nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien interpone recurso de protección en representación y en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el rechazo de su solicitud del retiro de fondos previsionales de 30 de diciembre de 2025, lo que considera un acto ilegal y arbitrario.

Expuso que, solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Manifestó que el 30 de diciembre de 2025 fue notificado vía correo electrónico que su solicitud no sería aprobada debido a que "El certificado del Instituto de Seguridad Social no cumple normativa".

Señala que, dicha afirmación es incorrecta y desconoce el contenido del documento presentado, el cual remite expresamente a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana, que incluye protección en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. Agregó que, la constancia no se encuentra legalizada debido a que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, situación que escapa de su voluntad. Asimismo, indicó que cuenta con constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), verificable en línea mediante el código 63e497103-20251109.

Alega que, la conducta de la Administradora vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, relativos a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, al incorporar requisitos no establecidos en la normativa e impedir injustificadamente el retiro de sus fondos previsionales.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada y que se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada, efectuando la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Comprobante de rechazo de solicitud; 2) Cédula de identidad para extranjeros; 3) Constancia electrónica de afiliación previsional del país de origen emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales vigente (IVSS) y declaración jurada validada ante notario; 4) Título universitario debidamente apostillado; y 5) Anexo laboral.

A folio 7, informa la Superintendencia de Pensiones. En primer lugar, señaló que el Sr. nombre reservado no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes al recurso de protección consultado.

Explica que, en la legislación de seguridad social chilena, la regla general está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en el país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad, siendo la ley N°18.156 un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y den cumplimiento a los requisitos copulativos del artículo 1° de dicha ley.

Precisa que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Indicó que la jurisprudencia administrativa ha exigido que se acredite en forma específica que el trabajador extranjero contó efectivamente con protección por todos los riesgos indicados durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Respecto del caso en cuestión, la Superintendencia manifestó que la declaración jurada aportada por el recurrente no es documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional, toda vez que la certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Asimismo, señaló que el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado, y tampoco señala las coberturas con que cuenta el recurrente ni permite inferir un período determinado de cobertura.

Concluye que, dado que el procedimiento de apostilla es la forma prevista por ley para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en territorio nacional, y considerando que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión del recurrente. Finalmente, manifestó que no cuenta con antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 8, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., señalando que el 26 de diciembre de 2025 el recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales, pretendiendo ampararse en la exención establecida en la ley N°18.156, acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada realizada ante notario público chileno apostillada, y contrato de trabajo con anexo.

Explica que, tras el análisis de los documentos presentados, determinó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones y las declaraciones juradas realizadas por el propio recurrente no dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Por ello, no ingresó la solicitud de devolución de fondos, en concordancia con lo establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, número 2, letra b), que exige que la documentación pertinente se presente debidamente legalizada.

Indica que, el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no cumple con las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues no es un certificado de afiliación, no menciona las coberturas con las que cuenta el afiliado en su caso específico sino de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela, no se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra debidamente legalizado o apostillado.

Fundamenta su decisión en la ley N°18.156, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, diversos oficios ordinarios de dicha entidad, y los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Citó jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema que han rechazado recursos de protección por situaciones similares, concluyendo que su actuación se ajusta estrictamente a derecho y no constituye acto arbitrario ni ilegal.

Solicita en definitiva que se rechace el recurso de protección con expresa condena en costas.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los documentos de solicitud de devolución de fondos de la Ley N° 18.156.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de 30 de diciembre de 2025, respecto de la solicitud realizada por el recurrente por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 9 de diciembre de 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, por lo demás, el recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, circunstancia que vinculada al hecho de haber enterado regularmente sus cotizaciones en el sistema nacional, evidencia una voluntad contradictoria que impide tener por acreditado el requisito de mantener la afiliación en el extranjero conforme exige la Ley N° 18.156.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-652-2026.