nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

1°) Que, comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N°16.386 de 29 de diciembre de 2025, que rechaza el recurso de reposición interpuesto por la recurrente y confirma la no renovación de su contrata para el año 2026, por cuanto considera que ese acto es ilegal y arbitrario, por carecer de fundamentación suficiente, desconociendo su trayectoria funcionaria ininterrumpida de más de trece años y omitiendo toda consideración al principio de confianza legítima que la ampara, vulnerando sus derechos consagrados en el artículo 19 N°2 —igualdad ante la ley— y artículo 19 N°24 —derecho de propiedad— de la Constitución Política de la República.

Expone que en el año 2012 comenzó a prestar servicios para la Municipalidad mediante un contrato a honorarios, adscrita a la Oficina de Partes de la Secretaría Municipal, desarrollando funciones administrativas de manera continua durante diez años.

Indica que a contar del 1 de enero de 2023 pasó a desempeñarse como funcionaria a contrata en el grado 16 en el mismo departamento y con idénticas funciones, sin solución de continuidad respecto del período anterior, vínculo que fue sucesivamente renovado para los años 2024 y 2025.

Manifiesta que el 20 de noviembre de 2025 fue notificada del Decreto Alcaldicio N°14.370 que dispuso el cese de sus funciones, por lo que interpuso un recurso de reposición, que fue rechazado mediante el Decreto Alcaldicio N°16.386, que es el acto específicamente impugnado.

Esgrime que le asiste el principio de confianza legítima, atendido que durante trece años prestó servicios de manera continua —primero a honorarios y luego a contrata— generarando una expectativa legítima de permanencia que el municipio desconoce de manera abrupta.

Indica que el Dictamen N°E173171N22 de la Contraloría General habría implicado para los servidores traspasados una renuncia implícita al ejercicio de acciones laborales y el Dictamen N°16.512/2018 permitiría contabilizar el período a honorarios para la configuración de la confianza legítima, situación que se ve reforzada por la continuidad del vínculo por el Decreto Alcaldicio N°2281 de 22 de febrero de 2023, que constata la postergación de días de descanso del año 2022 al período de inicio de la contrata y en la carta de la Jefa de la Oficina de Partes, señora nombre reservado, que solicitó la reconsideración de la desvinculación reconociendo el eficiente desempeño de la recurrente.

Denuncia la falta de fundamentación de los actos impugnados que no expresan las razones fácticas ni jurídicas que determinaron el rechazo de la reposición ni la confirmación del cese, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y los Oficios Circulares N°17 y N°18 del Ministerio de Hacienda de noviembre y diciembre de 2024, que exigen fundar la no renovación en criterios objetivos debidamente acreditados.

Argumenta que también existe una lesión a los principios de buena fe y seguridad jurídica, señalando que el municipio la indujo a aceptar el cambio de calidad jurídica bajo la promesa de mayor estabilidad, para luego desvincularse sin expresión de causa desconociendo trece años de servicios continuos, lo que constituye una manifiesta falta de buena fe institucional.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, respecto del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República sostiene que el acto es arbitrario y discriminatorio, adoptado sin fundamento objetivo ni proporcional, afectando a la recurrente pese a encontrarse en situación idéntica a otros funcionarios a contrata que continúan en funciones en la misma Oficina de Partes.

Respecto del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, afirma que el decreto impugnado priva a la recurrente de su cargo y remuneraciones sin expresión de causa suficiente, siendo que la estabilidad en el empleo constituye un derecho incorporal amparado por la Carta Fundamental, conforme al artículo 89 del DFL N°29 y al artículo 48 de la Ley N°18.575.

Concluye solicitando se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°16.386, se ordene la reincorporación de la recurrente y la dictación del decreto de renovación, con pago de remuneraciones desde el cese hasta la efectiva reincorporación y condena en costas.

2°) Que, el abogado don Sebastián Vaccaro Verdugo, en representación de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso por no existir acción u omisión ilegal ni vulneración de garantía constitucional alguna.

Precisa que la señora nombre reservado prestó servicios a honorarios entre 2012 y 2022 en la Secretaría Municipal y que, en virtud del Dictamen E173171N22 de la Contraloría, fue nombrada a contrata mediante el Decreto Alcaldicio N°367/2023, renovándose el vínculo para los períodos 2024 y 2025.

