencia por una hora médica irrenunciable debido a su condición de salud.

Finalmente, refiere que a pesar de su justificación y aun disponiendo de tiempo, la reunión se realizó y se reiteraron las acusaciones falsas e infundadas sobre la no presentación de documentación y rendición de cuentas, en base a lo cual se llamó a votación en asamblea extraordinaria para su expulsión del sindicato. El acto ilegal y arbitrario se consumó el 23 de septiembre de 2025, cuando se le notificó su expulsión del sindicato por vía WhatsApp de su cónyuge.

En cuanto a los fundamentos jurídicos invocados, la recurrente sostiene que la expulsión vulnera gravemente sus derechos constitucionales al haberse dictado sin un proceso justo, sin respetar los estatutos del sindicato ni su derecho a defensa, constituyendo un acto arbitrario basado en falsas imputaciones con ánimo persecutorio. Alega la vulneración del derecho a desarrollar actividades económicas lícitas y la libertad de trabajo (artículo 19 N°s 21 y 16), al privarla de su único sustento económico en la Feria Artesanal de Horcón; el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), al omitirse el debido proceso interno; el derecho de asociación (artículo 19 N° 15), por excluirla sin causa legítima ni procedimiento justo; y el derecho a la honra (artículo 19 N° 4), al divulgarse la expulsión sin justificación en la comunidad de artesanos.

Pide, se declare su expulsión como ilegal y arbitraria dejándola sin efecto; se restituya su calidad de socia y directiva en su cargo de secretaria activa con todos los derechos y prerrogativas; se le restituya inmediatamente su puesto de trabajo en la Feria Artesanal de Horcón; y se garantice que la directiva del sindicato se abstenga de realizar cualquier acto que constituya acoso, hostilidad, tratos humillantes o cualquier otra acción arbitraria que perturbe o amenace el legítimo ejercicio de sus derechos en el futuro.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 6, se concedió la orden de no innovar solicitada, solo sólo en lo relativo a la mantención de la recurrente, doña nombre reservado, en su calidad de socia del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Feria de Artesanos de Horcón, para que pueda realizar su actividad económica en su puesto de trabajo N°29.

A folio 13, evacuó informe el abogado Carlos Lavin Housset, en representación del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Feria de Artesanos de Horcón, de nombre reservado en su calidad de presidenta del sindicato y de nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, la parte recurrida arguye que el recurso de protección no constituye un sustituto jurisdiccional de las acciones y procedimientos que la legislación laboral contempla específicamente para impugnar actos en materia sindical. En este sentido, sostiene que el recurrente contaba con un procedimiento judicial claro y concreto ante los Juzgados del Trabajo, conforme al artículo 420 letra b) del Código del Trabajo, que entrega a dichos tribunales el conocimiento de las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical. Asimismo, invoca la existencia de figuras legales como las prácticas antisindicales contempladas en el artículo 290 letra c) del mismo cuerpo legal, que constituirían la vía procesal idónea para ventilar las controversias planteadas.

Adicionalmente, la recurrida sostiene que el recurso de protección carece de un requisito esencial, cual es la existencia de un derecho indubitado que proteger, puesto que la finalidad de esta acción cautelar no es declarar derechos controvertidos sino proteger aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria. En tal sentido, afirma que la controversia respecto de la legalidad de los procedimientos de expulsión debió ventilarse ante un juez laboral y no mediante esta vía extraordinaria.

Respecto al fondo del asunto, niega categóricamente haber vulnerado garantía constitucional alguna de las personas recurrentes. Específicamente, negó haber infringido la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales contemplado en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política, el respeto y protección de la honra de la persona y su familia, la libertad sindical consagrada en el artículo 19 N°16, el derecho a la integridad física y psíquica, así como los demás derechos constitucionales invocados por la parte recurrente.

Respecto de los hechos controvertidos, afirma que la expulsión de la recurrente del sindicato obedeció a un debido proceso estatutario, ejecutado conforme a las normas contenidas en los estatutos sindicales aprobados por la asamblea y no impugnados por la Inspección del Trabajo. Detalló que la recurrente, en su calidad de Tesorera del Sindicato, incurrió en graves incumplimientos de sus deberes, destacando la negativa a entregar información financiera solicitada formalmente por una socia mediante carta recibida el 4 de agosto de 2025, la entrega de documentación financiera incompleta a la Comisión Revisora de Cuentas sin boletas ni presupuestos, la ejecución de gastos de magnitud considerable sin consulta ni aprobación previa de la Asamblea, y la apropiación indebida de dineros y artículos del patrimonio sindical bajo su custodia, situación documentada mediante informes contables del contador don nombre reservado correspondientes al período 2022-2025.

Explica que, en Asamblea ordinaria del 5 de septiembre de 2025 se denunciaron las irregularidades detectadas en la gestión de tesorería conforme al debido proceso estatutario, acordándose una reestructuración de la Directiva según el artículo 13 del Estatuto, ofreciéndose a la recurrente el cargo de Secretaria, el cual rechazó expresamente, negándose a entregar los materiales, llaves, talonarios, timbres y dineros en su poder, desapareciendo del lugar de trabajo ese mismo día sin presentarse a las reuniones extraordinarias convocadas formalmente para los días 11 y 22 de septiembre de 2025.

