nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diez de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en haber detenido la solicitud de retiro de fondos previsionales de la actora conforme lo previsto en la ley N°18.156, comunicado el 6 de octubre de 2025, exigiendo requisitos no establecidos en la ley, esgrimiendo como razón la falta de apostilla del documento de afiliación del país de origen de la recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

Expone que, la recurrente solicitó ante AFP PROVIDA la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, pero fue rechazada su el 6 de octubre de 2025 argumentando la falta de apostilla en el documento de afiliación venezolana, pese a que la recurrente cumplía con todos los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la citada ley, aplicando así una interpretación excesivamente formalista que contradice la finalidad de la norma.

Señala que, conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros solicitar la devolución de sus fondos previsionales cuando estén afiliados a un régimen de seguridad social en su país que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y hayan expresado su voluntad de mantener dicha afiliación. Al respecto, sostiene haber cumplido íntegramente estos requisitos, aportando una constancia electrónica verificable del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero enfrenta una interpretación formalista de la AFP que desatiende la finalidad de la ley y obstaculiza su derecho a disponer de sus ahorros previsionales.

Alega que la AFP incorpora requisitos no establecidos en la ley al rechazar su solicitud, ignorando que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable mediante el sitio web oficial usando el código alfanumérico del documento. A pesar de existir estos mecanismos de verificación accesibles, la recurrida rechazó la solicitud sin motivación suficiente, vulnerando su derecho de propiedad constitucionalmente protegido.

Menciona que otras AFP como CUPRUM han aceptado la constancia electrónica como válida mediante el mismo procedimiento de verificación y argumenta que la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela crea un obstáculo insuperable para obtener documentos apostillados, invocando el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor bajo el principio de que "a lo imposible nadie está obligado". Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.

Por último, sostiene que el actuar de la recurrida vulnera simultáneamente tres garantías constitucionales: la igualdad ante la ley (art. 19 N°2) al dar trato discriminatorio respecto a otros solicitantes en idéntica situación y el derecho de propiedad (art. 19 N°24) al impedirle disponer de sus fondos previsionales.

Pide, se ordene a la recurrida que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la AFP a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y efectuar dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, o lo que esta Corte estime conforme al mérito de autos.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 6, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que la actora no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, explica que la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros técnicos solicitar devolución de fondos previsionales si cumplen dos requisitos copulativos: afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Esta normativa excepcional debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera abarque todo el periodo de servicios en Chile y sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente.

Añade que la jurisprudencia administrativa ha señalado que para acreditar la afiliación previsional extranjera se requiere un certificado consular o diplomático que represente expresamente a la Autoridad de Seguridad Social competente.

Respecto al caso concreto, señala que la documentación aportada por la recurrente no es idónea para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera. La declaración jurada es insuficiente porque solo la autoridad previsional competente puede certificar válidamente esta circunstancia, y la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tampoco sirve al carecer de firma autorizada y no estar apostillada o legalizada conforme a la normativa aplicable. Además, este documento no especifica las coberturas del recurrente ni permite determinar el período de cobertura, incumpliendo lo dispuesto en el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

A folio 7, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción cautelar, argumentando que el recurso de protección es un mecanismo excepcional para situaciones urgentes y no un juicio declarativo de derechos. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que confirma esta naturaleza, afirmando que lo pretendido por la recurrente excede el ámbito del recurso al buscar modificaciones normativas al sistema de pensiones e intentar discutir la constitucionalidad del D.L. 3.500 en una sede que no corresponde.

En cuanto a los hechos, reconoce haber rechazado la solicitud de devolución de fondos presentada por doña nombre reservado en su calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156, fundándose en que la documentación presentada no cumplía con los requisitos legales. Específicamente, señala que el Certificado de afiliación no estaba debidamente apostillado en el país extranjero de origen ni legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, impidiendo acreditar la cobertura durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que cubra las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte.

Fundamenta su decisión en el Oficio N°5376 de la Superintendencia de AFP, que establece que para acreditar la cobertura en el país de origen no es suficiente un documento que señale genéricamente las coberturas de seguridad social, sino que debe consignarse específicamente por la autoridad previsional competente que el trabajador extranjero contó efectivamente con protección por todos los riesgos referidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Respecto del marco normativo aplicable, la recurrida invoca el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, que crea el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, citando su artículo 2° que define la afiliación como la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones, originando derechos y obligaciones establecidas por ley. Enfatiza que el artículo 23 del mismo cuerpo legal impide expresamente a las AFP ofrecer u otorgar pensiones, prestaciones o beneficios distintos a los señalados en la ley, bajo apercibimiento de sanciones administrativas e incluso penales en caso de reincidencia.

Asimismo, invoca la Ley N° 18.156, que regula la exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros, detallando los requisitos copulativos establecidos en su artículo 1°: a) detentar la calidad de técnico, acreditada mediante documentos justificativos de estudios especializados debidamente legalizados; b) encontrarse afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, condición que debe cumplirse con anterioridad a la fecha del contrato en Chile; y c) manifestar expresamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener la afiliación al sistema de seguridad social del país de origen. Cita jurisprudencia al efecto.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente, de nacionalidad venezolana, por la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., a través de la cual pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado y/o apostillado.

Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley y que, por lo demás, se encontraba vencida.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regulando las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de treinta de abril de dos mil veinticinco, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliada y cubierta por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-6542-2025.