nombre reservado con nombre reservado

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, artesano, interponiendo recurso de protección en contra del Sindicato de nombre reservado, de nombre reservado, en su calidad de presidenta del sindicato y en contra de nombre reservado, en su calidad de tesorera del mismo, por haber procedido a su expulsión como socio de dicha organización sindical, lo que considera ilegal y arbitrario, ya que fue ejecutada sin respetar los estatutos de la organización, vulnerando los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2, 4, 15 y 21 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se declare la expulsión como ilegal y sin efecto, se restituya su calidad de socio activo con todos sus derechos y prerrogativas, se le restituya inmediatamente su puesto de trabajo número 29 en la Feria Artesanal de Horcón, y se garantice que la directiva del Sindicato se abstenga de realizar cualquier acto que constituya acoso, hostilidad, tratos humillantes o cualquier otra acción arbitraria que perturbe o amenace el legítimo ejercicio de sus derechos en el futuro.

Expone que ostenta la calidad de socio del Sindicato recurrido y que cumplió labores de cuidador nocturno y aseador de la Feria Artesanal desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2025. Señala que tras el cambio de directiva ocurrido el 30 de abril pasado, comenzó un ambiente laboral hostil que derivó en su auto despido y en la presentación de una denuncia ante la Inspección del Trabajo de Viña del Mar. El 29 de septiembre, se realizó un comparendo de conciliación, y como consecuencia inmediata de este conflicto, la directiva convocó a una reunión extraordinaria para el 3 de octubre de 2025 con el fin de expulsarlo de la asociación.

Denuncia múltiples irregularidades procedimentales que configuran la ilegalidad del acto de expulsión. Alega que la referida reunión se realizó sin citarlo ni notificarlo, impidiéndole ejercer su derecho a defensa, vulnerándose la normativa interna contenida en los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 del título IX sobre Régimen Disciplinario Interno de los Estatutos, así como el artículo 5 del título II sobre la citación a asamblea extraordinaria. Además, señala que la notificación de su expulsión le fue enviada el 4 de octubre del presente mediante WhatsApp privado de la presidenta del Sindicato, cuando debió ser formal y por escrito según la normativa legal y estatutaria, constituyendo una forma irregular e insuficiente de comunicación oficial.

Desde la perspectiva jurídica, el recurrente fundamenta la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado señalando que constituye una acción de represalia ejecutada sin respetar los estatutos y basada en un ánimo de venganza. Argumenta que la expulsión vulnera sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República: el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y la libertad de trabajo (N° 21 y N° 16), al privarlo de su único sustento económico y del acceso a su puesto en la Feria Artesanal de Horcón; el derecho a la igualdad ante la ley (N° 2), al someterlo a un trato discriminatorio al prescindir del debido proceso interno que garantizan los estatutos; el derecho de asociación (N° 15), al expulsarlo sin causa legítima ni procedimiento justo; y el derecho al respeto y protección a la honra (N° 4), al divulgar la expulsión en la comunidad de artesanos sin justificación estatutaria, afectando su buen nombre en la comunidad de Horcón.

Pide, se declare la expulsión como ilegal y se deje sin efecto, restituyéndose su calidad de socio activo con todos sus derechos y prerrogativas. Además, que se le restituya inmediatamente su puesto de trabajo número 29 en la Feria Artesanal de Horcón, y se garantice que la directiva del Sindicato se abstenga de realizar cualquier acto que constituya acoso, hostilidad, tratos humillantes o cualquier otra acción arbitraria que perturbe o amenace el legítimo ejercicio de sus derechos en el futuro.

Acompaña a su recurso, copia su cédula de identidad y copia de los Estatutos del sindicato recurrido.

A folio 10, evacuó informe el abogado Carlos Lavin Housset, en representación del Sindicato de nombre reservado, de nombre reservado en su calidad de presidenta del sindicato y de nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, la parte recurrida arguye que el recurso de protección no constituye un sustituto jurisdiccional de las acciones y procedimientos que la legislación laboral contempla específicamente para impugnar actos en materia sindical. En este sentido, sostiene que el recurrente contaba con un procedimiento judicial claro y concreto ante los Juzgados del Trabajo, conforme al artículo 420 letra b) del Código del Trabajo, que entrega a dichos tribunales el conocimiento de las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical. Asimismo, invoca la existencia de figuras legales como las prácticas antisindicales contempladas en el artículo 290 letra c) del mismo cuerpo legal, que constituirían la vía procesal idónea para ventilar las controversias planteadas.

Adicionalmente, la recurrida sostiene que el recurso de protección carece de un requisito esencial, cual es la existencia de un derecho indubitado que proteger, puesto que la finalidad de esta acción cautelar no es declarar derechos controvertidos sino proteger aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria. En tal sentido, afirma que la controversia respecto de la legalidad de los procedimientos de expulsión debió ventilarse ante un juez laboral y no mediante esta vía extraordinaria.

Respecto al fondo del asunto, niega categóricamente haber vulnerado garantía constitucional alguna de las personas recurrentes. Específicamente, refuta la alegación de infracción al artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política, argumentando que no existió juzgamiento por comisión especial, sino la aplicación de una medida disciplinaria conforme al estatuto sindical aprobado por la Inspección del Trabajo.