Finalmente, concluye que la expulsión se fundó en el artículo 42 del Estatuto sindical, que faculta a la Asamblea para adoptar esta medida extrema cuando la gravedad de la falta lo amerite, aplicándose particularmente a miembros del directorio por notable abandono de sus funciones.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 14, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la procedencia del recurso:

Primero: Que la recurrida, al informar, sostuvo que la presente acción constitucional estaría siendo utilizada “como un sustituto jurisdiccional de acciones o procedimientos ordinarios” que existirían para cautelar las garantías del recurrente y que, por consiguiente, debía ser rechazado al no ser la vía idónea para conocer la pretensión de las actoras.

Segundo: Que, según se colige de sus artículos 486 y 216 letra c), resulta ser efectivo que el Código del Trabajo les reconoce a el recurrente, en tanto ex miembro de un sindicato de trabajadores independientes, poder accionar a través del procedimiento de tutela laboral establecido en el párrafo 6° del Capítulo II del Libro V de la indicada codificación.

Sin perjuicio, debe descartarse que el aludido reconocimiento impida el ejercicio de la acción constitucional deducida en estos autos; toda vez que el inciso final del artículo 485 del Código del Trabajo prevé expresamente dicha posibilidad, cuando se señala que, una vez interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, no se podrá efectuar una denuncia de tutela laboral.

En consecuencia, la alegación de improcedencia del recurso será rechazada.

II.- En cuando al fondo:

Tercero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, por la presente vía cautelar, se denuncia como acto ilegal y arbitrario, la expulsión de la recurrente del “Sindicato de Trabajadores Independientes de la Feria de Artesanos de Horcón”, toda vez que fue ejecutada sin respetar los estatutos de la organización, vulnerando sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2, 3, 4, 15 y 21 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, por su parte, la recurrida afirma que se aplicó una medida disciplinaria contemplada en el estatuto sindical aprobado por la Inspección del Trabajo, fundado en faltas graves cometidas por el afectado, que incluían apropiación indebida, actitudes hostiles e incumplimiento de obligaciones sindicales. Sostiene que el procedimiento se ajustó rigurosamente al artículo 42 del estatuto, garantizándose el derecho a defensa mediante citación por WhatsApp y notificación personal, culminando en una votación mayoritaria que respaldó la expulsión y reflejó el sentir de la organización.

Sexto: Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de los estatutos, el socio que infringiere las obligaciones o deberes establecidos en él, podrá ser objeto de medidas disciplinarias, entre las que se contempla la expulsión de la organización sindical según lo indicado su artículo 39. Asimismo, el artículo 42 del referido cuerpo normativo, dispone que la asamblea, como medida extrema y por mayoría absoluta, podrá sancionar a un socio con la medida de expulsión, debiendo darle siempre la oportunidad de defenderse, lo que se reitera en su artículo 28.

Por su parte, en el artículo 6 inciso primero de dicho cuerpo normativo, dispone que las citaciones a las asambleas ordinarias o extraordinarias, se harán por escrito, de carteles colocados, en los lugares de trabajo y/o salón social, o mensajes por medios electrónicos, a lo menos con tres días de anticipación, con indicación del día, hora, materia a tratar y local de reunión, así como si la convocatoria es en primera o segunda citación.

Séptimo: Que, en cuanto a los hechos denunciados por la actora, la recurrida reconoce que su expulsión se verificó por decisión mayoritaria del sindicato, en asamblea extraordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2025 y respecto de la que no se acreditó haber sido legalmente convocada conforme a la normativa citada, lo que afectó el derecho a defensa de la actora, desde no se le otorgó la instancia para controvertir los hechos que le fueron imputados o, al menos, formular descargos, todo lo cual queda del propio informe evacuado por la recurrida, en el que solo da cuenta de haber sometido a votación de la asamblea la expulsión de la recurrente y que la notificación de la medida fue realizada por canales “normales” es decir whatsapp, correo electrónico y por mano en lugar de trabajo, sin acompañar antecedentes suficientes que respaldaran dichas afirmaciones.

Lo anterior, reviste especial gravedad considerando que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de los mencionados estatutos, los socios tienen derecho a tener un puesto o stand en la feria donde opera el sindicato en cuestión.

Octavo: Que, en consecuencia, se advierte que la recurrida ha incurrido en una ilegalidad, lo que ha vulnerado la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N° 3, inciso quinto de la Carta Fundamental, toda vez que no existió en la especie un procedimiento previo en que se hubiere expuesto la falta y, se permitiere la defensa informada de la persona a la que se le imputa, máxime si ello trae aparejada la expulsión de la entidad y la pérdida de sus derechos como socia, razones por la que el recurso será acogido en la forma que se señalará en lo resolutivo de este fallo.

Por estos fundamentos, normas legales citadas; lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción- II.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Feria de Artesanos de Horcón, de nombre reservado y de nombre reservado y, en consecuencia, se ordena dejar sin efecto la expulsión de la actora, debiendo restablecerse sus derechos como socia en la organización sindical.

Déjese sin efecto orden de no innovar concedida a folio 6.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese.

N°Protección-6604-2025.

En Valparaíso, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.