nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de Huberlis Mairelys nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de 17 de septiembre de 2025 a la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente solicitó ante AFP Provida la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, siendo notificada del rechazo mediante correo electrónico, fundado en que la constancia de afiliación presentada se encontraba vencida al momento de la solicitud, superando los 120 días desde su emisión el 1 de febrero de 2024. Argumenta que, la recurrente cumple íntegramente con los requisitos de la Ley N°18.156 y que la recurrida efectúa una interpretación formalista que desatiende la finalidad de la norma.

Sostiene que la constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cuenta con un código de verificación que permite validar su autenticidad y vigencia en el sitio web oficial, siendo un hecho público que dicho organismo emite constancias con códigos verificables. Asevera que, exigir requisitos adicionales, como la legalización o apostilla, o desconocer la validez del certificado electrónico, constituye un acto arbitrario e ilegal, especialmente considerando la inexistencia de representación diplomática venezolana en el país, lo que hace imposible cumplir con ciertas formalidades. Afirma que esta conducta vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales.

Concluye solicitando que se reconozca como válida la documentación acompañada, ordenando realizar un nuevo pronunciamiento y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

A folio 5, evacúa informe nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Pensiones.

Señala que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, ya que existe una controversia sobre la validez de los certificados, materia propia de un juicio declarativo. Argumenta que la exención de la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que debe interpretarse restrictivamente. Indica que, conforme a la jurisprudencia administrativa, los certificados de afiliación con una validez de 120 días no sirven para acreditar cobertura si se presentan vencidos. Asevera que, tras el cierre de la Embajada de Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no se están legalizando documentos con códigos QR verificables en web debido a la indisponibilidad de la página del IVSS para su validación por parte de dicho Ministerio. Agrega que el documento acompañado por el recurrente carece de firma autorizada, legalización o apostilla, incumpliendo los requisitos para surtir efectos en Chile.

Finalmente pide que se rechace el recurso de protección con condena en costas.

A folio 9, evacúa informe nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Alega la improcedencia de la acción por no ser la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento. Sostiene que el rechazo se ajustó estrictamente a la normativa vigente y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, dado que la Constancia de Afiliación presentada fue emitida el 01 de febrero de 2024 y la solicitud se realizó el 12 de septiembre de 2025, superando la vigencia de 120 días del documento . Argumenta que la Superintendencia ha instruido que los documentos vencidos no acreditan cobertura y que las certificaciones electrónicas deben estar debidamente legalizadas o apostilladas. Afirma que su actuar no es ilegal ni arbitrario, sino en cumplimiento de obligaciones legales.

Finalmente pide rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección, con expresa condenación en costas.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales bajo la Ley N°18.156, fundado en la falta de vigencia y legalización de la constancia de afiliación a la seguridad social extranjera, lo que el recurrente califica de arbitrario por imponer requisitos formales que no resultan posibles de cumplir dada la situación diplomática con Venezuela y por desconocer la verificación electrónica del documento. Por lo anterior, solicita que se ordene a la recurrida acoger la solicitud y proceder a la devolución de fondos.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones alega, que la materia excede el ámbito del recurso de protección al no existir un derecho indubitado, requiriéndose un juicio declarativo. Señala que, los certificados con validez temporal no sirven si se presentan vencidos y que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no está legalizando documentos con códigos QR que no puedan ser verificados por indisponibilidad del sitio web de origen. Asimismo, advierte que la recurrente no acompañó el contrato de trabajo original para acreditar la voluntad de mantener la afiliación extranjera.

Por su parte, AFP Provida S.A. solicita el rechazo de la acción de protección, argumentando que no es la vía idónea para resolver materias contradictorias. Precisa que rechazó la solicitud porque la constancia de afiliación emitida el 1 de febrero de 2024 se encontraba vencida al momento de efectuar el trámite el 12 de septiembre de 2025, superando su vigencia de 120 días. Argumenta que, un documento vencido no acredita cobertura y que las certificaciones electrónicas deben estar debidamente legalizadas o apostilladas para tener valor probatorio en Chile.

Cuarto: Que, el artículo 7 de la Ley N°18.156, establece: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley".

A su turno, el artículo 1 dispone: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744".

Quinto: Que, atendido al mérito de lo informado y los antecedentes acompañados, se concluye que la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, la actora no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, de la revisión de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emitida el 1 de febrero de 2024, se desprende que este documento sólo era válido por 120 días, de manera tal que al haberse deducido la solicitud el 12 de septiembre de 2025, el referido instrumento había perdido su vigencia.

Sexto: Que, por otra parte, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero, en relación con las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones en el artículo 1 letra b) la Circular N°553, así como en el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Séptimo: Que, por otra parte, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley N°20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional.

De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de Huberlis Mairelys nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6517-2025.

En Valparaíso, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.