Señala que el Decreto Alcaldicio N°14.370/2025 constató el cese de funciones por el solo ministerio de la ley al 31 de diciembre de 2025, conforme al artículo 2° de la Ley N°18.883 con carácter meramente declarativo y que el decreto que rechazó la reposición expresó que la recurrente no aportó nuevos antecedentes que permitieran revertir la medida.

En cuanto a la confianza legítima, sostiene que la recurrente no cumple el requisito de cinco años de vinculación estatutaria exigido por la jurisprudencia unificada de la Excma. Corte Suprema, pues la relación estatutaria solo se extendió por tres años, entre enero de 2023 y diciembre de 2025.

Indica que el período a honorarios constituye un vínculo de derecho privado no computable para estos efectos, criterio reconocido por el Dictamen E561358 de la Contraloría de 6 de noviembre de 2024.

También refuta la invocación del Dictamen N°E173171/2022, señalando que la confianza legítima allí reconocida opera únicamente para efectos del traspaso a la calidad de contrata y no frente a no renovaciones posteriores. Respecto del Dictamen N°16.512/2018 precisa que su criterio excepcional solo aplica a servidores traspasados en virtud de leyes de presupuesto específicas.

Rebate la alegación de continuidad laboral, señalando que desde el traspaso a contrata la relación se rige exclusivamente por la Ley N°18.883 y no por el Código del Trabajo.

Finalmente, opone la excepción de vía inadecuada, sosteniendo que el reclamo de ilegalidad municipal de los artículos 151 y siguientes de la Ley N°18.695 constituye la vía idónea para impugnar el decreto alcaldicio cuestionado, sin que la acción cautelar de protección resulte procedente ante la ausencia de un derecho indubitado.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

3°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario —producto del mero capricho de quién incurre en él— y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) Que, la controversia se funda en la pretensión de la recurrente en orden a que se le reconozca la protección del principio de confianza legítima para permanecer en su cargo, basándose en la acumulación del tiempo servido en diversas calidades —honorarios y contrata— para la Municipalidad de Viña del Mar, a fin de enervar la decisión contenida en el acto recurrido.

5°) Que, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes allegados a este expediente virtual, constan los siguientes hechos:

1.- Que doña nombre reservado cumplía funciones en calidad de funcionario a contrata desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, sumando un total de 3 años, constatándose el término del último período mediante el Decreto Alcaldicio N°14.370/2025.

2.- Que desde el año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2022 la actora prestó servicios para la recurrente en virtud de contratos de prestación de servicios a honorarios.

6°) Que, según lo expuesto, el debate planteado dice relación con la denominada doctrina de la confianza legítima, que busca proteger a los funcionarios públicos cuya vinculación estatutaria se desarrolla bajo la modalidad de la contrata, impidiendo su desvinculación arbitraria e intempestiva, en aquellos casos en que existe una determinada continuidad en los servicios prestados.

7°) Que, cabe recordar en este punto, al invocarse por la recurrente para fundar la aplicación del mencionado principio la existencia de contratos a honorarios desde el año 2012, que el artículo 4° de la Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece que: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

De la norma transcrita se establece que la Ley N°18.883 no se aplica a las personas contratadas a honorarios.

8°) Que, como ya se dijo, en el presente caso se constata, conforme a los hechos asentados, que la vinculación en calidad de contrata es precedida de varios contratos a honorarios, a los que no se aplica el Estatuto para Funcionarios Municipales conforme a la disposición citada, debiendo determinarse, en consecuencia, si esos vínculos contractuales podrían encubrir una relación laboral o que debieran quedar sujetos a la normativa establecida en el Código del Trabajo, por lo que el reconocimiento del período de prestación de servicios mediante contratos a honorarios escapa completamente a los fines y contenido de una acción cautelar como la incoada, siendo propia de la sede declarativa laboral, que debe fiscalizar y decidir si en la contratación inicial a honorarios concurren o no los elementos descritos en el artículo 7 de la codificación laboral y concurriendo dichos elementos, resulta improcedente transformar un vínculo de esa naturaleza estable por una contratación con un importante grado de precariedad como es el caso de las contratas; materias todas que involucran derechos dubitados que no pueden ser conocidos en sede de protección, sin perjuicio de la mayoritaria aceptación de la doctrina de la confianza legítima.

9°) Que, conforme a lo que se viene razonando, la existencia de uno o más contratos a honorarios impide aplicar automáticamente la doctrina de confianza legítima en tanto resulta necesario determinar previamente si dichas contrataciones civiles corresponden realmente a alguno de los casos de excepción en que la Administración del Estado puede recurrir a dicha fórmula contractual, discusión que se debe plantear en sede declarativa laboral, ya sea por la vía tutelar en tanto se pueden estar afectando garantías constitucionales, o por medio del procedimiento laboral de aplicación general.