En relación al caso particular de don nombre reservado, señala que su expulsión se fundamentó en faltas graves que atentaron contra los intereses de la organización, incluyendo apropiación indebida de artículos y dineros, actitudes hostiles e intimidatorias, e incumplimiento en el pago de cuotas sindicales.

Sostiene que el procedimiento de expulsión se ajustó estrictamente al artículo 42 del estatuto sindical, otorgándose al afectado la oportunidad de defenderse. Indica que la citación a reunión extraordinaria se realizó por WhatsApp y notificación personal en la feria, y que la votación arrojó un resultado de 21 votos favorables a la expulsión de un universo de 22 votos, demostrando el sentir mayoritario de los asociados.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la procedencia del recurso:

Primero: Que la recurrida, al informar, sostuvo que la presente acción constitucional estaría siendo utilizada “como un sustituto jurisdiccional de acciones o procedimientos ordinarios” que existirían para cautelar las garantías del recurrente y que, por consiguiente, debía ser rechazado al no ser la vía idónea para conocer la pretensión de las actoras.

Segundo: Que, según se colige de sus artículos 486 y 216 letra c), resulta ser efectivo que el Código del Trabajo les reconoce a el recurrente, en tanto ex miembro de un sindicato de trabajadores independientes, poder accionar a través del procedimiento de tutela laboral establecido en el párrafo 6° del Capítulo II del Libro V de la indicada codificación.

Sin perjuicio, debe descartarse que el aludido reconocimiento impida el ejercicio de la acción constitucional deducida en estos autos; toda vez que el inciso final del artículo 485 del Código del Trabajo prevé expresamente dicha posibilidad, cuando se señala que, una vez interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, no se podrá efectuar una denuncia de tutela laboral.

En consecuencia, la alegación de improcedencia del recurso, será rechazada.

II.- En cuando al fondo:

Tercero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, por la presente vía cautelar, se denuncia como acto ilegal y arbitrario, la expulsión del recurrente del “Sindicato de nombre reservado”, toda vez que fue ejecutada sin respetar los estatutos de la organización, vulnerando sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2, 3, 4, 15 y 21 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, por su parte, la recurrida afirma que se aplicó una medida disciplinaria contemplada en el estatuto sindical aprobado por la Inspección del Trabajo, fundado en faltas graves cometidas por el afectado, que incluían apropiación indebida, actitudes hostiles e incumplimiento de obligaciones sindicales. Sostiene que el procedimiento se ajustó rigurosamente al artículo 42 del estatuto, garantizándose el derecho a defensa mediante citación por WhatsApp y notificación personal, culminando en una votación mayoritaria que respaldó la expulsión y reflejó el sentir de la organización.

Sexto: Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de los estatutos, el socio que infringiere las obligaciones o deberes establecidos en él, podrá ser objeto de medidas disciplinarias, entre las que se contempla la expulsión de la organización sindical según lo indicado su artículo 39. Asimismo, el artículo 42 del referido cuerpo normativo, dispone que la asamblea, como medida extrema y por mayoría absoluta, podrá sancionar a un socio con la medida de expulsión, debiendo darle siempre la oportunidad de defenderse, lo que se reitera en su artículo 28.

Por su parte, en el artículo 6 inciso primero de dicho cuerpo normativo, dispone que las citaciones a las asambleas ordinarias o extraordinarias, se harán por escrito, de carteles colocados, en los lugares de trabajo y/o salón social, o mensajes por medios electrónicos, a lo menos con tres días de anticipación, con indicación del día, hora, materia a tratar y local de reunión, así como si la convocatoria es en primera o segunda citación.

Séptimo: Que, en cuanto a los hechos denunciados por el actor, la recurrida reconoce que su expulsión se verificó por decisión mayoritaria del sindicato, en asamblea extraordinaria celebrada en una fecha que no explicita y respecto de la que no se acreditó haber sido legalmente convocada conforme a la normativa citada, lo que afectó el derecho a defensa del actor, desde no se le otorgó la instancia para controvertir los hechos que le fueron imputados o, al menos, formular descargos, todo lo cual queda del propio informe evacuado por la recurrida, en el que solo da cuenta de haber sometido a votación de la asamblea la expulsión del recurrente y que la notificación de la medida fue realizada por canales “normales” es decir whatsapp, correo electrónico y por mano en lugar de trabajo, sin acompañar antecedentes suficientes que respaldaran dichas afirmaciones.

Lo anterior, reviste especial gravedad considerando que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de los mencionados estatutos, los socios tienen derecho a tener un puesto o stand en la feria donde opera el sindicato en cuestión.

Octavo: Que, en consecuencia, se advierte que la recurrida ha incurrido en una ilegalidad, lo que ha vulnerado la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N° 3, inciso quinto de la Carta Fundamental, toda vez que no existió en la especie un procedimiento previo en que se hubiere expuesto la falta y, se permitiere la defensa informada de la persona a la que se le imputa, máxime si ello trae aparejada la expulsión de la entidad y la pérdida de sus derechos como socio, razones por la que el recurso será acogido en la forma que se señalará en lo resolutivo de este fallo.

Por estos fundamentos, normas legales citadas; lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción- II.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Sindicato de nombre reservado, de nombre reservado y de nombre reservado y, en consecuencia, se ordena dejar sin efecto la expulsión del actor, debiendo restablecerse sus derechos como socio en la organización sindical.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese.

N°Protección-6602-2025.

En Valparaíso, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.