10°) Que, por lo razonado, no siendo esta la vía idónea para debatir cuestiones y/o derechos controvertidos, el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Decisión acordada con el voto en contra de la ministra suplente señora Nash, quien estuvo por acoger la acción de protección, por los siguientes fundamentos:

1° Que, doña nombre reservado se encuentra amparada por el principio de confianza legítima, toda vez que su vinculación con la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar se ha extendido de manera ininterrumpida desde el año 2012, tiempo que no se encuentra controvertido en la especie.

2° Que, a juicio de esta disidente, para efectos de configurar el presupuesto de protección del principio de confianza legítima, debe considerarse la totalidad del tiempo servido de forma continua, sumando los periodos bajo contrato de prestación de servicios a honorarios, entre los años 2012 a 2022, más el tiempo en calidad de contrata en el periodo correspondiente a los años 2023 a 2025.

Entiende esta magistrada, que el término de cinco años previsto por la Excma. Corte Suprema escapa a casos como el presente, donde en los hechos ha existido una contrata por aproximadamente catorce años o más, independientemente de la calificación que le ha dado la municipalidad a ese vínculo laboral.

3° Que, en otras palabras, el mero cambio en la figura jurídica o modalidad de contratación, impulsado por el Dictamen E173171N22 de la Contraloría General de la República, no puede constituir un obstáculo para reconocer una realidad funcional de permanencia que ya se encontraba consolidada, más si se considera que ese acto administrativo constató las características del vínculo entre el actor y la recurrida, reconociendo los abogados las circunstancias fácticas referidas al tiempo que se desempeñó laboralmente la trabajadora, de manera ininterrumpida, ejerciendo las mismas funciones, con buena calificación, y sin haber tenido sanción alguna.

4° Que, en resumen, tratándose de un funcionario que supera con creces el umbral de cinco años de desempeño y respecto del cual no existen antecedentes de sumarios administrativos, nace la expectativa legítima de mantenerse en su cargo.

Y para que la Administración pueda lícitamente no perseverar en ese vínculo, está obligada a entregar una fundamentación agravada, basada en razones reales, específicas y debidamente acreditadas, que justifiquen el cambio que por más de una década ha realizado de la calificación del vínculo que lo une con la recurrente.

Sobre tal motivación se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema, vgr. en el Rol: 6613-2024, en cuyo considerando décimo tercero se contiene: “Que, en el contexto anotado, el efecto de la concurrencia en un caso de la confianza legítima para la renovación de la contrata de un funcionario, se extiende al ejercicio de la facultad de poner término anticipado a la contrata, y también debe sustentarse siempre, sin excepción, en motivos legales que permitan ejercerla, desde que .configurada aquella confianza en el caso, aquello limita la potestad de la autoridad para el ejercicio tal prerrogativa fuera de los supuestos estatutarios aludidos, esto es, como consecuencia de un proceso calificatorio o disciplinario, que habilite la medida”.

Esta carga en la especie no se ha cumplido, toda vez que el Decreto Alcaldicio N°16.386/2025 recurrido, así como el acto administrativo que comunicó el cese de la renovación de la contrata, únicamente señalan en sus considerandos que la actora no goza de la confianza legítima, lo que ya ha sido descartado en los fundamentos previos de este voto, de modo, que al no reconocer tal protección y no mencionar el acto administrativo impugnado, ninguna motivación racional o estructural comprobable que demuestre la procedencia de la decisión, esta deviene en ilegal y arbitraria, contraviniendo las exigencias de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 exigible a toda la Administración Pública, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley en perjuicio del recurrente quien se ha visto afectado por una determinación carente de motivo, emanada de la recurrida, lo que ameritaba acoger el recurso, dejar sin efecto el decreto recurrido y ordenar la reincorporación del recurrente a sus labores con el pago de todo el tiempo que ha permanecido separado indebidamente de ellas.

El imperativo de resolver el asunto por la presente vía es que no hay hechos dubitados según lo reconocieron en estrados los abogados comparecientes y se trata de la afectación de derechos fundamentales esenciales del recurrente relacionados con su subsistencia.

Redacción de la ministra Marcela Figueroa Astudillo y la disidencia, su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-654-2026.